Política
La legislatura aprobó el presupuesto 2022
Fue aprobada por mayoría, con 31 votos a favor y 14 en contra del bloque del Frente de Todos.

La Legislatura rionegrina sancionó esta tarde (17/12) la ley del Presupuesto para el año 2022. Luego de cuatro horas de debate, la iniciativa fue aprobada por mayoría, con 31 votos a favor y 14 en contra del bloque del Frente de Todos.
Marcela Ávila fue la miembro informante del oficialismo. Fundamentó que “es un presupuesto posible, diseñado en base a la transparencia que caracteriza a nuestra gestión de gobierno para administrar los recursos públicos, que prioriza y optimiza esos recursos públicos para que se transformen en políticas públicas de bienestar, con salud, educación, seguridad, obras.
“Ante los recursos limitados y las necesidades ilimitadas que existen en una provincia, este Presupuesto prioriza el gasto para lograr la integración provincial, el federalismo, para brindar igualdad de oportunidades y para tener a cada comisión, a cada municipio, a cada paraje”, continuó.
Remarcó que son 17.800 millones de pesos lo presupuestado para políticas públicas en perspectiva de género, una medida de avanzada para la Provincia.
En cuanto a los recursos, ingresos totales por 196 mil millones de pesos, conformados en un 96% por ingresos corrientes y en un 4% por ingresos de capital. Los corrientes tienen como principal fuente de ingresos los recursos tributarios nacionales, lo que recibe la Provincia por coparticipación, 122 mil millones de pesos, que representan un 65% de los ingresos corrientes totales.
El segundo recurso importante proviene de los impuestos provinciales que aportan un 23%, se estima un crecimiento del 45% respecto de este año, que se explica fundamentalmente por el crecimiento esperado en el impuesto sobre los ingresos brutos, vinculado a la recuperación de la actividad económica.
Los ingresos por regalías crecerán por 4 mil millones de pesos, un 31% más, y los ingresos de capital ascenderían a 9 mil millones, con un incremento del 70%.
Con respecto a los gastos, están estipulados en 199 mil millones de pesos. El 90% son gastos corrientes y el 10 serán gastos de capital. Se contempla un crecimiento en los gastos corrientes del orden del 36%. La participación más importante de estos gastos la tiene la partida del personal, que representa el 60% del total y asciende a 107 mil millones de pesos, con un crecimiento del 33% respecto del ejecutado este año.
Se detuvo en los gastos de capital, para los que se prevé un incremento del 66A%, que representan 20 mil millones de pesos. Lo ejecutado este año son 12 mil millones y comprenden 465 obras, culminadas y en ejecución. Se espera continuar el próximo año con esta política, con 20 obras para salud pública, 60 para educación, 10 obras viales, 18 obras de gas, 50 de agua y saneamiento, obras de energía, de turismo, refacciones de edificios públicos, obras relacionadas a la seguridad y otras de conectividad.
Detalló que aumentó 149% en los últimos cuatro años la partida de gasto de capital. “Todos sabemos los beneficios que tiene la obra pública en el territorio, el multiplicador del empleo que genera y la mejora sustancial en la calidad de vida, en la infraestructura y el acompañamiento a los sectores productivos con obras necesarias y emblemáticas”.
La deuda pública representa un 4% de los gastos totales. El stock de deuda pública que tiene la provincia, comparado con el nivel de los ingresos corrientes netiados de la coparticipación a municipios, es decir si evaluamos cuánto nos lleva poder afrontarla en cuanto a ingresos corrientes, en el año 2020 necesitábamos el 67%, en 2021 será del 45%, y el previsto para 2022, del 37%. “Esto marca claramente una tendencia de decrecimiento del stock de la deuda de la provincia especificado en el Presupuesto”.
El Presupuesto 2022 prevé un resultado económico de ahorro, por 7.614 millones de pesos. El de este año finaliza con un ahorro de 2 mil millones y el 2020 fue negativo, con un desahorro por 2.400 millones.
El resultado financiero previsto para 2022, la diferencia entre ingresos y gastos, arroja un resultado deficitario de 3.222 millones de pesos. Para este año fue de 4.400 millones y para 2020 fue de casi 6.000 millones.
Consideró necesario contrastar “estos fríos números” con la situación de doble crisis, la económica y la sanitaria, que llevó en el 2020 a una estrepitosa merma de la recaudación, con la necesidad de un enorme gasto para afrontar y fortalecer los sistemas sanitarios y acompañar a los distintos sectores económicos afectados por el aislamiento social, preventivo y obligatorio.
El debate
Ignacio Casamiquela expresó el rechazo del bloque del FdT al proyecto. Habló de un Presupuesto “mezquino, poco participativo, que genera más dudas que certezas, inflado en obra pública, que deja en claro que el Gobierno nacional aporta más la mitad, con una sub-ejecución importante de la obra pública, y lo peor de todo es el Plan Castello”. Reivindicó solo una obra del plan: el gasoducto de la Línea Sur. Criticó el reparto de obras, la discriminación a algunos municipios, y el aumento de la deuda en dólares.
Daniela Salzotto (FdT) hizo hincapié en críticas a lo ejecutado este año en cuanto a partidas para niñez y adolescencia, a lo previsto para el ejercicio 2022 y cuestionó el funcionamiento del Conyar. Consideró que se deben asignar mayores recursos para los programas preventivos promocionales, además del acompañamiento en la asistencia en políticas públicas de niñez y adolescencia. Pidió avanzar en la ejecución presupuestaria real, basada en el interés superior del niño.
María Inés Grandoso (FdT) se refirió a las políticas de género. Coincidió en críticas a subejecuciones del Presupuesto 2021 y la forma en que se presentaron los ejes transversales, por la dificultad para poder evaluarlos. Consideró que el aumento del 44% en la asignación para políticas de género “no es tan significativo” teniendo en cuenta la inflación acumulada a octubre de 41,8, además que representa solo un 7,63% del gasto público, cuando en el ejercicio anterior representaba el 8,53. Aunque reconoció un avance con el aumento de organismos etiquetados que prevé el Presupuesto 2022, consideró que se necesita más información desagregada sobre objetivos específicos medibles para cada una de las acciones que se llevan adelante para poder evaluar el Presupuesto con relación a la perspectiva de género.
Alejandra Más (FdT) cuestionó una falta de federalismo en la distribución de la obra pública. Hizo hincapié en la falta de ejecución de obras: “Estamos ante un dibujo, ante un Presupuesto que pretende contemplar a todos los municipios, pero que no se da en la práctica”. Ejemplificó con obras no ejecutadas en General Conesa.
Por el oficialismo, Lucas Pica defendió la gestión en obras públicas del Gobierno provincial y pidió responsabilidad política a la oposición para que acompañé el Presupuesto.
Pablo Barreno (FdT) intervino para cuestionar el endeudamiento: “No solo se termina un Presupuesto más con un resultado económico negativo, sino que es un Presupuesto de ajuste, y no solo es un Presupuesto de ajuste, sino que es un salvavidas de plomo, que no solo nos deja a merced de los fondos buitres, sino que nos deja una deuda de 72 mil pesos para cada rionegrino y rionegrina”.
Alejandro Marinao (FdT) advirtió sobre la baja de asignación de partidas en distintas áreas en el Presupuesto 2022; entre otros ejemplos, señaló la baja del 66% en la asignación para asistencia a población con vulneración alimentaria, con respecto al 2021.
Marcelo Mango (FdT) sostuvo que “es imposible” votar un Presupuesto que “desconoce a los municipios y a la representación electa democráticamente por el Pueblo, que lo sentó en ese lugar del municipio para gestionar, y no acompaña igualitariamente a los municipios”. Además, criticó el endeudamiento en dólares para el Plan Castello y la reestructuración de la deuda, aunque reconoció que los fondos “fueron a obras” y esas obras “se pueden ver”.
María Eugenia Martini cerró la posición del Frente de Todos. Expresó una “profunda frustración” por el Presupuesto: “Creemos que es una oportunidad perdida”. Reiteró la crítica de la asignación de obras a los municipios. Además, entre otras críticas, consideró que “los sectores vulnerables y los que más padecen deben ser los más priorizados y no lo encontramos en este Presupuesto”.
Por Juntos por el Cambio, Juan Martín adelantó su acompañamiento al proyecto en general, aunque votó algunos artículos en contra. Manifestó su “solidaridad” con el Ministro de Economía, Luis Vaisberg, por haber tenido que basarse en el marco macro fiscal presentado por el Gobierno nacional. Entre otras críticas, cuestionó el aumento del déficit fiscal de la Provincia, el aumento de la deuda, de la cantidad de empleados públicos y de la masa salarial. Finalmente, se manifestó “atravesado por la ética de la responsabilidad” y adelantó su aval: “No somos una oposición destructiva o destituyente”, aseguró.
Nicolás Rochás expresó el apoyo del Frente Renovador. Hizo referencia a las incidencias de la Pandemia que generaron una mutación total de las prioridades. “Tengo la certeza de que este Presupuesto no le gusta a nadie, creo que tampoco le gusta al oficialismo, es un presupuesto que no deseamos ninguno de nosotros, pero es el Presupuesto que nos toca en función de la realidad que vivimos, donde se impone ese certero apotegma que dice que lo ideal es enemigo de lo posible. Y hoy estamos ante números posibles”, sostuvo.
Cerró el debate el presidente del bloque de Juntos Somos Río Negro, Facundo López, quien aseguró que “es un Presupuesto equilibrado, es el proyecto del Gobierno, que viene a reducir déficit, a reducir deuda, a generar empleo, a generar más obras”.
“Es el mejor Presupuesto posible para todos los rionegrinos y estoy seguro que no va a haber ningún problema para cumplir todos los compromisos asumidos”, expresó.
López defendió el Plan Castello: “Es el proyecto de gobierno más importante de los últimos tiempos”. Habló de un “terrible desconocimiento” por parte de la oposición sobre las obras del Plan y desestimó las críticas sobre la delegación de obras.
“Estoy seguro de que nuestro Presupuesto no es un ajuste, nunca Juntos Somos Río Negro hizo política en base al ajuste. Si ajuste significa aumentar recurso para obra pública, si ajuste significa seguir atendiendo la salud de los rionegrinos, seguir realizando hospitales, escuelas, seguir acompañando a todas las entidades deportivas, pagar salarios al día, pagar aguinaldo al día, no tener conflicto social, que haya mayor desarrollo en turismo, mayor acompañamiento al sector privado, entonces lo vamos a seguir haciendo”, concluyó.
Política
Aguiar y Grabois evalúan una lista conjunta para las elecciones nacionales en Río Negro
Los dirigentes avanzaron en un preacuerdo luego de analizar el escenario político en la provincia.

Luego de la reunión que mantuvieron el secretario general de ATE Nacional y presidente de la Unidad Popular Río Negro, Rodolfo Aguiar, junto al referente de Patria Grande y ex precandidato a presidente, Juan Grabois, los dirigentes evaluaron la confección de una lista conjunta para las elecciones legislativas nacionales en Río Negro que se celebrarán el domingo 26 de octubre.
Ambos espacios se opusieron fervientemente a la suspensión de las PASO porque las consideran «un mecanismo plural de elección de candidatos». Sin esta herramienta, «los partidos comenzaron a evaluar conjuntamente la conformación de una lista de unidad».
Unidad Popular viene alentando desde los últimos comicios que los candidatos de los espacios sean definidos mediante internas, y no a dedo por los principales referentes de los partidos tradicionales como ha sucedido anteriormente.
El espacio de Grabois ya anunció que llevará a la barilochense Adriana Serquis, ex presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), para postularse a una de las dos bancas de diputados. Además, se renovarán las tres bancas del Senado.
Por su parte, el espacio que conduce Aguiar mantuvo las reuniones tanto con los referentes de Somos, Mateo Canosa, y del socialismo rionegrino, Paolo Etchepareborda, con quienes se conformó la alianza electoral Somos Unidad Popular y Social que llevó a Rafael Zamaro como candidato a gobernador en 2023 y aún no definió candidaturas.
Agro
Tras quejas de gobernadores y productores, el Gobierno suspendió temporalmente el ingreso de carne con hueso a la Patagonia
Habrá un plazo de negociación luego de los reclamos de las Provincias.

El Gobierno decidió suspender de manera temporal la medida hecha pública este martes (18/03) que implicaba habilitar, después de 24 años de restricción, el ingreso de carne con hueso a la Patagonia, una zona libre de aftosa sin vacunación. La resolución oficial fue cuestionada por productores y gobernadores y, en el Poder Ejecutivo aseguran que habrá un paréntesis de negociación para su implementación.
El Gobierno había tomado la decisión de permitir, tras 24 años de restricciones, el ingreso de carne con hueso a la Patagonia, una región libre de fiebre aftosa sin vacunación. Esta medida, oficializada a través de la Resolución N° 180/2025 del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), modifica normativas que desde 2001 prohibían el traslado de productos cárnicos desde zonas con vacunación hacia la región patagónica, con el fin de preservar su estatus sanitario. A partir de esta resolución, se establecían nuevas condiciones sanitarias que permiten el ingreso de carne y material genético de otras partes del país y del exterior, sin comprometer la seguridad de la región.
La flexibilización de estas restricciones se basa en estudios sanitarios realizados por el Senasa, que detectaron circulación viral de fiebre aftosa en el territorio nacional. De acuerdo con los análisis, la posibilidad de introducir el virus mediante el traslado de carne con hueso es mínima, lo que dio pie a la decisión. Además de esta flexibilización, se fijaron estrictas normativas de producción, procesamiento, empaque y transporte para garantizar que los productos cárnicos cumplan con los estándares sanitarios establecidos, alineados con las recomendaciones de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA).
La medida generó el rechazo de los gobernadores de las provincias patagónicas, entre ellos el de Río Negro, Alberto Weretilneck, quien sostuvo que «el Gobierno Nacional impone una resolución que destruye lo que miles de productores construyeron con esfuerzo durante dos décadas. La Patagonia es zona libre de fiebre aftosa sin vacunación gracias al trabajo de nuestros ganaderos y frigoríficos, pero ahora, desde un escritorio en Buenos Aires, un burócrata pretende borrar todo de un plumazo para favorecer a los grandes supermercados y exportadores».
En tanto, su par neuquino Rolando Figueroa, a través de la misma red social, anticipó esa suspensión por 90 días. «Tenemos que eliminar injusticias en la Patagonia, bajar el precio de la carne y proteger a nuestros productores. Vamos a mirar con atención la distribución de la rentabilidad dentro de la cadena de valor, para que en ese camino no se castigue al productor reconociéndole lo que vale, y eliminando los privilegios de algunos vivos, que perjudican con los precios de venta a la gente», mencionó.
«Nuestro objetivo es reducir los precios de la carne, pero para lograrlo, no podemos comprometer el estatus sanitario que hemos alcanzado en nuestra región y debemos proteger a los productores que reciben muy poco, a pesar de haber cuidado durante 20 años dicho estatus», completó.
Por su parte, el ministro de Desarrollo Económico y Productivo de Río Negro, Carlos Banacloy, aseguró que «estamos hablando de una medida que pone en riesgo un trabajo de más de 20 años, un esfuerzo colectivo que nos permitió alcanzar un estatus sanitario reconocido a nivel mundial». Además, destacó que «la Patagonia ha sido un ejemplo en sanidad animal y que esta decisión unilateral amenaza la sustentabilidad del sector».
Según fue presentada por el Gobierno, una de las principales razones detrás de esta medida fue la reducción de los altos precios de la carne en la Patagonia. Históricamente, los precios de los cortes vacunos en la región han sido significativamente más altos que en otras partes del país debido a la oferta limitada de carne local. En zonas como el Alto Valle de Río Negro y Neuquén, el precio del asado llegó a superar los $18.500 por kilo en algunas carnicerías, mientras que en Buenos Aires se puede comprar a $8.200 el kilo. El levantamiento de la prohibición se espera que incremente la oferta de carne en el mercado patagónico, lo que podría ayudar a reducir los precios y los costos asociados a la distribución de la carne en la región.
Agro
Banacloy: «Eliminar la barrera sanitaria pone en riesgo la producción»
Así lo expresó el ministro de Desarrollo Económico y Productivo de Río Negro.

Tras el contundente rechazo del gobernador Alberto Weretilneck a la eliminación de la barrera sanitaria patagónica, el ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy, reafirmó la postura del Gobierno de Río Negro y advirtió sobre «las graves consecuencias que traerá esta decisión del Gobierno Nacional para la producción ganadera y los mercados internacionales».
«Estamos hablando de una medida que pone en riesgo un trabajo de más de 20 años, un esfuerzo colectivo que nos permitió alcanzar un estatus sanitario reconocido a nivel mundial», expresó Banacloy en línea con las declaraciones previas del gobernador. Además, destacó que «la Patagonia ha sido un ejemplo en sanidad animal y que esta decisión unilateral amenaza la sustentabilidad del sector».
Banacloy enfatizó que la barrera sanitaria no es una traba al comercio de carne, sino una herramienta clave para sostener la competitividad y los estándares sanitarios de la región. «Actualmente, el 60% o 65% de la carne que consumimos ya proviene del norte del país. Lo que se impide es el ingreso de carne con hueso, lo que asegura nuestra sanidad y previene el riesgo de enfermedades», indicó.
«La decisión del Gobierno Nacional nos somete a un riesgo enorme: cada pérdida de estatus es pérdida de mercados», explicó.
El ministro también respaldó la postura de Weretilneck de avanzar en una solución que beneficie a todo el país sin castigar a los productores patagónicos. «Si el objetivo real es mejorar el estatus sanitario del país, la solución es clara: levanten la vacunación en todo el territorio nacional y tengamos un solo estándar sanitario. No podemos aceptar que se perjudique a quienes han hecho el esfuerzo», subrayó.