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Política

La legislatura aprobó el presupuesto 2022

Fue aprobada por mayoría, con 31 votos a favor y 14 en contra del bloque del Frente de Todos.

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La Legislatura rionegrina sancionó esta tarde (17/12) la ley del Presupuesto para el año 2022. Luego de cuatro horas de debate, la iniciativa fue aprobada por mayoría, con 31 votos a favor y 14 en contra del bloque del Frente de Todos.

Marcela Ávila fue la miembro informante del oficialismo. Fundamentó que “es un presupuesto posible, diseñado en base a la transparencia que caracteriza a nuestra gestión de gobierno para administrar los recursos públicos, que prioriza y optimiza esos recursos públicos para que se transformen en políticas públicas de bienestar, con salud, educación, seguridad, obras.

“Ante los recursos limitados y las necesidades ilimitadas que existen en una provincia, este Presupuesto prioriza el gasto para lograr la integración provincial, el federalismo, para brindar igualdad de oportunidades y para tener a cada comisión, a cada municipio, a cada paraje”, continuó.

Remarcó que son 17.800 millones de pesos lo presupuestado para políticas públicas en perspectiva de género, una medida de avanzada para la Provincia.

En cuanto a los recursos, ingresos totales por 196 mil millones de pesos, conformados en un 96% por ingresos corrientes y en un 4% por ingresos de capital. Los corrientes tienen como principal fuente de ingresos los recursos tributarios nacionales, lo que recibe la Provincia por coparticipación, 122 mil millones de pesos, que representan un 65% de los ingresos corrientes totales.

El segundo recurso importante proviene de los impuestos provinciales que aportan un 23%, se estima un crecimiento del 45% respecto de este año, que se explica fundamentalmente por el crecimiento esperado en el impuesto sobre los ingresos brutos, vinculado a la recuperación de la actividad económica.

Los ingresos por regalías crecerán por 4 mil millones de pesos, un 31% más, y los ingresos de capital ascenderían a 9 mil millones, con un incremento del 70%.

Con respecto a los gastos, están estipulados en 199 mil millones de pesos. El 90% son gastos corrientes y el 10 serán gastos de capital. Se contempla un crecimiento en los gastos corrientes del orden del 36%. La participación más importante de estos gastos la tiene la partida del personal, que representa el 60% del total y asciende a 107 mil millones de pesos, con un crecimiento del 33% respecto del ejecutado este año.

Se detuvo en los gastos de capital, para los que se prevé un incremento del 66A%, que representan 20 mil millones de pesos. Lo ejecutado este año son 12 mil millones y comprenden 465 obras, culminadas y en ejecución. Se espera continuar el próximo año con esta política, con 20 obras para salud pública, 60 para educación, 10 obras viales, 18 obras de gas, 50 de agua y saneamiento, obras de energía, de turismo, refacciones de edificios públicos, obras relacionadas a la seguridad y otras de conectividad.

Detalló que aumentó 149% en los últimos cuatro años la partida de gasto de capital. “Todos sabemos los beneficios que tiene la obra pública en el territorio, el multiplicador del empleo que genera y la mejora sustancial en la calidad de vida, en la infraestructura y el acompañamiento a los sectores productivos con obras necesarias y emblemáticas”.

La deuda pública representa un 4% de los gastos totales. El stock de deuda pública que tiene la provincia, comparado con el nivel de los ingresos corrientes netiados de la coparticipación a municipios, es decir si evaluamos cuánto nos lleva poder afrontarla en cuanto a ingresos corrientes, en el año 2020 necesitábamos el 67%, en 2021 será del 45%, y el previsto para 2022, del 37%. “Esto marca claramente una tendencia de decrecimiento del stock de la deuda de la provincia especificado en el Presupuesto”.

El Presupuesto 2022 prevé un resultado económico de ahorro, por 7.614 millones de pesos. El de este año finaliza con un ahorro de 2 mil millones y el 2020 fue negativo, con un desahorro por 2.400 millones.

El resultado financiero previsto para 2022, la diferencia entre ingresos y gastos, arroja un resultado deficitario de 3.222 millones de pesos. Para este año fue de 4.400 millones y para 2020 fue de casi 6.000 millones.

Consideró necesario contrastar “estos fríos números” con la situación de doble crisis, la económica y la sanitaria, que llevó en el 2020 a una estrepitosa merma de la recaudación, con la necesidad de un enorme gasto para afrontar y fortalecer los sistemas sanitarios y acompañar a los distintos sectores económicos afectados por el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

El debate

Ignacio Casamiquela expresó el rechazo del bloque del FdT al proyecto. Habló de un Presupuesto “mezquino, poco participativo, que genera más dudas que certezas, inflado en obra pública, que deja en claro que el Gobierno nacional aporta más la mitad, con una sub-ejecución importante de la obra pública, y lo peor de todo es el Plan Castello”. Reivindicó solo una obra del plan: el gasoducto de la Línea Sur. Criticó el reparto de obras, la discriminación a algunos municipios, y el aumento de la deuda en dólares.

Daniela Salzotto (FdT) hizo hincapié en críticas a lo ejecutado este año en cuanto a partidas para niñez y adolescencia, a lo previsto para el ejercicio 2022 y cuestionó el funcionamiento del Conyar. Consideró que se deben asignar mayores recursos para los programas preventivos promocionales, además del acompañamiento en la asistencia en políticas públicas de niñez y adolescencia. Pidió avanzar en la ejecución presupuestaria real, basada en el interés superior del niño.

María Inés Grandoso (FdT) se refirió a las políticas de género. Coincidió en críticas a subejecuciones del Presupuesto 2021 y la forma en que se presentaron los ejes transversales, por la dificultad para poder evaluarlos. Consideró que el aumento del 44% en la asignación para políticas de género “no es tan significativo” teniendo en cuenta la inflación acumulada a octubre de 41,8, además que representa solo un 7,63% del gasto público, cuando en el ejercicio anterior representaba el 8,53. Aunque reconoció un avance con el aumento de organismos etiquetados que prevé el Presupuesto 2022, consideró que se necesita más información desagregada sobre objetivos específicos medibles para cada una de las acciones que se llevan adelante para poder evaluar el Presupuesto con relación a la perspectiva de género.

Alejandra Más (FdT) cuestionó una falta de federalismo en la distribución de la obra pública. Hizo hincapié en la falta de ejecución de obras: “Estamos ante un dibujo, ante un Presupuesto que pretende contemplar a todos los municipios, pero que no se da en la práctica”. Ejemplificó con obras no ejecutadas en General Conesa.

Por el oficialismo, Lucas Pica defendió la gestión en obras públicas del Gobierno provincial y pidió responsabilidad política a la oposición para que acompañé el Presupuesto.

Pablo Barreno (FdT) intervino para cuestionar el endeudamiento: “No solo se termina un Presupuesto más con un resultado económico negativo, sino que es un Presupuesto de ajuste, y no solo es un Presupuesto de ajuste, sino que es un salvavidas de plomo, que no solo nos deja a merced de los fondos buitres, sino que nos deja una deuda de 72 mil pesos para cada rionegrino y rionegrina”.

Alejandro Marinao (FdT) advirtió sobre la baja de asignación de partidas en distintas áreas en el Presupuesto 2022; entre otros ejemplos, señaló la baja del 66% en la asignación para asistencia a población con vulneración alimentaria, con respecto al 2021.

Marcelo Mango (FdT) sostuvo que “es imposible” votar un Presupuesto que “desconoce a los municipios y a la representación electa democráticamente por el Pueblo, que lo sentó en ese lugar del municipio para gestionar, y no acompaña igualitariamente a los municipios”. Además, criticó el endeudamiento en dólares para el Plan Castello y la reestructuración de la deuda, aunque reconoció que los fondos “fueron a obras” y esas obras “se pueden ver”.

María Eugenia Martini cerró la posición del Frente de Todos. Expresó una “profunda frustración” por el Presupuesto: “Creemos que es una oportunidad perdida”. Reiteró la crítica de la asignación de obras a los municipios. Además, entre otras críticas, consideró que “los sectores vulnerables y los que más padecen deben ser los más priorizados y no lo encontramos en este Presupuesto”.

Por Juntos por el Cambio, Juan Martín adelantó su acompañamiento al proyecto en general, aunque votó algunos artículos en contra. Manifestó su “solidaridad” con el Ministro de Economía, Luis Vaisberg, por haber tenido que basarse en el marco macro fiscal presentado por el Gobierno nacional. Entre otras críticas, cuestionó el aumento del déficit fiscal de la Provincia, el aumento de la deuda, de la cantidad de empleados públicos y de la masa salarial. Finalmente, se manifestó “atravesado por la ética de la responsabilidad” y adelantó su aval: “No somos una oposición destructiva o destituyente”, aseguró.

Nicolás Rochás expresó el apoyo del Frente Renovador. Hizo referencia a las incidencias de la Pandemia que generaron una mutación total de las prioridades. “Tengo la certeza de que este Presupuesto no le gusta a nadie, creo que tampoco le gusta al oficialismo, es un presupuesto que no deseamos ninguno de nosotros, pero es el Presupuesto que nos toca en función de la realidad que vivimos, donde se impone ese certero apotegma que dice que lo ideal es enemigo de lo posible. Y hoy estamos ante números posibles”, sostuvo.

Cerró el debate el presidente del bloque de Juntos Somos Río Negro, Facundo López, quien aseguró que “es un Presupuesto equilibrado, es el proyecto del Gobierno, que viene a reducir déficit, a reducir deuda, a generar empleo, a generar más obras”.

“Es el mejor Presupuesto posible para todos los rionegrinos y estoy seguro que no va a haber ningún problema para cumplir todos los compromisos asumidos”, expresó.

López defendió el Plan Castello: “Es el proyecto de gobierno más importante de los últimos tiempos”. Habló de un “terrible desconocimiento” por parte de la oposición sobre las obras del Plan y desestimó las críticas sobre la delegación de obras.

“Estoy seguro de que nuestro Presupuesto no es un ajuste, nunca Juntos Somos Río Negro hizo política en base al ajuste. Si ajuste significa aumentar recurso para obra pública, si ajuste significa seguir atendiendo la salud de los rionegrinos, seguir realizando hospitales, escuelas, seguir acompañando a todas las entidades deportivas, pagar salarios al día, pagar aguinaldo al día, no tener conflicto social, que haya mayor desarrollo en turismo, mayor acompañamiento al sector privado, entonces lo vamos a seguir haciendo”, concluyó.

Política

Weretilneck solicitará al Gobierno Nacional la provincialización de las Rutas 22 y 151

Se trata de una estrategia conjunta con la provincia del Neuquén.

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El gobernador Alberto Weretilneck solicitará al Gobierno Nacional la provincialización de las Rutas N° 22 y N° 151 para poder generar el mantenimiento y las mejoras requeridas mediante fondos de inversión privados. Se trata de una estrategia conjunta con la provincia del Neuquén.

Las vías que conforman la entrada y la salida de Vaca Muerta muestran un enorme deterioro y abandono por parte del gobierno del presidente Javier Milei. «Hace más de 20 años que los gobiernos nacionales, no importa el signo político o partidario, no pueden terminar la ruta. El nivel de mantenimiento es lamentable, basta de dar vueltas, necesitamos una solución definitiva», sostuvo.

Esta mañana (22/04) en Carmen de Patagones, Weretilneck participó del acto central del 45° aniversario de la comarca Viedma-Patagones, y en diálogo con los medios de prensa, aseguró que trabaja junto a su par neuquino Rolando Figueroa en toda la documentación para solicitar el traspaso de las Rutas 22 y 151.

«Apenas tengamos la propuesta consensuada entre las dos provincias la transmitiremos al gobierno nacional», adelantó Weretilneck.

El gobernador de Río Negro habló sobre una gestión mixta público-privada con financiamiento a través de la concesión de obra pública, en otros casos a través del sistema de peajes, «esencialmente financiado y pagado por quienes usan las rutas y no son habitantes de Río Negro ni de Neuquén».

«Estamos convencidos, las dos provincias, que lo mejor es que sean rionegrinos y neuquinos quienes administren nuestras propias rutas, porque está claro que los gobiernos centrales no entienden la importancia que tienen para nosotros y tampoco le prestan atención».

La ampliación de la Ruta Nacional 22 es un trastorno para los habitantes de la región norpatagónica. Pasaron cuatro presidencias desde que empezó a transformarse en autovía desde Chichinales (Río Negro) hasta Arroyito (Neuquén): Néstor Kirchner, Cristina Fernández, Mauricio Macri y Alberto Fernández; y tampoco hay avances con Javier Milei.

La parálisis y abandono acarrean el inevitable deterioro en diversos tramos que la tornan intransitable y un peligro para los 50.000 vehículos diarios que la circulan, sobre todo para el porcentaje que lo hace entre General Roca y Cipolletti.

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Política

Proponen que se realicen estudios de rinoscopía obligatoria a funcionarios y policías de Río Negro

Se busca así desestimar la adicción a drogas ilegales.

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La legisladora del bloque de Primero Río Negro, Yolanda Mansilla, presentó un proyecto de ley por el cual se establece la obligatoriedad de la realización de estudios médicos anuales que genere la obtención de un certificado psicofísico para los funcionarios del Poder Ejecutivo hasta la categoría de director y miembros de la Policía de Rio Negro hasta el rango de subcomisario; funcionarios del Poder Legislativo hasta la categoría de director y legisladores provinciales para desestimar la adicción a drogas ilegales.

Según el proyecto, se establece que los estudios se realizarán una vez al año, dando cumplimiento a la realización de diferentes exámenes como psiquiátrico, rinoscopía, y análisis de orina y sangre completo, siendo la autoridad de aplicación el Ministerio de Salud de la Provincia de Rio Negro.

La doctora Mansilla en sus fundamentos señaló que «se trata de ampliar los alcances de la Ley N° 3550 de Ética Pública que establece que los funcionarios deben garantizar, entre otras cuestiones, la actuación en base a los principios de probidad, dignidad e independencia, e incorporando en este caso a miembros de la Policía de la provincia, que tiene a su cargo el mantenimiento del orden y la seguridad pública actuando en el cuidado y resguardo de la vida y los bienes de los ciudadanos».

Mencionó la legisladora que «de ninguna manera la iniciativa tiene que ver con valorar los derechos individuales independientes, pero si contrarrestar consecuencias perjudiciales a terceros, e incluso dispone absoluta confidencialidad y programas de rehabilitación en caso de ser necesarios».

El proyecto invita a adherir al Poder Judicial, al Ministerio Público y los municipios

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Policiales

Presentaron un proyecto para prohibir el uso de celulares en cárceles rionegrinas

Los internos podrían realizar llamadas -a través de teléfonos fijos- entre las 8 y 19 horas, pero con una duración de 5 minutos cada una.

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Los legisladores provinciales Santiago Ibarrolaza, Patricia Mc Kidd y César Domínguez, del bloque La Libertad Avanza, presentaron un proyecto de modificación de ley para prohibir el uso de celulares en cárceles.

El proyecto presentado esta semana en la Legislatura tiene como finalidad proporcionar «herramientas de acción a los actores judiciales para contener y desarticular los delitos que se cometen utilizando herramientas de comunicación desde los complejos carcelarios».

En Río Negro, el 7 de diciembre de 2018, el Ministerio de Seguridad y Justicia implementó un Protocolo de utilización de telefonía celular dentro de las cárceles. «A pesar de que estipula ‘establecer la identidad de los dispositivos y realizar de forma precisa una regulación de su tenencia y uso dentro de cada establecimiento’, la realidad demuestra que la norma permite la utilización ilimitada de los teléfonos por parte de los internos», detalla el proyecto.

Los delitos de estafa telefónica son una constante que ha ido en aumento con el paso de los años. La modificación de la Ley Provincial S Nº 3008 busca prohibir las comunicaciones telefónicas a través de equipos o terminales móviles de cualquier tipo, así como el acceso a redes sociales e internet.

El sistema que buscan implementar sería de llamadas telefónicas realizadas en el horario de 8 a 19 horas, con una duración máxima de 5 minutos cada una. Las comunicaciones se realizarán a través de teléfonos fijos conectados a un conmutador y serían suspendidas en caso de existir sospecha fundada de la posible comisión de un ilícito.

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