Judiciales
Por una deuda se quedó afuera del Procrear: condenan a un banco
El caso se resolvió bajo el mecanismo de menor cuantía y se fijó una indemnización de $100.000 a su favor.

Una mujer de Cipolletti no pudo inscribirse al plan Procrear ni acceder a un crédito para la compra de un terreno por su situación crediticia. La cuenta que había cerrado en un banco privado en 2020 generó una deuda y en consecuencia la incluyeron en el Veraz. Reclamó y ahora deberán indemnizarla por $100.000.
El fallo del juzgado de Paz de Cipolletti condenó al Banco BBVA Argentina S.A (Banco Francés) a abonarle a su ex clienta la suma de $100.000 ($50.000 por daños y perjuicios y otros $50.000 por daño punitivo, que es una multa civil por el incumplimiento de la Ley de Defensa del Consumidor).
La mujer probó que en 2020 abonó la última cuota de su tarjeta de crédito y se presentó en el Banco Francés para cerrar su cuenta. En ese momento, salió de la entidad con un comprobante que daba por concluido el trámite.
Tiempo después, la llamaron por teléfono y le reclamaron una deuda. Concurrió nuevamente a la sucursal de Cipolletti y se retiró con la tranquilidad de que se había solucionado el problema. De hecho un representante del banco adujo un error y le pidió disculpas.
En diciembre de 2021, la clienta intentó solicitar un préstamo ante el Banco Nación pero se enteró que figuraba en el Veraz situación 3 por una deuda del Banco Francés a su nombre. Otra vez se acercó a la sucursal y en esa oportunidad le informaron que debía una cuota más de intereses. La mujer sostuvo que por la atención recibida la hicieron “perder el tiempo y pasar un mal momento”.
Luego intentó anotarse en el programa Procrear y recibió como respuesta que «lamentablemente” no podría avanzar con la inscripción. “Luego del análisis realizado, identificamos que tus antecedentes financieros no cumplen con los requisitos del programa», decía la leyenda.
La mujer acreditó en el juzgado cada una de las circunstancias de su relato y, durante el trámite, el banco no se presentó a la audiencia. La sentencia hizo lugar a la pretensión de la clienta y fijó una indemnización de $100.000 a su favor. El caso se resolvió bajo el mecanismo de menor cuantía.
Judiciales
El banco le dijo que no debía nada, pero igual lo inscribió como moroso: Ordenan resarcimiento para el cliente
La Justicia condenó al Banco Hipotecario a pagarle $1.700.000 por daño moral y punitivo.

Un hombre dio de baja su tarjeta de crédito luego de llenar un formulario en la sucursal bancaria de Viedma. Hasta ese momento no registraba ninguna deuda. Sin embargo, un mes después recibió un mail del banco donde se le indicaba que estaba en mora y que «en caso de que no la regularice pasaría a ser gestionada por una agencia de cobranza generándose costos y honorarios de abogados», consta en el expediente. Además, informarían al Banco Central.
Cuando se comunicó telefónicamente le hicieron saber que la deuda se trataba de la renovación de la tarjeta, más IVA y comisión por mantenimiento de la cuenta. Se negó a pagar por un producto que ya estaba dado de baja y solicitó que no le lleguen más intimaciones de deuda. De todas formas, continuó recibiendo correos electrónicos.
Realizó una denuncia en Defensa del Consumidor. En ese ámbito se concilió, se dio de baja la tarjeta y finalmente el banco le emitió un libre deuda.
Sin embargo, pasados unos meses recibió nuevamente correos electrónicos provenientes del Banco Hipotecario y llamados telefónicos de estudios jurídicos de cobranza que se fueron incrementando, «hasta llegar a ser mortificantes», explicó.
Se comunicó nuevamente con el banco y le dijeron que tenía una deuda. Incluso figura como moroso en el Banco Central de la República Argentina.
El cliente, finalmente, inició una demanda en el fuero civil de Viedma. El Banco Hipotecario contestó que la información que poseía deuda «fue rectificada», por lo que no se generó daño alguno.
La jueza civil tuvo en cuenta que el banco reconoció los hechos, «aunque en su defensa alegó que fueron errores que no causaron perjuicio económico» al cliente.
Al analizar el caso desde el punto de vista de la Ley de Defensa del Consumidor, concluyó que «los correos electrónicos y las contestaciones recibidas ante sus reclamos alteraron la tranquilidad espiritual del consumidor y deberán ser tenidos en cuenta al momento de valorar el daño moral».
Además, «ante el hecho de que el actor continuaba registrado como deudor ante el sistema del Banco Central por una deuda ilegítima, si bien no se ha demostrado un perjuicio económico concreto, no caben dudas de que resultaba irregular y potencialmente dañoso».
Finalmente, desglosó cada uno de los puntos reclamados y condenó al Banco Hipotecario a pagar al cliente $1.700.000 por daño moral y punitivo.
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Declararon culpables a los cuatro imputados por el homicidio de Otoño Uriarte
El proceso judicial entra ahora en la etapa de cesura, en la que se definirá la pena que recibirán los condenados.

Un Tribunal de juicio de Cipolletti declaró culpables a Ángel Germán Antilaf, José Hiram Jafri, Ricardo Néstor Cau y Maximiliano Manuel Lagos por el homicidio de Otoño Uriarte. La resolución se dio a conocer luego de 13 audiencias realizadas en doble jornada entre noviembre y diciembre del año pasado.
La jueza María Florencia Caruso, junto a los vocales Amorina Sánchez Merlo y Juan Puntel, conformaron el Tribunal que evaluó las pruebas presentadas por la fiscal jefa Teresa Giuffrida y la abogada querellante Gabriela Prokopiw, quien representó a Roberto Uriarte, padre de la víctima. Por su parte, los imputados fueron defendidos por distintos abogados: Carlos Vila asistió a Antilaf, Gustavo Lucero y Manuela Lagos a Maximiliano Lagos, Rubén Antiguala a Jafri, mientras que Marcelo Caraballo y Patricia Fernández representaron a Cau.
Los hechos probados en el juicio
El Tribunal consideró acreditado que el 23 de octubre de 2006, en Fernández Oro, los cuatro imputados llevaron a cabo un plan para privar de la libertad a Otoño Uriarte, de 16 años. Para ello, sustrajeron su bicicleta con el fin de forzarla a regresar caminando por una zona oscura y poco transitada. Fue en ese contexto cuando fue interceptada y retenida contra su voluntad.
Luego trasladaron a la víctima donde sufrió agresiones físicas y un ataque con un objeto punzocortante en la zona del hemitórax izquierdo y la axila. Estas lesiones le causaron la muerte. Posteriormente, su cuerpo fue ocultado y arrojado al Canal Principal de Riego, donde fue encontrado el 24 de abril de 2007.
Las pruebas testimoniales y periciales determinaron que el cadáver permaneció sumergido entre 5 meses y 3 semanas. Se concluyó que Otoño fue asesinada antes de ser arrojada al agua y que los responsables intentaron deshacerse del cuerpo. Para eso le colocaron peso en sus extremidades inferiores. Esta conducta descartó otras hipótesis, como el suicidio.
Fundamentos del veredicto
El Tribunal destacó que la investigación se vio demorada por el paso del tiempo, pero que las pruebas reunidas en el debate oral y público permitieron reconstruir lo sucedido. Se estableció que la última vez que Otoño fue vista con vida caminaba sola por la circunvalación de Cipolletti, cerca de la medianoche del 23 de octubre de 2006.
Entre los testimonios más determinantes, un matrimonio observó una camioneta blanca detenida en la zona con las luces bajas. Aunque no se pudo identificar con certeza que la víctima estuviera en el vehículo, sí se corroboró que la escena coincidía con el lugar donde se produjo la desaparición de la joven de Fernández Oro.
Otro elemento clave de la sentencia fue el testimonio de varios testigos que relataron un patrón de hostigamiento hacia Otoño por parte de Antilaf y los hermanos Cau y Jafri, antes de los hechos. Además, se verificó que la bicicleta de la víctima había sido sustraída y luego devuelta, lo que refuerza la hipótesis de un plan premeditado.
Los magistrados concluyeron que los cuatro imputados conocían los movimientos de la víctima y que coordinaron sus acciones para interceptarla en un tramo donde no pudiera pedir ayuda. Aunque no se acreditó que la hayan subido a un vehículo, sí se demostró que fue retenida contra su voluntad y privada de sus pertenencias, incluido su celular, que apareció quemado.
Finalmente, el Tribunal afirmó que la responsabilidad de los acusados no se basa exclusivamente en pruebas científicas, sino en una sólida combinación de testimonios, pericias y análisis indiciarios. Se determinó que todos actuaron en coautoría y que no era necesario que cada uno de ellos hubiera participado en todas las etapas del crimen para ser considerados culpables.
Con este veredicto, el proceso entra en la etapa de cesura, en la que se definirá la pena que recibirán los condenados.
El uso de la odorología, una de los fundamentos de la sentencia
Uno de los puntos centrales en la resolución del Tribunal fue la pericia odorológica, que incriminó a los imputados por el crimen de la joven de Fernández Oro. Mario Rocillo, médico veterinario y especialista en adiestramiento canino con formación en la Policía de Canadá, supervisó las pruebas con perros rastreadores y explicó la odorología como método científico. Los análisis se realizaron en presencia de las defensas, sin que se presentaran impugnaciones ni pedidos de nulidad.
El procedimiento incluyó un rastrillaje en la zona del canal El Treinta, donde la policía encontró un trozo de nylon negro. Los perros rastreadores detectaron olor en el material y siguieron el rastro hasta el domicilio de los hermanos Jafri y Cau, dos de los acusados. En una primera prueba, la pericia odorológica arrojó coincidencias con la víctima y con uno de los sospechosos. Un segundo análisis vinculó a otros dos imputados.
Las pruebas permitieron determinar que la víctima estuvo en la vivienda de los hermanos antes de su fallecimiento. Se estableció que sufrió una herida provocada con un arma blanca y que luego fue trasladada y arrojada al agua cuando ya se encontraba sin vida. El hallazgo del nylon negro cerca de una usina fue considerado un elemento decisivo en la investigación, ya que reforzó la hipótesis de que los cuatro acusados participaron en la eliminación del cuerpo. Además, los análisis genéticos indicaron una alta compatibilidad entre el perfil de uno de los imputados y las muestras recogidas en la escena del crimen.
Con esta prueba, entre otras, el Tribunal concluyó que los acusados conocían a la víctima y sus movimientos. Se estableció que su bicicleta fue sustraída y que la obligaron a regresar caminando por una calle oscura para luego cometer el homicidio y deshacerse del cuerpo.
La Fiscalía y la querella, una vez conocido el veredicto, solicitaron la prisión preventiva de los cuatro imputados. Las defensas requirieron un cuarto intermedio para definir su estrategia de cara a la medida cautelar.
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Le suspendieron un vuelo a Europa por la pandemia y nunca le devolvieron el dinero: Ahora deberán indemnizarla
Una vecina de Roca acudió a la Justicia porque una compañía aérea alemana le canceló su viaje y nunca le reintegró e dinero.

Una mujer de Roca demandó a una aerolínea por trato indigno e incumplimiento de los deberes de información. Tras un fallo civil, la compañía deberá pagarle más de cuatro millones de pesos a la clienta. La clienta adquirió pasajes para ir primero a Alemania, luego a Países Bajos, y finalmente regresar al país.
El Juzgado de la Unidad Jurisdiccional N° 5 hizo lugar a la demanda por los daños y perjuicios ocasionados ante la falta de devolución del dinero por pasajes cancelados debido a la pandemia de COVID-19.
La demanda fue promovida por una pasajera que había adquirido en marzo de 2020 pasajes aéreos para viajar por Europa a través de una agencia de viajes. Sin embargo, debido a las restricciones sanitarias, los vuelos fueron cancelados. A pesar de reiterados reclamos, la empresa no le brindó una solución ni procedió a la devolución del dinero abonado.
La mujer dijo que tuvo «respuestas evasivas a los pedidos de solución que de forma personal, telefónica y virtual» a los fines de poder cambiar los pasajes o, en su defecto, que le reintegren el dinero abonado.
El fallo consideró probado que existió una relación de consumo y que la demandada no cumplió con su obligación de restituir el monto abonado por un servicio no prestado. El magistrado interviniente subrayó que si bien la pandemia fue un caso fortuito que eximió a las empresas de cumplir con los vuelos, no las liberó del deber de devolución del dinero.
Asimismo, se determinó que la aerolínea vulneró los derechos de la pasajera al no brindarle información clara y suficiente sobre su situación, lo que configuró un trato indigno. Testimonios presentados en el juicio evidenciaron el perjuicio emocional sufrido por la actora, quien manifestó haber atravesado un período de angustia e incertidumbre por la falta de respuestas de la empresa.
En cuanto al daño punitivo, el juez resaltó que la aerolínea mantuvo una actitud dilatoria y evasiva durante todo el proceso, sin presentar una solución concreta a la afectada. En consecuencia, se impuso a Lufthansa el pago de $2.500.000 por ese concepto.