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Judiciales

Femicidio de Casmuz: Expusieron pericias en el segundo día del juicio por jurados en Roca

Entre los testigos, declaró el dueño del campo donde fue encontrado el cadáver de la víctima, el 4 de marzo de 2021.

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Se desarrolló hoy (14/09) en Roca la segunda jornada del juicio oral y público ante un jurado popular, en el que se juzga Antonio Colicheo como presunto autor del delito de femicidio con alevosía del que fue víctima la joven roquense Claudia Alejandra Casmuz. Sobre el imputado también pesa una acusación por los presuntos delitos de “robo simple en concurso real con tenencia de arma de fuego de guerra”, en relación con la pistola que fue utilizada para matar a la mujer.

El primer testigo de la jornada fue el dueño del campo La Perseverancia, ubicado al norte de Roca, donde fue encontrado el cadáver de Casmuz el 4 de marzo de 2021.

Luego declararon seis efectivos policiales que participaron de las primeras diligencias de la investigación y el Director General de Investigaciones Judiciales de la Policía, quien también participó de los procedimientos.

En materia pericial, declararon dos médicos forenses del Poder Judicial, quienes expusieron las conclusiones de la autopsia al cuerpo de la víctima, y una doctora en Biología, investigadora del Conicet, a quien se encomendó una pericia entomológica para estimar la fecha de fallecimiento de Casmuz. También se explayaron sobre las conclusiones de sus pericias dos expertos en balística de la Policía de Criminalística de Río Negro, quienes analizaron el arma de fuego utilizada y los proyectiles encontrados en el cuerpo de la víctima y en el lugar del hallazgo del cuerpo. Uno de ellos también analizó una pala secuestrada a pocos metros de la fosa donde había sido enterrado el cadáver. Otro perito de Criminalística de la Policía Federal con asiento en Neuquén explicó finalmente al jurado las conclusiones de su trabajo sobre la pistola calibre 9 mm secuestrada.

Para el final de la audiencia de hoy estaba prevista la declaración de otros tres testigos y expertos ofrecidos por la acusación.

El juicio

El debate es el octavo juicio por jurados populares que se realiza en la provincia desde 2020 y es el primero que se puede concretar con presencialidad plena desde la pandemia. De todos modos, los y las integrantes del jurado cuentan con medidas sanitarias de prevención, como mamparas divisorias y provisión individual de insumos y refrigerios.

También la permanencia de público en el Auditorio de la Ciudad Judicial de Roca está habilitada por primera vez, en el marco de los protocolos sanitarios actualizados.

Las audiencias del juicio por jurados están programadas hasta el próximo martes 20 de septiembre. En ese lapso el jurado popular, integrado por 12 varones y mujeres titulares y cuatro suplentes, escuchará la declaración de 60 testigos y peritos. También podrán analizar las evidencias materiales secuestradas y el contenido de las convenciones probatorias alcanzadas por las partes. Ese será el cúmulo de pruebas que deberán considerar durante su deliberación secreta, que comenzará el mismo martes 20 apenas finalizados los alegatos de clausura de la fiscalía, la parte querellante y la defensa y que terminará con un veredicto final.

Para que puedan llevar adelante la deliberación, el jurado recibirá instrucciones precisas del juez profesional que dirige el debate.

Judiciales

Caso Florencia Moreno: Piden 5 años de prisión para el conductor del auto

El vehículo colisionó contra un árbol, causándole serias heridas a la joven, que falleció luego en el Hospital.

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Ayer (26/02) a la mañana, la Fiscalía solicitó 5 años de pena para Kevin López, quien ya fue declarado culpable por el «homicidio culposo doblemente agravado» de Florencia Moreno.

En sus alegatos, la fiscal del caso argumentó que «se trata de un accidente de tránsito grave, con dos agravantes, donde el test de alcoholemia practicado al conductor dio resultado positivo. También se probó que al momento del hecho contaba con una inhabilitación desde Tránsito del municipio para conducir, y que lo hacía de manera imprudente, negligente y antirreglamentaria».

«Además, como resultado de todo ello, Florencia Moreno fue herida de gravedad y producto de ello falleció, además dos personas más, sufren aún hoy las consecuencias de las lesiones de ese día», agregó la fiscal.

De esta manera, la representante del Ministerio Público Fiscal solicitó la pena de 5 años de prisión efectiva, más inhabilitación especial para conducir cualquier vehículo por el término de 10 años, y las accesorias legales y costas, cuestión a la que adhirió el querellante, mientras que la defensa particular del hombre solicitó 3 años de prisión en suspenso.

El Tribunal Colegiado conformado para este juicio de cesura de pena dará a conocer su resolución el próximo lunes 4 de marzo a las 11.00.

El hecho

El hecho que fue probado durante el debate oral y público sucedió «el 24 de octubre de 2021, a las 8.12 aproximadamente, en la esquina de Defensa y Chingolo. El imputado conducía un vehículo marca Peugeot 206, con un nivel de alcohol en sangre de 1.46 g/l, y estaba junto a cuatro personas más«.

«No mantuvo el efectivo dominio del vehículo, embistió contra un árbol y producto de ello, murió Florencia Belén Moreno a causa de un politraumatismo cerebral y pulmonar. Además le ocasionó lesiones de carácter leves a dos víctimas más», explicó la Fiscalía.

Calificación legal

El hombre fue declarado responsable penal el 5 de diciembre pasado por los delitos de: «homicidio culposo doblemente agravado por la conducción imprudente, negligente y antirreglamentaria de un vehículo automotor, con un nivel de alcoholemia superior a 1 gramo por litro de sangre y por estar inhabilitado para conducir vehículo automotor por autoridad competente, en concurso ideal con lesiones leves culposas reiteradas de dos victimas».

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Judiciales

Caso Mandagaray 2: Confirman la sentencia de primera instancia

Se trata de la absolución para los responsables del Departamento de Capacitación y de Académica de la Policía de Río Negro.

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El Tribunal de Impugnación (TI) confirmó la sentencia de absolución para los responsables del Departamento de Capacitación y de Académica de la Policía de Río Negro en el denominado caso Mandagaray 2. Habían llegado a juicio acusados de no controlar la realización del curso que terminó con la vida del joven en Bahía Creek.

Por la trágica muerte se llevaron a cabo dos juicios. El primero contra los instructores que estuvieron en el curso. En ese caso, fueron sentenciados a prisión efectiva, y el Tribunal de Impugnación confirmó esas condenas. El segundo juicio recayó sobre dos funcionarios del área de capacitación encargados de diseñar y autorizar el plan general.

La acusación intentaba probar que «no controlaron y/o no ordenaron controlar la realización del curso de formación del COER de Viedma». Finalmente, el tribunal unipersonal valoró las pruebas y concluyó que no se pudo acreditar la imputación de omisión de los deberes del oficio.

En su apelación ante el TI, la Fiscalía y la Querella dijeron que la sentencia de primera instancia era arbitraria y no había valorado correctamente la prueba.

El fallo del Tribunal de Impugnación explicó que «el magistrado inicia sus argumentos dando fundamentos y hasta con alguna visión crítica respeto del modo de imputar las conductas a los encartados, en especial por existir otro legajo donde se han juzgado los hechos que llevaron a la muerte del joven Gabriel Mandagaray».

Par el TI, la sentencia de primera instancia fue clara y consistente al explicar los motivos de su decisión. «El magistrado va mas allá de la hipótesis acusatoria y agrega, que aún acreditado por la acusación algún tipo de incumplimiento, de ninguna manera se ha podido afirmar que ha existido la intención de incumplir con los deberes a su cargo por parte de los imputados. Este punto de la conclusión del tribunal no puede calificarse como arbitraria porque más adelante en sus fundamentos el magistrado da razones de esta afirmación».

Recordó que está bien explicitado en el fallo la causa por la cual «no se encontraba determinado por las normas que el control del curso lo tenían los imputados».

En definitiva, «la sentencia ha dado sobrados fundamentos sobre porqué no se alcanzan a reunir los elementos tanto objetivos como subjetivos del tipo penal, en base a un análisis que no posee fisuras, y como resultado de la prueba aportada en juicio».

En efecto, «la sentencia posee un desarrollo que permite seguir un razonamiento lógico, con apoyo en doctrina y jurisprudencia en la materia». Por esta razón, la confirmó en todos sus términos.

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Judiciales

Cansado de que le descuenten un seguro que no contrató, fue a la Justicia

El hombre leyó en internet que le estaba pasando lo mismo que a otras personas que denunciaron el hecho.

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El Juzgado Multifueros de El Bolsón dictó una medida cautelar ordenando la suspensión inmediata de los débitos automáticos efectuados por un seguro desde la cuenta sueldo de un cliente. Este último había detectado cargos por un seguro no contratado y, tras no recibir respuesta satisfactoria del banco, decidió llevar el caso a la justicia.

La demanda se presentó luego de que el cliente vio en las noticias sobre descuentos inconsultos y al revisar sus resúmenes de cuenta, notara débitos mensuales por parte de Seguro Sura S.A., una póliza que asegura no haber contratado. A pesar de sus intentos por cancelar el servicio tanto en la sucursal como por otros medios facilitados por el banco, los descuentos continuaron, lo que llevó a la acción legal.

Al momento de presentar la demanda relató que, luego de leer una noticia judicial en internet, prestó atención a los resúmenes de cuenta emitidos por la entidad y advirtió que se le efectuaban débitos de seguros que nunca había contratado.

Detalló que, al concurrir a la sucursal del Banco Patagonia le informaron que él los había contratado, situación que niega rotundamente. En esa ocasión, solicitó a la persona que lo atendió que diera de baja el seguro inmediatamente. Sin embargo, no pudo concretarse, ya que le indicaron que debía realizar el trámite por teléfono y nunca logró comunicarse.

Añadió que, finalmente, el 8 de diciembre de 2023, realizó el pedido de baja por home banking pero continuaron con los descuentos, y tuvo que realizar nuevamente el procedimiento de baja el 4 de enero de 2024.

El fallo se fundamenta en la protección de los derechos de los consumidores, citando la Ley 24.240, que busca asegurar la salud, seguridad, e intereses económicos de los usuarios, además de garantizar su derecho a recibir información adecuada y veraz, libertad de elección, y un trato equitativo y digno.

La medida cautelar se justifica bajo el artículo 230 del Código Procesal Civil y Comercial (CPCC), que permite dicha acción en casos donde el derecho es verosímil, exista peligro de daño irreparable y la medida no pueda obtenerse de otra forma.

El Juzgado consideró que, dada la documentación presentada por el demandante, los descuentos efectuados constituían una afectación a sus ingresos de carácter alimentario, privándolo de disponer de los mismos, lo que configuraba un daño actual y potencialmente grave e irreparable.

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