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Política

En plenario de comisiones, se trataron las modificaciones al Código Electoral

Fue avalado por mayoría, con dictamen dividido, por el rechazo del Frente de Todos y Juntos por el Cambio.

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El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda trató esta mañana la modificación de la ley que regula el Código Electoral y Partidos Políticos. El proyecto fue avalado por mayoría, con dictamen dividido, por el rechazo del Frente de Todos y Juntos por el Cambio.

Según las modificaciones que el proyecto contempla, las elecciones provinciales deberán llevarse adelante entre los meses de abril y octubre del año del vencimiento de los mandatos y no podrán realizarse en forma simultánea con las elecciones nacionales, a los fines de asegurar la autonomía provincial en los comicios.

También propone incorporar el derecho de afiliación a los partidos políticos a partir de los 16 años de edad, con el fin de incentivar a una mayor participación de los jóvenes en la vida política partidaria

Además, otra de las reformas tiene que ver con la confección de las boletas. Se propone que sean en colores utilizando la codificación “Pantone” para permitir que la identificación sea precisa y pueda funcionar como una pista informativa para guiar al votante en su decisión.

Por último, otra modificación busca que los partidos, confederaciones y alianzas puedan identificar sus cuentas oficiales en las diversas plataformas digitales ante el Juzgado Electoral para su publicación en un registro web de la Justicia Electoral Provincial.

Durante la exposición del proyecto, Lucas Pica (JSRN) consideró que “en el marco de un proceso electoral en marcha no es saludable hacer modificaciones sustanciales a los cambios de reglas de los sistemas electorales, es por eso que en años no electorales es cuando hay que discutir y trabajar este tipo de cuestiones”.

“Hoy, en un año no electoral, estamos recogiendo muchas de las cuestiones que era necesario cambiar. No estamos cambiando las reglas de juego que van a establecer el marco normativo para las elecciones venideras, no estamos tomando atajos, estamos dando recepción normativa a muchas cuestiones de hecho, que jurisprudencialmente han sido consolidadas”, señaló.

“Estamos dando previsibilidad, certeza y claridad para que los procesos electorales no terminen en una judicialización, como otras veces ha sucedido”, indicó.

Los fundamentos de Pica fueron reforzados por Facundo López, además de Nicolás Rochás, quien también manifestó el respaldo del Frente Renovador. Por Juntos por el Cambio, Juan Martín expresó su rechazo al proyecto. Consideró que se busca manipular las reglas electorales frente a un escenario electoral y se pierde una oportunidad para implementar la boleta única de papel. Desde el Frente de Todos, María Eugenia Martini manifestó también su rechazo al proyecto y coincidió en críticas a la “manipulación de las reglas electorales”. Por su parte, el bloque de Unión Ciudadana decidió tomarse las 48 hs para decidir su posición.

Por otra parte, en la reunión se trató el proyecto para ratificar el “Consenso Fiscal 2021” y autorizar al Poder Ejecutivo a ampliar la emisión de Letras de Tesorería para el Ejercicio Fiscal 2022 y la emisión a partir del 1º de enero 2023 para el Ejercicio Fiscal 2023, y también para sobregirar en forma continua o alternada por sobre la sumatoria de los saldos de las cuentas corrientes oficiales que conforman el “F.U.C.O” durante el año 2023.

Para explicar los alcances de la iniciativa estuvieron en la reunión Hernán Santori, Subsecretario Legal y Técnico del Ministerio de Economía, Adrián Chebeir, secretario de Financiamiento del Ministerio de Economía, e Ivana Fontana, subdirectora ejecutiva de la Agencia de Recaudación Tributaria.

El proyecto también tuvo dictamen de mayoría, dividido, con el rechazo de Juntos por el Cambio. El Frente de Todos, Unión Ciudadana y el Frente Renovador se tomaron las 48 horas para decidir su postura.

En otro orden, la comisión de Planificación, Asuntos Económicos y Turismo, junto con Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda, mantuvo una comunicación vía teleconferencia con funcionarios de la Secretaría de Energía para el análisis del proyecto mediante el cual se busca establecer el marco regulatorio y de fomento para la generación distribuida de energía eléctrica a partir de fuentes renovables con destino al autoconsumo y a la inyección de eventuales excedentes a la red de distribución eléctrica provincial.

María del Carmen Rubio, directora de Evaluación de Proyectos de la Secretaría de Energía, junto a Gustavo Villanueva, consultor técnico de la Secretaría, expusieron los alcances de la iniciativa. Rubio explicó los modelos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica y la generación distribuida. Habló de la necesidad de acelerar la transición hacia un esquema de producción y consumo sostenible.

La funcionaria indicó que el objetivo de la iniciativa es complementar el marco regulatorio y de fomento de la generación distribuida de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, con destino al autoconsumo y a la inyección de eventuales excedentes de energía eléctrica a la red de distribución, y la obligación de los prestadores del servicio público de distribución de facilitar dicha inyección, asegurando el libre acceso a la red de distribución provincial.

El proyecto tuvo despacho favorable de la mayoría, salvo Juan Martín (JxC), quien se tomó las 48 hs para decidir.

Además, durante la reunión se trataron otros dos proyectos de ley. Uno para autorizar la donación al Poder Judicial del edificio ubicado en la calle 25 de Mayo 650 de la ciudad de Viedma, que obtuvo despacho favorable. El otro para prorrogar la duración de un Fondo del Programa Provincial de Financiamiento para la Vivienda por el plazo de tres años, que fue rechazado por JxC. Para la fundamentación de ambas iniciativas estuvo Guillermo Ceballos, Secretario Legal y Técnico de la Provincia. Los dos proyectos obtuvieron despacho favorable.

Política

Río Negro vende sus aviones sanitarios por motivos económicos y operativos

Un informe concluyó que resulta un perjuicio económico para la Provincia mantener en su patrimonio la aeronave.

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Después de un exhaustivo análisis respaldado por el asesoramiento de un ingeniero aeronáutico de vasta trayectoria, el gobernador Alberto Weretilneck decidió desprenderse de la aeronave Cessna Citation V Ultra LV-KFV, propiedad del Estado, por resultar antieconómico. La Provincia también venderá la aeronave Piper Azteca bimotor de seis plazas, recuperada en 2019.

Desde su adquisición, el costo operativo del Cessna por kilómetro de vuelo sanitario realizado ha sido para el Estado Provincial más del triple que si hubiera contratado el mismo servicio en el sector privado. La aeronave Cessna Citation se encuentra en estado aeronavegable, apta para su operación, pero no posee actualmente la habilitación para realizar la operación de Servicio de Transporte Aéreo Sanitario (RAAC 119 y 135, STAS), sino que se encuentra habilitada únicamente para aviación general y evacuación sanitaria (RAAC 91).

De acuerdo al informe del Ingeniero Aeronáutico Kornisiuk, se concluyó que resulta un perjuicio económico para la Provincia mantener en su patrimonio la aeronave y proveerse de servicios de vuelos sanitarios por administración a través de la misma, siendo económica y operativamente más conveniente y menos riesgoso contratar el servicio de vuelos sanitarios con prestadores privados.

Se advierte en esta instancia, que llamativamente el procedimiento de adquisición de la aeronave encarado por la Provincia de Río Negro en el año 2019 no estuvo precedido de un estudio de mercado que demostrara la conveniencia para los intereses del Estado Provincial, de adquirir una aeronave de estas características para cubrir las necesidades de vuelos sanitarios.

El costo de operación y mantenimiento de la aeronave ha sido significativamente alto, superando los $18,10 por kilómetro de vuelo sanitario, en comparación con los $6 a $7 que costaría contratar el mismo servicio con un proveedor privado.

En relación a la proyección de erogaciones futuras hay que tener presente que según los informes y el asesoramiento recabado, los costos que se estiman erogar en el corto plazo ascienden a la suma de USD 845.699, por mantenimiento programado y correctivo.

Cabe señalar que la tasa de utilización de la aeronave por parte del Estado Provincial es baja, con un promedio de apenas dos vuelos sanitarios por mes desde su adquisición hasta finales de 2023, lo que incrementa el costo operativo por kilómetro recorrido.

La gestión administrativa y los esfuerzos para mantener y operar el avión propio son considerables, involucrando la coordinación de diversas tareas y jurisdicciones. Ninguno de los pilotos contratados por la Provincia cumple con las horas de vuelo necesarias para actuar como comandantes, lo que ha llevado en ocasiones a operar la aeronave asumiendo riesgos no recomendados.

El Estado de Río Negro ha erogado un total de USD 4.995.499,93 en la operación y mantenimiento desde su adquisición hasta marzo de 2024. De esta suma, USD 3.500.000 corresponden al costo de la aeronave, incluyendo otros gastos asociados. Esto implica que los costos operativos ascendieron a USD 1.495.499,93.

Durante este período, el avión realizó 40 vuelos sanitarios, recorriendo 82.589 kilómetros en total. Esto significa que el costo por kilómetro de vuelo sanitario para la provincia fue de más de USD 18,10, calculado dividiendo el costo operativo total por la distancia recorrida.

En tanto, se prevé un próximo mantenimiento en julio de 2024, con un costo pendiente de USD 121.500 a cargo de la empresa vendedora. Ante estas dificultades y considerando que el costo operativo ha sido más del triple que si se hubiera contratado el servicio con un proveedor privado, el gobernador Weretilneck avanzará con la venta, junto con el equipo sanitario, mediante licitación pública para garantizar transparencia y obtener el mejor precio posible.

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Política

“Hace falta que, además de preocuparse por las universidades nacionales, JSRN se ocupe de la educación en la provincia»

El legislador del PRO Juan Martín recordó que le cajonean hace años un proyecto de emergencia educativa.

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Luego de que diversos referentes del Gobierno Provincial manifestaran su apoyo a la marcha universitaria, el legislador Juan Martin (PRO-Unión Republicana) señaló que «además de preocuparse por las universidades nacionales, Juntos Somos Río Negro debería ocuparse de la educación en la provincia».

A través de la red social X, el parlamentario celebró que «la discusión sobre las universidades haya hecho que Juntos Somos Río Negro se preocupe por la educación pública. Ahora, hace falta que además de echarle la culpa al Gobierno Nacional se hagan cargo de lo que pasa con la educación en la provincia».

«Estamos de acuerdo en defender una universidad pública y de calidad. Pero esto también significa que los fondos que se invierten puedan ser auditados y que los contenidos no sean simple adoctrinamiento», señaló Juan Martin, aunque advirtió que «esto no sólo aplica a las universidades, sino a todo el sistema educativo».

El legislador del PRO-Unión Republicana planteó que «a la hora de referirse a las universidades, que son competencia nacional, son los primeros defensores de la educación. En cambio, en la provincia las escuelas se caen a pedazos, los docentes cobran miserias y los alumnos no aprenden».

En esta línea, recordó su proyecto de emergencia educativa, cuyo tratamiento legislativo el oficialismo bloquea desde hace años. «Si queremos hablar en serio sobre educación, lo primero que deberían hacer es habilitar el debate sobre la emergencia educativa en la provincia», indicó.

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Política

Weretilneck solicitará al Gobierno Nacional la provincialización de las Rutas 22 y 151

Se trata de una estrategia conjunta con la provincia del Neuquén.

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El gobernador Alberto Weretilneck solicitará al Gobierno Nacional la provincialización de las Rutas N° 22 y N° 151 para poder generar el mantenimiento y las mejoras requeridas mediante fondos de inversión privados. Se trata de una estrategia conjunta con la provincia del Neuquén.

Las vías que conforman la entrada y la salida de Vaca Muerta muestran un enorme deterioro y abandono por parte del gobierno del presidente Javier Milei. «Hace más de 20 años que los gobiernos nacionales, no importa el signo político o partidario, no pueden terminar la ruta. El nivel de mantenimiento es lamentable, basta de dar vueltas, necesitamos una solución definitiva», sostuvo.

Esta mañana (22/04) en Carmen de Patagones, Weretilneck participó del acto central del 45° aniversario de la comarca Viedma-Patagones, y en diálogo con los medios de prensa, aseguró que trabaja junto a su par neuquino Rolando Figueroa en toda la documentación para solicitar el traspaso de las Rutas 22 y 151.

«Apenas tengamos la propuesta consensuada entre las dos provincias la transmitiremos al gobierno nacional», adelantó Weretilneck.

El gobernador de Río Negro habló sobre una gestión mixta público-privada con financiamiento a través de la concesión de obra pública, en otros casos a través del sistema de peajes, «esencialmente financiado y pagado por quienes usan las rutas y no son habitantes de Río Negro ni de Neuquén».

«Estamos convencidos, las dos provincias, que lo mejor es que sean rionegrinos y neuquinos quienes administren nuestras propias rutas, porque está claro que los gobiernos centrales no entienden la importancia que tienen para nosotros y tampoco le prestan atención».

La ampliación de la Ruta Nacional 22 es un trastorno para los habitantes de la región norpatagónica. Pasaron cuatro presidencias desde que empezó a transformarse en autovía desde Chichinales (Río Negro) hasta Arroyito (Neuquén): Néstor Kirchner, Cristina Fernández, Mauricio Macri y Alberto Fernández; y tampoco hay avances con Javier Milei.

La parálisis y abandono acarrean el inevitable deterioro en diversos tramos que la tornan intransitable y un peligro para los 50.000 vehículos diarios que la circulan, sobre todo para el porcentaje que lo hace entre General Roca y Cipolletti.

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