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Vendió su auto, no hicieron la transferencia y el nuevo dueño nunca pagó la patente

A la vecina del Alto Valle se le generó una importante deuda impositiva en la Agencia de Recaudación Tributaria. ¿Qué dice la Justicia?

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El Superior Tribunal de Justicia, en un fallo reciente, definió los requisitos y el camino procesal que debe seguir una acción de hábeas data, conocida también como “amparo especial de protección de datos personales”.

Entre las novedades de la sentencia -que es doctrina legal obligatoria para todos los Juzgados de la provincia- se determinó que las apelaciones en estos procesos no se realizarán ante las Cámaras Civiles, sino ante el propio STJ, que en adelante será el tribunal de alzada. Esta decisión se fundamenta en que el hábeas data participa de la misma naturaleza que el amparo genérico.

De esta forma, además, se garantiza la intervención del máximo Tribunal provincial, y se brinda la oportunidad de que las partes puedan recurrir a la Corte Suprema de Justicia. El fallo fue refrendado por la totalidad de los integrantes del Superior Tribunal de Justicia, que compartieron los criterios establecidos.

El caso

El caso es el de una mujer del Alto Valle que vendió su auto y, a pesar de que hizo la denuncia de venta en el Registro Nacional del Automotor, no hizo lo propio ante la Agencia de Recaudación Tributaria de Río Negro, que es el organismo que percibe el impuesto provincial de patente. La obligación de hacer esa segunda denuncia de venta surge de la Ley Provincial N° I 1284.

Como tampoco se hizo enseguida la trasferencia del auto en el Registro del Automotor y el nuevo dueño no pagó más la patente, la deuda impositiva se siguió acumulando a nombre de la señora.

En este punto, se dio otra definición del Superior Tribunal de Justicia: la acción de hábeas data no es la vía para resolver esta situación, que se repite con frecuencia.

En efecto, la información que registraba la Agencia de Recaudación Tributaria de la provincia tenía sustento en una Ley Provincial que establece quiénes son las personas obligadas al pago del impuesto. Por lo tanto, si se pretende la declaración de inconstitucionalidad de la norma provincial que da sustento a la información así registrada, la vía procesal adecuada para plantear el tema no es el hábeas data, sino precisamente la acción de inconstitucionalidad que prevé el Código Procesal Civil y Comercial.

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Un padre no podrá ir a las carreras de caballos hasta que pague la cuota alimentaria

Debe cuotas alimentarias a su hijo menor de edad y no ha respondido a las intimaciones judiciales.

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Un hombre que debe cuotas alimentarias a su hijo menor de edad y que no ha respondido a las intimaciones judiciales no podrá ingresar a ningún hipódromo de la zona sur de la provincia de Río Negro ni del norte de Chubut ni podrá participar de carreras de caballos hasta que cumpla con los pagos atrasados. El niño y la madre viven en el Alto Valle, mientras que el progenitor vive en una localidad de la Línea Sur.

La medida fue ordenada esta semana por la Unidad Procesal de Familia N° 16 de Roca y se notificó tanto al deudor como a los hipódromos que frecuenta en Bariloche, Ñirihuau Arriba, El Bolsón, Jacobacci, El Maitén, Maquinchao y Comallo. Mediante un oficio la jueza sustituta ordenó a esos establecimientos que le prohíban la entrada «hasta nuevo aviso».

Al hombre, de unos 33 años, se le fijó en febrero una cuota provisoria por alimentos equivalente al 35% de un salario mínimo, vital y móvil. Pero desde entonces hasta ahora depositó siempre menos de lo ordenado. Cuando la mamá de su hijo informó al Juzgado, se verificaron los movimientos en la cuenta judicial y se le envió al deudor una intimación. Allí la jueza le advirtió que, si mantenía esa actitud, le aplicaría «medidas razonables» para forzarlo a cumplir. Pero al mes siguiente el padre volvió a depositar menos de lo ordenado.

La Defensora Pública que representa a la mamá denunció entonces que el hombre «continúa en su actitud reticente a cumplir los alimentos provisorios fijados» y solicitó que se hagan efectivas las medidas anunciadas. En la misma presentación afirmó que el deudor «corre carreras de motocicletas y de caballos continuamente».

En el Juzgado se analizó la realidad económica del hombre y se verificaron los incumplimientos, lo que dio lugar a tres medidas: la retención y suspensión de su carnet de conducir motos y otros vehículos, su anotación en el Registro de Deudores Alimentarios de la provincia y la prohibición de ingresar a los hipódromos y de participar en las carreras «hasta tanto cumplimente el depósito de la cuota alimentaria respectiva y hasta nuevo aviso».

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Continúa la convocatoria de adopción para dos hermanos de 11 y 14 años

La búsqueda se orienta a familias de Río Negro y Neuquén que estén en condiciones de ahijar y contener afectiva y materialmente a los dos niños.

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La Unidad Procesal del Fuero de Familia N° 11 de General Roca, continúa la convocatoria pública de adopción de dos hermanos de 11 y 14 años de edad.

La búsqueda se orienta a familias de Río Negro y Neuquén que estén en condiciones de ahijar y contener afectiva y materialmente a los dos niños, acompañarlos en sus trayectorias escolares, fomentar su participación en espacios de socialización, prácticas deportivas y actividades prácticas y artísticas que sean de su interés.

La familia deberá contar con capacidades para estimular el aprendizaje y el desarrollo de ambos, fomentando la confianza y el diálogo, generando un ambiente adecuado de escucha activa y con respeto y consideración hacia sus historias de vida.

Desde hace tres años se encuentran sin cuidados parentales y no tienen más hermanos ni otros vínculos familiares. Ambos disfrutan de jugar al fútbol y compartir juegos de mesa.

Para mayor información pueden comunicarse con el Juzgado al teléfono 0298 – 4292050 int. en el horario de 7.30 a 13.30 en días hábiles, o al correo [email protected] y/o accediendo al siguiente enlace y completando el formulario:
https://forms.gle/LPJ8EbFYdcZpWQBY8.

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Destituyeron a la jueza Revsin

El Consejo de la Magistratura aseguró que la magistrada incurrió en dos causales de destitución: mal desempeño de la función y graves desarreglos de conducta.

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El Consejo de la Magistratura resolvió el pasado viernes (07/06), por mayoría, destituir a la jueza de Familia de Roca Moira Revsin. Tras el juicio político realizado a finales de mayo, el Consejo coincidió con el pedido de sanción que había formulado el Procurador General, Jorge Crespo.

El Consejo declaró que la magistrada incurrió en dos causales de destitución: mal desempeño de la función y graves desarreglos de conducta. Además, la inhabilitó para desempeñar cargos judiciales por dos años.

El eje de la acusación señaló que, como jueza titular del Juzgado de Familia N° 11 y luego de la Unidad Procesal de Familia N°11, Revsin reiteró hechos de maltrato laboral hacia personas dependientes de su organismo y de funcionarias y agentes de la Oficina de Tramitación Integral del fuero de Familia (OTIF) de Roca. Además se le imputaron intromisiones indebidas en tareas y funciones que reglamentariamente eran exclusivas de la OTIF, lo que configuró una violación a las normas de funcionamiento interno que separan las competencias de jueces y juezas de las funciones propias de las Oficinas de Tramitación.

La decisión del Consejo de la Magistratura se puso en conocimiento del Ministerio Público Fiscal, para que analice, como indicó el Procurador, si pudo haber existido alguna conducta relevante para el derecho penal.

El Tribunal del juicio político estuvo integrado por el Presidente del Superior Tribunal de Justicia y del Consejo de la Magistratura, Sergio Ceci; los legisladores Marcelo Szczygol y Juan Murillo Ongaro; la legisladora Marcela González Abdala; las consejeras abogadas Marina Luna y Daiana Reynoso; el consejero abogado Federico Diorio y el juez por el fuero Laboral Victorio Gerometta. La defensa de la jueza estuvo a cargo del abogado Justo Epifanio y la abogada Noelia Caparros.

Por la destitución votaron siete consejeros, mientras que una consejera por el Colegio de Abogados votó por una sanción de suspensión de 30 días.

Los fundamentos

Del voto mayoritario surge que «el objeto del juicio político no es castigar al magistrado, sino realizar un examen de sus condiciones de idoneidad y determinar si conserva los requisitos para desempeñar tan honorable función».

A lo largo de la sentencia se desarrollaron los alcances del Protocolo de Prevención y Protección Frente a la Violencia Laboral en el ámbito del Poder Judicial de Río Negro, aprobado en 2021 por el Superior Tribunal de Justicia. Ese instrumento tiene como fin «erradicar aquellos comportamientos y prácticas que promueve un entorno de tolerancia cero de violencia o acoso laboral” en el Poder Judicial, a la luz de la normativa internacional de la Organización Internacional del Trabajo.

«No existen dudas de la formación técnica jurídica de la doctora Moira Revsin, pero debe señalarse que en la valoración de la idoneidad de una magistrada no sólo importa el conocimiento del derecho, sino que también deben ser analizadas y valoradas las cualidades personales y/o de perfil para llevar adelante equipos de trabajo, mantener relaciones interpersonales en un marco de respeto y desarrollar ambientes propicios para el desempeño de la función, de acuerdo a las pautas de actuación y la estructura organizativa dispuestas por el Superior Tribunal de Justicia», destacó el Consejo.

El Tribunal de enjuiciamiento tuvo por acreditado que existió «una conducta continuada, compuesta por una cantidad indeterminada de sucesos. Los tres hechos motivo de reproche disciplinario se ubican en el período de tiempo comprendido entre principios del año 2017 hasta el mes de diciembre del 2021, inclusive».

El primer hecho se describió como «violencia laboral – acoso psicológico» ejercido contra una funcionaria de la OTIF «por medio de injerencia e intromisión en sus labores» en el sistema informático. Se acreditó «objetivamente con el informe pericial elaborado por el Departamento de Informática Forense» pericia que constató la eliminación digital de movimientos y archivos firmados por la responsable de la OTIF por parte de la jueza. En ese punto, el Consejo destacó que Revsin «no tenía facultades» para hacerlo.

«Aun cuando la magistrada sostuvo que las intervenciones, correcciones, modificaciones o borrado de escritos estaban destinadas a cumplimentar con las Acordadas del STJ que establecen el Manual de Estilo y los usos adecuados de redacción, ortografía, erradicación de vocabulario técnico, márgenes, interlineados, etc., dicha finalidad -a pesar de que resulte loable- no resta entidad al accionar impropio que se tiene por probado. En ese sentido, no puede soslayarse que la sola circunstancia de no cumplir con alguno de los recaudos formales establecidos, no constituye una razón suficiente para vulnerar la división de funciones establecida en la normativa que establece la organización funcional del Fuero de Familia. Menos aún, para eliminar de un expediente digital -en forma reiterada- un movimiento creado y firmado por una funcionaria judicial -fedataria pública-, tal como efectuó», dice el fallo.

El segundo hecho acreditado fue calificado como «violencia laboral – acoso causado por injerencias e intromisiones» sobre empleadas de la OTIF, quienes desde abril de 2021 ya no se encontraban bajo la dirección y conducción de la jueza, sino que pertenecían al organismo administrativo. Tal conducta generó «malestares, sentimientos de hostigamiento, de temores, trabas en el trabajo y clima de trabajo hostil en general», dijo el Consejo.

Se tuvo por acreditado que ello «no fue una situación aislada sino un comportamiento reiterado y continuado» que «afectó ostensiblemente el estado interno de dicho organismo».
El tercer hecho fue encuadrado como «Violencia Laboral – Tratos Inadecuados, hostigamientos, exigencias desmedidas a empleados, deficiente delegación de mandos y de dirección del personal a su cargo, en el ámbito físico del ex Juzgado de Familia N° 11 de General Roca». Al respecto el Consejo definió que «el volumen de trabajo y las características propias de los procesos de familia -en general, urgentes y de un alto grado de sensibilidad-, no constituyen motivos atendibles para justificar el modo de conducirse la magistrada».

Finalmente la sentencia valoró que si bien la jueza, al expresar las palabras finales del juicio, «pidió disculpas a las denunciantes y manifestó que de ninguna manera fue su intención tener conductas que las afectaran», lo cierto es que el Protocolo del Poder Judicial para prevenir esos hechos «claramente establece que la violencia laboral se puede ejercer con intención o sin ella».

La sanción

Sobre la decisión de destitución, que es la máxima prevista por la normativa, el Consejo resolvió que «los elementos expuestos, preponderantemente negativos en función de su mayúscula intensidad, permiten concluir que no mantiene la idoneidad para el cargo para el que fue designada, por lo que estimamos que la sanción de destitución con inhabilitación de dos años para ejercer otro cargo judicial resulta razonable y proporcional».

Disidencia

El voto en disidencia solicitó una sanción menor. La consejera sostuvo que no se demostraron los hechos más graves de la acusación y que únicamente «ha quedado acreditado los problemas de comunicación que existieron con OTIF. Al no buscar una solución, Revsin ha sido parte del problema, es por ello por lo que creo que debe ser suspendida en sus funciones por el plazo de 30 días, sin goce de haberes», sostuvo.

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