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Judiciales

Rechazaron demanda de alimentos posteriores al divorcio

Una mujer demandó a su ex pareja después de divorciarse. La Justicia le dio la razón al hombre y rechazó la denuncia.

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Una mujer demandó a su ex pareja para que se fijen alimentos después de separarse de hecho y divorciarse. Tras la contestación de la demanda y el ofrecimiento de prueba el pedido fue rechazado. La defensa pública asistió tanto a la demandante como al demandado.

Con el patrocinio de una defensora pública, una mujer de Cipolletti presentó una demanda pidiendo que se fijen alimentos a su favor por parte de su ex pareja. Mencionaba que no contaba con ingresos más allá de una pensión no contributiva por ser madre de más de siete hijos y que padecía una enfermedad debiendo afrontar tratamientos médicos con la correspondiente compra de medicamentos.

Adujo además que si bien había trabajado durante la vida en pareja lo había hecho sin registrar por lo que no tenía aportes previsionales y eso le impedía acceder a una jubilación.

Sostuvo que el hombre había abandonado el hogar de forma repentina y se había radicado en una provincia del norte del país y que actualmente percibía una jubilación buena, además de contar con obra social, por lo que solicitó ser afiliada a la misma para facilitar su atención en el marco de sus afecciones de salud.

Al momento de contestar la demanda, el hombre que también fue asistido por otra abogada de la defensa pública realizó su versión de descargo y ofreció sus pruebas. Además de negar buena parte de los hechos como por ejemplo mencionar que la ruptura de la pareja no fue abrupta y que tiempo antes de mudarse a otra provincia ya se encontraban separados, describió que su situación económica actual y la de la demandante resultaban muy similares.

En primer lugar, sostuvo que la mujer cobraba una pensión no contributiva por ser madre de más de siete hijos -equiparada a una haber jubilatorio mínimo- y que él recibía una jubilación apenas superior a ese monto, alrededor de un 20% por encima.

Pero señaló que al momento de abandonar el hogar el hombre lo había hecho sólo con sus pertenencias y que su ex pareja permanecía -y aun reside- con sus hijos mayores de edad en la casa que fuera del matrimonio que resulta ser un bien ganancial y que además cuenta con un departamento independiente a la vivienda. Además quedaron en su posesión dos vehículos también gananciales.

Sobre eso agregó que por no tener un hogar propio ni tampoco prestado, el demandado debe afrontar un alquiler mensual.

Respecto de no tener otros ingresos, al contestar la demanda se expuso que la mujer más allá de tener o no aportes jubilatorios, había optado por cobrar la pensión no contributiva que resulta incompatible con el cobro de un haber mínimo. En otras palabras, si se jubilara, debería dejar de cobrar la pensión.

Finalmente, expuso que mientras permanecían conviviendo, la mujer tenía a su cargo una verdulería para la cual él mismo aportaba dinero invirtiendo en la compra de mercadería. Unos diez meses después de la separación de hecho y por la acumulación de deudas, ese emprendimiento finalizó cerrando el comercio.

Una buena parte de esos hechos fueron aceptados por la mujer a la hora de ser convocada. Entre ellos se encuentran lo expuesto sobre la vivienda como bien ganancial y el departamento del terreno pero expuso que allí residen sus hijos que ocasionalmente ayudan en sus sostén. Además surgió que cuenta con una obra social y aceptó haber administrado la verdulería aunque su versión del motivo del cierre de la misma era distinta a la del demandado.

En consecuencia, en la sentencia se resolvió rechazar la demanda. Consideró que no existía una desigualdad real entre los ex cónyuges y que la mujer tenía la posibilidad de obtener algunos ingresos económicos extra por ejemplo alquilando el departamento contiguo a su vivienda. Además consideró que buena parte de los gastos que la mujer adujo tener mensualmente para atender su salud no habían sido debidamente acreditados.

Alimentos después del divorcio

El Código Civil y Comercial, dispone que la obligación de alimentos entre ex cónyuges se apliquen sólo en determinados casos. Para hacer lugar a la solicitud es necesario acreditar que el o la demandante no o tiene recursos propios suficientes ni posibilidad razonable de procurárselos o que sufra una enfermedad grave y preexistente al divorcio.

Judiciales

Caso Ripari: Condenan a una mujer a 4 años y 6 meses por encubrimiento agravado

La mujer admitió haber recibido dos motos y ocultado carne robada del hecho que terminó con la muerte del hombre de 77 años.

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Ayer (20/11), la mujer imputada por haber adquirido o recibido dos motocicletas -sabiendo que tenían un origen ilícito y con fines de lucro- en el marco del homicidio en ocasión de robo de Oscar Ripari, reconoció haber cometido el delito y fue condenada a la pena única de 4 años y 6 meses de prisión.

«El Ministerio Público Fiscal solicitó la declaración de primera reincidencia, las accesorias legales, el pago de las costas y renunció a los plazos procesales», explicó el fiscal que intervino en la audiencia, detallando los alcances del acuerdo alcanzado.

La condena recae sobre los delitos de encubrimiento agravado por el ánimo de lucro, previstos en los artículos 277° inc. 1° c) e inc. 3° b), 55 y 45 del Código Penal. La fiscalía sostuvo que la mujer no solo recibió las motos involucradas en el crimen, sino que también ocultó la carne sustraída de la carnicería de Ripari. «Recibió y ocultó cosas que sabía eran provenientes de un delito, con un claro fin de lucro, tanto para su comercialización como para su consumo personal», indicó.

Para esta instancia de acuerdo abreviado pleno, la Fiscalía presentó un amplio cuerpo probatorio: intervenciones del personal de la Comisaría 21°, múltiples allanamientos, entrevistas testimoniales, informes del Departamento de Informática Forense y de la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (O.I.Tel.), análisis de teléfonos secuestrados, trabajo del Cuerpo de Investigación Judicial y registros de cámaras del 911.

El juez interviniente homologó el acuerdo y confirmó que la mujer de 36 años comenzará a cumplir su condena por los hechos y la calificación legal reconocidos.

Con esta sentencia, el expediente por el homicidio de Oscar Ripari queda cerrado, tras haber sido condenados todos los imputados: tanto los responsables del homicidio en ocasión de robo, como quienes participaron del encubrimiento agravado.

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Caso Dobra: Modifican las cautelares y ordenan tobillera y prohibiciones de contacto a uno de los imputados

El acusado continuará con tobillera electrónica y libertad dentro del ejido urbano, además de prohibiciones estrictas hacia víctimas y testigos.

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El juez revisor del Foro de Jueces de General Roca hizo lugar al planteo del defensor particular de uno de los imputados en una causa por encubrimiento y ordenó la modificación de las medidas cautelares que pesaban sobre el hombre, de apellido Méndez. El pedido se basó en la escala penal prevista para el delito que se le atribuye.

Tras la resolución del magistrado revisor, se llevó a cabo una nueva audiencia ante el juez de Garantías, quien definió que el imputado deberá utilizar tobillera electrónica hasta mayo de 2026. La medida incluye libertad ambulatoria, pero únicamente dentro del ejido urbano de la ciudad de Roca, debido al riesgo procesal de entorpecimiento que evaluó el tribunal.

Además, el juez estableció una prohibición estricta de acercamiento, hostigamiento, amedrentamiento y cualquier tipo de contacto con las víctimas y los testigos, con un límite de 200 metros. También se dispuso la prohibición de salida del país.

La resolución contó con la conformidad de la Fiscalía y de la querella, y no recibió objeciones por parte de la defensa particular.

El juez advirtió que cualquier incumplimiento de las medidas habilitará la solicitud de prisión preventiva por desobediencia.

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La abuela deberá pagar una parte de la cuota alimentaria por el aporte insuficiente del padre

La Justicia dispuso una cuota equivalente a tres salarios mínimos vitales y móviles: dos a cargo del padre y uno a cargo de la abuela paterna.

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El padre se fue a otra provincia, dejó de aportar, casi no llama y, cuando lo hace, es para explicar que no tiene trabajo formal. Mientras tanto, su hija creció bajo el cuidado exclusivo de la madre, sin colaboración económica del progenitor y con apoyo limitado de la abuela materna.

Frente a esta situación, la madre acudió al fuero de Familia de Bariloche para pedir una actualización de la cuota alimentaria y solicitó también que se incorporara al proceso a los abuelos paternos. El planteo se apoyó en el artículo 668 del Código Civil y Comercial, que permite extender la obligación a los ascendientes cuando el padre o madre obligado no cumple o no puede hacerlo.

El padre se presentó en una audiencia y ofreció pagar $100.000 mensuales. Dijo que trabajaba en la construcción, sin relación de dependencia, y que sus ingresos eran variables. Informó que vivía con sus padres en la ciudad de Federal, Entre Ríos. La propuesta fue rechazada, pero aceptada de manera provisoria mientras avanzaba el proceso.

Más adelante se presentó la abuela paterna. Alegó que no tenía relación con su nieta, que su hijo no vivía con ella de forma permanente y que su situación económica era frágil. Explicó que percibía una jubilación mínima y que había estado acompañando el tratamiento médico de su esposo, quien falleció durante la tramitación de la causa.

Los informes reunidos durante la etapa probatoria confirmaron que la adolescente vive con su madre, asiste a una escuela privada con beca parcial, está afiliada a una obra social y no recibe asistencia regular del padre. El informe socioambiental describió una relación esporádica, casi nula, entre el padre y su hija, y registró ingresos informales del progenitor. Los testigos señalaron que la madre sostiene sola la crianza y que el padre se desvinculó tanto afectiva como económicamente.

Con estos elementos, la jueza dio por acreditada la dificultad del progenitor para cubrir en forma completa la obligación alimentaria y resolvió fijar un esquema mixto. Dispuso una cuota equivalente a tres salarios mínimos vitales y móviles: dos a cargo del padre y uno a cargo de la abuela paterna.

La sentencia citó normativa nacional y convencional sobre la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes. También destacó el valor económico del trabajo de cuidado y sostuvo que, pese a la situación de vulnerabilidad que puede atravesar una persona mayor, en este caso las más afectadas por la falta de recursos eran las adolescentes.

La magistrada estableció que la cuota asignada a la abuela cesará cuando el padre pueda asumir la obligación alimentaria en su totalidad. Recordó además que las cuotas alimentarias no son definitivas y pueden revisarse si cambian las circunstancias.

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