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Judiciales

Se suscribió a un plan de ahorro, licitó pero le cambiaron el modelo y pretendían hacerle tomar dos créditos

El cliente hizo juicio y consiguió la devolución del dinero.

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Un cliente de Cipolletti que pretendía comprar una Toyota Hilux rescindió el contrato después de pagar 23 cuotas. Cuando quiso licitar le informaron que el modelo de vehículo escogido no se fabricaba más. Lo derivaron a una escribanía para realizar el cambio, pero le impusieron como requisito tomar dos créditos: uno prendario y otro personal. Hizo juicio y consiguió la devolución del dinero.

Según consignó en la demanda civil, el plan consistía en el pago de 72 cuotas mensuales, consecutivas y fijas. El consumidor tenía la posibilidad de licitar después de cancelar la cuota número doce o bien de salir sorteado. De todas formas licitó en la cuota número 23.

En ese momento le informaron que el vehículo ya no se fabricaba y que debía realizar un cambio de modelo por uno similar, pero de mayor valor.

En consecuencia lo derivaron a una escribanía de Cipolletti y en ese contexto, entre otros requisitos, le exigieron tomar un crédito prendario por 36 cuotas, más el seguro del auto y de vida y acceder a otro crédito personal a pagar en la misma cantidad de meses.

El cliente consideró que se encontraba ante un incumplimiento del contrato y lo rescindió. Después inició la demanda civil. La sentencia es de primera instancia y no está firme porque puede ser apelada. El fallo le otorgó la razón y condenó a la firma Podersa S.A de Capitalización y Ahorro para Fines Determinados a devolver el dinero abonado en concepto de cuotas, más intereses. También receptó los rubros por el daño moral y el daño punitivo. El primero hace referencia a las afecciones espirituales del consumidor por la frustración de su expectativa en la compra del vehículo. El segundo es una multa civil por el incumplimiento de la ley de Defensa del Consumidor. Se hizo mención al deber de información y a la redacción de ciertos artículos del contrato de adhesión que son de difícil comprensión y remiten a la realización de cálculos que no resultan sencillos para el nivel medio de los consumidores a los cuales se encuentra destinada la operatoria. 

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Un cliente de Cipolletti que pretendía comprar una Toyota Hilux rescindió el contrato después de pagar 23 cuotas. Cuando quiso licitar le informaron que el modelo de vehículo escogido no se fabricaba más. Lo derivaron a una escribanía para realizar el cambio, pero le impusieron como requisito tomar dos créditos: uno prendario y otro personal. Hizo juicio y consiguió la devolución del dinero.

Según consignó en la demanda civil, el plan consistía en el pago de 72 cuotas mensuales, consecutivas y fijas. El consumidor tenía la posibilidad de licitar después de cancelar la cuota número doce o bien de salir sorteado. De todas formas licitó en la cuota número 23.

En ese momento le informaron que el vehículo ya no se fabricaba y que debía realizar un cambio de modelo por uno similar, pero de mayor valor.

En consecuencia lo derivaron a una escribanía de Cipolletti y en ese contexto, entre otros requisitos, le exigieron tomar un crédito prendario por 36 cuotas, más el seguro del auto y de vida y acceder a otro crédito personal a pagar en la misma cantidad de meses.

El cliente consideró que se encontraba ante un incumplimiento del contrato y lo rescindió. Después inició la demanda civil. La sentencia es de primera instancia y no está firme porque puede ser apelada. El fallo le otorgó la razón y condenó a la firma Podersa S.A de Capitalización y Ahorro para Fines Determinados a devolver el dinero abonado en concepto de cuotas, más intereses. También receptó los rubros por el daño moral y el daño punitivo. El primero hace referencia a las afecciones espirituales del consumidor por la frustración de su expectativa en la compra del vehículo. El segundo es una multa civil por el incumplimiento de la Ley de Defensa del Consumidor. Se hizo mención al deber de información y a la redacción de ciertos artículos del contrato de adhesión que son de difícil comprensión y remiten a la realización de cálculos que no resultan sencillos para el nivel medio de los consumidores a los cuales se encuentra destinada la operatoria.

Judiciales

Allanaron la vivienda de la mujer denunciada por el Ministerio de Salud y quedó detenida

La investigación determinó que la acusada no registra antecedentes como graduada ni tiene título revalidado en la UNCo, y tampoco existen constancias del título invocado en la Universidad de los Andes de Venezuela.

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Dos allanamientos realizados esta mañana (07/04) en General Roca culminaron con la detención de una mujer acusada de ejercer ilegalmente la medicina.

La investigación, iniciada a partir de una denuncia del Ministerio de Salud de Río Negro, determinó que la imputada habría presentado documentación apócrifa para obtener la matrícula habilitante y ejercido funciones como médica cirujana e incluso como coordinadora de terapia intensiva en una clínica de la ciudad.

Las averiguaciones internas de la propia cartera sanitaria verificaron que la mujer no registra antecedentes como graduada, no tiene el título revalidado en la Universidad Nacional del Comahue y tampoco existen constancias del título que invocó en la Universidad de los Andes de Venezuela.

Los procedimientos se concretaron en el domicilio de la imputada y en el de sus progenitores. En ambos se secuestró documentación como título, sellos, recetarios, medicación, dispositivos electrónicos y registros vinculados a la actividad médica, que serán sometidos a pericias. La Fiscalía de turno también realizó requisas personales y vehiculares.

El jueves próximo (09/04) se prevé la realización de una audiencia de medidas cautelares, en atención al volumen de documentación que debe ser analizada antes de una eventual formulación de cargos.

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Judiciales

Denuncian a falsa médica por ejercicio ilegal de la medicina

Una mujer que habría ejercido en instituciones privadas de Roca y Regina el presunto ejercicio ilegal de la medicina y falsificación de documentos públicos.

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El Ministerio de Salud de Río Negro, a través de la Secretaría de Asuntos Jurídicos, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General contra una mujer que habría ejercido en instituciones privadas de General Roca y Villa Regina por presunto ejercicio ilegal de la medicina y falsificación de documentos públicos.

La medida se fundamenta en la detección de irregularidades en la documentación que la mujer presentó ante la Coordinación Provincial de Fiscalización Sanitaria para obtener su registro profesional.

Salud ya había procedido a la suspensión preventiva de la matrícula provincial en marzo. Esta acción se tomó luego de que se iniciara una investigación al detectar inconsistencias en el título de Médico Cirujano y la correspondiente convalidación, supuestamente otorgados por la Universidad de Los Andes (ULA), en Mérida, Venezuela.

«El Ministerio continuará colaborando con la Justicia aportando toda la documentación del legajo personal para que se determinen las responsabilidades penales correspondientes», destacaron desde la cartera de Salud rionegrina.

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Judiciales

Incineraron 43 kilos de cannabis y casi 900 plantas de marihuana en Roca

La quema se realizó en la Planta de Residuos II y corresponde a droga incautada en el marco de 236 legajos fiscales finalizados o con pericias y tomas de contramuestras avanzadas.

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La Unidad Fiscal de General Roca llevó adelante ayer por la mañana la quema de estupefacientes en la Planta de Residuos II de la ciudad. El procedimiento se realizó en el marco de la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, el material destruido corresponde a 43 kilos de cannabis entre cogollos y picadura de marihuana, y 874 plantas y plantines de marihuana.

La quema abarcó elementos incautados en 236 legajos fiscales finalizados o con pericias y tomas de contramuestras en etapa avanzada.

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