Gremios
UnTER presentó una acción de amparo por los descuentos de días de paro
Para el gremio docente se trata de un «proceder ilegítimo y arbitrario del Ministerio de Educación».
Luego de que el Ministerio de Educación ratificara aplicar descuentos por los días de paro realizados por los trabajadores de la educación, UnTER presentó ante la Justicia una acción de amparo para que el Gobierno deje sin efecto, o se abstenga de ejecutarlos.
La presentación, realizada ante la Cámara del Trabajo, Primera Circunscripción de Viedma, sostiene que se trata de un «proceder ilegítimo y arbitrario del Ministerio de Educación descontar de las remuneraciones de los y las trabajadores y trabajadoras docentes, los días en que no asistieron a sus tareas en razón de haber cumplido la medida de fuerza (paro) decretada por esta entidad gremial».
El amparo incluye tanto los descuentos ya efectuados sobre los haberes del mes de marzo como la «inminente concreción de descuentos sobre los restantes días de huelga, a partir de los anuncios públicamente difundidos por el gobierno en una clara actitud persecutoria y con intenciones de disciplinamiento», indicaron desde UnTER.
Se trata de una «grave violación del derecho constitucional de huelga, toda vez que los paros fueron realizados en el marco de medidas de fuerza resueltas en Congresos de la organización gremial y decretadas con total validez al amparo tanto de la Constitución Nacional como de la Constitución Provincial y de los Tratados Internacionales».
En este sentido, el amparo solicita a la Cámara Laboral que ordene al Ministerio de Educación : «dejar sin efecto y/o abstenerse de ejecutar las decisiones actuales e inminentes que implican y/o implicarán el descuento de días de remuneración a los docentes rionegrinos fundada en días de paro».
En la presentación, UnTER fundamentó que el inicio del conflicto se remonta a mediados del año pasado, «a partir de múltiples y sucesivos incumplimientos graves en que ha incurrido la autoridad gubernamental en el marco del proceso paritario». Y se destaca que el punto de partida fue «la injustificada inobservancia por el Ministerio de Educación y Derechos Humanos del acuerdo logrado en acta paritaria del 25 de octubre 2022», homologado por el Ministerio de Trabajo, en relación con el pago por planilla complementaria del 10% de recupero de la inflación del tercer trimestre.
«El panorama así instalado se vio severamente agravado, merced a la persistente y obstinada postura del Gobierno, que vulneró el derecho a la justa retribución de los trabajadores de la educación», agregaron. En el amparo se señala «un dilatado proceso paritario durante cuantiosas reuniones, todas caracterizadas por el absoluto desdén hacia la manda de negociar de buena fe y consecuente deber de ofrecer propuestas de recomposición e incrementos ajustados a la pauta de conservación de poder adquisitivo del salario docente, única forma posible de hacer prevalecer su condición de dignidad».
Las medidas de acción directa resueltas por los Congresos se dieron cuando «el conflicto arribó al punto de algidez y gravedad expectable ante semejante negativa gubernamental en cuanto al respeto de los elementales derechos laborales de los trabajadores de la educación. Ratificamos que se trata de medidas de fuerza cuya legitimidad es innegable», añadieron desde UnTER.
Denunciaron también en el amparo «la represalia por parte del Ministerio de Trabajo provincial al dictar una conciliación obligatoria que claramente tuvo el fin de cercenar e imposibilitar el libre ejercicio de este gremio del derecho constitucional a la huelga; en todo momento alineado con su postura de manifiesta parcialidad en favor de la parte empleadora».
Contra esas definiciones, UnTER realizó las actuaciones administrativas y judiciales contra la conciliación obligatoria «en razón de los vicios que afectaron su validez» y requirió la suspensión de sus efectos. «Aunque estas vías recursivas actualmente están pendientes de resolución, el Ministerio de Trabajo persistió en la persecución a la UnTER e inició procedimientos sumariales con el fin de imponer sanciones millonarias», explicaron.
El documento señala que «resulta insuficiente la explicación de que el descuento se produce como una lógica consecuencia de la no prestación de tareas, toda vez que en el escenario descripto dicha medida cobra una entidad tal que manifiestamente apunta a cuestionar y cercenar el ejercicio elemental del derecho a huelga».
Y resalta que la acción de amparo busca «dejar a salvo el derecho de los trabajadores a su remuneración cuando la huelga se originó en causas imputables exclusivamente al empleador».
Gremios
ATE lanza paro y movilización al PAMI el martes a las 13 ante la crisis y colapso de la obra social de los jubilados
«Más de 5 millones de jubilados son víctimas y rehenes de quienes están haciendo negocios a costa de su salud», indicó Aguiar.
A raíz de la profunda crisis que atraviesa el PAMI que incluye una deuda con prestadores de más de 500.000 millones de pesos, cambios en la cúpula directiva, falta de prestaciones a sus afiliados y salarios de sus trabajadores por debajo de la canasta básica, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) resolvió un paro con movilización a la sede central de la obra social (Av. Corrientes 655, CABA) el martes 8 a las 13 y paraliza actividades en todo el país.
«Si no frenamos a tiempo tanta desidia de los funcionarios, la obra social será irrecuperable. Más de 5 millones de jubilados son víctimas y rehenes de quienes están haciendo negocios a costa de su salud», indicó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional quien también es trabajador de PAMI.
En este marco, apuntó que «el vaciamiento de la obra social que se ha llevado adelante en este tiempo no tiene precedentes. Los jubilados ya no tienen ningún tipo de prestación. En los últimos dos años murieron 45 mil adultos mayores más de los esperados por la falta de medicamentos y de prestaciones. Hay un riesgo cierto de que desaparezca una de las obras sociales más grandes, prestigiosas y solidarias de Latinoamérica. Mientras que los funcionarios cobran sueldos millonarios, los salarios de los trabajadores se encuentran congelados».
«No puede ser que después de haber aportado durante toda su vida, a los jubilados se les vulnere su derecho humano de acceder de manera libre y gratuita al sistema de salud. Hemos decidido parar en todo el país y movilizarnos a la sede central del PAMI. Si no existen respuestas, todas las medidas se van a profundizar», concluyó el secretario general de ATE Nacional.
En las últimas horas se anunció la salida de Juan Cruz Montero de la coordinación ejecutiva de la obra social, quién será reemplazado por Verónica Gabriela Pérez, muy ligada a Santiago Caputo. En simultáneo, también se dio la baja de Florencia Zicavo, de la sindicatura del organismo, quien aún no tiene sustituto definido.
El sindicato denuncia que la obra social está absolutamente colapsada y no puede dar respuestas a los más de 5 millones de jubilados y pensionados que están afiliados. «Una buena parte del desfinanciamiento se basa en la eliminación del Impuesto País que destinaba gran parte de lo recaudado a PAMI. En 2024, el Gobierno aseguró que cubriría ese monto con fondos del Tesoro Nacional. Sin embargo, de los 2,8 billones de pesos que hubieran ingresado a la obra social mediante el tributo, solo se compensaron 0,9 billones hasta julio de este año», aseguraron desde ATE.
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Para Aguiar, «el Consejo del Salario es inservible, una puesta en escena para convalidar los acuerdos entre empresarios y el Gobierno»
«El Consejo del Salario es la paritaria de los que no tienen paritarias. Joden y dejan desprotegidos al 40% de los trabajadores», indicó el titular de ATE Nacional.
Finalizada la reunión del Consejo del Salario Mínimo en la que los empresarios propusieron un aumento de 1,8% en septiembre y 1,7% para octubre hasta abril, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, señaló que «este Gobierno terminó convirtiendo al salario mínimo en un subsidio».
«El Consejo del Salario debiera ser la paritaria de los que no tienen paritarias. Joden y dejan desprotegidos al 40% de los trabajadores. El SMVM sigue siendo de indigencia. No es vital porque no alcanza para vivir, tampoco es móvil porque se ubica por debajo de la inflación», agregó el dirigente estatal.
En esta línea, cargó directamente contra el ámbito tripartito que reúne a trabajadores, empresarios y el Poder Ejecutivo. «El Consejo del Salario es inservible, es una puesta en escena. Hace más de dos años que no hay acuerdos y se termina resolviendo por una resolución del Gobierno. ¿El Consejo existe? Si seguimos así, el Consejo va a existir pero los salarios van a desaparecer», indicó.
«Este organismo nació para garantizar dignidad y no pobreza legal como sucede hoy. Ha sido copado por los grandes empresarios y se reúne sólo para convalidar lo que ellos resolvieron previamente con el Gobierno», agregó Aguiar.
En referencia a la intención del Ejecutivo de implementar un salario mínimo garantizado de 1 millón de pesos para los convenios privados, apuntó que «y ahora queda claro que el Gobierno acaba de inventar un salario mínimo paralelo con el objetivo de frenar la actualización de las asignaciones sociales como la AUH y otros programas».
Cabe recordar que, según el último informe del INDEC, la línea de pobreza en la Argentina se ubica en $1.564.716 y la de indigencia en $708.016.
Gremios
ATE rechazó el 1,7% mensual y prepara medidas de fuerza contra «una nueva paritaria por debajo de la inflación»
«Milei está más cerca de lograr la paritaria cero que la inflación cero», indicó Aguiar. El ofrecimiento contempla además una suma fija por única vez de $80.000 en diciembre.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) rechazó el ofrecimiento de la paritaria de 1,9% en septiembre, 1,8% en octubre, 1,6% en noviembre y 1,5% en diciembre, además de una suma fija de $80.000 no remunerativa por única vez para el último mes del año.
«Milei está más cerca de lograr la paritaria cero que la inflación cero. Con la ayuda de UPCN, el presidente cumple lo que dijo y sigue recortando los salarios en el sector público. Después de la firma, deben estar festejando juntos», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
En este marco, el sindicato convocará en las próximas horas a un plenario federal de delegados para la semana que viene y evaluar el plan de acción. «Tenemos que definir nuevas medidas de fuerza y lograr que el Gobierno se siga debilitando. O se terminan de debilitar ellos, o nosotros desaparecemos. No hay término medio», indicó.
«Para nosotros esta negociación es inaceptable. Se trata nuevamente de incrementos por debajo de la inflación y bonos por única vez en diciembre que no sirven para nada. Es una tomada de pelo. No alcanza ni siquiera para llenar un tanque de nafta. Y si lo imaginamos a fin de año, no va a alcanzar ni para un alfajor. No queda ninguna duda, después de esta paritaria los estatales estamos mucho peor que antes», concluyó Aguiar.
Desde que asumió Javier Milei, la pérdida del poder adquisitivo supera el 44% en la administración pública nacional (CCT 214/06), con paritarias a la baja rechazadas sistemáticamente por ATE y aceptadas por UPCN.
Cabe recordar que ATE realizó una encuesta a trabajadores de todos los organismos y ministerios en cada una de las provincias y arrojó como resultado que el 87% tiene deudas vigentes, y de ese grupo, el 73% las tiene con varias entidades a la vez. En cuanto a para qué usan ese dinero, el 40% dijo que lo destina a urgencias médicas, gastos de educación o al pago de alquiler y expensas, y el 37% lo usa para pagar otras deudas o cubrir comida y ropa.
Paralelamente, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), que integran ATE, UOM, Aceiteros, Aeronáuticos, Conadu, Conadu Histórica, Papeleros, Molineros, movimientos sociales y decenas de organizaciones de todas las centrales obreras, en su informe mensual realizado con datos oficiales del Indec y ponderado en función de las necesidades básicas de los trabajadores, señaló que el Salario Mínimo, Vital y Móvil debiera ser de $3.065.161 para no ser pobre.
El mismo informe da cuenta de que en promedio, cada trabajador de la Administración Pública perdió en promedio 14,9 millones de pesos durante la gestión de Javier Milei.
