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UnTER repudió la represión «dictatorial» ocurrida en Jujuy y acusó a Morales

«En el año en que nuestro país pretende celebrar los 40 años de recuperación de la democracia, es inadmisible el silencio del Poder Legislativo», dijeron.

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La Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UnTER) expresó este mediodía de jueves (13/7) su «absoluto repudio al accionar del Gobernador Gerardo Morales contra el pueblo jujeño».

Además el gremio «se solidariza con compañerxs docentes y estudiantes de la Universidad de Tilcara y con todas las personas que padecen la escalada represiva que se emparenta con la dictadura genocida. Exigimos el cese inmediato de esta persecución y el juzgamiento de los responsables políticos e ideológicos de esta lamentable vuelta al pasado».

«El miércoles 12 de julio la policía ingresó en la Universidad de Tilcara, accionar que está penado por la Constitución Nacional, por lo tanto es un delito federal. Nada aparece frenar el espíritu dictatorial del precandidato a vicepresidente por el PRO, quien amenaza con expropiar el predio de la UBA» indicaron.

«Esta semana se difundió una lista con nombre, apellido y dirección de militantes que supuestamente son los responsables de delitos de sedición y privación ilegítima de la libertad. Hasta el momento, ese listado incluye a 42 personas, lo que instala un clima de persecución que nos remite a los años de terrorismo de Estado que no se debe regresar», agregaron desde Unter.

En un extenso comunicado de prensa indicaron que: «En Humahuaca se inició una cacería contra sindicalistas, organizaciones de base y Pueblo Originarios, que se replica en todo Jujuy. En la Quiaca se intentó un golpe destituyente contra el Intendente, que rechazó la reforma. Desde el 20 de junio, la policía dispara y ciega a jóvenes, circulan autos sin patente, se allanan viviendas sin orden judicial, compañeras militantes denunciaron abusos por parte de estos grupos parapoliciales».

«Desde el momento en que Morales impuso la reforma constitucional, con el aval de legisladores del radicalismo y un sector del PJ, el pueblo en su conjunto está resistiendo en defensa de sus derechos. Tan atroz fue la violencia institucional, que los medios hegemónicos no pudieron invisibilizarla.  Apenas se disipó el humo de los gases lacrimógenos se retiraron de la provincia; sin embargo continuaron las marchas y los cortes con el objetivo de lograr la derogación de esta reforma ilegítima que cercena derechos establecidos en la Constitución Nacional y Tratados Internacionales que el gobierno jujeño no puede ignorar», expresaron.

«Como trabajadorxs de la Educación nos alerta que este accionar represivo se valide como parte de una campaña prelectoral, para cosechar votos del sector más reaccionario de nuestra sociedad. Gerardo Morales, luego de ordenar la violencia, fue premiado por Horacio Larreta como compañero de fórmula. Los medios hegemónicos contribuyen con la difusión de discursos de odio que alimentan el racismo, han silenciado que el Gobernador intervino en el Poder Judicial para lograr una justicia complaciente, que ejerce el nepotismo y mantiene presa desde hace siete años a Milagro Sala e integrantes de la Tupac Amaru, a pesar de la condena de los organismos internacionales de Derechos Humanos», agregaron.

«En el año en que nuestro país pretende celebrar los 40 años de recuperación de la democracia, es inadmisible el silencio del Poder Legislativo, que debería ordenar la intervención de Jujuy, pero no lo hace porque la mayoría es parte del partido de Morales y sus aliados. Urge que el Gobierno Nacional se exprese y actúe contra el avasallamiento de la Universidad y que la sociedad en su conjunto condene la represión» indicaron.

El comunicado finaliza diciendo: «No hay excusa para que las centrales sindicales, las organizaciones de base y los partidos políticos que dicen defender la vida democrática denuncien esta política de crueldad y se organicen para frenarla. Si no lo hacen, será verdad que Jujuy es la muestra de lo que vendrá. Hoy más que nunca es imperiosa la memoria para no repetir la historia».

Gremios

ATE rechazó el 9,1% ofrecido en la paritaria: «Con Milei, los estatales perdimos el 22,4% de poder adquisitivo»

«La caída del salario desde que asumió esta gestión ha sido estrepitosa. Esta propuesta es inaceptable», señaló Rodolfo Aguiar.

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La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) rechazó el 9,1% ofrecido por el Gobierno en la paritaria para la Administración Pública Nacional, lo que significa una caída del 22,4% del poder adquisitivo de los estatales en el último año.

«La caída del salario desde que asumió esta gestión ha sido estrepitosa. Esta propuesta es inaceptable. Lo que ofrecen ni siquiera se corresponde con los datos de inflación oficial. No podemos ser cómplices de este recorte brutal de nuestros ingresos», apuntó Rodolfo Aguiar, secretario general del sindicato.

«Con el correr de los meses, el ajuste en el sector público se consolida y cada vez es mayor. Con esta paritaria y cuando empiece el mes de junio, decenas de miles de estatales aparecerán como nuevos pobres. Son los propios datos oficiales los que muestran que desde que asumió este Gobierno los salarios han caído en picada. A partir de ahora el ingreso promedio en la Administración Pública apenas alcanza para cubrir la mitad del costo que tiene la canasta familiar básica», indicó el dirigente estatal.

«Hemos decidido rechazar la oferta porque nuestro sindicato no puede ser cómplice semejante destrucción de los salarios. Este grave recorte en los sueldos rápidamente se va a disparar a las provincias y municipios. Debemos darle continuidad y profundizar nuestro plan de lucha en todo el país», señaló Aguiar.

El acuerdo se compone de un 2% correspondiente al mes de abril y un 7% acumulativo para mayo, por lo que el aumento es de 9,1% en el bimestre. Este incremento fue aceptado por UPCN, por lo que el aumento se liquidará con los haberes de este mes.

Las paritarias en el convenio 214/06 comprenden el periodo que va de junio 2023 a mayo 2024, por lo que el sector público nacional cierra su año de negociación con un aumento del 200,9%. Teniendo en cuenta que la inflación proyectada para para mayo según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central es de 7,5%, la caída del salario real para los estatales es de un 22,4%.

Cabe destacar que en noviembre -a seis meses de iniciada la paritaria- el acuerdo había quedado 3,4% por encima de la evolución de los precios hasta ese momento. Pero es a partir de diciembre cuando todos los acuerdos quedaron sistemáticamente por debajo de la inflación, consolidando la pérdida real del poder de compra.

La representación de ATE estuvo compuesta por Flavio Vergara, Secretario de Convenios Colectivos de Trabajo, y Vanina Rodríguez, Secretaria de Formación, junto a Julia Scarensi, Luciano Fernández y la representante jurídica, Mariana Amartino. Por parte del Gobierno, participaron Enrique Pinedo, subsecretario de Evaluación Presupuestaria, y Rosana Reggi, subsecretaria de Transformación del Estado y Función Pública.

Según el último dato del Indec, una familia necesitó $828.158 en abril para no caer bajo la línea de pobreza. Sin embargo, la Junta Interna de ATE-INDEC informó que este ingreso debería ser como mínimo de $1.253.953.

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El Gobierno de Río Negro rechazó el corte de organizaciones sociales en la Ruta 6

«No cederemos ante acciones violentas y malintencionadas», aseguró el ministro Muena.

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Ante el bloqueo de la Ruta Provincial N° 6, altura Paso Córdoba, por parte de grupos pertenecientes a la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y la Federación Nacional Territorial (FeNaT), el Gobierno Provincial reafirmó su postura de «no ceder ante acciones violentas y malintencionadas».

«Estas acciones, lejos de representar los intereses de la mayoría de los ciudadanos de Río Negro, obedecen a líderes con agendas personales que se aprovechan de los más necesitados», indicó el ministro Juan Pablo Muena.

«Ante el recorte de fondos nacionales para los merenderos y ayudas económicas, la Provincia decidió llegar de manera directa a la gente más necesitada. A través del Ministerio de Desarrollo Humano, Deporte y Cultura, la Provincia avanza con un plan de contingencia sin negociar con las organizaciones sociales», aseguró.

«Las violentas protestas y actitudes delictivas de estos grupos solo generan perjuicio para la población, vulnerando sus derechos constitucionales y afectando gravemente la actividad económica regional. En contraposición, Río Negro sigue comprometido con el diálogo como vía fundamental para resolver los problemas comunitarios, independientemente de la posición social o política de los involucrados», agregó.

«El Ministerio de Desarrollo Humano continuará su labor sin intermediarios, focalizándose en llegar directamente a las familias más necesitadas. A pesar de los obstáculos, hemos solicitado en reiteradas ocasiones a los movimientos sociales los listados de personas en situación de vulnerabilidad, pero lamentablemente no hemos recibido respuesta», explicó Muena.

«Dada la difícil situación económica nacional y los recortes presupuestarios, optimizamos nuestros recursos con el objetivo de establecer una logística social transparente y equitativa en todo el territorio, garantizando que los suministros lleguen a quienes más lo necesitan, sin interferencias ni distorsiones», finalizó.

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Organizaciones sociales bloquean el paso de camiones a Vaca Muerta

Demandan asistencia alimenticia para los comedores. Pidieron una audiencia al ministro de Desarrollo Humano, Juan Pablo Muena.

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La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y la Federación Nacional Territorial (FeNaT) intensificaron su protesta y tras no obtener las respuestas esperadas por parte del Gobierno rionegrino, decidieron cortaron la Ruta Provincial N° 6, en el puente de Paso Córdoba.

La medida es en demanda de asistencia a los merenderos y comedores y, según confirmaron, se mantendrá por tiempo indeterminado. De esta manera buscan evitar que transiten los camiones que van a Vaca Muerta.

La semana anterior ocuparon la sede del gobierno que está ubicada sobre calle 9 de Julio, en pleno centro de Roca. Tras más de un día de ocupación pacífica, desalojaron el lugar y acordaron una mesa de trabajo con las autoridades provinciales. Fue la fiscal Verónica Villarroel quien debió mediar para conseguir un diálogo entre los referentes sociales y el Delegado de Desarrollo Humano, Julián Pawli.

Sin embargo, los resultados no fueron los esperados. Según explicaron los referentes sociales, el Gobierno «se negó a asistir a los espacios socio comunitarios. Por esa razón comenzamos un corte por tiempo indeterminado en la Ruta N° 6. Vamos a insistir para que nos reciba el ministro Muena».

«Queremos establecer la asistencia alimentaria que desde noviembre del año pasado no se concreta. No podemos continuar teniendo una gestión que le dé la espalda a esta demanda, con un 60% de pobreza, el aumento de la desocupación y el hambre», agregaron.

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