Seguinos

Río Negro

Avanza el proyecto para instalar una base aérea en un aeropuerto rionegrino

El proyecto se enmarca en un convenio firmado entre la Provincia y Prefectura.

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La gobernadora Arabela Carreras se reunió ayer martes (15/08) con el director de la Región Sur de Prefectura Naval Argentina, Prefecto General Carlos Salaburu, con el objetivo de avanzar en materia habitacional de cara a la instalación de la estación aérea en el aeropuerto Gobernador Castello de Viedma. El encuentro, que se desarrolló en Casa de Gobierno, contó también con la presencia del Prefecto principal, Rodolfo Schaller.

Al respecto, al Prefecto Salaburu comentó que «lo principal para nosotros es conseguir un terreno para poder construir viviendas que alojen a pilotos, mecánicos y todo el personal terrestre que el equipo de prefectura podría llegar a integrar en Viedma».

Salaburu afirmó también que en la reunión «la gobernadora nos comentó la idea de hacer un anteproyecto para la sesión de un terreno que podría destinarse para la construcción de viviendas».

«Es un terreno, según tenemos entendido, que actualmente pertenece a Nación, por lo que la gobernadora se comprometió a elevar el anteproyecto y hacer las gestiones para que pase a Provincia», agregó.

La instalación de la sede implicará el funcionamiento continuo del aeropuerto provincial, a la vez que impulsará la generación de empleos y el movimiento económico.

En relación a esto, el Prefecto Salaburu aseguró que «por lo que converse con gente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), se incrementarían las tareas operativas del aeropuerto y ellos con sus funciones verían incrementados los horarios de servicio y atención operativa».

«Esto va a representar un crecimiento exponencial para Viedma porque llegarán más familias a la ciudad y también representará una mejora al aeropuerto, por lo que sería muy productivo», concluyó.

Judiciales

Una mujer se tropezó con una canilla que quedó de una obra inconclusa de ARSA y deberá ser indemnizada

Quedó con secuelas incapacitantes, según el informe médico.

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Una mujer de Viedma se tropezó con una canilla que sobresalía de la vereda y debió ser hospitalizada. La recuperación le llevó meses, y aún así, quedó con secuelas. La canilla estaba al descubierto debido a una obra inconclusa de la empresa prestataria del servicio. Sin embargo, la empresa intentó culpar a la Municipalidad y a la propia frentista. Un fallo civil dispuso un resarcimiento para la damnificada.

El accidente ocurrió al mediodía de enero, cuando la vecina fue a la casa de su suegra y tropezó con una canilla que emergía de la vereda. Para proteger su cuerpo, colocó las manos en el suelo, lo que provocó que sus muñecas soportaran la totalidad de su peso, quedando inmovilizada y consciente en el piso.

Fue trasladada al Sanatorio Austral, donde, tras realizarle placas, determinaron que había sufrido una fractura de radio derecho distal intraarticular debido a la caída. Posteriormente, fue operada y tuvo que recibir sesiones de kinesiología. Quedó con secuelas incapacitantes, según el informe médico.

En el expediente, la empresa argumentó que el Municipio es el responsable de la vía pública y recordó que los frentistas tienen obligaciones concurrentes, como custodiar los espacios verdes ubicados frente a sus domicilios y denunciar cualquier anomalía dentro de un plazo perentorio de 72 horas. Incluso culpó a la víctima, por conocer previamente el lugar.

Sin embargo, se comprobó que la frentista había reclamado por una obra inconclusa por parte de Aguas Rionegrinas. Cuando se presentó la Municipalidad de Viedma, rechazó las afirmaciones de la empresa, indicando que ARSA buscaba desligarse de su responsabilidad como causante del daño.

La propietaria de la casa declaró haber realizado denuncias desde el año 2019, después de que la empresa dejara la canilla sobresaliendo tras concluir una obra, y solo la reparó después del incidente que motivó la demanda. También expresó que, aunque hubiera querido contratar un servicio de albañilería para cubrir la canilla, el reglamento de los usuarios se lo prohibía, por lo que se limitó a ejercer sus derechos como usuaria y esperar a que ARSA cumpliera con sus obligaciones como concesionaria del servicio.

El juez civil, al resolver, afirmó que las denuncias de la usuaria frentista estaban probadas, incluso con un informe de 2017 que señalaba la reparación de una pérdida pero la ausencia de amuramiento de la tapa. El expediente incluyó ingresos de la mujer a la guardia, informes médicos, testimonios y pruebas documentales.

El magistrado concluyó que la mala condición de la vereda, debido a una obra realizada por la demandada, era la causa del tropiezo y caída de la actora, lo que motivó su ingreso al Sanatorio Austral. También tuvo en cuenta la conducta procesal de la demandada, quien se limitó a culpar a la víctima y a terceros, sin ofrecer una explicación satisfactoria de la existencia de la canilla como obstáculo y la falta de medidas preventivas. Además, destacó que ARSA realizó el arreglo correspondiente días después del accidente.

Finalmente, el juez analizó los daños y dispuso una indemnización a favor de la vecina.

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Río Negro

Sin transporte en el Alto Valle: KoKo sigue de paro

La empresa continúa con la medida de fuerza ante la quita del subsidio. Asimismo, mañana anunció un paro la UTA.

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Mientras pasan las horas y en el Alto Valle KoKo continúa con su flota de colectivos detenida en señal de protesta ante la quita del subsidio nacional al transporte, los usuarios del servicio padecen la falta de movilidad, ya sea para ir a trabajar, estudiar o asistir algún familiar. La medida tomada por la empresa afecta a todos por igual, convirtiéndose en un verdadero trastorno para miles de pasajeros en la zona que no tienen una alternativa para movilizarse.

Según informó La Mañana de Cipolletti, este lunes (04/03) los colectivos seguirán guardados en la base que que Vía Bariloche tiene ubicada sobre la Ruta Nacional N° 22, en Cipolletti. El gobierno provincial, a través de su Subsecretaría de Transporte, sigue realizando gestiones para recuperar las líneas provinciales que KoKo suspendió pero hasta el momento las negociaciones con la empresa no están cerradas.

Como si fuera poco, mañana martes (05/03) tampoco habrá colectivos ya que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunció una nueva medida de fuerza, luego de que finalizara la conciliación obligatoria sin llegar a un acuerdo con las cámaras empresariales. El gremio solicitó una mejora salarial para los choferes de todo el país igual a la acordada para los del AMBA.

Si la actividad del transporte no continúa siendo sostenida por los subsidios del gobierno, el costo del pasaje se encarecería más del triple del valor actual. «La empresa está planteando realidades que nadie puede desconocer, que es la cuestión económica. Si se cobrara una multa (la empresa), empeoraría la cosa. Tenemos que salvar estar situación y ponernos de acuerdo», señaló en declaraciones a LU 19 el subsecretario de Transporte de Río Negro, Juan Ignacio Ciancaglini.

En el medio del paro empresarial que sostiene KoKo por la quita de los subsidios al transporte de parte del gobierno nacional y el paro de la UTA que reclamará mejores salariales para los choferes, quedan miles de usuarios del servicio de colectivos, rehenes de la situación.

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Judiciales

Tres años de prisión para pareja que estafó con viviendas a familias roquenses

El daño patrimonial causado fue de 42 millones de pesos.

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Un Tribunal de juicio, por unanimidad, impuso ayer (01/03) la pena de 3 años de prisión a un hombre y a una mujer de Roca, quienes habían sido declarados responsables como coautores del delito de estafa, reiterado en 10 hechos. Además de la prisión de ejecución condicional, las dos personas deberán cumplir reglas de conducta, someterse al control del Instituto de Asistencia a Presos y Liberados del gobierno provincial durante dos años y deberán pagar las costas del proceso.

La decisión de los jueces Gastón Martín, Emilio Stadler y Verónica Rodríguez se conoció en una audiencia de lectura de sentencia, de la que participaron varias de las personas damnificadas. Algunas de ellas participaron del juicio en el rol de querellantes.

El caso llegó a juicio por la denuncia de personas que habían contratado la construcción de viviendas o la provisión de materiales de construcción con la empresa constructora y la ferretería-corralón que pertenecían al imputado y a la imputada.

Los hechos investigados ocurrieron en Roca, entre mediados de 2020 y mediados de 2022. En el juicio se acreditaron las estafas sufridas por 10 víctimas.

En dos de los casos las víctimas «fueron engañadas, las casas nunca llegaron a construirse y no fue un incumplimiento contractual. Desde el inicio los imputados sabían que no tenían la capacidad técnica, económica y financiera para llevar adelante la construcción de viviendas», indicó el Tribunal en diciembre pasado, al emitir su veredicto de culpabilidad. El proceso continuó este año con la audiencia de cesura, y finalizó hoy con la imposición de la pena.

En los otros ocho casos, las estafas se configuraron con la venta de materiales de construcción a través del corralón, que no tenía habilitación municipal, ni estaba registrado en organismos de fiscalización. «Vendían materiales de construcción que no tenía en su haber. No cumplieron con las entregas pactadas, en algunos casos el incumplimiento fue total y en otros fue parcial», expresó el veredicto.

Para definir el monto de la pena el Tribunal valoró los máximos y mínimos solicitados por las partes. La Fiscalía y la querella habían solicitado una condena de cinco años de prisión efectiva, en tanto que el defensor oficial de la pareja imputada había pedido una pena de un año de prisión en suspenso.

El Tribunal de Juicio definió una condena de tres años de prisión de ejecución condicional, con la advertencia de que la pena se transformará en prisión efectiva si violan cualquiera de las pautas de conducta establecidas en la sentencia.

Para definir esa pena el Tribunal valoró como atenuante la edad de ambos, su falta de antecedentes penales, que siempre han estado a derecho, su correcta su presencia y participación en las audiencias de juicio y que manifestaron a los damnificados «su intención de reparar patrimonialmente» los perjuicios.

Como agravantes se valoró «la cantidad de hechos cometidos», «su duración en el tiempo, el daño patrimonial causado que, actualizado según señala la Fiscalía, es de 42 millones de pesos». A eso se suma «el daño moral sufrido por sus víctimas, que se refleja en problemas en la salud, la frustración y el dolor espiritual causado. El aprovecharse de una necesidad habitacional evidente, el despliegue de los medio utilizados, comercio, oficina, escribano, etc». Y finalmente, más allá de la voluntad de reparar que expresaron, actualmente «ambos son insolventes».

El Tribunal afirmó que no se demostró la necesidad de una pena de prisión efectiva. «Tratándose de dos personas jóvenes, que si es real su declarada intención de reparar el daño patrimonial causado, seguro podrán hacerlo desde el trabajo honrado en libertad», valoraron. Además, tuvieron en consideración la afectación directa de menores de edad que implicaría el encarcelamiento de la pareja.

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