Río Negro
Realizan audiencia pública para analizar cambios en la tarifa de EdERSA
La resolución se tomará en los próximos meses considerando todos los aportes presentados durante la jornada.
Ayer (25/10) por la mañana se debatió en una nueva audiencia pública la pretensión de la distribuidora de electricidad EdERSA relacionada con eventuales cambios a la tarifa eléctrica, a partir de una serie de inversiones en el sistema y por el efecto inflacionario medido entre abril y agosto de este año.
La audiencia se realizó de forma virtual con el fin de facilitar una mayor participación de vecinos y vecinas de toda la provincia. Fue transmitida desde la sede del EPRE en Cipolletti.
Esa propuesta de modificación tarifaria fue presentada por dos representantes de EdERSA durante la audiencia pública convocada por el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), que es el organismo que tiene a cargo la definición del proceso.
En la introducción al debate, la presidenta del EPRE, Isabel Tipping, aclaró que «se excluye de la pretensión los costos laborales, que ya cuentan con un mecanismo de ajuste legal específico». A su vez, adelantó que a instancias de la Secretaría de Estado de Energía de Río Negro se retiró del proceso de revisión al análisis del paso a tarifa de una línea eléctrica de 33 kV que tenía como propósito abastecer el área productiva del valle de Río Negro entre General Conesa y Guardia Mitre. «Quedó suspendida su ejecución producto de la situación económica actual», indicó Tipping.
Esa obra ya había sido autorizada en mayo pasado, para lo cual se habilitó a la distribuidora EdERSA a realizar una compulsa pública para determinar el valor de la línea, de unos 85 kms., más la estación transformadora correspondiente. De igual modo, se había anticipado en aquella oportunidad, que cumplir con ese paso no era suficiente sino que antes de su adjudicación, se debería realizar una nueva audiencia para demostrar la razonabilidad del valor propuesto.
Más allá de la determinación de último momento de detener el paso a tarifa de la inversión, la cual quedó en suspenso, la valorización de esa inversión fue referida por los dos representantes de EdERSA que expusieron en la audiencia de esta mañana. Se mostraron dos cotizaciones, con precios a julio de este año, que van de los 4.700 a 6.000 millones pesos, según los diferentes plazos de ejecución propuestos.
El subgerente General, Jorge Agnelli, junto al gerente de Planificación de EdERSA, José Cainelli, tras dar los detalles técnicos de la obra analizada, se focalizaron en lo que sí formará parte de la evaluación del EPRE, que es el incremento de costos no salariales como consecuencia del proceso inflacionario acumulado en los cinco meses aludidos.
Agnelli exhibió cómo se compone la tarifa y contó cuál es el rol de la empresa a rasgos generales, el encargado de mostrar las variaciones en los costos de una serie de insumos relevantes para la adecuada prestación del servicio. Puso como ejemplo dos facturas por la compra de postes de eucalipto preservado de abril a un valor unitario de $9.990 y otro de este mes, a $19.500 cada poste. El incremento del precio en dólares adujo que fue de 10% y de un 95% si se hace la conversión oficial a pesos.
«Al haber transcurrido cinco meses desde la última actualización del VAD No Salarial, incluido en el actual cuadro tarifario, la inflación nos ha menguado en forma relevante el poder de compra y contratación de los ítems anteriormente descriptos, necesarios para el desarrollo de los distintos trabajos de Operación, Mantenimiento y Obras. Como no podemos dejar de ejecutar estas acciones, solicitamos una actualización del VAD-NS, basada en la variación de un índice, de publicación oficial y permanente, representativo de la variación de los costos de materiales, servicios y suministros», resumió el representante de EdERSA.
Agnelli no habló de porcentajes, sino que refirió que el efecto de la actualización solicitada proyectado a nivel promedio para una familia tipo, de la cual no especificó consumo, importa un incremento de 706 $/mes (más Impuestos), y su correspondiente correlación para los demás categorías tarifarias según régimen vigente.
Las intervenciones de las partes inscriptas:
En primer término, habló el Defensor Adjunto de la Provincia de Río Negro, Álvaro Larreguy, para poner de manifiesto que se considere especialmente el contexto económico que atraviesa el país y su repercusión en los hogares rionegrinos. Aludiendo a pactos internacionales suscriptos por nuestro país en relación a los servicios básicos esenciales como el de electricidad, Larreguy instó a que, en el caso de producirse aumentos, deben darse necesariamente en forma gradual, previsible y progresiva.
En paralelo, Larreguy comentó que recibieron reclamos por irregularidades y una aparente deficiente prestación del servicio en la zona de Guardia Mitre, mayormente durante la temporada estival. «Apreciamos que el ente regulador haya constatado esta situación e intervenido requiriendo un plan integral de disminución de contingencias a la concesionaria, por lo que consideramos que la obra tendrá un impacto positivo», apuntó, independientemente de que ese tema fue retirado del proceso de revisión.
Luego, llegó el turno a diferentes representantes sectoriales que rechazaron el aumento pretendido, como lo hizo en primer término Miguel Grasso, de la Cámara de Agricultura, Industria y Comercio de General Roca. El referente de la cámara aludió a una falta de una adecuada divulgación de los detalles de la convocatoria y del impacto posible en las tarifas, más allá de que estaban publicadas formalmente en los espacios públicos virtuales con los que cuenta el EPRE. Y tras cuestionar los montos de la obra en cuestión, consideró «inoportuno otorgar un nuevo aumento a una distribuidora que goza de una posición dominante y excesiva rentabilidad, máxime cuando el mismo se da en este difícil contexto, donde las PyMES de la provincia se debaten por sobrevivir».
Carlos Zanardi, del Consorcio de Regantes de Allen y Fernández Oro, en el mismo sentido pidió que se rechace la audiencia y un consecuente aumento, además de requerir la realización de este tipo de debates en forma presencial. Tampoco se mostró a favor de que los usuarios financien las obras de infraestructura del sistema eléctrico, las que entendió que deberían ser afrontadas por el Estado.
En términos similares se expresó Ornela Susca, de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Villa Regina; y Miguel Sabbadini, de la Cámara Argentina de Fruticultores Integrados.
En esta oportunidad, también intervino el titular del Sindicato de Luz y Fuerza de Río Negro y Neuquén, Antonio D’Angelo, quien sin negar la situación de incrementos constantes en los precios entendió que las inversiones son necesarias para una mejora del servicio eléctrico y para garantizar la seguridad de la ciudadanía y trabajadores que representa.
En el cierre, la presidenta del EPRE, Isabel Tipping, aclaró que ninguna obra es un activo de la empresa sino que es parte de una concesión, propiedad de la Provincia de Río Negro. «No hay propiedad por parte de EdERSA», aclaró y reiteró que «esta obra no va a ser trasladada a tarifa en noviembre por la situación económica imperante, donde no hay precios relativos para tamaña inversión». Y anticipó que llegado el momento, se va a analizar en un ámbito de debate similar al que hoy se celebró.
El objetivo del organismo regulador durante la Audiencia Pública siempre es el de escuchar a las personas interesadas y reunir los suficientes elementos de juicio que permitan arribar a una resolución, la cual se tomará en los próximos meses considerando todos los aportes presentados durante este útil mecanismo de participación popular.
Judiciales
Un fallo del STJ protegió la gratuidad de quien ganó un juicio de consumo
El Banco Patagonia había recurrido la decisión y pretendía aplicar el tope previsto para la responsabilidad por costas.
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) confirmó una sentencia que declaró inaplicable, por inconstitucional, el límite establecido en el artículo 730 del Código Civil y Comercial de la Nación en un juicio de consumo. De esta manera, protegió el beneficio de gratuidad de la persona consumidora que había ganado el proceso.
La discusión surgió luego de que Banco Patagonia, condenado en costas, pretendiera aplicar el límite previsto en esa norma. La aplicación del tope reducía la parte de los honorarios que debía afrontar la entidad y trasladaba la diferencia a la persona consumidora que había resultado vencedora.
La persona consumidora y su abogado cuestionaron esa situación y plantearon que el límite no podía aplicarse porque la Ley de Defensa del Consumidor reconoce el beneficio de gratuidad para quienes recurren a la Justicia para defender sus derechos.
La Cámara de Apelaciones hizo lugar al planteo y declaró inaplicable el artículo 730 para el caso concreto. El banco recurrió ante el STJ, entre otros motivos, porque consideraba que el planteo de inconstitucionalidad había sido realizado fuera de tiempo.
El máximo Tribunal rechazó ese argumento. Explicó que el perjuicio generado por la norma se hizo concreto recién cuando se regularon los honorarios y se dispuso la aplicación del artículo 730. Antes de ese momento, el impacto económico todavía no estaba determinado.
El STJ también analizó el beneficio de gratuidad de la Ley de Defensa del Consumidor y señaló que las relaciones de consumo cuentan con un régimen especial de protección. Ante una duda, sostuvo, debe prevalecer la interpretación más favorable a la persona consumidora.
El Tribunal aclaró que la gratuidad no es absoluta: en los reclamos individuales, una empresa puede demostrar que el consumidor posee solvencia económica y solicitar que el beneficio cese. En este caso, Banco Patagonia no acreditó esa circunstancia.
Por esos fundamentos, el STJ rechazó el recurso del banco y confirmó la sentencia que declaró inaplicable e inconstitucional el artículo 730 para este expediente.
Política
La Provincia busca fondos para comenzar a recuperar los tramos críticos de las Rutas 22 y 151
El proyecto enviado a la Legislatura autoriza al Ejecutivo a gestionar financiamiento externo para obras en los sectores más deteriorados y estudios de preinversión.
Río Negro busca contar con los recursos necesarios para comenzar a recuperar los tramos críticos de las Rutas Nacionales 22 y 151, luego de décadas de abandono de los gobiernos nacionales. El proyecto de ley enviado por el gobernador Alberto Weretilneck propone autorizar un financiamiento externo de hasta US$ 60 millones para obras y estudios de preinversión
La propuesta contempla inicialmente recurrir a FONPLATA–Banco de Desarrollo, aunque también habilita al Poder Ejecutivo a gestionar otros programas de financiamiento externo multilateral, bilateral o nacional que pueda disponer el Gobierno Nacional.
El programa tiene un objetivo concreto: resolver los problemas más urgentes y generar las condiciones para una recuperación integral. Contempla obras de puesta en valor en los sectores de mayor deterioro y estudios de preinversión que permitan definir las siguientes etapas, evaluar alternativas técnicas y económicas y determinar los esquemas más convenientes para cada ruta.
La Provincia busca trabajar en dos tiempos: atender primero los puntos críticos y, al mismo tiempo, planificar lo que viene. Las intervenciones permitirán mejorar las condiciones de seguridad y transitabilidad, mientras que los estudios aportarán la información necesaria para organizar la recuperación durante los próximos años.
Un financiamiento con destino específico
El proyecto establece que los recursos tendrán un destino exclusivo vinculado con las Rutas 22 y 151. Podrán utilizarse para ejecutar obras en los tramos de máxima criticidad, realizar estudios de preinversión y cubrir los costos de administración necesarios para desarrollar el programa.
El Ministerio de Hacienda, a través de la Unidad Provincial de Coordinación y Ejecución del Financiamiento Externo, será el organismo ejecutor, con la participación de Vialidad Rionegrina como responsable técnica de las obras e intervenciones.
La autorización de la Legislatura no significa que los US$ 60 millones ingresarán automáticamente ni que el financiamiento se tomará de manera inmediata. Permitirá que el Poder Ejecutivo gestione y estructure la operación y suscriba los instrumentos necesarios para concretarla.
Las condiciones financieras, como la tasa de interés, el plazo de amortización, las comisiones y los gastos, se determinarán posteriormente en el convenio de préstamo correspondiente.
Política
Rutas 22 y 151: Qué cambia con la Emergencia Vial Provincial
La medida permitirá acelerar intervenciones sobre los tramos que pasen a la órbita provincial, con prioridad en reparación, mantenimiento, repavimentación y señalización.
El Gobierno de Río Negro busca acelerar las respuestas frente al deterioro de distintos sectores de las Rutas Nacionales 22 y 151. El proyecto enviado por el gobernador Alberto Weretilneck a la Legislatura propone declarar la Emergencia Vial Provincial en toda su extensión dentro del territorio rionegrino, una herramienta que permitirá agilizar las intervenciones necesarias sobre cada tramo, una vez concretada la transferencia de competencias.
Durante años, el abandono de los Gobiernos Nacionales se fue acumulando hasta convertir algunos sectores en un riesgo cotidiano. Ahuellamientos, banquinas deterioradas, obras inconclusas y otras condiciones afectan la seguridad de miles de personas y también impacta en la producción y la conectividad.
Ahora, la Provincia se prepara para asumir una responsabilidad que cambia el escenario. Y para eso necesita contar con herramientas propias para actuar sobre estos corredores.
Por eso, el proyecto propone declarar la Emergencia Vial por un año desde la publicación de la ley, con la posibilidad de prorrogarla por otro período igual mediante un decreto del Poder Ejecutivo. En términos simples, la medida busca que la Provincia pueda responder con mayor rapidez cuando un tramo presente una situación que no puede esperar.
Vialidad Rionegrina será la autoridad de aplicación y tendrá a su cargo la gestión, administración, mantenimiento, planificación y ejecución de obras sobre los sectores que se vayan incorporando. Esto permitirá atender los puntos deteriorados, realizar tareas de mantenimiento, mejorar la señalización, ejecutar repavimentaciones y desarrollar otras intervenciones necesarias para recuperar condiciones de seguridad y transitabilidad.
El acuerdo con Nación establece que la transferencia será progresiva, tramo por tramo. Cada sector deberá contar con un convenio específico y un Acta de Toma de Posesión que determine qué se transfiere, en qué condiciones y desde qué momento Vialidad Rionegrina comienza a hacerse cargo.
De esta manera, la Provincia podrá ordenar las intervenciones, conocer el estado de cada tramo, establecer prioridades y actuar sobre aquellos sectores que se encuentren efectivamente bajo su gestión.
