Judiciales
Compró un usado de lujo y en menos de tres meses se le fundió
El vendedor tiene que devolver el precio con intereses y daño moral.
Un hombre de Roca compró un Mercedes Benz usado a un vendedor de autos de Choele Choel y entregó en pago su Ford Focus más dinero en efectivo. A las once semanas el motor del Mercedes colapsó. Una pericia mecánica descubrió luego que tenía “un orificio de considerable tamaño” que incluso dejaba ver sus partes internas.
El comprador inmediatamente le reclamó al vendedor por haber ocultado la falla, pero no tuvo suerte. El comerciante le respondió, tal como repitió luego ante el juzgado, que el Mercedes “estaba en perfecto estado de conservación y funcionamiento” y que el único responsable era el comprador “por no haber realizado los servicios correspondientes y por hacer un mal uso del rodado” en ese breve lapso.
El caso se enmarcó en la Ley de Defensa del Consumidor, puesto que el vendedor era un profesional del rubro. El titular del Juzgado Civil N° 5 de Roca argumentó entonces que la compraventa estaba cubierta por la garantía legal de tres meses que establece esa ley para las cosas usadas.
El juez analizó centralmente el artículo 11 de la Ley 24.240, que dice: “Cuando se comercialicen cosas muebles no consumibles (…) el consumidor y los sucesivos adquirentes gozarán de garantía legal por los defectos o vicios de cualquier índole, aunque hayan sido ostensibles o manifiestos al tiempo del contrato, cuando afecten la identidad entre lo ofrecido y lo entregado, o su correcto funcionamiento. La garantía legal tendrá vigencia por tres meses cuando se trate de bienes muebles usados…”. El mismo artículo también dice que el vendedor debe cargar con los gastos de flete y seguros para llevar la cosa fallada (en este caso el auto) a la fábrica o taller habilitado para su reparación.
Según las fechas, al comprador del Mercedes le quedaban nueve días de garantía legal y “por ello el demandado debió proceder a realizar la reparación satisfactoria del rodado”, dice el fallo.
Sin embargo, la reparación no ocurrió porque el vendedor responsabilizó al comprador de “no haber realizado los servicios necesarios y por utilizar de manera negligente el vehículo debido a que, habiendo escuchado un ruido raro en el motor, no detuvo su marcha”.
La pericia mecánica reveló que el motor estaba gravemente dañado por “servicios anteriores mal realizados -no siempre es el ultimo-, mal uso del motor, usarlo a altas revoluciones, recalentándolo en reiteradas ocasiones, un cambio de aro mal realizado o motor mal armado”. Nada dijo el perito de que el flamante dueño fuera responsable de alguna de esas situaciones, dando lugar al principio legal que ordena el beneficio de la duda a favor del consumidor.
Si pretendía responsabilizar al propio afectado, el vendedor, “en su calidad de proveedor en una relación de consumo, tenía la mayor carga probatoria”, destacó el fallo.
“En definitiva, surge de la pericia que el vehículo presentaba «defectos o vicios de cualquier índole» (en los términos del art. 11 de la Ley 24.240), que dentro del plazo de garantía legal afectaron el funcionamiento del rodado. Y, al no haberse acreditado el eximente invocado (hecho del acreedor), no se encuentra justificado el incumplimiento de la garantía legal”, fundamentó.
Así, la condena -que no está firme- hizo lugar a los pedidos principales del demandante: rescindir el contrato de compraventa del auto, devolver el Mercedes Benz al vendedor y recuperar todo el dinero que había pagado por él, pero aumentado al valor de plaza actual del auto, más los intereses por el tiempo transcurrido.
Además, el fallo condenó al vendedor a indemnizar el daño moral del cliente, para compensar las “incomodidades, molestias y afecciones” derivadas del incumplimiento y todo el tiempo que el roquense se vio privado de una movilidad propia.
Judiciales
Buscan intensamente a una mujer desaparecida en Roca
La mujer de 39 años fue vista por última vez el lunes a la mañana.
La Policía de Río Negro, a través de la Comisaría 31° de General Roca, emitió un comunicado oficial solicitando la colaboración urgente de la comunidad para dar con el paradero de Claudia Yanet Vidal, de 39 años. La mujer fue vista por última vez este lunes (13/04), aproximadamente a las 9.00 horas, y desde entonces se desconoce su ubicación actual, lo que ha generado una gran preocupación entre sus allegados.
Según los datos filiatorios aportados por la fuerza, Claudia es de tez trigueña, posee una contextura física robusta y mide 1,60 metros de estatura. Su cabello es castaño y le llega hasta la altura de los hombros.
Como señas particulares, se destacó que posee un tatuaje en su antebrazo izquierdo con la imagen de una virgen y tiene acento colombiano. Al momento de ser vista por última vez, vestía un pantalón de jean, una camisa color bordó y botas negras.
Además, se informó que la mujer portaba una mochila roja que contenía una botella de detergente y una escobilla.
Un dato relevante para la investigación es que no posee teléfono celular, aunque sí llevaba consigo su DNI personal, el de sus hijos menores y una tarjeta de colectivo.
Ante cualquier información, se solicita a los vecinos comunicarse de manera inmediata con la Comisaría 31°, la unidad policial más cercana o llamar a la línea de emergencias 911.
Judiciales
Falsificación y fraude: La increíble historia de la mujer que engañó al sistema de salud roquense
La Justicia de General Roca dictó medidas cautelares contra la mujer que habría utilizado un título apócrifo de la Universidad de Los Andes. Deberá usar tobillera electrónica por seis meses.
La Justicia de General Roca investiga un caso que ha generado una profunda alarma en el sistema sanitario regional. La Fiscalía solicitó la imposición de estrictas medidas cautelares para resguardar la investigación iniciada tras una denuncia del Ministerio de Salud de Río Negro contra una mujer que ejerció la medicina de manera ilegal. Según el equipo fiscal, los hechos se habrían extendido desde el año 2020 hasta el pasado 3 de marzo, momento en que se le retiró la matrícula y fue desvinculada de una clínica privada de la ciudad.
De acuerdo a la descripción de la fiscal del caso, la mujer habría iniciado trámites de convalidación de un título de «médica cirujana» presuntamente expedido por la Universidad de Los Andes de Venezuela, el cual sería apócrifo. Con esa documentación, logró insertarse en el mercado laboral local, desempeñándose nada menos que en el área de terapia intensiva de la Clínica Roca, en los consultorios de CIROM como médica clínica, en el Hospital de General Roca y presuntamente también en el Sanatorio Juan XXIII.
En virtud de la gravedad del engaño, la Fiscalía le atribuyó provisoriamente cinco delitos: ejercicio ilegal de la medicina, usurpación de títulos, falsificación de documento público, uso de documento público falso y defraudación agravada contra la administración pública.
En los allanamientos realizados en su domicilio y el de un familiar, se secuestraron sellos, títulos, recetarios, medicación y dispositivos electrónicos que ahora están siendo sometidos a pericias.
Al momento de solicitar las cautelares, la Fiscalía invocó un claro riesgo procesal de fuga. Se argumentó que, tras seis años de ejercicio ilegal, la mujer ostenta una solvencia económica considerable. Entre los bienes detectados y requisados figura una camioneta Fiat Toro automática y una vivienda propia.
Además, el hallazgo de pasaportes de la imputada y su grupo familiar reforzó la necesidad de asegurar su permanencia en la ciudad mediante el uso de una tobillera de control satelital por un plazo de seis meses.
Finalmente, la jueza interviniente resolvió hacer lugar a la mayoría de las peticiones del Ministerio Público Fiscal. Además del dispositivo electrónico, se dispuso la prohibición de salida del país y la inhibición general de bienes, afectando tanto al inmueble como al vehículo. «Usted debe cumplir con todas estas medidas para no perder su libertad», sentenció la magistrada, subrayando que, aunque rige la presunción de inocencia, el Código Procesal habilita estas restricciones ante el avance de una investigación de tal magnitud.
Judiciales
Comerciante le inició un juicio penal a una mujer por una reseña en Google
Finalmente, las partes llegaron a un acuerdo y la Justicia dispuso el sobreseimiento de la imputada.
Una mujer protagonizó un incidente vial y, en ese contexto, publicó un escrache en Google contra un comerciante de Cipolletti para presionar por una resolución. La reseña apareció en la ficha comercial del negocio y dio origen a una causa penal por presuntas calumnias e injurias.
Según el damnificado, ambas partes participaron en un incidente vial cuyas consecuencias se encontraban bajo tratamiento de las aseguradoras. El comerciante sostuvo que no existió relación comercial con la mujer y que ese episodio fue el único vínculo previo.
De acuerdo con la presentación, la mujer realizó un reclamo directo por fuera de los canales formales y advirtió que podía exponerlo públicamente si no accedía a sus exigencias. Tras la negativa, se concretó la publicación.
El escrache se difundió en la plataforma Google, dentro de la ficha comercial del establecimiento. El contenido incluyó expresiones como: «Pésimo, unos estafadores sinvergüenzas. No lo recomiendo! No consuman! Son la peor lacra, no se hacen cargo de lo que les corresponde y encima estafan gente!».
El comerciante afirmó que esas frases resultaron falsas, que la autora de la reseña no fue clienta y que la publicación afectó su honor, su reputación y su actividad comercial. En particular, señaló que una de las expresiones implicó la atribución de un delito.
A partir de ese hecho, impulsó una querella penal. El proceso incluyó audiencias orientadas a lograr un acuerdo entre las partes, aunque en una primera etapa no se alcanzó un entendimiento.
Con posterioridad, retomaron el diálogo y presentaron un acuerdo conjunto ante la Oficina Judicial. El documento incluyó la retractación de la publicación en Google y una disculpa en términos conciliatorios. También se dejó constancia de que no existió relación comercial entre las partes.
Además, el comerciante renunció a continuar con la acción penal y desistió de los planteos realizados. El acuerdo estableció que no habría nuevos reclamos vinculados con los hechos.
El juez interviniente consideró que se trató de delitos de acción privada, en los que la continuidad del proceso depende de la voluntad de quien impulsa la acción. También valoró la retractación prevista en la normativa penal. Con esos elementos, dispuso el sobreseimiento de la mujer imputada y dio por finalizado el proceso conforme a las normas aplicables.
