Política
Dos proyectos de ley buscan dar más herramientas a la policía y a los jueces
Las iniciativas son del Ejecutivo provincial. Modifican artículos del sistema procesal penal y el Código Contravencional.

El Poder Ejecutivo provincial, con acuerdo de ministros, envió dos proyectos de ley que introducen modificaciones al sistema procesal penal y al Código Contravencional de la Provincia de Río Negro.
El primer proyecto busca agregar el artículo 241 bis al Código Procesal Penal rionegrino para establecer que, una vez agotadas las instancias de juicio ordinarias y emitido el fallo del Tribunal de Impugnación, todos los recursos tendrán efecto devolutivo, sin suspender los efectos de la condena, permitiendo su ejecución inmediata.
En cuanto al segundo proyecto, pretende modificar la Ley 5292, Código Contravencional de la Provincia, para otorgar mayores facultades tanto a la Policía como a los jueces de Paz en la resolución de contravenciones y faltas. Se propuso la creación de la figura de la «demora preventiva» en contexto de flagrancia, permitiendo a la Policía detener en la flagrancia y el estado contravencional. Además, se propuso facultar a los jueces de Paz para dictar medidas cautelares, como prohibiciones de acercamiento o de asistencia a determinados lugares.
Los legisladores del oficialismo respaldan ambas iniciativas, argumentando la necesidad de actualizar la normativa y proporcionar herramientas efectivas tanto a las fuerzas policiales como a los jueces para resolver conflictos en la sociedad actual.
Pica y López: «Reformas necesarias y urgentes en el sistema procesal penal«
Al respecto de esta iniciativa los legisladores Lucas Pica y Facundo López manifestaron su categórico apoyo a la iniciativa. «Valoramos y apoyamos categóricamente la iniciativa. Primero porque no puede suceder que luego del fallo del Tribunal de Impugnación, que es la última instancia ordinaria que se expide, los condenados anden como si nada, hasta que tras largos años, se expida la Corte Suprema, quien por otro lado, no cuenta con un plazo cierto para resolver los recursos extraordinarios federales. Es dar vuelta la taba, poner las cosas en su lugar, el acusado cuenta con todas las garantías y con la doble instancia, pero lo que se plantea es que si quiere pueda seguir recurriendo pero que se comience a cumplir la pena mientras tanto. La realidad muestra que luego que se expide el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro y tras años de espera la Corte, el porcentaje de sentencias revocatorias del máximo tribunal nacional es bajo. Tenemos que pensar en las víctimas que ven como los condenados en dos instancias andan como si nada hasta que la Corte se expida. Podemos dar fe de ello».
«Hace poco pudimos ver cómo un docente de Cipolletti condenado por abuso sexual en el Jardín de Infantes N° 85, estuvo sin cumplir condena por más de 7 años hasta que la Corte rechazó su último recurso y recién allí fue detenido. Esto no lo queremos más. Garantizada la doble instancia el proyecto propone que luego de ello se comience a ejecutar la pena, mientras se podrá recurrir pero sin suspender la ejecución. Es lo que se impone y es lo que está esperando la gente. Valoramos la decisión y el coraje que ella conlleva, pensar siempre en las víctimas», añadieron los parlamentarios de Juntos Somos Río Negro.
El otro proyecto propone modificar el Código Contravencional de la Provincia, la Ley N° 5292, para dotar de mayores herramientas tanto a la Policía como a los Jueces de Paz que son quienes tienen la competencia para intervenir en la resolución de las contravenciones y faltas.
Se propone crear la figura de la demora preventiva en contexto de flagrancia, es decir cuando se está cometiendo la contravención. Esto posibilitará que la Policía haga cesar la flagrancia y el estado contravencional. Si bien ya contaba con todas facultades preventivas y disuasivas que otorga la Ley Orgánica de la Policía Ley N° 5184, es importante reflejarlo expresamente en la normativa contravencional.
El proyecto también propone darle a los Jueces de Paz la posibilidad de dictar medidas cautelares que pueden resultar útiles para la resolución de conflictos, tales como, prohibición de acercamiento, prohibición de asistencia a determinados lugares, prohibición de comunicación y contacto entre otras.
Al respecto los legisladores manifestaron que «coincidimos en las modificaciones al Código Contravencional, fuimos los autores de la reforma de la anterior Ley 532 y tras casi dos años de vigencia en necesario aggiornar la normativa, darle más herramientas de pacificación a la Policía y darle a los jueces de Paz la posibilidad de dictar cautelares. La dinámica social actual así lo requiere».
Política
Río Negro demandó al Gobierno Nacional por el abandono de la Ruta N° 151
La Provincia exige la reparación completa de los 150 kilómetros del tramo que atraviesa el territorio rionegrino, entre Cipolletti y el límite con La Pampa.

El Gobierno de Río Negro, la Defensoría del Pueblo, intendentes de municipios afectados y entidades empresariales presentaron una acción de amparo colectivo contra el Estado Nacional y la Dirección Nacional de Vialidad por el deplorable estado de la Ruta Nacional N° 151. La presentación busca proteger los derechos a la vida, la salud, la integridad física y la seguridad de las miles de personas que la usan a diario, señalando que la falta de mantenimiento afecta gravemente los servicios esenciales, actividades productivas y la economía regional.
El Juzgado Federal de General Roca ya dio curso a la acción y requirió al Estado Nacional y a Vialidad un informe detallado sobre las razones de la omisión denunciada, otorgando un plazo de 11 días para responder, mientras que para la medida cautelar se fijó un plazo de 5 días para que las demandadas informen antes de su análisis judicial.

El escrito reclama al Tribunal que declare la responsabilidad del Estado Nacional por la falta de mantenimiento de la ruta y que ordene la reparación completa de los 150 kilómetros del tramo que atraviesa Río Negro, entre Cipolletti y el límite con La Pampa.
También exige medidas cautelares urgentes como la señalización inmediata, bacheo provisorio y campañas informativas para prevenir accidentes, además de un plan técnico y presupuestario que garantice la ejecución de las obras, con informes periódicos sobre los avances.
Entre los puntos centrales del amparo se detalla que el estado de la ruta obstaculiza el servicio de salud pública, con más de 576 traslados sanitarios en lo que va de 2025 que deben circular por ese tramo; la educación, afectando el acceso diario de más de 10.000 estudiantes y 2.300 docentes de 70 escuelas; y actividades clave como la fruticultura, la minería, el turismo y la industria hidrocarburífera, esta última vinculada a la producción del 72% del petróleo y el 42% del gas.
La demanda también denuncia la desnaturalización del régimen de financiamiento vial, evidenciando que, pese a existir recursos específicos como el 28,58% del Impuesto a los Combustibles que debe destinarse por ley al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte, esos fondos han sido desviados, dejando a rutas estratégicas como la 151 en un estado calamitoso.
Entre las normas invocadas se destacan artículos de la Constitución Nacional, pactos internacionales como el PIDESC y el Pacto de San José de Costa Rica, y leyes nacionales como la Ley de Amparo (16.986) y la Ley de Tránsito (24.449), además de jurisprudencia relevante.
«Esta demanda representa un paso firme del Gobierno de Río Negro para defender los derechos de sus habitantes frente a la inacción del Estado Nacional, que tiene la competencia exclusiva sobre las rutas nacionales y el deber de mantenerlas en condiciones seguras. A su vez, podría constituir un precedente judicial que abra la puerta a que otras provincias exijan judicialmente obras públicas urgentes ante omisiones estructurales del Estado central», destacaron desde el Ejecutivo rionegrino.

La presentación fue realizada por el Estado rionegrino, representado por el gobernador Alberto Weretilneck; el fiscal de Estado, Gastón Pérez Estevan, y el fiscal adjunto, Luciano Minetti Kern; la defensora del Pueblo, Adriana Santagati; los intendentes Rodrigo Buteler (Cipolletti), Daniela Salzotto (Catriel), Enrique Rossi (Cinco Saltos), Horacio Zuñiga (Contralmirante Cordero) y Daniel Hernández (Campo Grande); y los presidentes de la Cámara de Industria y Comercio de Cipolletti, José Bunter; de la Cámara Empresarial de Servicios de Río Negro, Federico Paolo; y de la Cámara de Servicios Petroleros de Río Negro, Ramiro Arceo.
Política
García Larraburu construye una candidatura al Senado con el respaldo de Massa y el Frente Renovador
El ex candidato a presidente se reunió con la senadora peronista, que busca repetir otros 6 años al frente de la banca, representando a Río Negro.

Sergio Massa recibió a la senadora nacional Silvina García Larraburu y al presidente del Frente Renovador de Río Negro, Alejo Ramos Mejía, pensando alternativas para el año electoral.
En principio, la senadora construiría una opción para la cámara alta desde el sello massista y sumará su experiencia en el marco del peronismo para estas elecciones.
«La representación de Río Negro está garantizada por el Frente Renovador, que acompaña en su conjunto a Silvina García Larraburu. Hay compañeros y compañeras de toda la provincia sumados a esta propuesta electoral», dijo el presidente rionegrino del FR.
Con Massa a la cabeza, la mesa sirvió para analizar una coyuntura electoral desafiante para el país y Río Negro, que enfrentará la versión liberal libertaria que pretende destruir las políticas públicas y la potencialidad del Estado.
Todos coincidieron en que Río Negro tendrá un rol central en el escenario nacional en los años que vienen, en materia de generación de energía, minería e hidrocarburos impulsados por oleoductos o la salida al mundo de GNL por las costas patagónicas.
Policiales
La Policía de Río Negro sumó 40 nuevos patrulleros y 12 motos
Llegará un móvil a cada unidad policial de Roca. Se trata de una inversión de $900 millones, a los que se suman $216 millones destinados al carrozado de las unidades.

El gobernador Alberto Weretilneck encabezó la entrega de 40 patrulleros Fiat Cronos y 12 motos Honda XR300 que reforzarán la seguridad en distintas localidades de la provincia, como parte de un plan integral para modernizar y ampliar el parque automotor de la Policía de Río Negro.
Weretilneck valoró que «con esta nueva entrega, el 35% de la flota de la Policía de la provincia es cero kilómetro. Forma parte de una estrategia general con la que seguiremos invirtiendo en nuevos sistemas de emergencia». Además, el gobernador confirmó que «antes de fin de año vamos a incorporar 600 cámaras, tecnología que nos va a permitir optimizar los controles de ingreso y salida de la provincia y de las distintas rutas».
La adquisición forma parte de un total de 45 patrulleros (se entregaron 40 ayer (02/07)) comprados con una inversión de $900 millones, a los que se suman $216 millones destinados al carrozado de las unidades.

«Junto al ministro (Daniel) Jara tomamos la decisión de modernizar, con una inversión de $500 millones, el sistema AFIS, muy importante porque se trata del registro de huellas dactilares que tiene la Policía, herramienta clave para la prevención e investigación de delitos», anunció Weretilneck durante la jornada.
El ministro de Seguridad y Justicia, Daniel Jara, destacó la palabra cumplida del Gobierno Provincial de fortalecer la seguridad y «brindar a la comunidad la certeza de que la Policía de Río Negro se está fortaleciendo en lo que es la parte logística, es decir, que cuenta con los elementos para brindar una mejor seguridad».
Desde enero de 2024, se viene ejecutando un ambicioso programa de inversiones en equipamiento específico para seguridad, con un total de más de $20.000 millones destinados a fortalecer la capacidad operativa de la fuerza policial.

Entre las principales inversiones realizadas en los últimos 15 meses se destacan:
- Más de $200 millones para reparar y poner operativos 146 móviles.
- $757 millones para la compra de 20 pickups 4×4 y 4×2 totalmente equipadas.
- $1.250 millones para adquirir 50 patrulleros tipo sedán.
- $96 millones para 8 motos de alta cilindrada Benelli TRX502 destinadas a las Brigadas Motorizadas de Acción Rápida (BMA).
- $132 millones para 12 motos Honda XR300 también para las BMA.
- $460 millones para más de 2.500 neumáticos.
- $650 millones en municiones de distintos calibres..
- $410 millones para la compra de 400 chalecos balísticos.
- $292 millones para adquirir 400 pistolas 9mm.
- $20 millones por la licencia de un software de reconocimiento facial.
A estas inversiones ya realizadas, se suman adquisiciones en trámite por otros $878 millones, que incluyen: dos cuatriciclos pesados ($42 millones), un centro de comando móvil ($16 millones), seis pickups con equipamiento específico ($312 millones), visores térmicos y nocturnos ($6 millones) y un colectivo para transporte de personal ($502 millones).
«El comando operativo que está en proceso de licitación va a fortalecer la prevención en lugares que así lo requieran, como por ejemplo las fiestas que se hacen en distintos puntos de la provincia o situaciones críticas como el incendio en El Bolsón. Este comando operativo va a estar en línea directa con el 911, lo cual fortalece la parte logística y operativa de la Policía de Río Negro», explicó Jara.
Además, se encuentra en proceso la licitación para adquirir uniformes para el Servicio Penitenciario Provincial por $465 millones, y el desarrollo de un sistema integral de seguridad que modernizará el servicio 911 RN Emergencias, con una inversión superior a los $12.000 millones. En breve, también se licitará el servicio de mantenimiento de todas las unidades policiales, con una inversión inicial de $600 millones.
Estas inversiones reflejan el compromiso del Gobierno Provincial de seguir fortaleciendo la seguridad en todo el territorio rionegrino, brindando a la Policía más y mejores herramientas para prevenir el delito y proteger a cada familia rionegrina.
Unidades que recibirán los nuevos patrulleros
Cada patrullero será destinado a una unidad policial para reforzar la seguridad en su zona de cobertura. Las unidades alcanzadas son:
Unidad Regional I – Viedma
- Comisaría 1ª (Viedma)
- Comisaría 30 (Viedma)
- Comisaría 38 (Viedma)
- Subcomisaría 63 (Viedma)
- Comisaría 10ª (San Antonio Oeste)
- Comisaría 13 (Sierra Grande)
- Comisaría 15 (Valcheta)
- Subcomisaría 62 (Puerto San Antonio Este)
- Unidad de Playa Dorada
- Gabinete de Criminalística (Sierra Grande)
Unidad Regional II – General Roca
- Subcomisaría 69 (Zona Norte, General Roca)
- Destacamento 177 (Chacramonte, General Roca)
- Destacamento 178 (Bagliani, General Roca)
- Subcomisaría 67 (Stefenelli, General Roca)
- Subcomisaría 56 (Barrio Costa Oeste, Allen)
- Comisaría 40 (Chichinales)
- Comisaría 3ª (General Roca)
- Comisaría 5ª (Villa Regina)
- Comisaría 22 (Cervantes)
- Subcomisaría 66 (Mainqué)
- Cuerpo de Seguridad Vial (General Roca)
- Comisaría 33 (Allen)
Unidad Regional III – San Carlos de Bariloche
- Comisaría 2ª (Bariloche)
- Comisaría 27 (Bariloche)
- Comisaría 36 (Bariloche)
- Subcomisaría 80 (Bariloche)
- Subcomisaría 75 (Pilcaniyeu)
- Destacamento 151 (Cerro Catedral, Bariloche)
- Destacamento Llao Llao (Bariloche)
- Gabinete de Criminalística (Bariloche)
Unidad Regional IV – Cipolletti
- Comisaría 4ª (Cipolletti)
- Comisaría 24 (Barrio Don Bosco, Cipolletti)
- Comisaría 7ª (Cinco Saltos)
- Comisaría 26 (Fernández Oro)
- Subcomisaría 61 (Barda del Medio)
- Gabinete de Criminalística (Catriel)
Unidad Regional V – Choele Choel
- Comisaría 37 (Chimpay)
- Comisaría 19 (Luis Beltrán)
- Comisaría 70 (Colonia Río Colorado)
- Comisaría de Darwin
- Unidad Lamarque
- Gabinete de Criminalística (Choele Choel)
Unidad Regional VI – Los Menucos
- Comisaría 18 (Los Menucos)
- Comisaría 14 (Ingeniero Jacobacci)
- Comisaría de Sierra Colorada
Acompañaron el acto el vicegobernador, Pedro Pessatti; el presidente del Bloque de Legisladores de JSRN, Facundo López; el ministro de Hacienda, Gabriel Sánchez; el jefe de la Policía de Río Negro, Comisario General Daniel Bertazzo; el subjefe de la Policía, Comisario Mayor Elvio Tapia; el fiscal de Estado, Gastón Pérez Estevan; intendentes, legisladores y legisladoras provinciales, ministros y ministras del Gabinete Provincial; y demás autoridades provinciales y municipales.