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Sustancial aumento en guardias hospitalarias y $7.000 millones para insumos
Conocé los cambios que se aplicarán en pos de mejorar los salarios de los trabajadores.

El Gobierno de Río Negro dispuso un aumento sustancial en el valor de las guardias hospitalarias, como una de las medidas tendientes a revertir las actuales complicaciones del sistema público de salud para incorporar y mantener profesionales médicos.
La medida fue anunciada ayer (30/10) por el ministro de Salud, Demetrio Thalasselis, en el marco de la Reunión de la Mesa de Salud Pública. También se destinarán 7.000 millones de pesos para el reabastecimiento de insumos hospitalarios. En el encuentro, del que también participó la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra, y representantes de ATE y ASSPUR, el titular de la cartera sanitaria provincial adelantó además la implementación de otras tres medidas destinadas a mejorar y optimizar el funcionamiento del sistema.
Además del aumento en el valor de las guardias hospitalarias, el ministro confirmó mejoras en el pago por función, un incentivo para el arraigo (alquiler) de nuevos profesionales médicos a la provincia y la la eliminación del actual sistema de pago por puntos.
Las acciones buscan ordenar la gestión de la salud pública y eficientizar los recursos disponibles, asegurando que el sistema brinde las respuestas necesarias ante un fuerte contexto de crisis económica y sanitaria.

Aumento en los valores de guardia
El ministro de Salud, Demetrio Thalasselis dispuso incrementar los valores de las guardias y nominarlas en pesos, abandonado el esquema de puntos que perciben los agentes comprendidos en la Ley 1904. La medida incluye el valor de la guardia activa o pasiva de 6, 12 o 24 horas o sus fracciones, de días hábiles y no hábiles y de cumplimiento certificado, las que serán liquidadas cumpliendo con nuevos procedimientos que definirá el Ministerio de Salud y a valores a partir del día 1 de noviembre.
De esta manera, se produce un cambio en el paradigma de liquidación de guardias en Salud luego de 32 años, pasando a un sistema mas ágil, transparente y equitativo.
El objetivo de esta acción es remunerar correctamente, en base al trabajo y de forma previsible, a aquellos profesionales que cumplen con los esquemas de guardia en las instituciones públicas de Salud, en pesos y por fuera de los esquemas de puntos que resultaron inadecuados y provocaron desigualdades.
A partir del 1 de noviembre, las guardias de enfermería se realizarán de la siguiente manera:
1) Enfermería Agrup. 1 y 2: guardia activa $78.902,60 para días hábiles o inhábiles.
2) Enfermería Agrup. 1 y 2: guardia pasiva $42.444,30 para días hábiles y $82.276,30 para días inhábiles.
3) Enfermería Agrup. 3: guardia activa $55.240,85 para días hábiles o inhábiles.
4) Enfermería Agrup. 3: guardia pasiva $29.715,70 para días hábiles y $76.270,47 en días inhábiles.
5) Médicos Línea/Caps Rurales: guardia pasiva $123.529 en días hábiles y $201.349 en días inhábiles.
6) Médicos III, IV y VI; guardia activa $267.900 en días hábiles y $401.800 en días inhábiles.
7) Médicos III, IV y VI; guardia pasiva $96.900 en días hábiles y $133.000 en días inhábiles.
8) No médicos Línea/Caps Rurales, agrup. 1 y 2: guardia pasiva, $79.307,97 en días hábiles y $127.953 en días inhábiles.
9) No médicos Línea/Caps Rurales, agrup. 3: guardia pasiva, $55.513,82 en días hábiles y $89.577,60 en días inhábiles.
10) No Médicos III, IV y VI, agrup. 1 y 2: guardia activa $150.199,61 en días hábiles y $248.593,44 en días inhábiles.
11) No Médicos III, IV y VI, agrup. 1 y 2: guardia pasiva $79.307,97 en días hábiles y $127.953 en días inhábiles.
12) No Médicos III, IV y VI, agrup. 3: guardia activa $105.135,86 en días hábiles y $186.462,76 en días inhábiles.
13) No Médicos III, IV y VI, agrup. 3: guardia pasiva $55.513,82 en días hábiles y $89.577,60 en días inhábiles.
Remuneración por funciones
Como segunda medida, se dispuso establecer un esquema de remuneración por funciones dentro del organigrama de las instituciones de Salud y ordenarlo de forma progresiva, de acuerdo a su complejidad, con adicionales por función y con la correspondiente responsabilidad funcional que será exigible en base a descripciones de puestos y tareas vinculadas al cargo o posición.
Esta decisión se toma, nuevamente, por fuera de los esquemas de puntos que han resultado ineficientes para gestionar las remuneraciones.
Adicional por arraigo
Por otro lado, el Gobierno Provincial asumirá el pago de un adicional de $350.000 para el pago de alquiler a las y los médicos que estén interesados en radicarse en la provincia. La medida se establecerá según estrategia sanitaria del Ministerio.
Se tratará de una suma fija en pesos y por 12 meses como máximo, destinada a gastos de alquiler y solamente aplicable a aquellos profesionales médicos que se trasladen a vivir desde otras provincias a Río Negro, en regiones promovidas dentro del sistema de Salud.
Eliminar el sistema de puntos en 2025
La cuarta medida anunciada por el ministro de Salud fue la eliminación del sistema de liquidación por puntos de guardia a partir del 1 de enero de 2025.
Antes de esa fecha se deberán regularizar todas las situaciones de contratación, asignación de tareas y responsabilidades que fueron vinculadas a esta modalidad. Para esto, se establecen nuevas formas de contratación adecuadas a las necesidades actuales y siempre en cumplimiento de las normas del Estado), además de una reevaluación de funciones específicas dentro del sistema.
Con este objetivo se crea la Comisión de Control, Auditoría y Fiscalización Hospitalaria integrada por la Secretaría de la Función Pública y el Ministerio de Salud, que será la encargada del monitoreo de implementación del nuevo sistema.
Reabastecimiento de insumos hospitalarios
Ya iniciado desde el mes de octubre, se han asignado partidas presupuestarias para la adquisición de insumos necesarios con lo que continuaremos en los meses de noviembre y diciembre con esta tarea.
Todas estas medidas implican un gran esfuerzo del Gobierno Provincial y de los rionegrinos para recuperar el sistema de salud pública provincial. Se requerirá de responsabilidad de todos los integrantes del sistema, desde cada una de las posiciones que ocupemos, para lograr este transcendental objetivo.
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ATE exigió un examen médico psicofísico para conocer el estado de salud de Milei
«Los desequilibrios mentales del presidente son muy evidentes. No hace falta ser un profesional de la medicina para saber que padece algún tipo de psicosis, y su salud no es exclusivamente privada cuando la misma está vinculada a la capacidad para ejercer su cargo», apuntó Aguiar.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) intimó a Javier Milei para que informe si existe algún examen, junta médica, certificado, dictamen o protocolo que haya evaluado su aptitud psicofísica y/o psíquica para ejercer su rol de presidente y, en caso de que no exista, que lo realice inmediatamente. Además, el sindicato impulsará una iniciativa para que a partir del 2027 quienes se postulen a cargos electivos deban realizar un examen médico preocupacional y presentar un apto psicofísico para ejercer sus cargos.
«Los desequilibrios mentales del presidente son muy evidentes. No hace falta ser un profesional de la medicina para saber que padece algún tipo de psicosis, y su salud no es exclusivamente privada cuando la misma está vinculada a la capacidad para ejercer su cargo», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional. La intimación será remitida a la Jefatura de Gabinete de Ministros con copia a Presidencia de la Nación.
En relación a los requisitos que se le solicitan a quienes ingresan a la administración pública, apuntó que «es inaceptable que los empleados públicos para nuestro ingreso tengamos que cumplir numerosos requisitos y uno de ellos sea atravesar un examen médico preocupacional, y que este no sea obligatorio para quien es la máxima autoridad política y administrativa del Estado. Acá se controla a los trabajadores y no a quienes los tienen que dirigir. Es una joda. Además es muy peligroso porque en el caso de Milei, es quien encabeza la administración pública nacional».
«Esperamos que nadie se alarme ni nos llamen golpistas o destituyentes, porque no buscamos acceder a ninguna información médica privada ni a datos sensibles, solamente conocer si se encuentra apto para ejercer tan alta función. Porque si no lo fuera, las consecuencias jurídicas serían gravísimas. La mayoría de sus actos debieran ser declarados nulos», agregó.
«Y no tenemos que olvidarnos que el presidente también es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Sus actos tienen impacto no solo en la estabilidad institucional y en el funcionamiento del Estado, sino también en la seguridad nacional», completó Aguiar.
En este marco, el dirigente estatal explicó que «estamos ejerciendo el derecho a la información pública y el acceso ciudadano a la información estatal, derechos que están amparados en las leyes, en la Constitución Nacional y además en los tratados internacionales».
«Tenemos que avanzar en una iniciativa legal que permita exigir también examen psicofísicos a todos los cargos electivos a partir del año que viene. Esta presidencia de Milei nos enseñó que la psicosis y el delirio de un candidato en la campaña se pueden camuflar. No nos puede volver a suceder», concluyó el titular de ATE Nacional.
La intimación de ATE se ampara en el artículo 88 de la Constitución Nacional, haciendo saber que conocer el estado de salud del presidente no responde a una mera curiosidad particular, sino a una cuestión de notorio interés público e institucional que hace a la transparencia y a la confianza ciudadana en el ejercicio regular de la primera magistratura.
En su pedido, el sindicato aclaró que los trabajadores de la Administración Pública Nacional deben someterse a exámenes preocupacionales y periódicos de aptitud psicofísica, cuyo resultado condiciona directamente la continuidad del vínculo de empleo, según lo establece la la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164. Es en este marco que se lo insta al máximo responsable del Estado argentino a realizar evaluaciones similares.
Cabe destacar que ATE, en su requerimiento, deja en manifiesto que no busca acceder a ningún tipo de información médica privada, ni de historia clínica ni diagnósticos. sino que únicamente busca saber si existe una evaluación y cuál fue su conclusión: apto/no apto.
Detalles de la solicitud de ATE
- Exigir que el Gobierno informe si existe algún examen, junta médica, certificado, protocolo o dictamen que haya evaluado la aptitud psicofísica y/o psíquica del Presidente para ejercer el cargo.
- Si existe esa evaluación, informar la fecha, el organismo o profesional que intervino y el resultado, limitado a si fue considerado «apto» o «no apto», sin solicitar información clínica, diagnósticos ni historia médica.
- Informar si existe normativa, protocolo o reglamento que establezca controles periódicos de aptitud psicofísica y psíquica para el Presidente, y, en caso afirmativo, entregar una copia.
- Si el Gobierno decide rechazar total o parcialmente el pedido, ATE exige que la negativa sea fundada por escrito, indicando específicamente qué excepción de la Ley de Acceso a la Información Pública se invoca y aplicando el correspondiente test de daño e interés público.
- En caso de que no exista ningún tipo de exámen o apto médico realizado, que el mismo sea efectuado a los efectos de constatar si el presidente de encuentro en todas sus facultades psicofísicas para desempeñar el cargo.
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ATE lanza paro y movilización al PAMI el martes a las 13 ante la crisis y colapso de la obra social de los jubilados
«Más de 5 millones de jubilados son víctimas y rehenes de quienes están haciendo negocios a costa de su salud», indicó Aguiar.

A raíz de la profunda crisis que atraviesa el PAMI que incluye una deuda con prestadores de más de 500.000 millones de pesos, cambios en la cúpula directiva, falta de prestaciones a sus afiliados y salarios de sus trabajadores por debajo de la canasta básica, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) resolvió un paro con movilización a la sede central de la obra social (Av. Corrientes 655, CABA) el martes 8 a las 13 y paraliza actividades en todo el país.
«Si no frenamos a tiempo tanta desidia de los funcionarios, la obra social será irrecuperable. Más de 5 millones de jubilados son víctimas y rehenes de quienes están haciendo negocios a costa de su salud», indicó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional quien también es trabajador de PAMI.
En este marco, apuntó que «el vaciamiento de la obra social que se ha llevado adelante en este tiempo no tiene precedentes. Los jubilados ya no tienen ningún tipo de prestación. En los últimos dos años murieron 45 mil adultos mayores más de los esperados por la falta de medicamentos y de prestaciones. Hay un riesgo cierto de que desaparezca una de las obras sociales más grandes, prestigiosas y solidarias de Latinoamérica. Mientras que los funcionarios cobran sueldos millonarios, los salarios de los trabajadores se encuentran congelados».
«No puede ser que después de haber aportado durante toda su vida, a los jubilados se les vulnere su derecho humano de acceder de manera libre y gratuita al sistema de salud. Hemos decidido parar en todo el país y movilizarnos a la sede central del PAMI. Si no existen respuestas, todas las medidas se van a profundizar», concluyó el secretario general de ATE Nacional.
En las últimas horas se anunció la salida de Juan Cruz Montero de la coordinación ejecutiva de la obra social, quién será reemplazado por Verónica Gabriela Pérez, muy ligada a Santiago Caputo. En simultáneo, también se dio la baja de Florencia Zicavo, de la sindicatura del organismo, quien aún no tiene sustituto definido.
El sindicato denuncia que la obra social está absolutamente colapsada y no puede dar respuestas a los más de 5 millones de jubilados y pensionados que están afiliados. «Una buena parte del desfinanciamiento se basa en la eliminación del Impuesto País que destinaba gran parte de lo recaudado a PAMI. En 2024, el Gobierno aseguró que cubriría ese monto con fondos del Tesoro Nacional. Sin embargo, de los 2,8 billones de pesos que hubieran ingresado a la obra social mediante el tributo, solo se compensaron 0,9 billones hasta julio de este año», aseguraron desde ATE.
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Para Aguiar, «el Consejo del Salario es inservible, una puesta en escena para convalidar los acuerdos entre empresarios y el Gobierno»
«El Consejo del Salario es la paritaria de los que no tienen paritarias. Joden y dejan desprotegidos al 40% de los trabajadores», indicó el titular de ATE Nacional.

Finalizada la reunión del Consejo del Salario Mínimo en la que los empresarios propusieron un aumento de 1,8% en septiembre y 1,7% para octubre hasta abril, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, señaló que «este Gobierno terminó convirtiendo al salario mínimo en un subsidio».
«El Consejo del Salario debiera ser la paritaria de los que no tienen paritarias. Joden y dejan desprotegidos al 40% de los trabajadores. El SMVM sigue siendo de indigencia. No es vital porque no alcanza para vivir, tampoco es móvil porque se ubica por debajo de la inflación», agregó el dirigente estatal.
En esta línea, cargó directamente contra el ámbito tripartito que reúne a trabajadores, empresarios y el Poder Ejecutivo. «El Consejo del Salario es inservible, es una puesta en escena. Hace más de dos años que no hay acuerdos y se termina resolviendo por una resolución del Gobierno. ¿El Consejo existe? Si seguimos así, el Consejo va a existir pero los salarios van a desaparecer», indicó.
«Este organismo nació para garantizar dignidad y no pobreza legal como sucede hoy. Ha sido copado por los grandes empresarios y se reúne sólo para convalidar lo que ellos resolvieron previamente con el Gobierno», agregó Aguiar.
En referencia a la intención del Ejecutivo de implementar un salario mínimo garantizado de 1 millón de pesos para los convenios privados, apuntó que «y ahora queda claro que el Gobierno acaba de inventar un salario mínimo paralelo con el objetivo de frenar la actualización de las asignaciones sociales como la AUH y otros programas».
Cabe recordar que, según el último informe del INDEC, la línea de pobreza en la Argentina se ubica en $1.564.716 y la de indigencia en $708.016.








