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Sustancial aumento en guardias hospitalarias y $7.000 millones para insumos
Conocé los cambios que se aplicarán en pos de mejorar los salarios de los trabajadores.
El Gobierno de Río Negro dispuso un aumento sustancial en el valor de las guardias hospitalarias, como una de las medidas tendientes a revertir las actuales complicaciones del sistema público de salud para incorporar y mantener profesionales médicos.
La medida fue anunciada ayer (30/10) por el ministro de Salud, Demetrio Thalasselis, en el marco de la Reunión de la Mesa de Salud Pública. También se destinarán 7.000 millones de pesos para el reabastecimiento de insumos hospitalarios. En el encuentro, del que también participó la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra, y representantes de ATE y ASSPUR, el titular de la cartera sanitaria provincial adelantó además la implementación de otras tres medidas destinadas a mejorar y optimizar el funcionamiento del sistema.
Además del aumento en el valor de las guardias hospitalarias, el ministro confirmó mejoras en el pago por función, un incentivo para el arraigo (alquiler) de nuevos profesionales médicos a la provincia y la la eliminación del actual sistema de pago por puntos.
Las acciones buscan ordenar la gestión de la salud pública y eficientizar los recursos disponibles, asegurando que el sistema brinde las respuestas necesarias ante un fuerte contexto de crisis económica y sanitaria.
Aumento en los valores de guardia
El ministro de Salud, Demetrio Thalasselis dispuso incrementar los valores de las guardias y nominarlas en pesos, abandonado el esquema de puntos que perciben los agentes comprendidos en la Ley 1904. La medida incluye el valor de la guardia activa o pasiva de 6, 12 o 24 horas o sus fracciones, de días hábiles y no hábiles y de cumplimiento certificado, las que serán liquidadas cumpliendo con nuevos procedimientos que definirá el Ministerio de Salud y a valores a partir del día 1 de noviembre.
De esta manera, se produce un cambio en el paradigma de liquidación de guardias en Salud luego de 32 años, pasando a un sistema mas ágil, transparente y equitativo.
El objetivo de esta acción es remunerar correctamente, en base al trabajo y de forma previsible, a aquellos profesionales que cumplen con los esquemas de guardia en las instituciones públicas de Salud, en pesos y por fuera de los esquemas de puntos que resultaron inadecuados y provocaron desigualdades.
A partir del 1 de noviembre, las guardias de enfermería se realizarán de la siguiente manera:
1) Enfermería Agrup. 1 y 2: guardia activa $78.902,60 para días hábiles o inhábiles.
2) Enfermería Agrup. 1 y 2: guardia pasiva $42.444,30 para días hábiles y $82.276,30 para días inhábiles.
3) Enfermería Agrup. 3: guardia activa $55.240,85 para días hábiles o inhábiles.
4) Enfermería Agrup. 3: guardia pasiva $29.715,70 para días hábiles y $76.270,47 en días inhábiles.
5) Médicos Línea/Caps Rurales: guardia pasiva $123.529 en días hábiles y $201.349 en días inhábiles.
6) Médicos III, IV y VI; guardia activa $267.900 en días hábiles y $401.800 en días inhábiles.
7) Médicos III, IV y VI; guardia pasiva $96.900 en días hábiles y $133.000 en días inhábiles.
8) No médicos Línea/Caps Rurales, agrup. 1 y 2: guardia pasiva, $79.307,97 en días hábiles y $127.953 en días inhábiles.
9) No médicos Línea/Caps Rurales, agrup. 3: guardia pasiva, $55.513,82 en días hábiles y $89.577,60 en días inhábiles.
10) No Médicos III, IV y VI, agrup. 1 y 2: guardia activa $150.199,61 en días hábiles y $248.593,44 en días inhábiles.
11) No Médicos III, IV y VI, agrup. 1 y 2: guardia pasiva $79.307,97 en días hábiles y $127.953 en días inhábiles.
12) No Médicos III, IV y VI, agrup. 3: guardia activa $105.135,86 en días hábiles y $186.462,76 en días inhábiles.
13) No Médicos III, IV y VI, agrup. 3: guardia pasiva $55.513,82 en días hábiles y $89.577,60 en días inhábiles.
Remuneración por funciones
Como segunda medida, se dispuso establecer un esquema de remuneración por funciones dentro del organigrama de las instituciones de Salud y ordenarlo de forma progresiva, de acuerdo a su complejidad, con adicionales por función y con la correspondiente responsabilidad funcional que será exigible en base a descripciones de puestos y tareas vinculadas al cargo o posición.
Esta decisión se toma, nuevamente, por fuera de los esquemas de puntos que han resultado ineficientes para gestionar las remuneraciones.
Adicional por arraigo
Por otro lado, el Gobierno Provincial asumirá el pago de un adicional de $350.000 para el pago de alquiler a las y los médicos que estén interesados en radicarse en la provincia. La medida se establecerá según estrategia sanitaria del Ministerio.
Se tratará de una suma fija en pesos y por 12 meses como máximo, destinada a gastos de alquiler y solamente aplicable a aquellos profesionales médicos que se trasladen a vivir desde otras provincias a Río Negro, en regiones promovidas dentro del sistema de Salud.
Eliminar el sistema de puntos en 2025
La cuarta medida anunciada por el ministro de Salud fue la eliminación del sistema de liquidación por puntos de guardia a partir del 1 de enero de 2025.
Antes de esa fecha se deberán regularizar todas las situaciones de contratación, asignación de tareas y responsabilidades que fueron vinculadas a esta modalidad. Para esto, se establecen nuevas formas de contratación adecuadas a las necesidades actuales y siempre en cumplimiento de las normas del Estado), además de una reevaluación de funciones específicas dentro del sistema.
Con este objetivo se crea la Comisión de Control, Auditoría y Fiscalización Hospitalaria integrada por la Secretaría de la Función Pública y el Ministerio de Salud, que será la encargada del monitoreo de implementación del nuevo sistema.
Reabastecimiento de insumos hospitalarios
Ya iniciado desde el mes de octubre, se han asignado partidas presupuestarias para la adquisición de insumos necesarios con lo que continuaremos en los meses de noviembre y diciembre con esta tarea.
Todas estas medidas implican un gran esfuerzo del Gobierno Provincial y de los rionegrinos para recuperar el sistema de salud pública provincial. Se requerirá de responsabilidad de todos los integrantes del sistema, desde cada una de las posiciones que ocupemos, para lograr este transcendental objetivo.
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Fallo de la Corte Suprema: ATE se declara en alerta y Aguiar llama a reaccionar y convocar a una gran movilización al máximo tribunal
«Este fallo de la Corte es gravísimo y vulnera la voluntad popular representada en las calles y en el Congreso», señaló el dirigente sindical.
Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que revocara el dictamen de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei derogó la Ley N° 26.737 de Tierras Rurales, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se declaró en alerta y movilización en todo el país. El secretario general, Rodolfo Aguiar, propondrá al Frente de Sindicatos Unidos (Fresu) y a las Centrales Obreras -cabe recordar que el sindicato integra la CTA Autónoma- construir una gran movilización a la Corte para repudiar el fallo, defender la soberanía nacional y detener la extranjerización de las tierras.
«Lo que hizo la Corte es una tomada de pelo al Congreso Nacional y a todo el pueblo argentino que se movilizó contra la extranjerización de las tierras. Esta decisión restringe la democracia a su mínima expresión. Estos jueces están gobernando y quieren habilitar el saqueo en nuestro país», cuestionó Aguiar. «Si no nos movilizamos, nos termina gobernando Trump a través del Poder Judicial. Tenemos que defender la soberanía sobre nuestros territorios. Nos quieren convertir en colonia y lo tenemos que evitar», agregó.
Cabe señalar que la decisión del máximo tribunal de Justicia nacional fue adoptada en la causa iniciada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), que había cuestionado la derogación por considerar que afectaba la soberanía territorial. El argumento central de la Corte fue que el CECIM no tenía legitimación para iniciar una demanda colectiva. Según el Tribunal, no estaba configurado un «caso o controversia» que habilitara la intervención judicial y cuestionó que la Cámara hubiera considerado a la soberanía nacional como un «bien colectivo» que permitiera a la organización de ex combatientes accionar judicialmente.
El efecto concreto de la sentencia es que queda nuevamente vigente la derogación de la Ley de Tierras, que establecía límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
Gremios
El Gobierno provincial ratificó la obligatoriedad del control biométrico para el personal de Salud
La suspensión cautelar perdió vigencia y el sistema de registro mediante biometría facial continúa siendo obligatorio.
El Gobierno de Río Negro informó que el control biométrico de asistencia continúa vigente y es obligatorio para el personal del Ministerio de Salud, luego de que se agotara la vía administrativa vinculada con los planteos contra la Resolución 986/2026.
La resolución del Consejo Provincial de la Función Pública establece la obligatoriedad del sistema de registro de asistencia mediante biometría facial para el personal de Salud.
La semana pasada, la Cámara del Trabajo de Viedma había hecho lugar a una medida cautelar autónoma presentada por ASSPUR y suspendido transitoriamente los efectos de la resolución. Sin embargo, esa medida tenía una condición concreta: la suspensión se mantenía únicamente hasta que el Estado Provincial agotara la vía administrativa.
Según informó la Provincia, la decisión judicial no había resuelto la cuestión de fondo ni declarado inválido el sistema de control biométrico. La cautelar se había dictado debido a que se encontraba pendiente de resolución un recurso jerárquico presentado por ASSPUR.
El Gobierno Provincial completó ese trámite mediante el Decreto N° 903, que rechazó el recurso jerárquico y ratificó la obligatoriedad del sistema establecido por la Resolución 986/2026.
Con el dictado y la notificación del decreto quedó formalmente agotada la vía administrativa. La Provincia comunicó esta circunstancia a la Cámara del Trabajo de Viedma, que tuvo por acreditado el cumplimiento del requisito y remitió a los términos de su pronunciamiento anterior. De esta manera, al cumplirse la condición fijada por la Justicia, perdió vigencia la suspensión cautelar y continúa vigente la Resolución 986/2026.
La definición se suma a otros pronunciamientos judiciales vinculados con la implementación del sistema. Entre ellos, la Justicia rechazó recientemente un amparo presentado por UPCN para dejar sin efecto el control biométrico para sus afiliados.
En ese caso, se consideró que no estaba acreditada la existencia de un daño grave e irreparable ni una ilegalidad o arbitrariedad manifiesta que justificara la utilización de la vía excepcional del amparo.
Así, agotada la instancia administrativa y cumplida la condición que había dado sustento a la suspensión cautelar, el sistema de control biométrico continúa vigente y es obligatorio para el personal alcanzado del Ministerio de Salud.
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ATE exigió un examen médico psicofísico para conocer el estado de salud de Milei
«Los desequilibrios mentales del presidente son muy evidentes. No hace falta ser un profesional de la medicina para saber que padece algún tipo de psicosis, y su salud no es exclusivamente privada cuando la misma está vinculada a la capacidad para ejercer su cargo», apuntó Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) intimó a Javier Milei para que informe si existe algún examen, junta médica, certificado, dictamen o protocolo que haya evaluado su aptitud psicofísica y/o psíquica para ejercer su rol de presidente y, en caso de que no exista, que lo realice inmediatamente. Además, el sindicato impulsará una iniciativa para que a partir del 2027 quienes se postulen a cargos electivos deban realizar un examen médico preocupacional y presentar un apto psicofísico para ejercer sus cargos.
«Los desequilibrios mentales del presidente son muy evidentes. No hace falta ser un profesional de la medicina para saber que padece algún tipo de psicosis, y su salud no es exclusivamente privada cuando la misma está vinculada a la capacidad para ejercer su cargo», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional. La intimación será remitida a la Jefatura de Gabinete de Ministros con copia a Presidencia de la Nación.
En relación a los requisitos que se le solicitan a quienes ingresan a la administración pública, apuntó que «es inaceptable que los empleados públicos para nuestro ingreso tengamos que cumplir numerosos requisitos y uno de ellos sea atravesar un examen médico preocupacional, y que este no sea obligatorio para quien es la máxima autoridad política y administrativa del Estado. Acá se controla a los trabajadores y no a quienes los tienen que dirigir. Es una joda. Además es muy peligroso porque en el caso de Milei, es quien encabeza la administración pública nacional».
«Esperamos que nadie se alarme ni nos llamen golpistas o destituyentes, porque no buscamos acceder a ninguna información médica privada ni a datos sensibles, solamente conocer si se encuentra apto para ejercer tan alta función. Porque si no lo fuera, las consecuencias jurídicas serían gravísimas. La mayoría de sus actos debieran ser declarados nulos», agregó.
«Y no tenemos que olvidarnos que el presidente también es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Sus actos tienen impacto no solo en la estabilidad institucional y en el funcionamiento del Estado, sino también en la seguridad nacional», completó Aguiar.
En este marco, el dirigente estatal explicó que «estamos ejerciendo el derecho a la información pública y el acceso ciudadano a la información estatal, derechos que están amparados en las leyes, en la Constitución Nacional y además en los tratados internacionales».
«Tenemos que avanzar en una iniciativa legal que permita exigir también examen psicofísicos a todos los cargos electivos a partir del año que viene. Esta presidencia de Milei nos enseñó que la psicosis y el delirio de un candidato en la campaña se pueden camuflar. No nos puede volver a suceder», concluyó el titular de ATE Nacional.
La intimación de ATE se ampara en el artículo 88 de la Constitución Nacional, haciendo saber que conocer el estado de salud del presidente no responde a una mera curiosidad particular, sino a una cuestión de notorio interés público e institucional que hace a la transparencia y a la confianza ciudadana en el ejercicio regular de la primera magistratura.
En su pedido, el sindicato aclaró que los trabajadores de la Administración Pública Nacional deben someterse a exámenes preocupacionales y periódicos de aptitud psicofísica, cuyo resultado condiciona directamente la continuidad del vínculo de empleo, según lo establece la la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164. Es en este marco que se lo insta al máximo responsable del Estado argentino a realizar evaluaciones similares.
Cabe destacar que ATE, en su requerimiento, deja en manifiesto que no busca acceder a ningún tipo de información médica privada, ni de historia clínica ni diagnósticos. sino que únicamente busca saber si existe una evaluación y cuál fue su conclusión: apto/no apto.
Detalles de la solicitud de ATE
- Exigir que el Gobierno informe si existe algún examen, junta médica, certificado, protocolo o dictamen que haya evaluado la aptitud psicofísica y/o psíquica del Presidente para ejercer el cargo.
- Si existe esa evaluación, informar la fecha, el organismo o profesional que intervino y el resultado, limitado a si fue considerado «apto» o «no apto», sin solicitar información clínica, diagnósticos ni historia médica.
- Informar si existe normativa, protocolo o reglamento que establezca controles periódicos de aptitud psicofísica y psíquica para el Presidente, y, en caso afirmativo, entregar una copia.
- Si el Gobierno decide rechazar total o parcialmente el pedido, ATE exige que la negativa sea fundada por escrito, indicando específicamente qué excepción de la Ley de Acceso a la Información Pública se invoca y aplicando el correspondiente test de daño e interés público.
- En caso de que no exista ningún tipo de exámen o apto médico realizado, que el mismo sea efectuado a los efectos de constatar si el presidente de encuentro en todas sus facultades psicofísicas para desempeñar el cargo.
