Gremios
Obras sociales: Monotributistas están en alerta por recortes en los servicios
Uno de los sectores laborales que más crece en la Argentina ha incrementado sus problemas con relación al sistema de salud.
La crisis económica terminó de desnudar una problemática de la que poco se habla sino hasta que se la vive en carne propia. Se trata del sistema de salud tanto en su versión pública como privada. En este contexto, algunas prepagas y obras sociales sindicales han reducido prestaciones o aumentado los coseguros además de las cuotas mensuales. Ahora, en medio de un ajuste importante en varios sentidos, surge una suerte de puja entre los sindicatos y el sector de monotributistas que aporta a las obras sociales. Es porque según ha trascendido, desde la CGT solicitaron al Gobierno nacional medidas para evitar el desfinanciamiento de las obras sociales sindicales.
En este marco, Monotributistas Asociados de la República Argentina (MARA) denunció que el pedido de la Central Obrera afectará gravemente al sector que paga de manera compulsiva el componente de la Obra Social. En lo que va del año y debido a la crisis, ha habido bajas del monotributo en general y del social en particular. Esto ha impactado en un menor ingreso en las obras sociales y este sector ya ha comenzado a atravesar recortes en las prestaciones de salud en las obras sociales asignadas. Con casos específicos y cada vez más abundantes en distintas partes del país, la titular de MARA –Noelia Villafañe- ha solicitado audiencia al superintendente de Servicios de Salud, Gabriel Oriolo.
Es que según publicó el diario Infobae, la dirigencia sindical denuncia un desfinanciamiento de sus obras sociales que se debe, en buena parte, a tener que prestar servicios no solo a sus afiliados directos sino también a los indirectos. Entre ellos, mencionan más de dos millones de monotributistas, 130.000 mil desempleados con derecho a prestaciones y un número similar correspondiente a trabajadoras del servicio doméstico. Por este motivo, los casos de restricción de servicios son cada vez más comunes en las obras sociales, lo que es peor en los monotributistas sociales y se suma al achicamiento de prestaciones o trabas que se repiten también en algunas prepagas.
“La CGT solicita tres cambios con relación a las obras sociales de los monotributistas”, explicó la contadora Villafañe. El primero, agregó, es que el programa médico que hoy posee este sector sea reemplazado por una suerte de canasta de emergencia según el aporte. De este modo, no solo se afecta el derecho a la salud de quienes aportan sino que los dejaría sin la mayoría de las prestaciones. En segunda instancia, según la referente de MARA, los sindicatos piden que se aumente 400% el componente de la obra social, algo que sería casi imposible de pagar para las categorías más bajas. “Así, quieren que se abone más a cambio de menos prestaciones”, sintetizó Villafañe.
La tercera modificación que se habría solicitado por parte de la CGT es que los monotributistas sociales no reciban ningún tipo de atención y vayan al sistema público. “El problema de esto es la posibilidad de que esta área se privatice”, precisó Villafañe. Este diario consultó a distintos referentes sindicales de Mendoza, pero no obtuvo respuesta ya sea por omisión o por cierto desconocimiento específico del tema.
Personas afectadas
Más allá de esto, la Asociación de Monotributistas –cuya sede está en Mendoza- expresaron que no es cierto que las obras sociales sindicales deban atender a más de dos millones de monotributistas. Es que si bien la cantidad de aportantes a este sistema crece, lo cierto es que muchos no utilizan la prestación de salud. Hay que tener en cuenta que el pago del componente de obra social es obligatorio, pero lo que, según la titular de MARA, la mitad no lo utiliza. “No es cierto que deban atender a más de dos millones de monotributistas”, afirmó. En este sentido, expresó que en su momento solicitaron que el pago de este ítem fuera optativo y que perdieron la batalla en el Congreso por seis votos. En este marco, Villafañe expresó que el 6 de enero tendrán audiencia por este tema con el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones.
“Los monotributistas abonan a un sistema solidario para que quienes no tienen otra opción sean atendidos. Sin embargo, no es sencillo recibirla y aunque muchos no la necesitan porque tienen otras opciones, una buena parte aporta sin recibir nada a cambio, lo que se considera una estafa”, señaló Villafañe. Por este motivo, solicitarán la devolución del dinero a los monotributistas que han aportado y que nunca han sido ni empadronados ni recibidos en una obra social sindical. La referente también recordó que los monotributistas de las categorías más altas deben o pagar una diferencia importante para un plan de salud o abonar coseguros cada vez más altos.
En Mendoza, las principales obras sociales sindicales restringen poco a poco los servicios y, si bien no los quitan, si colocan trabas. De este modo, en algunas los odontólogos solo atienden en sus sedes y no se puede ir a otro prestador o concentran las farmacias para hacer los descuentos, lo que conlleva largas esperas. Algo que también ha comenzado a suceder –y no solo a los monotributistas- es lo que también implementó PAMI que es el menor descuento en los medicamentos tanto crónicos como comunes.
“No te dicen que no de manera directa, pero te dan mil vueltas o para autorizarte un estudio o un tratamiento específico”, contó Carla, una monotributista a quien este año su ginecólogo la atención en un hospital privado en vez de en su consultorio. Desde la percepción de los usuarios, la apuesta de muchas obras sociales y algunas prepagas es que el cliente se canse de tantas vueltas y resuelva la situación por otro lado. Eso, por supuesto, para los que tienen la opción, algo que no sucede para la mitad de los argentinos que hoy son pobres.
En tanto, desde MARA aportaron diversos casos y testimonios concretos con nombre y apellido sobre situaciones muy complejas vividas por sus asociados. Entre otros, está el de Ana Soledad (Buenos Aires) que tiene un hijo de 8 años con diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista (TEA). “En septiembre le suspendieron todas las terapias que luego de un reclamo nuestro le restituyeron”, contó Villafañe quien agregó que todavía no logran un Programa Médico Obligatorio. Lo mismo le sucedió a Ludmila que se quedó sin cobertura para sus hijos, uno de ellos (6) también con TEA.
Otro caso fue en Mendoza, cuando a Héctor (41) que tiene un diagnóstico de diabetes tipo 2 también le quitan la cobertura por lo que desde octubre está sin medicación. Al tratarse de un monotributista social, la prestadora de salud alegaba que el Ministerio de Capital Humano no había pagado la cuota y –cuando a través de MARA se logró el aporte correspondiente- ahora tampoco le dan cobertura debido a que le dicen que los monotributistas sociales han sido dados de baja. El remedio más barato que necesita es el de la presión y cuesta $6.000, mientras que el específico para controlar los niveles de azúcar en sangre cuesta $130.000. En el medio, hay dos medicamentos más que debe tomar de manera crónica del valor de $79.000 y $28.000.
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ATE llama a una “condena social” contra los gobernadores por la quita de la zona fría
«En las puertas del invierno, ¿cómo pueden avalar la quita de subsidios a los habitantes de sus provincias que van a tener que pagar el doble por el gas? Estamos frente a un nuevo golpe al bolsillo», dijo el titular de ATE.
Luego de que la Cámara de Diputados aprobara el proyecto oficialista que elimina el subsidio de energía por zona fría a distintas provincias, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, señaló que «tenemos que lograr que sean condenados socialmente los gobernadores que apoyaron la media sanción. No debieran estar gobernando por carecer de toda sensibilidad».
«En las puertas del invierno, ¿cómo pueden avalar la quita de subsidios a los habitantes de sus provincias que van a tener que pagar el doble por el gas? Estamos frente a un nuevo golpe al bolsillo. El deterioro del poder adquisitivo es gravísimo, no se tolera más. Si esta ley se aprueba, se profundizará el ajuste en las provincias, va a empobrecer aún más al 80% de la población y va a acelerar la conflictividad», agregó el dirigente estatal.
En referencia a la condonación de deudas millonarias que las empresas energéticas mantenían con el Gobierno, Aguiar cuestionó que «es inaceptable que le quiten los subsidios a quienes menos tienen, a los más pobres, mientras benefician a las elites empresarias, a quienes les van a perdonar deudas por miles de millones de dólares».
«Milei y el empresariado nacional y trasnacional que lo mandan son los autores de un daño social irreparable, pero también existen cómplices necesarios y son los gobernadores, diputados y senadores», concluyó el secretario general de ATE Nacional.
El proyecto que ya cuenta con media sanción del Congreso recorta los subsidios de gas en numerosos departamentos de las provincias de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Jujuy y La Rioja, al modificar el Régimen de Zona Fría. Esta modificación implica una suba drástica de los costos de los servicios que, según el caso, aumentará entre un 20 y un 100% en caso de aplicarse la ley, afectando a más de 3 millones de usuarios.
La norma además incluye la condonación de las deudas que las empresas Edesur y Edenor mantienen con el Estado Nacional. El monto de la deuda rondaría los 1.800 millones de dólares.
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UnTER rechazó la propuesta salarial y reclamó una nueva paritaria urgente
Aunque la moción de paro obtuvo mayoría, no alcanzó los dos tercios requeridos por el estatuto sindical, por lo que no habrá nuevas medidas de fuerza.
El Congreso Extraordinario de UnTER resolvió rechazar la propuesta salarial presentada por el Gobierno de Río Negro en la paritaria del pasado jueves (14/05) y reclamó una nueva convocatoria urgente para continuar con las negociaciones.
El encuentro se desarrolló este jueves (21/05) en Viedma con la participación de representantes de las 18 Seccionales de la provincia, donde se analizó la situación educativa y salarial a nivel provincial y nacional.
Según informó el gremio docente, durante la jornada también se debatió la posibilidad de llevar adelante medidas de fuerza. La moción a favor del paro obtuvo 104 votos, mientras que la postura de no realizar medidas de fuerza consiguió 51 votos y hubo además dos abstenciones. Sin embargo, desde UnTER aclararon que el estatuto sindical exige una mayoría especial de dos tercios del total de congresales para aprobar un paro, número que finalmente no se alcanzó. Por ese motivo, el Congreso resolvió no avanzar con medidas de fuerza en esta instancia.
No obstante, el sindicato definió impulsar acciones de visibilización simultáneas en toda la provincia y en conjunto con otras organizaciones gremiales.
Previo al inicio del Congreso, docentes realizaron una movilización hacia el Ministerio de Educación y Derechos Humanos y posteriormente a Casa de Gobierno para expresar sus reclamos salariales y en defensa de la educación pública.
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El Frente de Sindicatos Unidos reclama un salario mínimo vital y móvil de $2.879.877
El informe detalla que el SMVM oficial ya es el más bajo de la historia argentina y está 20% por debajo del valor que tuvo durante la década del 90.
El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) sostuvo que las y los trabajadores necesitan un Salario Mínimo, Vital y Móvil de $2.879.877 para cubrir las nueve necesidades vitales que establecen la Constitución Nacional y la Ley de Contrato de Trabajo. Ese monto equivale a ocho veces el actual salario mínimo, que es el más bajo de la historia argentina.
Además, en lo que va del gobierno de Javier Milei, los asalariados perdieron más de 62 billones de pesos en el acumulado de sus ingresos mensuales y se vieron forzados a endeudarse para sostener la vida cotidiana. Eso explica el nivel de endeudamiento de las familias argentinas.
En el desglose de datos, el FreSU informó que cada trabajador del sector privado perdió en promedio $2.321.24 y, en el caso del sector público, la pérdida fue de $12.788.939 en promedio.
Para determinar el valor que debiera ser el SMVyM, se toma como referencia los costos necesarias para cubrir las nueve necesidades vitales que establecen la Constitución Nacional: Alimentación adecuada ($648.271); vivienda digna ($568.227); educación ($252.457); vestimenta ($147.595); salud ($349.332); transporte, esparcimiento y vacaciones ($597.209); y previsión social ($316.786).
El FreSU está integrado por unas 140 organizaciones sindicales de las tres centrales obreras entre las que se encuentran UOM, ATE, Federación Aceitera y Desmotadora, Conadu, Conadu Histórica, Aeronáuticos, Molineros y Papeleros.
El 1 de Mayo pasado, el FreSU realizó su Primer Plenario de Delegadas y Delegados y votaron el Programa Unidad, Lucha y Rebeldía para Recuperar la Patria, donde afirmó que «reivindicamos el derecho al trabajo y a un Salario Mínimo Vital y Móvil según su definición en el Artículo 14 bis de la Constitución Nacional y el Artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo, esto es, que asegure a los trabajadores en su jornada legal de trabajo una vida digna, mediante la satisfacción de las 9 necesidades allí contempladas: alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión».
El tercer informe mensual del FreSU fue anunciado por los secretarios generales Abel Furlán (UOM), Rodolfo Aguiar (ATE), Daniel Yofra (Federación Aceitera) y Matías Fachal (Federación Judicial) y la secretaria general de Conadu Histórica, Francista Staiti, desde la jornada de debate realizada por la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas de Mendoza, la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas (AAL) y la Asociación Latinoamericana de Abogadas y Abogados Laboralistas (ALAL) en el Centro de Congresos y Exposiciones de Mendoza.
