Río Negro
Presentaron el Código de Tierras Fiscales Provinciales
Ahora será remitido al Parlamento rionegrino para su tratamiento sobre tablas.
El gobernador Alberto Weretilneck presidió hoy en el Salón Gris de Casa de Gobierno la presentación del Código de Tierras Fiscales Provinciales, que será remitido a la Legislatura para su tratamiento. La iniciativa tiene el objetivo de reemplazar un marco normativo con leyes dispersas y desactualizadas por un solo cuerpo, con previsiones modernas que otorguen las herramientas para el desarrollo productivo de la provincia.
Acompañaron al Mandatario, el secretario general de la Gobernación, Matías Rulli; los ministros de Gobierno, Luis Di Giácomo; de Obras y Servicios Públicos, Carlos Valeri; y de Seguridad y Justicia, Gastón Pérez Estevan; el secretario de Estado de Trabajo, Lucas Pica; el director de Tierras, Diego Lawrie y el asesor legal de la Dirección de Tierras, Enrique Álvarez Costa. También participaron las legisladoras Sandra Recalt y Graciela Vadebenito, autoridades provinciales y público en general.
El Ministro Di Giácomo destacó que el nuevo código demandó “el trabajo de más de un año por parte de un equipo de jóvenes, ayudados a la vez por la gente de mayor experiencia, de la Dirección de Tierras”.
Recordó que esta área cuando se llegó con la gestión del gobernador Alberto Weretilneck “era noticia por los allanamientos, los juicios, la aparición permanente de situaciones irregulares, y ahora no sólo se fue trabajando el día a día para llegar con respuestas a los pobladores y a las regiones, sino que se abordó la cuestión estratégica y de planificación con la redacción de este código”.
Señaló que la intención “es presentarlo ahora en la Legislatura y abrir el abanico de consultas a partir de allí, a las distintas organizaciones de la sociedad, los sectores profesionales involucrados en este tipo de cuestiones, las sociedades rurales, las comunidades originarias, los núcleos de pobladores o interesados, al igual que el ámbito académico”.
Dijo que “la idea es que este debate se extienda por todo el tiempo que sea necesario, para que finalmente en base a esta estructura básica que se elaboró desde la Dirección de Tierras, podamos llegar a un código que nos asegure una ocupación efectiva por parte del Estado provincial de lo que son nuestros recursos, con el cuidado del medio ambiente”.
Di Giácomo mencionó además que “hay áreas que seguramente van a tener muchísima discusión y debate, por ejemplo, nosotros hemos optado con respecto a lo que significa la tenencia y la cantidad de tenencia de tierras a favor de extranjeros o sociedades extranjeras, continuar con el régimen vigente de la provincia, ya que estamos viendo que la ley nacional tiene sus fluctuaciones hacia un lado y hacia otro”.
Contenido del Código
El asesor de la Dirección de Tierras, Enrique Álvarez Costa, explicó los ejes fundamentales del nuevo código, señalando que se reemplaza un marco normativo con leyes dispersas y vetustas por uno que congrega las disposiciones aisladas en un mismo cuerpo, con previsiones modernas y futuristas desde lo productivo.
Se crea así un compendio legal con proyección a los próximos 50 años y se transparentan los mecanismos a través de la publicidad de los actos vinculados a las tierras fiscales. No se admitirán excepciones al régimen, limitándose la discrecionalidad de los funcionarios que intervienen, siendo necesaria una ley especial para cualquier caso que escape a las previsiones contempladas.
Con la iniciativa se reforma el sistema de tasación en diversos aspectos; el precio de la tierra no será fijado por el funcionario a cargo de la Dirección de Tierras sino que surgirá de un trabajo interdisciplinario en el que converjan actores públicos y estatales.
Asimismo, se discrimina el valor de venta según condiciones subjetivas y objetivas, incorporando el concepto de precio de mercado a abonar en determinados casos. Entre otros ejes, mencionó que se realza la protección del medio ambiente, castigando a quien no cumpla con las directivas emanadas de la correspondiente autoridad de aplicación.
En este marco, Álvarez Costa destacó que se empodera a diversos Municipios a través de la facultad del Ejecutivo de transferir a su patrimonio las tierras fiscales provinciales ubicadas en sus cascos urbanos.
Dijo que de esta forma, se termina con décadas en las que las autoridades locales fueron rehenes de la Provincia a la hora de querer diseñar el crecimiento de sus ciudades y administrar las tierras de sus ciudadanos y, consecuentemente, se agiliza el acceso a la vivienda en dichos poblados.
Indicó que “se establece un mecanismo ágil y transparente para que puedan acceder al título de propiedad los pobladores rurales que han ocupado por 20 años o más el campo y mantenido en producción el mismo así como se otorgará igual beneficio a quienes se asentaron y construyeron su hogar en las Comisiones de Fomento”.
“De esta forma, se brinda seguridad jurídica en la tenencia de la tierra, cumpliéndose con un mandato que se plasma en el derecho internacional y posee plena vigencia en el ámbito interno”, señaló.
Por otra parte, se prevé la posibilidad de entregar en uso y explotación campos ubicados en áreas naturales protegidas pero manteniendo la propiedad de la tierra en cabeza de la Provincia.
Álvarez Costa explicó respecto a la realidad actual en esta temática que “el marco legal se divide en dos grandes ejes, el ámbito rural con la ley Q 279 y el ámbito urbano la ley 1452”.
Asimismo, indicó que “en el ámbito rural entre campos, chacras e islas tenemos aproximadamente 3.500.000 de hectáreas y en la región urbana administramos la totalidad de los ejidos de comisiones de fomento y parte importante de cascos urbanos de algunos municipios”.
Recordó que Ley Q 279 fue sancionada en 1961 y tenía un fin colonialista, de fomentar el arraigo rural y asentamiento de nuevas familias productoras.
Indicó que de esa norma quedó desactualizado que sólo se permitían como rubros productivos la agricultura, ganadería y forestación, pero “en la actualidad tenemos muchos requerimientos para otras actividades, por ejemplo, el turismo rural, la producción minera, principalmente a través de la explotación de canteras, y el turismo tradicional”, entre otros.
Establecer un código permite congregar previsiones para el ámbito rural y urbano en una misma ley, reúne normas dispersas y modificaciones generadas aisladamente, elimina cualquier vestigio de antagonismo y brinda armonía y coherencia administrativo – legal.
De esta manera, el plan de regularización que se plantea en la zona rural prevé un cristalino mecanismo de adjudicación que posibilita lograr el título de propiedad a familias rurales de probado asentamiento y producción así como a habitantes de Comisiones de Fomento que hayan construido su hogar. Así se otorga seguridad jurídica en la tenencia de la tierra a los pobladores con probada ocupación al 31/12/2015.
Respecto a la regularización en la zona urbana, se plantea una adjudicación directa del título de propiedad con los requisitos de 5 años de antigüedad, vivienda con condiciones de higiene y habitabilidad, terreno mensurado y no tener otra parcela afectada a mismo destino en misma Comisión de Fomento, mientras que se contempla una adjudicación indirecta que otorga plazo para quienes no cumplan todos los requisitos y exige un piso de 5 años de ocupación.
Respecto al precio de la tierra, surgirá de un Cuerpo Interdisciplinario integrado por sector público y colegios profesionales idóneos en tasaciones, se prevé la participación técnica de universidades y otras entidades académicas; un valor de venta venal o de mercado para sociedades comerciales y un valor diferenciado para personas físicas según factores objetivos, como la ubicación del inmueble, acceso a vías de comunicación, cursos de agua, belleza escénica, etc., y factores subjetivos: antigüedad del ocupante, mejoras introducidas, gastos de mensura, residencia efectiva, etc.
Concluyó que se reemplaza un desactualizado marco legal por un andamiaje normativo moderno, transparente, rígido y coherente, pensado con múltiples propósitos, se adecúan las leyes a las demandas actuales; se prevén las herramientas para el desarrollo productivo de la Provincia de las próximas generaciones; se protege el patrimonio público, limitando la discrecionalidad en la toma de decisiones de los funcionarios intervinientes; se otorga transparencia y publicidad a las titularizaciones y se enfatiza la protección del medio ambiente.
Río Negro
Río Negro sumó al CET 1 de Roca al Programa de Formación Energética
Ya son siete las escuelas técnicas que integran este programa.
El Gobierno de Río Negro incorporó al Centro de Educación Técnica (CET) N° 1 de General Roca al Programa de Formación Energética, en el marco de un acto encabezado por el gobernador Alberto Weretilneck donde se presentaron inversiones para fortalecer los controles mineros y ambientales. Dicho acuerdo busca ampliar la red de instituciones técnicas para los proyectos de desarrollo que cambiarán la matriz productiva provincial.
Weretilneck expresó que «esto tiene un fuerte sentido. Lo que nosotros estamos buscando es que las oportunidades que estamos teniendo en la provincia tengan un sostén en la educación. Queremos que los jóvenes, cuando salgan de la escuela técnica y de la secundaria, tengan ya formaciones y conocimientos relacionados con lo que será la provincia».
«En este contexto con nuevas actividades, es importante que la educación pública rionegrina también forme a los jóvenes que quieran ser parte de este nuevo entramado laboral, productivo y económico», subrayó.
Con la firma del acta compromiso entre el Gobierno de Río Negro, el CET 1 y la Secretaría de Energía y Ambiente, la Provincia amplía la red de instituciones técnicas que forman parte del Programa de Formación Energética, impulsado junto al Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG).
General Roca se suma al plan educativo energético
El acuerdo permitirá actualizar los contenidos curriculares, capacitar docentes y sumar equipamiento especializado con el apoyo de Quintana Energy, en coordinación con el Ministerio de Educación y Derechos Humanos Provincial.
El programa tiene como objetivo fortalecer la educación técnica profesional en áreas vinculadas a la industria del gas y el petróleo, garantizando que los estudiantes egresen con herramientas acordes a las demandas de un sector estratégico para el desarrollo provincial.
Con esta incorporación, ya son siete las escuelas técnicas que integran el plan piloto: Cipolletti, Catriel, Cinco Saltos, Allen, San Antonio Oeste, Sierra Grande y ahora General Roca. En total, la inversión asociada al programa alcanza los $500 millones.
Política
Presentaron el nuevo edificio de Minería y vehículos para inspecciones
Se construirá en Roca y permitirá unificar las áreas técnicas, administrativas y de inspección.
El Gobierno de Río Negro presentó en General Roca el proyecto para la construcción del nuevo edificio de la Secretaría de Minería en la localidad, además de la incorporación de 14 vehículos destinados al cuerpo de inspectores de Minería y de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático. El acto, encabezado por el gobernador Alberto Weretilneck, se realizó en la planta potabilizadora que Aguas Rionegrinas posee en Stefenelli.
Infraestructura para una gestión moderna y cercana
El nuevo edificio de la Secretaría de Minería en General Roca permitirá unificar las áreas técnicas, administrativas y de inspección, mejorando las condiciones de trabajo del personal y facilitando la atención al público y al sector productivo.
El proyecto forma parte de un proceso de fortalecimiento institucional impulsado por el Gobierno de Río Negro, que busca consolidar la actividad minera como política pública activa, con licencia social, arraigo territorial y potencial de crecimiento sostenible.
El gobernador Weretilneck resaltó el papel que cumplen las secretarías de Minería y de Ambiente y Cambio Climático «en este momento de cambios tan profundos en nuestra provincia, con un rol preponderante y definitorio en lo que viene».
En este sentido, Weretilneck destacó los 51 proyectos mineros, con Calcatreu como referencia; además de los proyectos estratégicos con la exportación de GNL, con las secretarías como estandartes en el control ambiental.
«Si bien queremos desarrollo minero, si bien queremos nuevas actividades económicas en el Golfo, todas estas políticas y actividades tienen objetivos comunes: que nuestra gente tenga empleo, generando desarrollo económico y nuevas actividades productivas», aseguró el gobernador y agregó que «nada de esto justifica no defender el medio ambiente, aplicando la normativa correspondiente».
El mandatario anunció también que, a partir de fondos del VMOS, la Provincia construirá un edificio de la Secretaría de Energía y Ambiente en Sierra Grande. «Necesitamos tener presencia fuerte en la zona, con mayores herramientas y personal cuidando nuestro ambiente», agregó.
Nuevas unidades para fortalecer el control y la fiscalización
Durante el mismo acto, se presentó la nueva flota vehicular compuesta por 14 camionetas 4×4 equipadas para tareas de inspección y monitoreo. Las unidades serán utilizadas por la Policía Minera y por los equipos técnicos de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, que realizan recorridas periódicas en distintos puntos del territorio provincial.
La secretaria de Ambiente y Cambio Climático, Judith Giménez, expresó su alegría por el crecimiento y el desarrollo de área de la mano del Gobierno Provincial, y dijo que «estamos muy contentos por todos los que vivimos esto desde el inicio y vimos como se fue concretando. Para nosotros, la entrega de estas nuevas camionetas a las áreas naturales protegidas es fundamental para reforzar el cuidado de nuestros recursos».
Por su parte, el secretario de Minería, Joaquín Aberastain Oro, celebró la adquisición de las nuevas camionetas, que se suma a distintas acciones que siguen nutriendo al organismo. «Hoy también tenemos un cuerpo de inspectores formados, profesionales y muy comprometidos, hemos crecido exponencialmente» y agregó que «todo esto es para lograr garantizar el control ambiental necesario para desarrollar los proyectos mineros».
La incorporación de este equipamiento permitirá mejorar las condiciones de trabajo en terreno, garantizar mayores niveles de seguridad y reforzar la presencia del Estado en cada zona productiva.
Avance tecnológico: digitalización de las Guías Mineras
En el marco de su política de modernización, el Gobierno de Río Negro anunció que próximamente se pondrá en marcha el Sistema de Guías Mineras Digital, una herramienta desarrollada por ALTEC que permitirá agilizar y transparentar el control del traslado de minerales en todo el territorio provincial, reemplazando el uso de formularios en papel y fortaleciendo los mecanismos de trazabilidad y control del sector.
Acompañaron la jornada la legisladora Natalia Reynoso; el legislador Ariel Bernatene, y la senadora Nacional Monica Silva, entre otras autoridades.
Judiciales
Pagó las 84 cuotas de un plan de ahorro y nunca le entregaron el vehículo
La empresa tendrá que devolverle el dinero e indemnizarlo por el incumplimiento.
Un hombre de Cipolletti se inscribió a un plan de ahorro con la expectativa de adquirir un Volkswagen Fox cero kilómetro. Abonó cada una de las 84 cuotas pero nunca le entregaron el vehículo. Impulsó un reclamo civil y obtuvo una sentencia favorable: la empresa tendrá que devolverle el dinero e indemnizarlo por el incumplimiento.
El plan, de tipo 70/30, se orientaba a la adquisición de un Volkswagen Fox Confortline, cinco puertas, motor 1.6. El contrato preveía 84 pagos mensuales y una vez cancelado, la empresa debía adjudicar el vehículo si el adherente cumplía con los requisitos establecidos. El ciudadano completó todos los pagos en marzo de 2017 y solicitó la unidad en varias oportunidades, sin obtener respuesta.
Ante la falta de información, remitió dos cartas documento. En la primera, pidió detalles sobre el procedimiento y los datos para concretar el pago del 30% restante. En la segunda, intimó a la empresa a entregarle el vehículo o devolverle las sumas abonadas. Ninguna de las misivas fue respondida.
La jueza del caso concluyó que el contrato se resolvió por un incumplimiento imputable a la empresa. Determinó que no existió comunicación fehaciente hacia el adherente sobre los sorteos, los requisitos para la adjudicación ni el resultado de la liquidación final. Tampoco surgió prueba alguna de que la firma hubiera notificado al consumidor sobre el avance o finalización del plan.
El fallo ordenó la devolución del total de las cuotas abonadas, con intereses desde la fecha de cada pago. También reconoció una indemnización por la privación de uso del rodado, al establecer que el ciudadano mantuvo durante más de un año la expectativa legítima de acceder al vehículo.
La sentencia incluyó una compensación por daño moral: valoró la frustración causada por el incumplimiento, luego de siete años de aportes cumplidos. Destacó la ausencia total de información por parte de la empresa, incluso después de las intimaciones formales.
Finalmente, la resolución impuso una multa por daño punitivo. La jueza consideró que la empresa actuó con desinterés frente a los derechos del consumidor y con un nivel de desinformación que justificó la sanción prevista por la Ley de Defensa del Consumidor.
La sentencia es de primera instancia y el fallo no está firme porque puede ser apelado. La empresa condenada es Volkswagen S.A de ahorro para fines determinados.
