Río Negro
Presentaron el Código de Tierras Fiscales Provinciales
Ahora será remitido al Parlamento rionegrino para su tratamiento sobre tablas.
El gobernador Alberto Weretilneck presidió hoy en el Salón Gris de Casa de Gobierno la presentación del Código de Tierras Fiscales Provinciales, que será remitido a la Legislatura para su tratamiento. La iniciativa tiene el objetivo de reemplazar un marco normativo con leyes dispersas y desactualizadas por un solo cuerpo, con previsiones modernas que otorguen las herramientas para el desarrollo productivo de la provincia.
Acompañaron al Mandatario, el secretario general de la Gobernación, Matías Rulli; los ministros de Gobierno, Luis Di Giácomo; de Obras y Servicios Públicos, Carlos Valeri; y de Seguridad y Justicia, Gastón Pérez Estevan; el secretario de Estado de Trabajo, Lucas Pica; el director de Tierras, Diego Lawrie y el asesor legal de la Dirección de Tierras, Enrique Álvarez Costa. También participaron las legisladoras Sandra Recalt y Graciela Vadebenito, autoridades provinciales y público en general.
El Ministro Di Giácomo destacó que el nuevo código demandó “el trabajo de más de un año por parte de un equipo de jóvenes, ayudados a la vez por la gente de mayor experiencia, de la Dirección de Tierras”.
Recordó que esta área cuando se llegó con la gestión del gobernador Alberto Weretilneck “era noticia por los allanamientos, los juicios, la aparición permanente de situaciones irregulares, y ahora no sólo se fue trabajando el día a día para llegar con respuestas a los pobladores y a las regiones, sino que se abordó la cuestión estratégica y de planificación con la redacción de este código”.
Señaló que la intención “es presentarlo ahora en la Legislatura y abrir el abanico de consultas a partir de allí, a las distintas organizaciones de la sociedad, los sectores profesionales involucrados en este tipo de cuestiones, las sociedades rurales, las comunidades originarias, los núcleos de pobladores o interesados, al igual que el ámbito académico”.
Dijo que “la idea es que este debate se extienda por todo el tiempo que sea necesario, para que finalmente en base a esta estructura básica que se elaboró desde la Dirección de Tierras, podamos llegar a un código que nos asegure una ocupación efectiva por parte del Estado provincial de lo que son nuestros recursos, con el cuidado del medio ambiente”.
Di Giácomo mencionó además que “hay áreas que seguramente van a tener muchísima discusión y debate, por ejemplo, nosotros hemos optado con respecto a lo que significa la tenencia y la cantidad de tenencia de tierras a favor de extranjeros o sociedades extranjeras, continuar con el régimen vigente de la provincia, ya que estamos viendo que la ley nacional tiene sus fluctuaciones hacia un lado y hacia otro”.
Contenido del Código
El asesor de la Dirección de Tierras, Enrique Álvarez Costa, explicó los ejes fundamentales del nuevo código, señalando que se reemplaza un marco normativo con leyes dispersas y vetustas por uno que congrega las disposiciones aisladas en un mismo cuerpo, con previsiones modernas y futuristas desde lo productivo.
Se crea así un compendio legal con proyección a los próximos 50 años y se transparentan los mecanismos a través de la publicidad de los actos vinculados a las tierras fiscales. No se admitirán excepciones al régimen, limitándose la discrecionalidad de los funcionarios que intervienen, siendo necesaria una ley especial para cualquier caso que escape a las previsiones contempladas.
Con la iniciativa se reforma el sistema de tasación en diversos aspectos; el precio de la tierra no será fijado por el funcionario a cargo de la Dirección de Tierras sino que surgirá de un trabajo interdisciplinario en el que converjan actores públicos y estatales.
Asimismo, se discrimina el valor de venta según condiciones subjetivas y objetivas, incorporando el concepto de precio de mercado a abonar en determinados casos. Entre otros ejes, mencionó que se realza la protección del medio ambiente, castigando a quien no cumpla con las directivas emanadas de la correspondiente autoridad de aplicación.
En este marco, Álvarez Costa destacó que se empodera a diversos Municipios a través de la facultad del Ejecutivo de transferir a su patrimonio las tierras fiscales provinciales ubicadas en sus cascos urbanos.
Dijo que de esta forma, se termina con décadas en las que las autoridades locales fueron rehenes de la Provincia a la hora de querer diseñar el crecimiento de sus ciudades y administrar las tierras de sus ciudadanos y, consecuentemente, se agiliza el acceso a la vivienda en dichos poblados.
Indicó que “se establece un mecanismo ágil y transparente para que puedan acceder al título de propiedad los pobladores rurales que han ocupado por 20 años o más el campo y mantenido en producción el mismo así como se otorgará igual beneficio a quienes se asentaron y construyeron su hogar en las Comisiones de Fomento”.
“De esta forma, se brinda seguridad jurídica en la tenencia de la tierra, cumpliéndose con un mandato que se plasma en el derecho internacional y posee plena vigencia en el ámbito interno”, señaló.
Por otra parte, se prevé la posibilidad de entregar en uso y explotación campos ubicados en áreas naturales protegidas pero manteniendo la propiedad de la tierra en cabeza de la Provincia.
Álvarez Costa explicó respecto a la realidad actual en esta temática que “el marco legal se divide en dos grandes ejes, el ámbito rural con la ley Q 279 y el ámbito urbano la ley 1452”.
Asimismo, indicó que “en el ámbito rural entre campos, chacras e islas tenemos aproximadamente 3.500.000 de hectáreas y en la región urbana administramos la totalidad de los ejidos de comisiones de fomento y parte importante de cascos urbanos de algunos municipios”.
Recordó que Ley Q 279 fue sancionada en 1961 y tenía un fin colonialista, de fomentar el arraigo rural y asentamiento de nuevas familias productoras.
Indicó que de esa norma quedó desactualizado que sólo se permitían como rubros productivos la agricultura, ganadería y forestación, pero “en la actualidad tenemos muchos requerimientos para otras actividades, por ejemplo, el turismo rural, la producción minera, principalmente a través de la explotación de canteras, y el turismo tradicional”, entre otros.
Establecer un código permite congregar previsiones para el ámbito rural y urbano en una misma ley, reúne normas dispersas y modificaciones generadas aisladamente, elimina cualquier vestigio de antagonismo y brinda armonía y coherencia administrativo – legal.
De esta manera, el plan de regularización que se plantea en la zona rural prevé un cristalino mecanismo de adjudicación que posibilita lograr el título de propiedad a familias rurales de probado asentamiento y producción así como a habitantes de Comisiones de Fomento que hayan construido su hogar. Así se otorga seguridad jurídica en la tenencia de la tierra a los pobladores con probada ocupación al 31/12/2015.
Respecto a la regularización en la zona urbana, se plantea una adjudicación directa del título de propiedad con los requisitos de 5 años de antigüedad, vivienda con condiciones de higiene y habitabilidad, terreno mensurado y no tener otra parcela afectada a mismo destino en misma Comisión de Fomento, mientras que se contempla una adjudicación indirecta que otorga plazo para quienes no cumplan todos los requisitos y exige un piso de 5 años de ocupación.
Respecto al precio de la tierra, surgirá de un Cuerpo Interdisciplinario integrado por sector público y colegios profesionales idóneos en tasaciones, se prevé la participación técnica de universidades y otras entidades académicas; un valor de venta venal o de mercado para sociedades comerciales y un valor diferenciado para personas físicas según factores objetivos, como la ubicación del inmueble, acceso a vías de comunicación, cursos de agua, belleza escénica, etc., y factores subjetivos: antigüedad del ocupante, mejoras introducidas, gastos de mensura, residencia efectiva, etc.
Concluyó que se reemplaza un desactualizado marco legal por un andamiaje normativo moderno, transparente, rígido y coherente, pensado con múltiples propósitos, se adecúan las leyes a las demandas actuales; se prevén las herramientas para el desarrollo productivo de la Provincia de las próximas generaciones; se protege el patrimonio público, limitando la discrecionalidad en la toma de decisiones de los funcionarios intervinientes; se otorga transparencia y publicidad a las titularizaciones y se enfatiza la protección del medio ambiente.
Judiciales
Violencia económica: Un fallo impuso capacitación sobre masculinidades al progenitor y a su abogado
El hombre incumplió acuerdos de pago durante más de dos años y solo abonó una de las cuotas pactadas para saldar la deuda.
Una mujer de Cipolletti acordó en 2023 que el padre de su hijo le pagaría una cuota alimentaria equivalente al 30% del Salario Mínimo, Vital y Móvil. El convenio se firmó en el ámbito de los Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos. Desde el inicio, sin embargo, el cumplimiento fue parcial.
Con el tiempo, la situación se repitió. La mujer debió iniciar actuaciones judiciales para ejecutar el acuerdo. Denunció que el progenitor no pagaba de manera regular, pese a trabajar. Cada reclamo derivaba en una nueva intimación y, a continuación, en una nueva promesa de pago que tampoco se cumplía.
El padre se presentó en la causa y argumentó que atravesaba dificultades laborales y económicas. Dijo desconocer el monto exacto de la deuda y pidió que fuera la propia mujer quien calculara el monto. Ofreció pagar en cuotas y manifestó su «voluntad de pago». La jueza observó que la cuota se había pactado como un porcentaje del Salario Mínimo, un dato público y de fácil acceso, por lo que la cifra resultaba simple de determinar.
La mujer practicó la liquidación de lo adeudado entre 2023 y 2025. Sobre esa base, las partes alcanzaron un nuevo acuerdo de pago en cuotas. El progenitor volvió a incumplir: abonó solo una de las cuotas comprometidas.
Ante los reiterados incumplimientos, la mujer solicitó la inscripción del progenitor en el Registro de Deudores Alimentarios y la suspensión de su licencia de conducir. Él se opuso. Sostuvo que una propuesta laboral exigía conducir vehículos y que la suspensión del carnet frustraría esa posibilidad. La jueza compulsó los registros oficiales y verificó que el progenitor ya figuraba en una relación de dependencia que no había informado en el expediente.
La resolución analizó el caso con perspectiva de género. La jueza, titular de la Unidad Procesal Nº 11 de Cipolletti, señaló que el incumplimiento alimentario por parte del progenitor no conviviente constituye una forma de violencia económica hacia la madre. Recordó que la mujer cargó con el sostén cotidiano del hijo y, además, con la obligación de instar de manera permanente el cumplimiento de la prestación.
El fallo citó la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño y el artículo 553 del Código Civil y Comercial, que habilita al juez a imponer medidas razonables para asegurar la eficacia de la sentencia alimentaria.
La jueza dispuso la retención directa de la cuota alimentaria por parte de la empleadora del progenitor. Ordenó también que tanto el alimentante como su abogado patrocinante realizaran el Programa de Masculinidad y Violencia de la Subsecretaría de Articulación de Políticas del Ministerio de Seguridad y Justicia de Río Negro, cuyo objetivo es promover espacios de reflexión y responsabilización.
La resolución explicó por qué la medida formativa alcanzó también al letrado. La jueza sostuvo que evitar los hechos de violencia de género depende en gran medida de erradicar los patrones socioculturales que la perpetúan, y que por eso resulta esencial la formación en derechos humanos de las mujeres. Sobre esa base, advirtió que la defensa introdujo planteos que, bajo la forma del derecho de defensa, obstaculizaron el cumplimiento efectivo de la prestación e impusieron cargas adicionales a la madre. La magistrada citó a la autora Mariel Molina de Juan, quien advierte que la dificultad para detectar la violencia económica responde a la naturalización de patrones culturales instalados también entre los operadores del derecho. Con ese argumento, la jueza ubicó al abogado dentro de ese colectivo y entendió que la capacitación debía comprenderlo.
La obligación rige para ambos, con consecuencias distintas según el rol. El inicio del programa debe acreditarse en un plazo de treinta días. Si el alimentante incumple, el fallo prevé la aplicación de una multa, la suspensión del carnet de conducir o la intervención del fiscal por desobediencia judicial. Si incumple el letrado, la resolución dispone poner el hecho en conocimiento del Colegio de Abogados.
La resolución advirtió al progenitor que, ante un nuevo incumplimiento de la cuota, se dispondrá sin más la suspensión de su licencia de conducir. La inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios quedó supeditada al resultado de la ejecución de la deuda liquidada en la causa.
Deportes
Comenzaron los Juegos Rionegrinos 2026
Más de 18.000 estudiantes convencionales y con discapacidad de toda la provincia se disputarán en distintas disciplinas.
Iniciaron los Juegos Rionegrinos 2026 con las fases clasificatorias correspondientes a la etapa local con participación de hasta 68 localidades. En este marco, más de 18.000 estudiantes convencionales y con discapacidad de toda la provincia se disputarán en distintas disciplinas. Los juegos son organizados por el Ministerio de Educación y Derechos Humanos junto a la Secretaría de Juventud, Cultura y Deporte.
En Viedma, el básquet 3×3 abrió la competición provincial durante la primera semana de junio. Con el correr del mes, se suman los municipios de Cipolletti, Río Colorado, General Roca, Allen, General Conesa, Luis Beltrán, y Bariloche, dando inicio al resto de los deportes.
Los jóvenes de entre 12 y 18 años, en representación de sus respectivos establecimientos educativos, compiten en handball, vóley, mini vóley, ringo, break dance, básquet 3×3, atletismo convencional y adaptado, y circuito de habilidades motoras para personas con discapacidad. La variedad de disciplinas en las que miles de estudiantes son partícipes desde cada punto del territorio provincial, integran educación y deporte en conjunto, con propuestas accesibles para todos, que promueven la competencia sana, la diversión, y el compañerismo.
La fase local comprende alrededor de dos mil equipos que buscan clasificarse a la segunda etapa del torneo, la fase zonal, a disputarse entre agosto y octubre, en donde se agruparán distintas regiones de Río Negro. Posteriormente, los clasificados de las zonales jugarán la tercera, y definitiva, fase del certamen: la gran final en San Carlos de Bariloche. Esta instancia se disputará del 16 al 19 de noviembre, abarcando una fiesta deportiva que reunirá a chicos y chicas de cada punto de la provincia.
Luego del éxito de los Juegos Rionegrinos 2025, el programa coordinado por el Ministerio de Educación y Derechos Humanos, y la Secretaría de Juventud, Cultura y Deporte, vuelve a impulsar el desarrollo humano y las habilidades deportivas, fomentando espacios de compañerismo en la que niños, niñas y adolescentes de más de 400 establecimientos educativos, se reúnen, juegan y participan en distintas disciplinas.
Policiales
La reparación de zona desfavorable ya llegó a casi 7.000 agentes policiales de Río Negro
Hasta el momento, el Estado provincial abonó un total de $14.886 millones.
El Gobierno de Río Negro sigue con el cumplimiento de la reparación extraordinaria por las liquidaciones del adicional de zona desfavorable del personal policial, una política que ya alcanzó a 6.976 agentes activos, retirados y pensionados en toda la provincia, con una inversión acumulada superior a los $27.000 millones.
En el caso de los policías activos que adhirieron voluntariamente al acuerdo de pago impulsado por la Provincia en el marco de la Ley 5715, el beneficio alcanzó a 3.416 agentes. Hasta el momento, el Estado provincial abonó un total de $14.886 millones.
La reparación destinada a agentes activos comenzó a abonarse en mayo de 2024 y, a la fecha, la Provincia ya completó la cancelación de 2.880 liquidaciones correspondientes a expedientes abiertos.
Por otra parte, en septiembre de 2025, por decisión del Gobernador Alberto Weretilneck, el reconocimiento de esta diferencia se extendió a policías retirados y pensionados, ampliando el alcance de una medida que reconoce la trayectoria y el servicio prestado por quienes dedicaron su vida al cuidado de las y los rionegrinos.
Desde entonces, la Provincia ya abonó $12.976, millones, alcanzando a 3560 agentes retirados y pensionados.
El esquema de pago para retirados y pensionados fue diseñado contemplando distintas situaciones etarias, con el objetivo de brindar respuestas acordes a cada realidad. En el caso de personas mayores de 80 años, el pago se realizó en una única cuota, priorizando a quienes requerían una respuesta más inmediata. Para el resto de los grupos, se establecieron planes de 3, 6, 9, 12 y 18 cuotas, según la edad de las personas beneficiarias.
En detalle, los planes se instrumentaron de la siguiente manera: en 3 cuotas para personas de entre 76 y 79 años; en 6 cuotas, entre 71 y 75 años; en 9 cuotas, entre 66 y 70 años; en 12 cuotas, entre 61 y 65 años; y en 18 cuotas, para personas de 60 años o menos.
