Judiciales
Condenaron al hombre que agredió e intentó matar a su pareja e hija menor de edad
Habían solicitado 15 años de prisión, pero por más que no la sentencia fue menor, la Fiscal de Cámara destacó el fallo.

La Cámara Primera en lo Criminal de General Roca condenó a un hombre a la pena de 10 años de prisión por agredir a su pareja en un contexto de violencia de género y por intentar dar muerte a ella y a la hija de ambos, menor de edad. El imputado se encuentra detenido en el Establecimiento de Ejecución Penal N° 2 de General Roca.
La Cámara, sostuvo en su totalidad la acusación y los fundamentos que efectuó la fiscal durante su alegato, destacando la contundencia del mismo y la valoración de la prueba producida en el debate como la que se incorporó por lectura, elementos que fueron destacados por la representante del Ministerio Público Fiscal.
Las lesiones, el homicidio en grado de tentativa agravadas por mantener con la víctima relación de pareja y mediar la violencia de género con la privación ilegítima de la libertad agravada por la violencia y amenazas, fueron debidamente acreditadas, a partir de los dichos de la víctima, los certificados médicos, el informe del Cuerpo Médico Forense, la pericia psicológica, las declaraciones testimoniales del personal policial que concurrió al lugar del hecho, el acta de procedimiento policial y el croquis ilustrativo.
La violencia de género quedó acreditada a partir de la mecánica y desarrollo de los hechos, abonándose también tal agravante a partir de que «no fue la primera ni la única vez que esto ocurría», según dichos de la víctima conforme a la denuncia en el marco de la Ley 3040. Además, se suma el trabajo del equipo de la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI), dependiente del Ministerio Público Fiscal, que permitió dar con la visión de la violencia de manera interdisciplinaria.
El hecho llevado a juicio ocurrió el 15 de enero de 2016 en la ciudad de Allen, alrededor de las de las 3.00 horas en circunstancias en que el imputado junto a su pareja y a su hija menor de edad en el domicilio que compartían, el joven comenzó a agredir físicamente a la misma con golpes de puño en el rostro y en el cuerpo. Con la intención de dar muerte a su pareja y a la hija de ambos, el encartado habría cerrado con llave la puerta de ingreso a la vivienda, para luego abrir las hornallas de cocina dejando salir el gas, no pudiendo consumar el hecho por cuestiones ajenas, dadas por el auxilio de la víctima y los vecinos; y la llegada de la unidad policial 33º al lugar, quiénes procedieron a detenerlo.
«Es importante destacar que la Fiscalía logró probar la existencia histórica y la autoría del hecho en el contexto de violencia de género» destacó la Fiscal de Cámara, Graciela Echegaray, por este motivo el Tribunal compartió e hizo suyos los argumentos de la Fiscalía de Cámara.
Por ser un caso complejo relacionado con la violencia de género, la retractación de la víctima fue fundamental a hora de valorar las pruebas recolectadas, remarcó Echegaray. Al respecto agregó «este tipo de delitos se investiga de una manera especial, siempre en todos los hechos, la declaración de la víctima es absolutamente importante. Lamentablemente, en muchos casos, como éste, ocurre la retractación. Aún con la misma, los jueces pudieron valorar el plexo probatorio como lo ha hecho en forma ejemplar, acompañando el alegato acusatorio y por tal motivo se arriba a esta sentencia condenatoria».
Cabe destacar, que la calificación legal solicitada por la Fiscal de Cámara fue la de «lesiones leves agravadas por mantener con la víctima relación de pareja y mediar violencia de género, en concurso real con homicidio agravado por mantener con la víctima relación de pareja y mediar violencia de género en grado de tentativa e ideal con tentativa de homicidio; todo en concurso real con privación ilegítima de la libertad agravada por la violencia y amenazas»; éste ultimo delito fue ampliado por la fiscal durante el debate.
Judiciales
Compró un iPhone, lo envió por encomienda y llegó la caja vacía: La Justicia condenó a la empresa transportista
El destinatario, un vecino de Roca, recibió el paquete abierto y sin el teléfono. La firma no respondió el reclamo.

Lo que debía ser un simple envío terminó convertido en un conflicto judicial. Un hombre de General Roca había comprado un iPhone 14 Pro Max nuevo para regalárselo a una amiga y, como en ocasiones anteriores, optó por enviarlo mediante un servicio de encomiendas desde la terminal local. Sin embargo, esta vez el paquete no llegó como debía.
Cuando la destinataria se acercó a retirar la encomienda, encontró la caja abierta y sin el dispositivo en su interior. Sorprendida, realizó el reclamo en el momento, pero la empresa de transporte no le ofreció ninguna respuesta.
Frente a la falta de soluciones, el comprador decidió iniciar una demanda por daños y perjuicios. En su presentación sostuvo que la firma incumplió el contrato de consumo al no garantizar la entrega en condiciones adecuadas. Tras analizar el caso, el fuero Civil de Roca le dio la razón y ordenó a la firma transportista indemnizarlo.
En el fallo, el juez remarcó que las relaciones de consumo deben interpretarse bajo el principio de protección al consumidor, que exige buena fe contractual, información clara sobre los servicios y cumplimiento estricto de las obligaciones asumidas. La empresa, además, no contestó la demanda y quedó en rebeldía, lo que permitió dar por acreditados los hechos tal como fueron relatados por el afectado.
El testimonio de la mujer que retiró el paquete fue clave: confirmó que el envío estaba correctamente embalado, describió la apertura visible de la caja al momento de recibirla y detalló la falta de respuesta de la firma ante sus reclamos. También mencionó que ya había usado el servicio en otras oportunidades sin problemas.
Finalmente, el juez concluyó que la empresa incumplió sus obligaciones contractuales y vulneró los derechos previstos en la Ley de Defensa del Consumidor y el Código Civil y Comercial. Recordó que en estos casos rige un régimen de responsabilidad objetiva para el proveedor, quien debe garantizar que la mercadería llegue en las condiciones pactadas.
Judiciales
Detectaron faltantes en la bóveda de un casino y confirmaron el despido
Las cámaras de videovigilancia registraron ingresos no autorizados a la bóveda, movimientos que obstruyeron la visión de los dispositivos de seguridad y manipulación indebida de contenedores con recaudaciones

Una trabajadora del casino Crown de Cipolletti fue despedida luego de que una auditoría interna detectara maniobras irregulares en el manejo de dinero. Las cámaras de videovigilancia registraron ingresos no autorizados a la bóveda, movimientos que obstruyeron la visión de los dispositivos de seguridad y manipulación indebida de contenedores con recaudaciones. La Cámara del Trabajo de Cipolletti confirmó la validez del despido con causa dispuesto por la empresa.
La persona se desempeñaba en el área de Tesorería del casino y contaba con acceso directo a los sistemas de resguardo de valores. Según el fallo, durante varias jornadas se detectaron diferencias entre los montos informados como recaudación en mesas de juego y los valores efectivamente encontrados al realizar el conteo. Las grabaciones mostraron una secuencia reiterada de ingresos en soledad a la bóveda, manipulación de drop box sin autorización y acciones contrarias a los protocolos internos.
Al momento de retirarse del establecimiento, la trabajadora fue interceptada por personal de seguridad. En presencia de un escribano se constató que llevaba consigo una suma importante de dinero, sin haberla declarado previamente al ingresar, tal como lo exigían las normas internas de la empresa. La empleadora consideró que estos hechos configuraron una violación de los deberes de buena fe, diligencia y lealtad, y notificó el despido con causa mediante acta notarial.
Durante el proceso judicial, testigos del área de vigilancia, seguridad y administración relataron que las diferencias de dinero sólo se produjeron cuando la trabajadora cumplía turno en el área. También indicaron que no existía ninguna necesidad operativa para los movimientos que realizaba dentro de la bóveda, y que el comportamiento registrado en las cámaras se repitió durante varias jornadas consecutivas.
El voto mayoritario del fallo destacó que la empleadora actuó de manera inmediata al constatar las irregularidades y que comunicó la decisión en forma clara y fundada. El tribunal valoró la prueba testimonial, documental y técnica, y concluyó que la conducta de la trabajadora resultó incompatible con las funciones que desempeñaba y con los niveles de confianza que exige el manejo de fondos.
Con esos fundamentos, la Cámara del Trabajo resolvió rechazar la demanda iniciada por la trabajadora y confirmó la legalidad del despido con causa comunicado por el casino Crown.
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Acuerdo Institucional: Ricardo Apcarian presidirá el Superior Tribunal desde febrero
El magistrado ya había ocupado la Presidencia del máximo órgano judicial provincial en 2021.

El Superior Tribunal de Justicia se reunió en Acuerdo Institucional y designó autoridades para el año judicial que comenzará el 1 de febrero de 2026. El juez Ricardo Apcarian presidirá el máximo órgano judicial provincial, según quedó estipulado en la Acordada 33/2025.
La Ley Orgánica establece que «la Presidencia del Superior Tribunal de Justicia será ejercida anualmente por el juez o la jueza que el mismo Cuerpo designe en la primera quincena de diciembre de cada año. En la misma oportunidad se establecerá el orden en que sus integrantes reemplazarán la Presidencia en caso de ausencia u otro impedimento».
En cuanto al orden de subrogancias en la presidencia se dispuso en primer término al vocal Sergio Barotto, en segundo a Liliana Piccinini, luego Sergio Ceci y por último a la actual presidenta, Cecilia Criado.
También se dispusieron los jueces y juezas delegadas en cada circunscripción. Se mantienen en la Primera Liliana Piccinini, en la Segunda Sergio Barotto. Sergio Ceci estará a cargo de la Cuarta y la Tercera Circunscripción tendrá como jueza delegada a Cecilia Criado.
La resolución también asigna las representaciones institucionales para el período. En el Foro Patagónico de Superiores Tribunales participarán Sergio Barotto y Sergio Ceci. La Presidencia del Superior Tribunal representará al Poder Judicial ante la Junta Federal de Cortes y ante el Foro Federal de los Consejos de la Magistratura, además de ejercer la representación ante la Justicia de Paz, el Centro de Documentación Jurídica y la Oficina de Derechos Humanos y Género.
Por su parte, Barotto encabezará la Escuela de Capacitación Judicial, mientras que Apcarian hará lo propio en el Comité de Informatización.





