Río Negro
Aprueban reforma de la ley orgánica de la Policía de Río Negro
Para el FpV la nueva ley es «mediocre». Lamentaron la falta de debate del proyecto y cuestionaron que la reforma se haya tratado en una sesión extraordinaria.
La Legislatura de Río Negro sancionó este viernes la reforma de la ley orgánica de la Policía de Río Negro. La iniciativa del Ejecutivo fue aprobada por mayoría, con la oposición del bloque del Frente para la Victoria.
Según argumentaron los legisladores de Juntos Somos Río Negro, «la ley diferencia las funciones de la Policía entre la prevención y seguridad, por un lado, y las investigaciones judiciales por otro. Avanza en la protección irrestricta de los Derechos Humanos, en la especialización profesionalizada del personal policial en cada agrupamiento y especialidad, en la incorporación del personal civil, sin estado policial, al ejercicio de funciones administrativas dentro de la institución».
«También incorpora una modificación parcial del funcionamiento del tribunal de Disciplina, la creación del defensor oficial letrado y el escalafonamiento del personal de tránsito y unidades especiales de la Provincia», agregaron.
La legisladora Tania Lastra, miembro informante del oficialismo, destacó entre las modificaciones de mayor relevancia la creación de la policía de investigaciones judiciales, con dependencia administrativa y jerárquica del jefe de Policía, a través de la figura del director de investigaciones judiciales.
En general, definió a la reforma como “un gran paso y avance en el cambio de los paradigmas, no sólo en el importante rol de acompañar la experiencia venidera del sistema procesal penal acusatorio, sino también en miras de mejorar el servicio, partiendo desde el reconocimiento y otorgamiento de oportunidades de crecimiento interno, el desarrollo de sus carreras con amplitud y tranquilidad, direccionado por la profesionalización y especificidad de las funciones que involucra al recurso humano de la Policía, y de ahí en más avanzar en afianzar la calidad de la seguridad ciudadana desde el rol que esta institución ocupa”.
Entre otros cambios que incluye la ley, mencionó el que otorga la posibilidad a personal civil de ejercer la conducción de la Dirección General de Recursos Materiales y Financieros. También señaló que se busca implementar la profesionalización de la Fuerza, proceso que se inició con la puesta en funcionamiento de la Comisaria de la Mujer en General Roca, San Carlos de Bariloche, Viedma, la Unidad de Victimas Especiales (U.V.E), Oficinas Tutelares diseminadas en la provincia.
La iniciativa fue acompañada por el bloque radical y por el del frente progresista. Soraya Yauhar consideró “necesaria” la reforma y Daniela Agostino lo acompañó con reparos, consideró que el proyecto es “perfectible”.
El bloque del Frente para la Victoria se opuso a la reforma. Mario Sabbatella calificó al proyecto de “mediocre”. Consideró que se debería haber debatido con mayor profundidad y dudó que haya sido elaborado por expertos. Focalizó sus críticas en la integración del tribunal de disciplina que prevé la ley, cuestionó que lo compongan abogados que forman parte de la misma estructura policial, consideró que la ley debería prever el control de órganos externos. También criticó que se hable de profesionalización de la fuerza pero no se exija título especializado para ocupar cargos de conducción.
Marcelo Mango también lamentó la falta de debate del proyecto y cuestionó que la reforma se haya tratado en una sesión extraordinaria. Entre diversos cuestionamientos a distintos artículos de la iniciativa, se refirió a la falta de definiciones de ciertos conceptos que establece la ley, como el de “orden”, advirtió que podrían permitir el uso discrecional de la fuerza. También criticó la integración del tribunal de disciplina y se refirió a la falta de herramientas de control externo.
Judiciales
Un emoji en redes sociales terminó en una prohibición de contacto entre dos vecinos
El conflicto se desató luego de que un hombre reaccionara con ‘me divierte’ al comentario que la pareja de otro vecino publicó sobre su remisería.
Lo que empezó como una simple reacción en redes sociales derivó en una causa contravencional, una audiencia en el Juzgado de Paz de Sierra Grande y la imposición de medidas de restricción entre dos vecinos.
El conflicto se desató luego de que un hombre reaccionara con un emoji al comentario que la pareja de otro vecino publicó sobre su remisería. El ícono representaba un ‘me divierte’. Esa interacción digital generó malestar y escaló rápidamente: según el denunciante, la situación derivó en actos de hostigamiento y mensajes que afectaron su tranquilidad.
Ambos vecinos fueron citados a audiencia. Allí se ratificó la denuncia y pidió que cesaran los actos molestos, tanto personales como a través de redes sociales. Por su parte, el otro hombre negó haber hecho amenazas y sostuvo que únicamente le pidió una explicación por el emoji que había reaccionado al comentario sobre su remisería. Incluso presentó los mensajes que él mismo envió.
La jueza de Paz analizó el caso y concluyó que los hechos denunciados encuadran en el artículo 40 de la Ley D 5592/22, que sanciona actos de intimidación, acoso o amenazas que alteren la tranquilidad o seguridad de las personas. Destacó que el Estado debe actuar con «debida diligencia reforzada» frente a conflictos que, aun originados en espacios digitales, puedan derivar en situaciones de violencia.
Como resultado, la magistrada ordenó medidas preventivas, cautelares y provisorias para ambas partes: prohibición total de contacto por cualquier vía -verbal, telefónica, digital o por redes sociales-, tanto de manera directa como a través de terceros, y la prohibición de difundir comentarios o publicaciones relacionadas con el conflicto.
La Comisaría fue notificada para controlar el cumplimiento de la medida. Además, la jueza exhortó a ambos vecinos a evitar provocaciones, no exponer públicamente el conflicto y recurrir a mecanismos institucionales como la mediación comunitaria o programas de prevención de la violencia.
El fallo advierte que cualquier incumplimiento puede derivar en sanciones que van desde una amonestación hasta trabajo comunitario, multa o arresto.
Judiciales
Fallo limitó los descuentos con tasas poco claras que afectaban a una docente de Río Negro
La mujer tomó préstamos personales para sostener la economía familiar tras una separación, pero con el tiempo los descuentos automáticos superaron el total de su haber mensual.
Una docente de Río Negro con dos hijos a cargo ingresó en una espiral crediticia que llegó a absorberle completamente su salario. Tomó préstamos personales para sostener la economía familiar tras una separación, pero con el tiempo los descuentos automáticos superaron el total de su haber mensual. Los contratos se gestionaban por canales virtuales, incluso por WhatsApp, sin firmas presenciales ni entrega de documentación. Luego de varios reclamos sin respuestas, inició una demanda en el fuero civil de Bariloche.
La sentencia declaró la nulidad parcial de los contratos, ordenó readecuar los intereses y fijó un límite del 20% del salario para futuros descuentos. También determinó que las cuotas deberán calcularse con la tasa pasiva promedio del Banco Central, sustancialmente inferior a la aplicada originalmente.
En su presentación judicial, la docente explicó que nunca recibió copias de los contratos ni información detallada sobre las condiciones. Solo sabía que cada mes, su recibo de sueldo llegaba con retenciones que carecían de explicaciones claras. En agosto de 2024, tras regresar de una licencia sin goce de haberes, su salario volvió a activarse. Pero fue absorbido por completo: los débitos de distintas mutuales superaron el millón de pesos.
La resolución alcanzó a la Asociación Mutual de Servidores Públicos de Río Negro (AMSU) y a la Unión Provincial Asociación Mutual (UPAM), ambas condenadas a readecuar los contratos tras no acreditar el cumplimiento de los deberes de información previstos en la Ley de Defensa del Consumidor. El fallo remarcó que ninguna de las entidades aportó documentación respaldatoria ni desgloses de los descuentos aplicados.
El fallo analizó los recibos de sueldo aportados y comprobó que los descuentos se realizaban bajo conceptos genéricos, sin detalle de intereses, capital ni cuotas. También subrayó que las condiciones de contratación no respetaban lo establecido en la normativa vigente. El deber de información, señaló el tribunal, no es una formalidad: es la base del consentimiento válido.
Además, se destacó una práctica extendida entre trabajadores del Estado: acceder a créditos rápidos, con mecanismos de aprobación exprés y cobro directo desde el salario, sin evaluación del impacto económico en el hogar. En este caso, ese mecanismo dejó a la mujer sin ingresos, sin documentación para reclamar y con su salud afectada.
El Tribunal entendió que los descuentos desmedidos, sin respaldo documental ni mecanismos de control, vulneran derechos básicos como la subsistencia, el acceso a la salud y el interés superior de los hijos a cargo. La sentencia de primera instancia no está firme porque puede ser apelada.
Río Negro
Río Negro comienza la eliminación del pasivo de transformadores con PCB’s
Se trata de aproximadamente 70 transformadores que fueron retirados a partir del año 2012.
La Provincia inició el operativo para eliminar el pasivo de transformadores con restos de PCB´s almacenados en Hiparsa, mediante su acondicionamiento y traslado a una planta especializada en Francia para su tratamiento final.
Comenzaron las tareas para eliminar de manera definitiva los pasivos ambientales vinculados a aproximadamente 70 transformadores contaminados con PCB que permanecían almacenados en el predio de Hiparsa S.A., en Sierra Grande. La acción forma parte del plan provincial de gestión de pasivos históricos y busca garantizar un tratamiento seguro y acorde a la normativa internacional.
La medida se concreta a partir del trabajo articulado entre la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, la Subsecretaría de Ambiente de la Nación y la empresa Hiparsa, permitiendo avanzar hacia la solución final de estos residuos mediante su traslado a una planta especializada en el exterior. Por la concentración original del contaminante y su reglamentación específica, esta es la única vía autorizada para su eliminación segura.
El plan operativo incluye el acondicionamiento de las carcasas de transformadores que permanecían bajo custodia de Hiparsa -cuyos aceites con PCB fueron retirados en 2012-. Los componentes sólidos serán embalados en big bags de estándar internacional y consolidados en contenedores marítimos dentro del predio, con supervisión de Aduana y Prefectura. Luego serán trasladados al puerto para su embarque con destino a Francia, donde la empresa Trédi ejecutará procesos de descontaminación en autoclave e incineración de alta temperatura, garantizando la eliminación segura y total del contaminante.
El proceso cuenta con financiamiento del Proyecto PNUD ARG20/G27, que cubre la logística, el transporte y el tratamiento en la planta de destino. Una vez certificada la eliminación, la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático gestionará la baja correspondiente en el Registro Nacional Integrado de Poseedores de PCB (RENIPP), completando así una instancia clave en la gestión ambiental de la provincia.
