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Gremios

«Nosotros no nos sacamos fotos en cada reunión con el gobierno»

Lo dijo Scalesi durante el desarrollo de una nueva reunión de la Mesa Directiva Provincial de UPCN en Viedma el pasado viernes.

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El encuentro dio inicio pasado el mediodía hasta aproximadamente las 20.00 horas  de ayer y contó con la participación de la mayoría de los integrantes de la Mesa Directiva Provincial de la UPCN. El secretario general, Juan Carlos Scalesi, inició el encuentro pidiendo un minuto de silencio en memoria de Hugo Muñoz, quien «desde los años ’70 no cesó en su perseverancia de proponer a los distintos gobiernos la creación de instituciones en beneficio de los trabajadores y a veces se llevó la peor parte, porque era insistente en los proyectos y eso no le granjeaba simpatías. Pero ahí estuvo siempre, llevando adelante la bandera de la solidaridad, la estabilidad y los beneficios para todos y cada uno de los compañeros estatales», dijo.

Durante la reunión se trataron temas diversos de actualidad gremial, de la coyuntura y las propuestas que ya se están elaborando para más adelante. Alguna de ellas presentadas al gobierno provincial y otras que se desarrollan a partir del trabajo conjunto de los dirigentes que integran las distintas comisiones del gremio. Antes de los tratamientos específicos, Scalesi hizo un recorrido histórico por los distintos escenarios que los trabajadores pasaron en estas últimas décadas, destacando la creación del Consejo Provincial de la Función Pública. «Fue instituido durante la peor crisis financiera de la provincia, donde la UPCN se hizo cargo y acompañó al entonces gobernador Pablo Verani en la búsqueda de una salida a ese momento extremadamente difícil, sin dejar a ningún trabajador en la calle», sostuvo.

«Por eso, cuando otros dirigentes despotrican contra el Consejo de la Función Pública primero y luego los mismos quieren ser parte de él fácilmente, yo recuerdo que los únicos que estuvimos allí, poniendo el cuero y acompañando a la búsqueda de la salida de la feroz crisis, defendiendo cada puesto de trabajo, fuimos nosotros», dijo Scalesi.

«El entonces gobernador convocó a todos los gremios a esa mesa de crisis, pero los únicos que nos quedamos fuimos nosotros, la UPCN», remarcó el secretario general. «Nos criticaron incluso por eso, los mismos que hoy quieren ser parte -agregó el dirigente-, pero la UPCN fue el único gremio que puso la piel ahí y salimos delante de la peor crisis con la planta de trabajadores intacta».

«Y a través de ese Consejo de la Función Pública, cuya mayoría tiene el gobierno, pudimos llevar adelante muchos de los proyectos para los trabajadores. Porque esa es una fortaleza de la UPCN que, además de los reclamos a la patronal, siempre trabajamos en propuestas, en llevar a los trabajadores beneficios, como la capacitación y formación, por ejemplo. La oportunidad de profesionalizarse que tiene el compañero trabajador a través del IPAP, es un logro gremial importantísimo que surge también en la Mesa de la Función Pública pero tiene una larga historia gremial previa», resaltó Scalesi.

«Y reflexionamos acerca de todo esto porque hay que recordar a los compañeros que, aunque falta mucho aún, todo lo que hoy es de los trabajadores (como el IPAP, el IPROSS, el FOS, etc) no nos fue donado. Todo costó muchísimo trabajo y lucha gremial. Nada nos fue regalado a los trabajadores y eso tienen que tener en cuenta, sobre todos los compañeros más jóvenes que recién empiezan su camino gremial», sostuvo el dirigente gremial para cerrar su introducción al encuentro.

«Los acuerdos salariales son apenas una parte –importante, sí- de las peleas gremiales que se llevan adelante y siempre se trabaja en pos de todos los compañeros, más allá del partido que esté en el Ejecutivo. Durante el encuentro también se vieron temas sobre la capacitación y el trabajo que debe hacerse en la carrera administrativa, para que se cumpla la Ley que tanto costó. Los trabajadores que hoy se forman a través de una carrera en el IPAP, son quienes estarán mañana aquí y la capacitación y formación que hoy se ofrece a los compañeros en el IPAP, es el fruto de un trabajo de años de la UPCN, es un logro que costó mucho esfuerzo y horas de planificación, diálogo y acuerdos», añadió. Actualmente se está actuando sobre el proyecto de la Universidad para los trabajadores. Desde el gremio se acercó la primera propuesta y estamos gestionando para llevarla adelante.

Otro de los temas tratados fue el de los becados, en cuya propuesta está trabajando la UPCN y el pago de guardias a los agentes de Salud. Una de las integrantes de Mesa Directiva recordó que la propuesta de unificar las guardias al sueldo se trabajó desde la UPCN hace ya tiempo. «Bueno, pasa que nosotros no nos sacamos fotos en cada reunión la mayoría de las reuniones nos olvidamos de las fotos, porque a veces las discusiones que se plantean al momento del diálogo con el gobierno son intensas. Y es verdad, el tema de pago de guardias junto al sueldo fue una propuesta escrita presentada hace rato por la UPCN», expresó Scalesi.

Antes de finalizar el encuentro, secretarios de la Mesa Directiva Provincial plantearon los estados de situación en sus delegaciones, trayendo propuestas a trabajar en las diferentes comisiones del gremio.

En otro momento del encuentro, el titular del sindicato recordó que actualmente están en tratativas de diálogo con el gobierno por la recomposición salarial. «Ya lo planteamos a través de nota y personalmente. Nosotros pedimos que, para achicar esta brecha que se vino haciendo a partir de recibir los aumentos recién en marzo o abril, este año el gobierno nos adelante a enero un porcentaje a cuenta de los futuros acuerdos salariales de 2018».

Scalesi cerró la reunión detallando que a nivel provincial ya se superaron ampliamente los 14.000 afiliados. «Y eso habla de que muchos están haciendo bien su trabajo, porque la gente se acerca a afiliarse al gremio», concluyó.

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Gremios

Para ATE, «al Gobierno no se animó a establecer el ingreso al Estado por concurso público y dejó una hendija abierta para meter libertarios»

Rodolfo Aguiar cuestionó los dos nuevos decretos de Sturzenegger pero destacó la contratación anual de quienes aprobaron los exámenes de idoneidad.

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Luego de que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, publicara dos decretos que modifican el régimen de contrataciones en el sector público, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, evaluó que «después de que se llenaron la boca hablando mal y estigmatizando al empleo público, el Gobierno tenía la oportunidad de establecer el ingreso al Estado por concurso público, pero no se animó».

«Este decreto no elimina el dedo de un presidente, los ministros o un diputado para el ingreso a la Administración Pública. Se aseguraron de dejar una hendija abierta para que puedan entrar al Estado los trolls y militantes libertarios. Esta norma sigue sin garantizar a la sociedad que quienes ingresen sean los más idóneos y capaces, y que eso a su vez se traduzca en la mejora de la calidad del empleo público», agregó el dirigente. Entre sus artículos, el Decreto 1148/24 señala que cualquier nueva alta en el Estado deberá ser aprobada por la cartera que conduce Sturzenegger.

En tanto, el Decreto 1149/24 establece la contratación anual de todos los trabajadores que aprobaron durante diciembre la Evaluación General de Conocimientos y Competencias, tal y como exigió el sindicato. En este marco, Aguiar señaló que «por supuesto que luego del fraude laboral gigantesco y la reprecarización que decidió llevar adelante el Gobierno apenas asumió, la contratación anual aparece no sólo como un avance, sino como una respuesta a una de las principales demandas que le planteó ATE al Ejecutivo desde el principio».

«Seguimos demandando que se cumpla con la Constitución Nacional y se garantice el derecho a la estabilidad en el empleo público incorporando a la planta permanente a los más de 57.000 trabajadores contratados desde hace muchos años bajo distintas modalidades», agregó el secretario general de ATE Nacional.

«Sin estabilidad, sin salarios dignos de los trabajadores estatales y sin la inversión presupuestaria necesaria en todas las áreas públicas, no hay derechos para nuestro pueblo, sobre todo para las franjas sociales más vulnerables que son las verdaderas usuarias del sistema público de salud, educación, previsión social, entre otros», concluyó.

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Gremios

Obras sociales: Monotributistas están en alerta por recortes en los servicios

Uno de los sectores laborales que más crece en la Argentina ha incrementado sus problemas con relación al sistema de salud.

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La crisis económica terminó de desnudar una problemática de la que poco se habla sino hasta que se la vive en carne propia. Se trata del sistema de salud tanto en su versión pública como privada. En este contexto, algunas prepagas y obras sociales sindicales han reducido prestaciones o aumentado los coseguros además de las cuotas mensuales. Ahora, en medio de un ajuste importante en varios sentidos, surge una suerte de puja entre los sindicatos y el sector de monotributistas que aporta a las obras sociales. Es porque según ha trascendido, desde la CGT solicitaron al Gobierno nacional medidas para evitar el desfinanciamiento de las obras sociales sindicales.

En este marco, Monotributistas Asociados de la República Argentina (MARA) denunció que el pedido de la Central Obrera afectará gravemente al sector que paga de manera compulsiva el componente de la Obra Social. En lo que va del año y debido a la crisis, ha habido bajas del monotributo en general y del social en particular. Esto ha impactado en un menor ingreso en las obras sociales y este sector ya ha comenzado a atravesar recortes en las prestaciones de salud en las obras sociales asignadas. Con casos específicos y cada vez más abundantes en distintas partes del país, la titular de MARA –Noelia Villafañe- ha solicitado audiencia al superintendente de Servicios de Salud, Gabriel Oriolo.

Es que según publicó el diario Infobae, la dirigencia sindical denuncia un desfinanciamiento de sus obras sociales que se debe, en buena parte, a tener que prestar servicios no solo a sus afiliados directos sino también a los indirectos. Entre ellos, mencionan más de dos millones de monotributistas, 130.000 mil desempleados con derecho a prestaciones y un número similar correspondiente a trabajadoras del servicio doméstico. Por este motivo, los casos de restricción de servicios son cada vez más comunes en las obras sociales, lo que es peor en los monotributistas sociales y se suma al achicamiento de prestaciones o trabas que se repiten también en algunas prepagas.

“La CGT solicita tres cambios con relación a las obras sociales de los monotributistas”, explicó la contadora Villafañe. El primero, agregó, es que el programa médico que hoy posee este sector sea reemplazado por una suerte de canasta de emergencia según el aporte. De este modo, no solo se afecta el derecho a la salud de quienes aportan sino que los dejaría sin la mayoría de las prestaciones. En segunda instancia, según la referente de MARA, los sindicatos piden que se aumente 400% el componente de la obra social, algo que sería casi imposible de pagar para las categorías más bajas. “Así, quieren que se abone más a cambio de menos prestaciones”, sintetizó Villafañe.

La tercera modificación que se habría solicitado por parte de la CGT es que los monotributistas sociales no reciban ningún tipo de atención y vayan al sistema público. “El problema de esto es la posibilidad de que esta área se privatice”, precisó Villafañe. Este diario consultó a distintos referentes sindicales de Mendoza, pero no obtuvo respuesta ya sea por omisión o por cierto desconocimiento específico del tema.

Personas afectadas

Más allá de esto, la Asociación de Monotributistas –cuya sede está en Mendoza- expresaron que no es cierto que las obras sociales sindicales deban atender a más de dos millones de monotributistas. Es que si bien la cantidad de aportantes a este sistema crece, lo cierto es que muchos no utilizan la prestación de salud. Hay que tener en cuenta que el pago del componente de obra social es obligatorio, pero lo que, según la titular de MARA, la mitad no lo utiliza. “No es cierto que deban atender a más de dos millones de monotributistas”, afirmó. En este sentido, expresó que en su momento solicitaron que el pago de este ítem fuera optativo y que perdieron la batalla en el Congreso por seis votos. En este marco, Villafañe expresó que el 6 de enero tendrán audiencia por este tema con el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones.

“Los monotributistas abonan a un sistema solidario para que quienes no tienen otra opción sean atendidos. Sin embargo, no es sencillo recibirla y aunque muchos no la necesitan porque tienen otras opciones, una buena parte aporta sin recibir nada a cambio, lo que se considera una estafa”, señaló Villafañe. Por este motivo, solicitarán la devolución del dinero a los monotributistas que han aportado y que nunca han sido ni empadronados ni recibidos en una obra social sindical. La referente también recordó que los monotributistas de las categorías más altas deben o pagar una diferencia importante para un plan de salud o abonar coseguros cada vez más altos.

En Mendoza, las principales obras sociales sindicales restringen poco a poco los servicios y, si bien no los quitan, si colocan trabas. De este modo, en algunas los odontólogos solo atienden en sus sedes y no se puede ir a otro prestador o concentran las farmacias para hacer los descuentos, lo que conlleva largas esperas. Algo que también ha comenzado a suceder –y no solo a los monotributistas- es lo que también implementó PAMI que es el menor descuento en los medicamentos tanto crónicos como comunes.

“No te dicen que no de manera directa, pero te dan mil vueltas o para autorizarte un estudio o un tratamiento específico”, contó Carla, una monotributista a quien este año su ginecólogo la atención en un hospital privado en vez de en su consultorio. Desde la percepción de los usuarios, la apuesta de muchas obras sociales y algunas prepagas es que el cliente se canse de tantas vueltas y resuelva la situación por otro lado. Eso, por supuesto, para los que tienen la opción, algo que no sucede para la mitad de los argentinos que hoy son pobres.

En tanto, desde MARA aportaron diversos casos y testimonios concretos con nombre y apellido sobre situaciones muy complejas vividas por sus asociados. Entre otros, está el de Ana Soledad (Buenos Aires) que tiene un hijo de 8 años con diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista (TEA). “En septiembre le suspendieron todas las terapias que luego de un reclamo nuestro le restituyeron”, contó Villafañe quien agregó que todavía no logran un Programa Médico Obligatorio. Lo mismo le sucedió a Ludmila que se quedó sin cobertura para sus hijos, uno de ellos (6) también con TEA.

Otro caso fue en Mendoza, cuando a Héctor (41) que tiene un diagnóstico de diabetes tipo 2 también le quitan la cobertura por lo que desde octubre está sin medicación. Al tratarse de un monotributista social, la prestadora de salud alegaba que el Ministerio de Capital Humano no había pagado la cuota y –cuando a través de MARA se logró el aporte correspondiente- ahora tampoco le dan cobertura debido a que le dicen que los monotributistas sociales han sido dados de baja. El remedio más barato que necesita es el de la presión y cuesta $6.000, mientras que el específico para controlar los niveles de azúcar en sangre cuesta $130.000. En el medio, hay dos medicamentos más que debe tomar de manera crónica del valor de $79.000 y $28.000.

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ATE anticipa que no tolerará nuevos despidos: «En el 2025 les vamos a robar la motosierra y le vamos a cortar las cabezas a ellos»

«El Gobierno tiene que garantizar la continuidad laboral de los más de 57.500 contratos que vencen el 31 de diciembre y debe terminar con la reprecarización laboral en el Estado firmando los nuevos vínculos por el plazo mínimo de un año», indicó Aguiar.

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Ante la situación que atraviesan los 57.513 trabajadores del Sector Público cuyos contratos vencen a fin de mes y que el Ejecutivo pretende cesantear, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, indicó que «el Gobierno tiene que garantizar la continuidad laboral de todos los contratos que vencen el 31 de diciembre y debe terminar con la reprecarización laboral en el Estado firmando los nuevos vínculos por el plazo mínimo de un año».

«Además, aunque seguimos demandando la anulación del Sistema de Evaluación Pública, hay que incorporar en la planta permanente a ese universo de trabajadores que ya se presentó a rendir y que en el 96% de los casos aprobaron en primera instancia los exámenes», agregó el dirigente.

En esta línea, Aguiar aseguró que «más allá de su relato exitista y fantasioso, el Gobierno pierde fuerza. En el 2025 les vamos a robar la motosierra y vamos a empezar a cortar las cabezas de ellos. Tenemos que salvar la democracia y la institucionalidad poniéndole límites claros a Milei, disparó.

«El próximo año la estabilidad tiene que volver a ser un derecho en el empleo público. Tenemos que lograr que recuperen el poder adquisitivo los salarios y jubilaciones e impedir que se siga desguazando el Estado y rematando el patrimonio estatal», concluyó el secretario general de ATE Nacional.

Son 57.513 los contratados en el Estado Nacional según el Boletín Fiscal del Ministerio de Economía al cuarto trimestre de 2024. La gran mayoría de ellos son contratados en el marco del art. 9° de la Ley de Empleo Público (Resolución 48/02). También incluye a monotributistas de locación de obras y servicios; contrataciones bajo entes cooperadores u organismos de crédito internacional; pasantías; y otros tipos de contrataciones a término como eventuales.

El mayor alerta de ATE por estás horas está puesto en el Ministerio de Justicia, donde el Gobierno anticipó el despido de más de 2.400 trabajadores a partir de la baja del convenio con el ente cooperador ACARA. A esto se le suma el anuncio de 104 despidos en la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, y también los más de 50 despidos comunicados en el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), dependiente de la Secretaría de Transporte (integrada al Ministerio de Economía).

Cabe destacar que según el monitoreo del sindicato, durante la gestión de Javier Milei, más de 20 mil trabajadores de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada perdieron sus puestos de trabajo a partir de cesantías ilegales. Desde la organización se sigue reclamando su inmediata reinstalación y se evalúan nuevas medidas de acción directa para el inicio del 2025.

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