Gremios
Firmaron el convenio para el pase a contrato de 532 becados
Pertenecen mayoritariamente a la Secretaría de la Niñez y el Ministerio de Desarrollo Social. El gobierno firmó con los dos gremios UPCN y ATE.

Se trata mayoritariamente de empleados de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), aunque la medida incluye también a trabajadores de diferentes Ministerios, la Secretaría General de la Gobernación y la obra social IPROSS.
Los convenios fueron firmados por el gobernador de la provincia, Alberto Weretilneck, y los secretarios generales de UPCN Río Negro, Juan Carlos Scalesi y de ATE, Rodolfo Aguiar.
Con esta firma, los empleados que hayan ingresado con modalidad de beca hasta el 1 de diciembre de este año contarán con un importante aumento salarial, los correspondientes aportes previsionales, sueldo anual complementario, obra social, seguro obligatorio y ART.
Esta herramienta pretende jerarquizar el trabajo de los distintos profesionales, operadores, personal administrativo y de servicio de apoyo que presten servicios efectivos en las distintas dependencias del Gobierno Provincial.
El primer acto se desarrolló en el despacho del Gobernador, con la presencia de los dirigentes de UPCN. Acompañaron el ministro de Desarrollo Social, Nicolás Land y los secretarios de Estado de Trabajo, Lucas Pica y de Niñez, Adolescencia y Familia, Roxana Méndez.
“Hoy hemos cumplido un acto de justicia con muchos trabajadores que durante años cumplieron sus funciones en desigualdad de condiciones con el resto de los empleados públicos”, señaló el gobernador Alberto Weretilneck al dirigirse a quienes se acercaron a Casa de Gobierno para acompañar la firma de los convenios.
Agregó que “esencialmente hemos sido justos, porque estamos firmando este decreto que incluye a los empleados que efectivamente estaban trabajando. Luego de mucho trabajo hoy les podemos estar dando este acto de dignidad, ya que los trabajadores podrán cumplir la tarea que antes llevaban adelante en las mismas condiciones que el resto de los empleados de la Administración Pública Provincial”.
En este marco, Weretilneck remarcó que “nos hemos caracterizado por ser un Gobierno que no ha perseguido trabajadores ni al movimiento obrero, y que las cosas que ha hecho han sido siempre en beneficio de los empleados, como la devolución de la Antigüedad, la Zona Desfavorable, el pase a planta permanente y demás reconocimientos”.
El gobernador resaltó que “hoy hemos dado un paso más para que todos los trabajadores del Estado tengan los mismos derechos y garantías, y estén en igualdad de condiciones, no solamente en el aspecto salarial sino también en otras cosas muy importantes como la obra social, derecho a las vacaciones, etc.”.
“Aspiramos a que en este nuevo proceso ustedes sigan cumpliendo con su trabajo sobre todo en dos áreas tan sensibles para el Estado, como con la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia y el Ministerio de Desarrollo Social. La SENAF tiene la misión de dar respuesta a los sectores más desprotegidos de la sociedad, a nuestros niños, nuestras mujeres y aquellos que de alguna u otra manera son los más agraviados por esta sociedad tan difícil que tenemos hoy. Por otra parte, en el Ministerio de Desarrollo Social, todo aquello que hace a la protección y promoción de los derechos”.
Weretilneck pidió a los trabajadores mantener el compromiso y la pasión para seguir desarrollando las tareas en áreas tan sensibles, al tiempo que felicitó la tarea realizada para lograr este objetivo por parte del ministro de Desarrollo Social, Nicolás Land; de Gobierno, Luis Di Giácomo; la secretaria de la SENAF, Roxana Méndez, y el secretario de Trabajo, Lucas Pica, quienes han sido los representantes del Estado en este proceso. Lo propio hizo con las autoridades de UPCN y ATE.
“Hemos logrado algo muy importante”, aseguró Scalesi

“Es un día para recordar con mucho orgullo. Logramos algo muy importante como el reconocimiento de un derecho para estos trabajadores”, resaltó Scalesi tras la firma del acuerdo.
“Logramos esto a través del diálogo, reuniéndonos con el gobierno y también con los compañeros becados para escucharlos primero e informarles la situación por la que atravesaban”, sostuvo.
Scalesi destacó que este acto de firma se desarrolla “en medio de una situación nacional preocupante y complicada” y agradeció la voluntad del gobierno para avanzar en este sentido.
“Esto le cambiará la vida a mucha gente”, dijo Aguiar

Luego, el Gobernador se trasladó al Salón Gris donde presidió el acto de firma con el gremio ATE. En este marco, el líder de la entidad sindical coincidió con su par de UPCN en la importancia de acordar este traspaso “en medio de condiciones que son muy difíciles para los trabajadores en todo el país” y completó: “Parece que ATE y el Gobierno Provincial le escapan a la guadaña del ajuste”.
“Este decreto le va a cambiar la vida a la gente de verdad. A partir de la firma de este decreto tenemos un mejor Estado. Acá hubo lucha del gremio para llegar a esta instancia, pero también voluntad política de quienes gobiernan”, destacó.
Gremios
ATE denunció que el Gobierno pagó 7 millones de dólares por un software que vale 600.000
El sindicato cuestionó la compra con sobreprecio de 1066,7% en la empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina (NASA), sumado a la denuncia que ya se realizó por una licitación fraudulenta en la contratación de un servicio de limpieza que supera en un 140% al valor previsto.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunció un grave hecho de corrupción por parte de las autoridades de la empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina (NASA): contrataron un sistema de gestión administrativo por 7 millones de dólares, significando 1066,7% de sobreprecio con respecto al software ya utilizado y que cumple las mismas funciones. Esto se suma a la denuncia ya realizada por una licitación a medida de una empresa de limpieza con un sobreprecio de 140%.
«Estamos frente a un hecho de corrupción mayúsculo. Hay autoridades que han ejecutado actos que están prohibidos por las leyes y además se han violentado todos los procedimientos administrativos internos en la empresa. Este uso indebido, ilícito de las funciones públicas causan un grave perjuicio para el Estado. Estos sobreprecios que superan el 1000% tienen que ser investigados a fondo. No se puede descartar que se hayan exigido retornos», apuntó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
En este marco, cuestionó que «¿Cómo se explica pagar 7 millones de dólares por un sistema cuyo costo no debiera superar los 600.000? ¿O aumentar la erogación más de un 140% para el servicio de limpieza cuando no se ha construido una nueva planta, no se ha alquilado ningún nuevo edificio ni se abrieron nuevas oficinas? Acá es evidente que estamos frente a funcionarios que se creen impunes. Es la única posibilidad de que se materialicen estas graves irregularidades sin pensar que los propios trabajadores no las van a advertir».
«No tenemos que descartar que este accionar delictivo pretenda cumplir una doble finalidad: por un lado, apropiarse de recursos públicos, pero por el otro, contribuir al vaciamiento de la empresa para su venta. Es decir, desfinanciar para privatizar», agregó el dirigente estatal.
«Desde el sindicato demandamos que en estos dos casos se paralicen todas las tramitaciones administrativas antes de que los perjuicios sean mayores y que rápidamente se deslinden responsabilidades. No vamos a aceptar que sancionen o desplacen a algunos trabajadores para quitarse responsabilidad. No vamos a aceptar chivos expiatorios», concluyó Rodolfo Aguiar.
Licitaciones con sobreprecios
El sindicato apuntó que las autoridades del organismo que preside Demián Reidel no justificaron la razón por la cual compraron un programa, el SAP S/4HANA, cuyo costo de 7 millones de dólares es 11,6 veces mayor al actual (600.000 dólares) y que no representa mejoras significativas.
Este caso se suma a la otra denuncia del sindicato por licitación armada a medida de un solo proveedor, LX Argentina, con un sobreprecio de más del 140% con respecto al servicio preexistente: $10.783.900.000 del nuevo contrato frente a los $4.493.300.000
Se dispuso de un pliego a medida con criterios de contratación inéditos para ese área (como tener ocho años de antigüedad o contar con una dotación de entre 300 y 600 empleados), cosa que hizo caer a 7 de las 9 empresas oferentes por no cumplir con los requisitos técnicos. Por otro lado, la propia Administradora del Contrato de Limpieza, Camila Marina, comunicó en reiteradas ocasiones a las autoridades que los montos ofertados «no son razonables» al compararlos con el servicio actual.
El hecho de que el Directorio de NASA haya decidido apartar de sus cargos al gerente General, Marcelo Famá, y al gerente de Coordinación Administrativa, Hernán Pantuso, eleva la sospecha sobre la intencionalidad y los objetivos de estas irregularidades. En este marco, ATE exige una auditoría completa de todos los servicios contratados y los procesos de licitación.
Gremios
ATE rechaza la amenaza de Adorni de despedir al 20% de la Jefatura de Gabinete y prepara medidas
«Esta decisión atenta contra la eficacia del Estado. Es mentira que quieran ahorrar. El Estado seguirá perdiendo su capacidad de respuesta», dijo Aguiar.

Luego de que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, amenazara con despedir al 20% de los trabajadores de este sector en febrero y realizar un gran recorte presupuestario, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, indicó que «esta decisión atenta contra la eficacia del Estado» y disparó: «Es mentira que quieran ahorrar. Son medidas que van a impactar sobre los derechos de toda la sociedad. El Estado seguirá perdiendo su capacidad de respuesta. Mintieron. No está recortando privilegios, siguen desmantelando servicios esenciales».
«Están recortando gastos en el Estado para favorecer a los sectores concentrados de la economía como ocurrirá con las 150 empresas a las que quieren bajarles el impuesto a las ganancias. Recortan porque priorizan el pago de la deuda externa. El ajuste siempre es sobre los más débiles, mientras que los sectores más ricos siguen acumulando», agregó el dirigente de ATE.
En esta línea, Aguiar explicó que «estas cesantías son ilegales. Los empleados públicos tenemos estabilidad. Las tenemos que resistir. No pueden seguir dejando familias en la calle en este contexto de crisis. El Estado está tirando a la basura a trabajadores con años de experiencia y altamente calificados. Pretenden despedir personal técnico y especializado que será muy difícil y costoso de poder reemplazar».
Una de las áreas que podría verse afectada por la ‘motosierra’ del Gobierno es la Administración de Parques Nacionales. En referencia a esto, el referente estatal señaló que «no existen argumentos reales. Ninguna de las áreas de la Jefatura están superpobladas. Por el contrario, son los propios informes oficiales los que dan cuenta que la dotación de personal se encuentra muy por debajo de la requerida. El caso paradigmático es que con los incendios en la Patagonia y en el resto país se descubrió que solamente hay 391 brigadistas cuando debieran ser 700. Es decir, solo la mitad para cubrir 5 millones de hectáreas».
«Ya sabemos lo que hizo Adorni en la Secretaría de Comunicación. No va a despedir para ahorrar, sino para reemplazar, hacer lugar para llenar nuevas áreas de militantes libertarios», sentenció el secretario general de ATE Nacional y concluyó con que «lo tenemos que impedir. Los trabajadores no somos un número en una planilla de Excel. Si intenta cumplir con esta amenaza de recortar, la conflictividad rápidamente va a aumentar».
En este sentido, el sindicato también decidió convocar a su Secretariado Nacional a los efectos de definir medidas de acción directa.
Según las estimaciones del sindicato, de los 3000 trabajadores que hay bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, que abarca las secretarías de Asuntos Estratégicos; Coordinación Legal y Administrativa; Ejecutiva; Comunicación y Medios; Innovación, Ciencia y Tecnología; y Ambiente y Turismo, son más de 500 los puestos de trabajo que podrían verse afectados.
Gremios
Paritaria docente: UnTER rechazó la propuesta salarial del Gobierno y convocó a un Congreso
El gremio exige recomposición salarial pendiente de 2025. La negociación pasó a un cuarto intermedio hasta febrero.

Este jueves (22/01) se llevó adelante en la ciudad de Viedma la primera reunión paritaria del año entre el Gobierno de Río Negro y la nueva conducción del gremio docente UnTER, sin que se lograra un acuerdo salarial entre las partes.
Durante el encuentro, realizado en el ámbito de la Secretaría de Trabajo, la ministra de Educación, Patricia Campos, presentó una propuesta salarial de carácter trimestral, con actualización en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Viedma, correspondiente al período de enero a marzo.
Desde UnTER señalaron que la oferta no puede ser evaluada, ya que «no contempla la recomposición salarial pendiente del año 2025». En ese sentido, las autoridades del gremio reiteraron los reclamos surgidos de los encuentros internos, vinculados a la urgente recomposición del salario docente, mejores condiciones laborales, mayor financiamiento educativo y el cumplimiento de la Resolución 233/98, entre otros puntos.
«El salario debe garantizar la recuperación del poder adquisitivo. Ningún docente por debajo de la línea de la pobreza», remarcaron desde el sindicato.
Por su parte, desde el Gobierno provincial indicaron que «la propuesta salarial se enmarca en un difícil contexto económico, y responde a la política de pagar los salarios en tiempo y forma, garantizar los servicios esenciales del Estado y mantener ingresos que se ubiquen por encima de la inflación, en función de un uso responsable de los recursos disponibles».
Ante la falta de consenso, el Ejecutivo propuso un cuarto intermedio para la primera semana de febrero, instancia que fue cuestionada por UnTER, que manifestó su total desacuerdo con lo que consideró un intento de «dilación» en la negociación.
En ese marco, el gremio docente anunció la convocatoria a un Congreso Provincial, que se realizará el jueves (29/01) en la ciudad de San Antonio Oeste, donde se definirán las acciones a seguir.
Del encuentro participaron, por el Gobierno, la ministra Patricia Campos, la secretaria de Educación Silvia Arza, vocales gubernamentales y autoridades del Consejo Provincial de Educación. En representación de UnTER estuvieron presentes integrantes del Consejo Directivo Central y del equipo gremial y legal del sindicato.






