Opinión
Central nuclear: La constitucionalidad es, precisamente, lo que se encuentra en juego
Nota de opinión por María Magdalena Odarda y Darío Rodríguez Duch, senadora nacional de Río Negro y abogado ambientalista.

Pretendiendo llevar adelante una cruzada contra viento y marea, el jefe comunal de la localidad de Sierra Grande solicitó al Superior Tribunal de Justicia declare la inconstitucionalidad de la ley 5227 que propone la imposibilidad de construir Centrales Nucleares en el territorio de Río Negro. De ésta manera, busca poner en juego toda una estrategia judicial a fin de revertir dicha prohibición y de obviar una norma erigida a partir de la reacción ciudadana. El principal argumento que esgrimió es el de “la autonomía municipal”.
En este sentido deben ser la propia Legislatura provincial, y el Fiscal de Estado, en su carácter de representante del Estado Provincial y de la ciudadanía de la Provincia; quienes se encuentren obligados a defender la vigencia de la misma. La primera por haber discutido ampliamente en su seno y convalidado el contenido de la norma en base a un largo proceso en que quedara evidenciado el reclamo popular y la falta de licencia social para dicho proyecto. El segundo, por constituir el órgano de control por excelencia de la legalidad de los actos administrativos del Estado.
La inconstitucionalidad que propone el intendente de Sierra Grande vulneraría, en caso de prosperar, el principio de progresividad que ordena la protección creciente del medio ambiente, dado que el art. 4 de la Ley 25.675 o “General de Ambiente”, reconoce a la aplicación de dicho principio como una obligación jurídica del Estado. Por el mismo, el Estado se compromete a mejorar la situación del medio ambiente y a asumir la prohibición de reducir los niveles de protección. Los legisladores tuvieron presente, al momento de votar la ley 5227, que legislar sobre ambiente es legislar sobre derechos humanos. El Estado rionegrino debe garantizar la progresividad de los derechos protegidos, no su regresividad, bajo pena de incurrir necesariamente en una situación de inconstitucionalidad manifiesta, por lo que la constitucionalidad es, precisamente, lo que se halla aquí en juego.
Asimismo, el Principio Precautorio, también proveniente de la Ley General del Ambiente, establece que cuando exista peligro de un daño grave e irreversible, la falta de certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del ambiente.
La aplicación real de ambos principios obliga al Poder Público (en su momento a la Legislatura Provincial y en esta ocasión al Poder Judicial) a no permitir que se ponga en riesgo a la sociedad y al medio ambiente habilitando la construcción de cualquier Central Nuclear, razón por la cual resultó oportuno el dictado de la ley 5227, que vino a garantizar la aplicación lisa y llana de ambos principios ambientales, y deberá operar en consecuencia el Poder Judicial a la hora de asegurar su vigencia y de ponerlos en funcionamiento. Es preciso tener en cuenta que los principios del derecho no son simples sugerencias de carácter meramente ético o expresiones de deseo, ni disposiciones planteadas en virtud de coyunturas de carácter “político”; constituyen mandatos jurídicos que imponen una dinámica de conductas y son los que otorgan seguridad jurídica a nuestro sistema normativo.
En razón de ello, resulta procedente que pongamos en funcionamiento la institución del Amigo del Tribunal, o “Amicus Curiae”, regulado en Río Negro a partir de la Ley 4185 de nuestra autoría, a fin de que las personas y organizaciones de la sociedad civil que se consideren afectadas por la potencial resolución a adoptar por nuestro STJ, puedan presentarse con nosotros en el expediente judicial que podría generarse a partir de la referida presentación de la Municipalidad de Sierra Grande.
No resulta menor el hecho de que cualquier potencial instalación de una Central Nuclear en el área propuesta afectaría indefectiblemente a las comunidades indígenas de “Las Aguadas”, ubicada entre Bahía Creek y Caleta de los Loros; “Rayen Keñu” de Arroyo Los Berros, “Monguell Mamüll” de Viedma y “Quintull Folil” de Sierra Grande, entre otras, comunidades todas relevadas por el Estado Nacional en el marco de la ley 26.160. Al respecto, nuestro país ha sido firmante del Convenio 169 de la OIT y votante de la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, por lo que ha asumido la obligación jurídica de consultar con éstos últimos a través de sus instituciones representativas. Este deber se agrava en todos aquellos casos en que el impacto de una propuesta estatal, o de una iniciativa privada autorizada por el estado, pudieran incidir de un modo significativo sobre el bienestar o los derechos de un pueblo indígena, tal como sin duda alguna sucede con cualquier proyecto de instalación de una Central Nuclear, en cuyo caso constituye una exigencia ineludible para el Estado la obtención del libre consentimiento indígena, lo que no ha sucedido en el presente caso.
En definitiva, entendemos que pretender invalidar la ley 5227, que prohíbe la instalación de Centrales Nucleares en la Provincia representaría, para el pueblo de Río Negro, un retroceso inaceptable en la defensa de su territorio, su cultura y su medio ambiente; a la vez que lo expondría a una violación flagrante de todos los derechos consagrados por las Constituciones Nacional y Provincial, así como en los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos.
María Magdalena Odarda y Darío Rodríguez Duch.
Senadora nacional de Río Negro y abogado ambientalista.
Opinión
La Encrucijada de la IA: Moda o Soberanía
Nota de opinión por Federico Vasches, integrante del Observatorio de Políticas Públicas y Sociales de Río Negro.

Estamos inmersos en un momento de avances exponenciales de la Inteligencia Artificial (IA). Esta carrera tecnológica, impulsada por el sector privado, genera nuevas oportunidades, pero también expone complejidades estructurales profundas en sociedades como la latinoamericana y la argentina en especial, agravadas ahora por el desfinanciamiento estatal.
Detrás de palabras y conceptos como costo, lucidez e inclusive debatiendo sobre la Paradoja de la Modernización, es crucial entender que no incorporar tecnología es, de hecho, más costoso que hacerlo. La adopción requiere una «lucidez estratégica»: un rediseño consciente y deliberado que entienda que lo que se hace se puede hacer mejor. Pero que de ninguna manera la IA reemplaza ni a las personas ni a sus responsabilidades.
Como dos caras de una moneda:
El sector privado actúa deliberadamente para maximizar la ganancia. Moderniza con celeridad, buscando mejorar procedimientos, presentándose a la vanguardia y el desarrollo, y poniendo en valor la IA.
El sector público, cuyo fin es social, a menudo responde al llamado de la modernización con el desfinanciamiento, con recorte y achicamiento. La negación a incorporar la IA transversalmente como tecnología que permita innovar, claramente es no estratégica, pues la sociedad ya la está utilizando, generando una distancia creciente entre ambos mundos.
Acá nos encontramos con el problema de la falsa dicotomía, la creencia simplista de que el privado es inherentemente más moderno y brillante. Esta visión es escasa, pues las personas en ambos sectores utilizan tecnología personal (smartphones, herramientas de IA como Gemini, ChatGPT, etc.).
La diferencia reside en la cultura organizacional: en el privado, la modernización se transparenta y premia; en el público, no está institucionalizada y a veces se castiga la desviación del proceso tradicional.
A no preocuparse, porque no todo es tan sombrío y acaso para evitar un futuro distópico, la solución reside en construir una soberanía tecnológica y digital más horizontal.
Esto nos propone:
Divulgación y Conocimiento: las sociedades y los individuos deben entender el impacto de la tecnología y la IA en todas las instituciones. Este conocimiento es la base para que los ciudadanos puedan defender, construir y validar las reformas necesarias.
Espacios de Co-creación: es imperativo crear espacios público-privados, liderados con la participación activa de la sociedad civil, tecnólogos, divulgadores y directores de proyectos.
Gobierno Abierto: estos espacios deben estar anclados en los principios de Gobierno Abierto: participación ciudadana, innovación, transparencia y rendición de cuentas.
Solo a través de esta colaboración estratégica y una ciudadanía informada, el Estado podrá evolucionar tecnológicamente no solo para sobrevivir, sino para construir un futuro donde la tecnología sirva a fines sociales amplios, y no solo a la maximización de la ganancia privada.
Federico Vasches
Integrante del Observatorio de Políticas Públicas y Sociales de Río Negro.
Opinión
¿Publicidad electoral gratuita? Para los medios, un costo que nadie reconoce
Nota de opinión por Emilio Occhionero, periodista y socio gerente de Medios Roquenses SRL.

En cada proceso electoral se repite la misma escena: los medios de comunicación legalmente habilitados recibimos órdenes y cronogramas para transmitir espacios de publicidad electoral gratuita. Y, como corresponde a la ley, cumplimos. Sin embargo, pocas veces se habla del costo real que este esquema implica para las radios locales como La Súper FM 96.3, que somos parte activa de la vida comunitaria de General Roca.
Es que a través de la Ley N° 26.571, se fijó la prohibición por parte de las agrupaciones políticas de adquirir espacios en medios de comunicación audiovisual para transmitir publicidad electoral. A raíz de ello, debemos disponer de los espacios asignado mediante sorteo público durante el período de campaña en medios audiovisuales. En otras palabras, financiamos a los partidos políticos.
Y a nosotros, ¿quién nos financia? Muchas veces me preguntaron, ¿las radios de que viven? Vivimos de la publicidad, esa que se escucha cada vez que el conductor de un programa dice vamos a la pausa y volvemos. Si, esos minutos de aire, son los que nos permiten vivir día a día, pagar salarios, servicios e impuestos.
Nuestra emisora –como tantas otras del país– atraviesa un contexto económico crítico. Las tarifas de electricidad y gas aumentan, los impuestos como los de la utilización del éter radial, también. No existen beneficios específicos para los medios, y la pauta publicitaria oficial del gobierno nacional se redujo a cero, como lo dijo el presidente Javier Milei desde el día que asumió. En definitiva, debemos sostener estructuras, personal, equipos y servicios casi sin ingresos fijos, con costos crecientes y sin apoyos estatales.
En ese escenario, la obligación de dar minutos de programación para publicidad electoral gratuita es, en realidad, un esfuerzo económico que sale directamente del bolsillo de los propios medios. Es tiempo que dejamos de vender a anunciantes privados, es contenido que dejamos de producir y, en definitiva, es dinero que dejamos de ingresar. Así, terminamos financiando involuntariamente la campaña de los mismos dirigentes que luego deciden sobre tarifas, beneficios y regulaciones para el sector, incluso que determinan sus propios aumentos salariales.
No cuestionamos el derecho de los partidos políticos a difundir sus propuestas. Por el contrario, somos espacios abiertos al debate democrático. Pero la actual normativa necesita una revisión urgente: si el Estado exige transmisión obligatoria, también debe reconocer los costos y garantizar algún tipo de compensación, pauta o beneficio fiscal que equilibre la carga.
De otro modo, las emisoras locales, sobre todo, quedamos en una situación asfixiante y desigual frente a otros actores mediáticos que no tienen estas obligaciones.
Es hora de discutir con seriedad un sistema que permita sostener tanto la pluralidad de voces como el derecho de la ciudadanía a informarse. Las radios comerciales locales y comunitarias no podemos seguir soportando solas un gasto que no generamos y que, además, compromete nuestra supervivencia. La Democracia necesita medios fuertes e independientes, no medios debilitados por normativas que, aunque bienintencionadas, terminan siendo injustas.
Emilio Occhionero
Periodista – Socio gerente de Medios Roquenses SRL, propietaria de LRG 746 La Super Radio FM 96.3 y www.lasuperdigital.com.ar
Opinión
Educación: Entre forma y contenido, entre ser y aparecer, realidad y ficción
Nota de opinión por Omar Medina, docente jubilado.

Sr. Gobernador: En mi carácter de ciudadano elevo la presente a Ud., con el fin de hablar seriamente sobre Educación. No pretendo caer en formalidades, sino analizar los resultados fácticos sobre el particular. No es mi intención enredarme en discursos formales que -así como la vemos hoy- hagan referencia a los logros educativos donde no se perciben deserciones ni desgranamientos, toda vez que eso ocurre sólo en el plano de lo formal, en la realidad, lo que se ve es el trato del educando como “dibujo animado”: sólo existe en el papel. En lo fáctico, si abandona, si deja de ir por largo tiempo, no importa. Mientras siga figurando en las planillas… esto es útil al Estado para garantizar la Educación Perfecta. La Estadística ejemplar.
Entonces, propongo hablar seriamente lo que significa EDUCACIÓN, como FINALIDAD, como apropiación de la Naturaleza Interna, y no como MEDIO de apropiación de la Naturaleza Externa (economía) observado esto en la Institución Escuela como garante de ESCOLARIZACIÓN, o GUARDA, como depósito y cuidado de niños y adolescentes en establecimientos para su interacción y socialización, pero con nula exigencia en cuanto a su formación académica. Y con la única finalidad de garantizar sueldos, y garantizarse los subsidios para Educación.
Usted se comprometió (en 2017) que al finalizar la primera promoción de la ESRN se iba a hacer una evaluación INTEGRAL de sus resultados, hecho que debería haberse concretado en 2021, y no se ha realizado. Se han quedado sólo con el dato formal, estadístico de una escuela perfecta, donde nadie queda libre ni repite, pero, vuelvo a reiterar, eso no se ve en la práctica.
Desde una mirada desde el llano, lo que se puede apreciar es que han extendido el sistema de Educación Inicial, a los otros dos. Hagamos un poco de historia para fundamentar lo dicho:
ANTECEDENTES:
1) Hasta el año 2008, el estudiante de Nivel Medio debía tener una asistencia regular en la escuela para no quedar libre, no desertar, y no adeudar más de dos materias para pasar al curso siguiente. En el primer caso, el Régimen de Inasistencias -reflejado en la Resolución que aparecía detrás de los boletines rosados- expresaba que a las quince (15) inasistencias, el estudiante quedaba libre, y se le daba una reincorporación automática, pero en lo formal, los padres y/o tutores debían firmar el trámite de la reincorporación. Luego de las veinticinco (25) inasistencias, sólo si tenía diecisiete (17) ausencias respaldadas por certificado médico, se lo reincorporaba por segunda vez, hasta las 30 inasistencias. Luego, directamente perdía la regularidad. Por otro lado, el BID, como institución que garantizaba (y garantiza) subsidios para Educación observó -como órgano de control sobre el dinero que entregaba de ese modo- una irregularidad: había mucha deserción en el Sistema. Allí se gesta el primer cambio, con la TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA (implementada en 2010). La actividad áulica no se modificó mucho, pero el Régimen de Inasistencia DESAPARECIÓ. El Estudiante ya no quedaba libre. Ya no había deserción.
2) Pero esta corrección de una variable, no tuvo en cuenta la incidencia en otras, y aquí aparece la segunda irregularidad, que pone en evidencia el divorcio del Sistema entre lo Formal y lo Fáctico. Porque el estudiante seguía faltando, otros directamente abandonaban la escuela, pero, como no quedaban libres, a fin de año había que cerrarle notas. LA ANOMALÍA: Si de un curso ingresan 30 alumnos, abandonan 12, y 3 de ellos repiten de año, la estadística da asistencia plena, pero ese curso tenía un 50% de desgranamiento.
3) Allí es que, cuando se les hace notar de parte de este organismo de control que es al mismo tiempo el que subsidia el Sistema Educativo, el tema del desgranamiento, en vez de hacer los ajustes necesarios para garantizar una mejor educación, y rendirle cuentas a la ciudadanía, deciden ajustar en las formalidades, y dejar en lo fáctico, a los educandos a merced de su voluntad, convirtiendo, u organizando a la Educación como proyección de Educación Inicial. Así como el niño asiste a sala de 4 y sala de 5 por cronología, así hacen con el nivel primario (que ya venía con el sistema de no repitencia, a tal punto de recibir en 1° año del secundario niños que no saben leer y escribir) y el Nivel Medio. Nace la ESRN, donde los adolescentes transitan de Primero a Quinto año, del mismo modo que de Sala de 13 a Sala de 17.
DESARROLLO:
Queda demostrado en los antecedentes, que se usa a Educación como bien de cambio, como MERCANCÍA, y no como INVERSIÓN para garantizar la correcta formación e instrucción de un ciudadano pleno, con inserción social y con posibilidades de acceso al Nivel Superior. En mi caso, siempre he mantenido la afirmación de que la EDUCACIÓN es un FIN en sí misma, no un MEDIO para conseguir empleo, o dividendos de la banca internacional. Sin embargo, en la mayoría de los casos he oído, de parte de los garantes de la igualdad y la inclusión, respuestas relacionadas a esto último. Y aquí es donde también he expresado que, de ese modo, se sigue fomentando lo que se quiere combatir a través de la obligación de la Educación Media: la mano de obra barata. Eso sí. Con título secundario. Y ahí es, también, donde se invierte la visión respecto a Educación. Se la ve como un GASTO.
Los tres pilares de la Comunidad Educativa, presuntamente se sienten cómodos con este sistema, dado que 1) para los padres, lo importante es que el estudiante no repita. Ya quedó demostrado en el pasado, cuando en el año 1995, ante la falta de pago por tres meses, la emisión de bonos que al cambio se devaluban a un 60%, y por los paros realizados, los estudiantes corrían el riesgo de perder el año. En ese momento los padres marchaban junto a los docentes para garantizar la Educación de sus hijos, pero, cuando el Gobernador anuncia que los Estudiantes ese año aprobarán por decreto, automáticamente ya no importaba la Educación, ya estaba garantizado el pasar de año, a pesar de lo educativo. 2) Es muy común que cuando el gremio docente organiza un paro, se planteen varios temas, y sea el último el de mejora salarial, ahora, si el gobierno soluciona (de una demanda de ocho temas) los siete primeros, pero no aumenta los sueldos, el gremio sigue con la medida de fuerza. Ahora, si aumentan el sueldo y no resuelven los siete ítems anteriores… eso puede esperar. Hay que volver a clase, aunque los baños estén tapados, las ventanas sin vidrios, y los calefactores rotos. Este hecho lo viví personalmente como papá de la Escuela Primaria N° 128; 3) Por último, de parte del Gobierno, se evidencia que antes que la formación académica de los educandos para que puedan insertarse en estudios superiores y formarse como Profesionales, está más preocupado por las Estadísticas, para rendirle cuentas al BID sobre la conveniencia de seguir recibiendo subsidios. En todos los casos, el estudiante es cosificado, manipulado como datos para una simple estadística, y usado como rehén en el conflicto entre Gremio/Gobierno. En definitiva, me atrevo a decir: es un dibujo animado, que tiene sólo existencia en el papel. Aunque no vaya, aunque tenga problemas para apropiarse de ciertos saberes, aunque… mientras figure para las estadísticas será premiado con otro papel: el título secundario. Pero si quiere conseguir trabajo, le exigen secundario terminado, y ahí recién se desayuna que el egreso no sirve de nada. Y si su intención es seguir una carrera Universitaria, se da cuenta que no tiene los saberes acordes a un ingresante de Estudios Superiores. He oído -también- solicitar a las Universidades se ajusten a la Nivelación hacia abajo que se hacen con los sistemas básicos. Pero de ser así, mi hipótesis es que quien estudie medicina se convertirá en un curandero con título profesional.
No quiero centrar la discusión con el modo de obrar de los educandos, en virtud de que, por una cuestión cronológica, y de la conformación de su personalidad, aún no tienen en claro las consecuencias de sus actos. Como dije siempre, los chicos son chicos. Detrás de ellos, los adultos responsables (llámese padres/tutores, docentes, gobernantes) tenemos toda la responsabilidad de garantizarle una formación académica adecuada para su futuro. Pero, en vez de hacer hincapié en eso, preferimos -como burócratas- garantizar las estadísticas, -como profesionales en educación- convertirnos en simples asalariados, y como padres, en fieles creyentes que lo externo (un papel, un título) garantiza lo interno (el conocimiento, el portar las herramientas que harán -de los futuros ciudadanos- hombres libres, con principios y con valores).
Ahora, plantear un sistema de emergencia puede ser un recurso válido mientras se sanean otros problemas, pero ENALTECER LA DOCTRINA DEL FRACASO, pretendiendo llevar el modelo totalmente obsoleto de la ESRN, a las Técnicas, es un DESPROPÓSITO que no se puede presuponer como un equívoco viniendo de los Funcionarios que tienen la OBLIGACIÓN de gobernar para garantizar un buen presente y un mejor futuro para los ciudadanos Rionegrinos, y que tienen una formación y el conocimiento para entender que no pueden convertir el aspecto intrínseco de la Naturaleza Humana (el Mundo Simbólico, la Educación) que garantiza la evolución científica de la humanidad, en simple MERCANCÍA, empleando las Estadísticas para interactuar con organismos de préstamos y subsidios. Es bien sabido que las Garantías que ofrecen desde los distintos estamentos de Educación en relación al presunto acompañamiento de los Egresados es una FALACIA. Una vez que el educando sale de Sala de 17, es abandonado a su suerte. Se les da un correo electrónico para comunicarse con los espacios que adeuda y, frecuentemente, si el establecimiento tiene docentes disponibles que puedan orientarlo (siempre y cuando no esté cubriendo cursos en horas libres) recibirá una respuesta con el tiempo. No pueden ir personalmente, los educadores están abocados a los cursantes, y ellos pasan inadvertidos, son invisibilizados.
Uno de los aspectos que más fue atacado en el Sistema Educativo en las últimas décadas, fue la MERITOCRACIA. Cuando la Ideología momentánea tangentea e influye en organismos Estructurales como es Educación, pasan estas cosas. Pero, en ese actuar ideológico también se aplicaba la doble moral, el doble discurso. Resulta que el Estado debe formar en igualdad, sin meritocracia, donde no hay unos más competentes que otros, donde la igualdad ante la ley desaparece cuando se plantea la idoneidad como algo no deseado (producto del mérito), entonces aparecen los acomodos por afinidad. Pero, en Educación, para obtener un cargo, y aplicar para los jerárquicos, se deben reunir requisitos propios de la MERITOCRACIA, allí no somos todos iguales como les enseñamos a los educandos, allí, el Mérito de ser Docente está tres puntos arriba del ser Habilitante y seis arriba del Supletorio. Entonces, un estudiante de la ESRN que decide formarse en Educación, se encuentra que 1) como educando, le enseñaron que el mérito no es válido; 2) como educador, le exigen mérito para los cargos que desee cubrir (aparte de la especificidad). 3) Cuando se enfrenta a esta realidad, descubre el ENGAÑO. Y ya es tarde.
Omar B. MEDINA
DNI: 14.937.370
Docente jubilado






