Río Negro
Noemí Labrune donó su casa en Cipolletti para una residencia de la Universidad del Comahue
Ya están viviendo diez estudiantes de las facultades de Medicina y de Ciencias del Ambiente y la Salud.
La dirigente de la Asociación por los Derechos Humanos, Noemí Labrune, donó su casa familiar en el barrio Rosauer de Cipolletti a la Universidad Nacional del Comahue para que sea utilizada como residencia universitaria, en la que ya están viviendo diez estudiantes de las facultades de Medicina y de Ciencias del Ambiente y la Salud.
El Consejo Superior aceptó la donación con cargo a la Universidad, que estará comprometida durante 10 años a llevar adelante un proyecto de autoabastecimiento de energía de manera sustentable y a realizar visitas guiadas a estudiantes secundarios, poniendo en valor la lucha por los derechos humanos en la región y, en particular la figura de la joven desaparecida Leticia Veraldi, secuestrada en la puerta de la casa de los Labrune el 4 de julio de 1977. Las facultades de Ingeniería y Turismo ya se encuentran comprometidas en el proyecto y trabajando activamente para cumplir con este legado que realizó Noemí Labrune a la institución.
La residencia estudiantil está ubicada en calle Villegas al 700, es una casona de dos plantas, en la que funcionan dos viviendas independientes. Antes de concretar la donación, la familia Labrune realizó una inversión de dos millones y medios de pesos para acondicionar la casa y dotarla de fuentes de energía no convencionales y, en la planta baja, un baño para personas con movilidad reducida.
La moción de aceptar la donación fue fundamentada por el vicedecano de la Facultad de Ingeniería, Dante Di Fiore. La unidad académica que aceptó el desafío de supervisar y asesorar para el equipamiento de la casa con fuentes de energía no convencionales, que consisten en paneles solares para la generación de energía, termotanque solar para la provisión de agua caliente, aislaciones y otros elementos necesarios para el ahorro de energía. Entre las voces de apoyo de distintos consejeros se destacó que “Noemí Labrune sigue marcando el camino” y que “se muestra a la sociedad una filosofía de vida”.
Noemí Labrune es Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional del Comahue y desde hace tiempo había transformado su casa en una residencia estudiantil informal, albergando de manera gratuita a estudiantes de la Universidad. Labrune ya no vive en la casa y la habitación de la planta baja que utilizaba fue transformada en el baño para personas con movilidad reducida. Los diez estudiantes que residen allí se encuentran comprendidos dentro del programa de becas de residencia de la UNCo.
“Quiero aclarar, que si bien se ha dicho donación porque es un término jurídico necesario para los papeles, no es una donación, es una restitución, los universitarios que nos hemos trabajado a lo largo de la vida con lo aprendido en la Universidad nos vamos a trabajar afuera con una deuda, y los tres Labrune hemos sido muy felices trabajando con eso que aprendimos, y en segundo lugar, hay una ley de la Dictadura, que nadie se ocupó en derogar, que modifica las condiciones de herencia en una forma muy reaccionaria, que no pone impuestos, que tendrían que ser progresivos sobre las herencias, esos impuestos antes iban al Estado y eran muy necesarios, uno puede acumular mucho dinero mientras vive pero es en función de que el Estado ha puesto a disposición vías de acumulación capitalista y es lógico pagar un impuesto, la Dictadura suprimió estos impuestos, esa ley no se derogó y la familia Labrune decide por las suyas modificar esa ley de la Dictadura, es como si hubiera pagado un impuesto por esos bienes que yo recibí de mi padre y de mi esposo, ya fallecidos”, explicó Noemí Labrune sobre la donación de la vivienda.
“Al ponerle a una residencia estudiantil el nombre de una muchachita de 17 años, secuestrada en esa casa porque era militante de la Juventud Guevarista, esperamos que los estudiantes que pasen por allí evoquen lo que pasó durante la dictadura y, sobre todo, se encuentren con ese proyecto de los jóvenes de aquel tiempo de modificar, esa sociedad tan injusta y hacer de este país, otro país”, dijo Labrune.
Leticia Veraldi era una joven estudiante secundaria de Vicente López, que fue enviada por sus padres a Cipolletti en abril de 1976, luego de que algunos de sus compañeros del centro de estudiantes aparecieran calcinados en un vehículo, luego de ser secuestrados. “Los papás de Leticia vinieron y nos la confiaron pensando que este era un lugar seguro”, recordó Labrune.
“Han pasado 40 años, pero pueden pasar otros 40 y no hay que olvidarse de lo que hizo el Terrorismo de Estado y lo que intentaban hacer esas generaciones de jóvenes que fueron destruidas y masacradas”, concluyó.
Se fomentarán las visitas guiadas de estudiantes a la casa, a través de un proyecto que llevará adelante la Facultad de Turismo, para poner en valor la lucha por los Derechos Humanos que se llevó adelante en la región y para recordar a Leticia Veraldi.
Apenas aprobada la cesión de la casa a favor de la Universidad fuimos a la residencia, donde nos encontramos con tres de los estudiantes que viven allí: Cristian de Ushuaia, Julio de Las Lajas y Sebastián de Chile.
“Estar acá es muy lindo, yo estoy desde hace seis años estudiando Medicina y estoy más que agradecido por todas las obras que hace Noemí, acá se viene a estudiar y recibimos el legado de poder ayudar el día de mañana a otras personas como nos ayudaron a nosotros”, afirmó Cristian, estudiante avanzado de Medicina.
“Yo entré el año pasado y no sabía nada, la había visto a Noemí Labrune alguna vez en la tele, empecé a investigar, a leer y comprendí lo valores que tiene, ella ya no vive acá pero viene todo el tiempo, está pendiente, nos reta”, contó Julio, estudiante de Enfermería.
“Esta casa es histórica, que va unida a una vida con sentido, un legado que ha dejado Noemí a lo largo de su vida, que nosotros seamos formados y aportemos a la educación pública, va de la mano con el trabajo de Noemí por una sociedad mejor, por una educación al alcance de todos”, afirmó Sebastián.
Judiciales
Confirman sentencia contra administradora de plan de ahorro por no dar información clara y precisa
El consumidor reclamó tras recibir una cuota 84 con un valor elevado y sin explicación.
Un fallo de segunda instancia confirmó una sentencia que había condenado, de manera solidaria, a una administradora de planes de ahorro y a una terminal automotriz, por incumplimientos al deber de información hacia un consumidor de Viedma.
El caso se originó a partir del reclamo de un hombre que había suscripto un plan de ahorro a 7 años y que, al llegar a la cuota final número 84, recibió un monto considerablemente más alto de lo esperado, sin una explicación clara ni detallada sobre su conformación.
En primera instancia, el juez tuvo por acreditado que existía un saldo deudor, pero consideró que la administradora no logró explicar de manera razonada cómo se había arribado a ese monto. En el análisis también se tuvo en cuenta la aplicación de una medida cautelar dictada en el marco de un amparo colectivo, que luego fue revocada, sin que ello fuera debidamente informado al consumidor.
El Juzgado entendió que la empresa incumplió el deber de información, al no brindar precisiones sobre la composición del valor móvil, los rubros incluidos en los cupones de pago ni el impacto de la medida cautelar en la cuota final. Esa conducta fue considerada un incumplimiento relevante dentro de una relación de consumo, por lo que se ordenó el pago de una indemnización por daño moral y la aplicación de un daño punitivo.
Al analizar el recurso, la Cámara confirmó el fallo y sostuvo que no resultaba suficiente consignar el valor móvil en los cupones, sino que era exigible una conducta activa y transparente por parte de la administradora, conforme a la Ley de Defensa del Consumidor y el Código Civil y Comercial.
Judiciales
Responsabilizan a la dueña de un perro por un ataque en la vía pública: La víctima sufrió lesiones estéticas permanente
Las marcas quedaron visibles y a eso se sumó el impacto emocional propio de una agresión inesperada.
Una mujer sufrió lesiones de consideración y secuelas estéticas permanentes tras el ataque de un perro en plena vía pública. Eran cerca de las 9 de la mañana cuando caminaba hacia su trabajo y, al pasar frente a una vivienda, el animal se lanzó sobre ella sin advertencia previa. La mordió reiteradamente en un brazo y recién se separó tras varios intentos. El episodio ocurrió en Bariloche y un fallo civil condenó a la dueña del can a pagar una suma millonaria.
El ataque no fue un hecho menor ni aislado en sus consecuencias. La mujer recibió atención médica de urgencia y continuó con tratamientos posteriores por las lesiones provocadas por la mordedura. Las marcas quedaron visibles y permanentes. A eso se sumó el impacto emocional propio de una agresión inesperada en un espacio que, por definición, debería ser seguro: la vereda de una calle residencial.
Durante el juicio, el juez civil interviniente dio por acreditado que el ataque ocurrió sin provocación alguna por parte de la víctima y que el perro se encontraba bajo la guarda de su propietaria. Para reconstruir lo sucedido, el magistrado valoró actas policiales, registros de sanidad animal, documentación médica, fotografías y testimonios producidos en el expediente. Ese conjunto probatorio permitió descartar cualquier versión alternativa de los hechos.
El fallo se apoyó en un principio jurídico central: los daños causados por animales se rigen por el régimen de responsabilidad objetiva previsto en el Código Civil y Comercial. Bajo este sistema, no resulta necesario demostrar negligencia, descuido o intención. El dueño responde por el solo hecho de tener al animal bajo su control. La ley solo admite la eximición de responsabilidad si se prueba culpa de la víctima, intervención de un tercero ajeno o un hecho imprevisible e inevitable. Ninguna de esas circunstancias fue acreditada en el caso.
La sentencia fijó una suma superior a los 6 millones y medio de pesos. El monto reconoció, en primer lugar, el daño estético derivado de la cicatriz que dejó la mordedura, considerada una alteración permanente de la apariencia física. El juez entendió que esa secuela debía ser reparada de manera autónoma, aun cuando no afectara de forma directa la capacidad laboral de la mujer.
También se reconoció el daño moral. El fallo destacó el carácter traumático del ataque, el miedo experimentado, la alteración de la tranquilidad personal y las limitaciones que el hecho impuso en la vida cotidiana de la víctima. La agresión, ocurrida de manera súbita y violenta, fue considerada suficiente para justificar una reparación económica relevante por la afectación espiritual sufrida. Además, se admitieron gastos médicos posteriores al episodio, vinculados a curaciones, medicamentos y atenciones necesarias como consecuencia directa del ataque.
El tribunal rechazó, en cambio, el reclamo por daño psicológico permanente. Un informe pericial concluyó que la mujer no presenta una patología psíquica ni una incapacidad duradera, sino reacciones esperables frente a un evento violento. Si bien se reconoció la existencia de angustia y conductas de evitación, estas no alcanzaron el umbral de una afección psicológica indemnizable como incapacidad. La sentencia no está firme porque puede ser apelada.
Gremios
El Gobierno propuso suma compensatoria y actualizar salarios por IPC
ATE analizará la oferta, mientras que UPCN ya adelantó su rechazo asegurando que «ya hay un acuerdo preliminar con la otra organización sindical».
El Gobierno de Río Negro retomó las negociaciones paritarias con los gremios ATE y UPCN, en el ámbito de la Mesa de la Función Pública. Se presentó una propuesta superadora que combina una compensación extraordinaria por el último trimestre de 2025, con un esquema de actualización automática por IPC para los primeros 4 meses de 2026.
Los representantes de ATE adelantaron que «la decisión final la van a tomar las instancias orgánicas del sindicato», mientras que UPCN rechazó la propuesta asegurando que «ya hay un acuerdo preliminar con la otra organización sindical».
La oferta oficial consta de 4 ejes. En primer lugar, incluye una compensación extraordinaria por el último trimestre de 2025 por un total de $250.000. El monto se abonará por planilla complementaria en 2 cuotas iguales: la primera el 20 de febrero y la segunda el 20 de marzo.
Para la pauta salarial 2026, el Ejecutivo propuso un mecanismo de actualización automática bimestral basado en la evolución del IPC, que cubre los primeros 4 meses del año. Los haberes de febrero se ajustarán según el IPC de diciembre y enero, mientras que los de abril lo harán con los índices de febrero y marzo. A pedido de los gremios, el cálculo surgirá del promedio entre el IPC Nacional y el IPC Viedma.
Además, en marzo se abonará la Ayuda Escolar con un incremento del 100% respecto del año anterior, alcanzando los $80.000 y los $160.000 en el caso de familias con hijos con discapacidad.
Por último, se confirmó el pago del concepto Indumentaria con un incremento interanual, que alcanzará los $250.000. El monto se depositará en 2 cuotas, el 17 abril y el 17 mayo.
«Estamos haciendo un gran esfuerzo, pero siempre con los pies sobre la tierra. No vamos a sacrificar la responsabilidad fiscal, porque el orden de las cuentas es lo único que nos permite garantizar el pago en tiempo y forma, un compromiso que esta gestión ha cumplido siempre», explicó la secretaria de la Función Pública.
Esquema de pagos y actualizaciones mes a mes
Con la propuesta de Gobierno, en febrero se abonaría la primera cuota de la compensación extraordinaria por el último trimestre de 2025, por un monto de $125.000, y se aplicará el aumento salarial correspondiente por IPC.
En marzo, se pagará la segunda cuota de la compensación extraordinaria, también por $125.000, y se abonará la Ayuda Escolar con un incremento del 100%, que alcanzará los $80.000 por hijo y los $160.000 en el caso de hijos con discapacidad.
En abril se aplicará un nuevo aumento salarial por IPC y se abonará la primera cuota del concepto Indumentaria, por un monto de $125.000.
En mayo se completará el pago del concepto Indumentaria con la segunda cuota, también por $125.000.
La reunión fue encabezada por la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra, junto a sus pares de Hacienda, Natalia Crociati, y de Gobierno, Natalia Almonacid. Por los gremios participaron Mónica Miranda (UPCN) y Rodrigo Vicente (ATE).
