Río Negro
Rotundo rechazo de la defensora del Pueblo al aumento en la tarifa del gas
Santagati participó de la audiencia pública convocada para definir los nuevos aumentos en el servicio.
“Un nuevo aumento en las tarifas de gas, en un contexto inflacionario como el que se está viviendo, con la depreciación de los salarios promedio resultado de la devaluación, pone a las personas, a las familias, a las pymes, a las industrias frente a un esquema de imposible cumplimiento dejando en situación de alto riesgo, desamparo y desprotección a todos los habitantes y, en especial, a quienes habitan la región de la Patagonia”.
Así lo expresó ayer (4/09) la defensora del pueblo de Río Negro, Lic. Adriana Santagati, en su alocución durante la audiencia pública convocada para definir los nuevos aumentos en la tarifa de gas que comenzarán a aplicarse desde octubre.
La defensora se trasladó hasta la ciudad de Bahía Blanca para brindar su exposición a través del “Centro de Participación Virtual” del Ente Nacional Regulador del Gas que allí funciona. A pesar de las grandes dificultades en la telecomunicación que se realizaba en vivo con la ciudad de Buenos Aires, donde se concentraba la Audiencia, Santagati pudo finalmente completar su ponencia.
Durante su exposición Santagati resaltó que “las proyecciones de las principales variables macroeconómicas, según las cuales se confeccionó el Presupuesto 2018 no se cumplieron”.
En este sentido indicó que “se proyectaba que durante 2018 continuara el proceso de reducción de la inflación. La meta del Banco Central de la República Argentina (BCRA) era de 10 ±2% para la medición interanual de diciembre, con una inflación promedio anual de 15,7%. La proyección de tipo de cambio nominal para diciembre de 2018 era de 19,3 pesos/por dólar”.
“El pasado 15 de agosto cuando se publica la convocatoria a esta audiencia pública Nº 86, el dólar cotizaba 30.50, hoy luego de 20 días el dólar vale 39 pesos. Es decir, sufrió un aumento del 30%” manifestó la defensora del Pueblo rionegrina. Agregó que “los combustibles, que se encuentran liberados desde fines del año pasado en menos de dos semanas sufrieron dos aumentos. La evolución y dispersión del precio de las naftas como consecuencia de las correcciones hacia la dolarización y la liberación de los precios, no hacen más que presionar la inflación y subir el costo de vida”.
En sus conclusiones manifestó que «en la región patagónica el servicio de gas es un servicio esencial. No atender esta realidad, sobre todo en el contexto económico actual, plantea un problema ético y moral”.
“El Estado está obligado a respetar los derechos reconocidos constitucionalmente y a organizar el poder público para garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos, no sólo a la administración sino a las instituciones a las que delega su autoridad”. Añadió que “por lo tanto, autorizar una tarifa que viole los principios que emanan de las normas expuestas implica violencia institucional, atenta contra la dignidad de las personas y vulnera nada menos que los derechos humanos”.
«Por estos motivos, y en consonancia con lo planteado por el resto de los defensores del pueblo del país, quienes representamos a los ciudadanos de la Patagonia, rechazamos cualquier aumento en la tarifa de gas y manifestamos la voluntad de conformar una mesa de dialogo que contribuya a garantizar la paz social, ante la crítica situación política, económica y social que atraviesa el país», concluyó.
Río Negro
Continúa la obra del VMOS tras completarse la última soldadura automática
El proyecto une en esta etapa Allen con Punta Colorada a lo largo de 437 kilómetros.
Tras la finalización de la última soldadura automática, el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) mantiene su ritmo de ejecución con tareas en distintos puntos del trazado y en la terminal de Punta Colorada. La obra, que atraviesa el territorio rionegrino, consolida la infraestructura clave para la exportación del crudo de Vaca Muerta.
El proyecto, que une en esta etapa Allen con Punta Colorada a lo largo de 437 kilómetros, alcanzó un nuevo hito técnico y en paralelo mantiene en ejecución tareas vinculadas a pruebas hidráulicas, obras civiles y montaje de instalaciones. La semana pasada, durante un encuentro con proveedores locales en Cipolletti, el CEO de VMOS, Gustavo Chaab, apuntó que la obra en general tiene un grado de avance del 38%.
En los tramos iniciales, entre Allen y Chelforó, se completaron las pruebas hidráulicas y se avanza en el soplado de fibra óptica y los empalmes de cañería, mientras que el tramo Chelforó–Punta Colorada se prepara para el inicio de la fase constructiva final, previsto una vez otorgado el permiso definitivo para el cruce del río Negro.
Frentes activos en estaciones y terminales
Según se informó desde el área de Hidocarburos provincial, en la cabecera de bombeo de Allen, se desarrollan tareas de movimiento de suelo, montaje de tanques y fundaciones eléctricas, además del prefabricado de cañerías y drenajes.
Simultáneamente, en la estación de bombeo de Chelforó (EB1) se trabaja en la instalación de bases premoldeadas, bandejas de conducción, pórticos eléctricos y fundaciones de sala técnica, con avances visibles en las obras de hormigón y soldaduras de ajuste.
La terminal de exportación de Punta Colorada, ubicada en el Golfo San Matías, concentra actualmente el mayor volumen de tareas. Allí se construyen seis tanques de almacenamiento de 120.000 metros cúbicos cada uno, con distintos grados de avance. Dos de ellos ya completaron las estructuras principales, mientras los restantes avanzan en etapas de impermeabilización, protección catódica y montaje de domos.
El predio incluye además caminos internos, obras de drenaje y servicios, junto a la instalación de monoboyas mar adentro que permitirán la carga de buques de gran porte.
Un proyecto que integra a Río Negro al futuro energético
El Oleoducto Vaca Muerta Sur se consolida como la infraestructura más importante en ejecución para ampliar la capacidad de transporte y exportación del petróleo argentino. Con una inversión estimada en 2.000 millones de dólares, el sistema contará con cuatro estaciones de bombeo, 28 válvulas de bloqueo y una capacidad inicial de 390.000 barriles diarios, ampliable a 550.000 en 2027.
El Gobierno de Río Negro acompaña este proceso promoviendo la participación de empresas y trabajadores rionegrinos en la cadena de valor del proyecto, tanto en su etapa constructiva como en la futura operación.
Judiciales
Se realizó el sorteo de jurados populares para los próximos dos años
En las circunscripción con cabecera en General Roca fueron seleccionados 500 mujeres y 500 varones.
El Poder Judicial de Río Negro llevó a cabo el sorteo de potenciales jurados populares, mediante el cual se seleccionaron 3.600 personas que podrán integrar tribunales populares durante los años 2026 y 2027.
El procedimiento, conforme al Código Procesal Penal, fue supervisado por el Juzgado Electoral Provincial y estuvo a cargo de Lotería de Río Negro. Participaron el vocal del STJ Sergio Ceci, el juez electoral Carlos Da Silva, la secretaria electoral Verónica Belloso, el director de la Oficina Judicial de la Primera Circunscripción Nicolás Farina, Virginia Sastre, del Tribunal de Impugnación y Nicolas Rochas del Ministerio Público. También asistieron la defensora del Pueblo, Adriana Santagati, autoridades de Lotería y representantes del Colegio de la Abogacía de la Primera Circunscripción, en nombre de todos los colegios de la provincia.
Se sortearon 1.800 mujeres y 1.800 varones del padrón electoral provincial. En la Primera Circunscripción, con asiento en Viedma, se seleccionaron 300 mujeres y 300 varones. En las circunscripciones con cabecera en General Roca, Bariloche y Cipolletti se sortearon 500 mujeres y 500 varones en cada una.
Las personas seleccionadas recibirán información a través de las Oficinas Judiciales Penales de cada circunscripción, donde se les indicarán los pasos a seguir y los canales de contacto disponibles.
Cada persona sorteada recibirá una comunicación oficial que incluirá una nota de la Oficina Judicial Penal, un formulario de declaración jurada y un sobre para la respuesta. Esta podrá remitirse gratuitamente por Correo Argentino o completarse en forma digital a través del sitio web: jurados.jusrionegro.gov.ar.
Los datos recabados permitirán realizar una primera verificación para detectar incompatibilidades o impedimentos legales que impidan integrar un tribunal popular. La información será tratada de manera confidencial por las Unidades de Juicios por Jurados de cada circunscripción.
Ningún funcionario o funcionaria judicial solicitará datos bancarios, claves digitales ni información personal sensible.
Desde la implementación del juicio por jurados en Río Negro, las personas seleccionadas por sorteo participan en los procesos penales más graves y públicos. El sistema establece que el jurado popular esté compuesto por doce miembros cuando el fiscal anticipa que solicitará una pena superior a doce años de prisión.
Para integrar un jurado popular en Río Negro es necesario ser argentino o argentina, tener más de 18 años y residir en la zona donde ocurrió el delito. Quedan excluidas las personas con condenas por delitos dolosos, así como quienes ejerzan profesiones jurídicas, funcionarias y funcionarios judiciales, auxiliares de justicia, integrantes activos de las fuerzas de seguridad y referentes religiosos.
Política
La Provincia aplicó 82 cesantías y 6 exoneraciones por incumplimientos laborales
Desde 2024 la Junta de Disciplina aplicó 513 sanciones.
La Provincia de Río Negro informó que entre 2024 y lo que va de 2025, se trataron más de 900 expedientes y se aplicaron 513 sanciones: 82 cesantías, 6 exoneraciones, 403 suspensiones y 22 apercibimientos, en el marco de su «política de ordenamiento de la administración pública».
«Estas sanciones reflejan la continuidad de la política de ordenamiento de la administración pública», expresó la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra. «Buscamos garantizar que el sueldo, que paga cada rionegrino con sus impuestos, sea por un trabajo bien hecho. Es la mejor forma de respaldar a los miles de agentes que sí cumplen con su tarea», agregó.
Desde enero de 2024 se iniciaron 172 nuevos sumarios y se dictaron 86 suspensiones preventivas. Como muestra de que el proceso ofrece garantías, en el mismo período también se resolvieron 70 sumarios con sobreseimiento de los agentes y se archivaron 193 expedientes en los que no se acreditó una falta.
Una sanción nunca es automática. Primero, se abre un sumario administrativo y se realiza una investigación interna para analizar el incumplimiento. Este proceso está a cargo de instructores (abogados) que garantizan que el procedimiento sea justo y que el agente tenga el derecho a defenderse.
Lastra, explicó que «el objetivo de estos procedimientos es garantizar un ambiente de trabajo justo y dar respuesta a situaciones que perjudican tanto al servicio que presta el Estado, como a los propios compañeros que sí cumplen con sus tareas».
Las actuaciones disciplinarias abarcan una amplia gama de incumplimientos, que van desde faltas graves en el servicio (como la desatención de tareas, ausencias injustificadas o negligencia en la gestión y el cuidado de insumos) hasta inconductas y conflictos interpersonales en el lugar de trabajo, incluyendo denuncias por malos tratos, insultos y peleas entre compañeros.
Finalmente, se encuentran las sanciones más severas. La cesantía, que implica la desvinculación del agente con posibilidad de reingreso al Estado transcurridos cinco años, se aplica cuando hay una acumulación de sanciones previas, abandono de servicios o hechos de mayor gravedad.
La exoneración es la medida más dura: no solo supone la desvinculación definitiva de la administración pública, sino que también inhabilita de forma permanente al agente para volver a trabajar en el Estado. Esta sanción se reserva para casos extremos, como los delitos dolosos con condena penal firme. Recientemente, por ejemplo, se aplicó la exoneración a un agente que había sido condenado por la Justicia por un caso de violencia de género.
El organismo encargado de resolver es la Junta de Disciplina. Su composición asegura la transparencia del proceso: está integrada por un presidente abogado, dos vocales del Poder Ejecutivo y dos vocales gremiales, uno por ATE y otro por UPCN.
«El fortalecimiento institucional es un pilar de la gestión. Corregir lo que está mal también es rendir cuentas y valorar el esfuerzo de los agentes que sostienen el servicio público cada día», concluyó la secretaria Lastra.
