Río Negro
Pruebas finales del nuevo transformador que ampliará la capacidad eléctrica en Roca
La nueva máquina optimizará notablemente el suministro en la ciudad.
La solución para el abastecimiento eléctrico de Roca y Cervantes está próxima a concretarse. La empresa que construye el transformador de potencia de 60 MVA que compró la Provincia, se encuentra realizando en Córdoba los últimos ensayos, previo a su envío a la región.
El artefacto se instalará en la Estación Transformadora General Roca y servirá para aumentar en un 50% la capacidad de transformación de la planta eléctrica, llevando su disponibilidad de potencia de los actuales 60 a 90 MVA.
Se trata del primer transformador de estas dimensiones que se instale en el sistema eléctrico de Río Negro. Constituye una de las medidas dispuestas por el Estado Provincial para mejorar las condiciones y ampliar la capacidad del sistema en alta tensión del Alto Valle.
Los trabajos de prueba se iniciaron esta semana con la presencia de una comitiva rionegrina encabezada por el secretario de Energía, Sebastián Caldiero; y personal técnico de la empresa estatal Transcomahue, que hizo el proceso de compra y lo pondrá en servicio.
“El objetivo de los ensayos en fábrica consiste en verificar que la máquina cumpla con las condiciones de diseño solicitadas en las especificaciones técnicas y especialmente en la planilla de datos técnicos que el fabricante garantiza”, confió el técnico de Transcomahue, Pablo Vilte.
El especialista explicó que “luego de siete meses de fabricación, durante las próximas horas se someterá al artefacto a pruebas relacionadas con las funciones básicas del equipo”. “En síntesis son ensayos dieléctricos que se le realizan al transformador de potencia simulando, de acuerdo a la normativa vigente que aplica para este tipo de máquinas, las condiciones normales y excepcionales a las que puede estar sometido durante el transcurso de su vida útil”, añadió.
Durante las cuatro jornadas de trabajo se medirá la capacidad de transformación, la resistencia de los bobinados y la medición de corriente. Aunque también hay cuestiones que se verifican referidas a su aislación para medir su resistencia y el funcionamiento general de sus accesorios, además de aspectos de diseño.
Vilte contó que está previsto que la máquina se despache antes de fin de mes en un viaje que duraría unos tres días. “En paralelo se están realizando trabajos de reacondicionamiento de la Estación Transformadora General Roca desde hace un tiempo, donde tenemos bastante trabajo porque hay que retirar el transformador actual de 30 MVA, por lo que hay que hacer una logística importante para moverlo. Tiene que ser una maniobra muy coordinada entre la salida del actual transformador y la llegada de éste y su montaje sobre la fundación”, adelantó.
Un plan integral
El transformador se instalará en la ET General Roca y servirá para aumentar en un 50% la capacidad de transformación de la planta eléctrica, llevando su disponibilidad de potencia de los actuales 60 a 90 MVA. Fue construido en Córdoba por la empresa Tubos Trans Electric SA y demandó una inversión superior al millón de dólares.
El titular de Energía, Sebastián Caldiero, resaltó que la adquisición del aparato es parte de un plan integral para dar una solución al abastecimiento de la región que el Gobierno Provincial ejecuta a través de Transcomahue. “Esto se complementa con el recambio y modernización del tren de celdas que terminamos en marzo de este año con una inversión de 30 millones de pesos de la Provincia. A eso le adicionamos la reconversión de la playa de maniobras de Termoroca para que funcione como una Estación Transformadora con otros 20 millones de pesos invertidos”, recordó.
Las medidas dispuestas llevarán la capacidad de transformación de Roca y sus alrededores en el orden de los 105 MVA. “Esto permitirá brindarle seguridad en el abastecimiento a Roca con una expectativa de crecimiento de 20 años”, aseguró.
Caldiero estuvo acompañado por la secretaria de Energía Eléctrica, Andrea Confini, y el presidente de Transcomahue, Marcos Crescimone.
Judiciales
Confirman sentencia contra administradora de plan de ahorro por no dar información clara y precisa
El consumidor reclamó tras recibir una cuota 84 con un valor elevado y sin explicación.
Un fallo de segunda instancia confirmó una sentencia que había condenado, de manera solidaria, a una administradora de planes de ahorro y a una terminal automotriz, por incumplimientos al deber de información hacia un consumidor de Viedma.
El caso se originó a partir del reclamo de un hombre que había suscripto un plan de ahorro a 7 años y que, al llegar a la cuota final número 84, recibió un monto considerablemente más alto de lo esperado, sin una explicación clara ni detallada sobre su conformación.
En primera instancia, el juez tuvo por acreditado que existía un saldo deudor, pero consideró que la administradora no logró explicar de manera razonada cómo se había arribado a ese monto. En el análisis también se tuvo en cuenta la aplicación de una medida cautelar dictada en el marco de un amparo colectivo, que luego fue revocada, sin que ello fuera debidamente informado al consumidor.
El Juzgado entendió que la empresa incumplió el deber de información, al no brindar precisiones sobre la composición del valor móvil, los rubros incluidos en los cupones de pago ni el impacto de la medida cautelar en la cuota final. Esa conducta fue considerada un incumplimiento relevante dentro de una relación de consumo, por lo que se ordenó el pago de una indemnización por daño moral y la aplicación de un daño punitivo.
Al analizar el recurso, la Cámara confirmó el fallo y sostuvo que no resultaba suficiente consignar el valor móvil en los cupones, sino que era exigible una conducta activa y transparente por parte de la administradora, conforme a la Ley de Defensa del Consumidor y el Código Civil y Comercial.
Judiciales
Responsabilizan a la dueña de un perro por un ataque en la vía pública: La víctima sufrió lesiones estéticas permanente
Las marcas quedaron visibles y a eso se sumó el impacto emocional propio de una agresión inesperada.
Una mujer sufrió lesiones de consideración y secuelas estéticas permanentes tras el ataque de un perro en plena vía pública. Eran cerca de las 9 de la mañana cuando caminaba hacia su trabajo y, al pasar frente a una vivienda, el animal se lanzó sobre ella sin advertencia previa. La mordió reiteradamente en un brazo y recién se separó tras varios intentos. El episodio ocurrió en Bariloche y un fallo civil condenó a la dueña del can a pagar una suma millonaria.
El ataque no fue un hecho menor ni aislado en sus consecuencias. La mujer recibió atención médica de urgencia y continuó con tratamientos posteriores por las lesiones provocadas por la mordedura. Las marcas quedaron visibles y permanentes. A eso se sumó el impacto emocional propio de una agresión inesperada en un espacio que, por definición, debería ser seguro: la vereda de una calle residencial.
Durante el juicio, el juez civil interviniente dio por acreditado que el ataque ocurrió sin provocación alguna por parte de la víctima y que el perro se encontraba bajo la guarda de su propietaria. Para reconstruir lo sucedido, el magistrado valoró actas policiales, registros de sanidad animal, documentación médica, fotografías y testimonios producidos en el expediente. Ese conjunto probatorio permitió descartar cualquier versión alternativa de los hechos.
El fallo se apoyó en un principio jurídico central: los daños causados por animales se rigen por el régimen de responsabilidad objetiva previsto en el Código Civil y Comercial. Bajo este sistema, no resulta necesario demostrar negligencia, descuido o intención. El dueño responde por el solo hecho de tener al animal bajo su control. La ley solo admite la eximición de responsabilidad si se prueba culpa de la víctima, intervención de un tercero ajeno o un hecho imprevisible e inevitable. Ninguna de esas circunstancias fue acreditada en el caso.
La sentencia fijó una suma superior a los 6 millones y medio de pesos. El monto reconoció, en primer lugar, el daño estético derivado de la cicatriz que dejó la mordedura, considerada una alteración permanente de la apariencia física. El juez entendió que esa secuela debía ser reparada de manera autónoma, aun cuando no afectara de forma directa la capacidad laboral de la mujer.
También se reconoció el daño moral. El fallo destacó el carácter traumático del ataque, el miedo experimentado, la alteración de la tranquilidad personal y las limitaciones que el hecho impuso en la vida cotidiana de la víctima. La agresión, ocurrida de manera súbita y violenta, fue considerada suficiente para justificar una reparación económica relevante por la afectación espiritual sufrida. Además, se admitieron gastos médicos posteriores al episodio, vinculados a curaciones, medicamentos y atenciones necesarias como consecuencia directa del ataque.
El tribunal rechazó, en cambio, el reclamo por daño psicológico permanente. Un informe pericial concluyó que la mujer no presenta una patología psíquica ni una incapacidad duradera, sino reacciones esperables frente a un evento violento. Si bien se reconoció la existencia de angustia y conductas de evitación, estas no alcanzaron el umbral de una afección psicológica indemnizable como incapacidad. La sentencia no está firme porque puede ser apelada.
Gremios
El Gobierno propuso suma compensatoria y actualizar salarios por IPC
ATE analizará la oferta, mientras que UPCN ya adelantó su rechazo asegurando que «ya hay un acuerdo preliminar con la otra organización sindical».
El Gobierno de Río Negro retomó las negociaciones paritarias con los gremios ATE y UPCN, en el ámbito de la Mesa de la Función Pública. Se presentó una propuesta superadora que combina una compensación extraordinaria por el último trimestre de 2025, con un esquema de actualización automática por IPC para los primeros 4 meses de 2026.
Los representantes de ATE adelantaron que «la decisión final la van a tomar las instancias orgánicas del sindicato», mientras que UPCN rechazó la propuesta asegurando que «ya hay un acuerdo preliminar con la otra organización sindical».
La oferta oficial consta de 4 ejes. En primer lugar, incluye una compensación extraordinaria por el último trimestre de 2025 por un total de $250.000. El monto se abonará por planilla complementaria en 2 cuotas iguales: la primera el 20 de febrero y la segunda el 20 de marzo.
Para la pauta salarial 2026, el Ejecutivo propuso un mecanismo de actualización automática bimestral basado en la evolución del IPC, que cubre los primeros 4 meses del año. Los haberes de febrero se ajustarán según el IPC de diciembre y enero, mientras que los de abril lo harán con los índices de febrero y marzo. A pedido de los gremios, el cálculo surgirá del promedio entre el IPC Nacional y el IPC Viedma.
Además, en marzo se abonará la Ayuda Escolar con un incremento del 100% respecto del año anterior, alcanzando los $80.000 y los $160.000 en el caso de familias con hijos con discapacidad.
Por último, se confirmó el pago del concepto Indumentaria con un incremento interanual, que alcanzará los $250.000. El monto se depositará en 2 cuotas, el 17 abril y el 17 mayo.
«Estamos haciendo un gran esfuerzo, pero siempre con los pies sobre la tierra. No vamos a sacrificar la responsabilidad fiscal, porque el orden de las cuentas es lo único que nos permite garantizar el pago en tiempo y forma, un compromiso que esta gestión ha cumplido siempre», explicó la secretaria de la Función Pública.
Esquema de pagos y actualizaciones mes a mes
Con la propuesta de Gobierno, en febrero se abonaría la primera cuota de la compensación extraordinaria por el último trimestre de 2025, por un monto de $125.000, y se aplicará el aumento salarial correspondiente por IPC.
En marzo, se pagará la segunda cuota de la compensación extraordinaria, también por $125.000, y se abonará la Ayuda Escolar con un incremento del 100%, que alcanzará los $80.000 por hijo y los $160.000 en el caso de hijos con discapacidad.
En abril se aplicará un nuevo aumento salarial por IPC y se abonará la primera cuota del concepto Indumentaria, por un monto de $125.000.
En mayo se completará el pago del concepto Indumentaria con la segunda cuota, también por $125.000.
La reunión fue encabezada por la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra, junto a sus pares de Hacienda, Natalia Crociati, y de Gobierno, Natalia Almonacid. Por los gremios participaron Mónica Miranda (UPCN) y Rodrigo Vicente (ATE).
