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Aguiar propone cobrarle un impuesto de emergencia a las 50 familias más ricas del país

“Cuando termine el aislamiento, al que tenemos que poner en cuarentena es al neoliberalismo”, dijo el secretario adjunto de ATE a nivel nacional.

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El secretario adjunto de ATE nacional, Rodolfo Aguiar, aseguró que “la salida a la emergencia sanitaria y social que vivimos a causa de las políticas de ajuste impulsadas durante los últimos años y profundizada por el coronavirus tiene que ser la creación de un impuesto de emergencia a las 50 familias más ricas y las 200 principales empresas del país” y declaró que “cuando termine el aislamiento, al que tenemos que poner en cuarentena es al neoliberalismo”.

“La crisis que atraviesa el país se superará sólo si el costo lo pagan por primera vez los ricos y no los sectores populares como suele ocurrir, porque los trabajadores, jubilados y la inmensa mayoría del pueblo ya estamos cansados de perder”, consideró Aguiar luego de una videoconferencia en la que la conducción debatió este posicionamiento del sindicato.

La pandemia puso en jaque a las economías de varios países del mundo. En este contexto, el sindicalista afirmó que “el coronavirus mata y sus consecuencias sobre la economía son drásticas”. Argentina tiene el agravante de los números que dejó el gobierno de Mauricio Macri, donde el 37,9% de la población está bajo la línea de pobreza y el 8,4% en la indigencia, según el Indec.

La propuesta del dirigente gremial apunta directamente a los sectores más ricos del país y que más crecimiento han tenido en los últimos años. Para ponerle nombres a estos grupos económicos, las tres familias más adineradas, según un informe de la revista Forbes del 2019, son: Paolo Rocca (dueño del grupo Techint) y familia con 8 mil millones de dólares; Alejandro Pedro Bulgheroni y familia con 6.200 millones; y Gregorio Pérez Companc y familia con 3 mil millones.

Según un informe del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP), estos grupos familiares aumentaron sus fortunas entre 80% y 99% en los últimos dos años. Lo mismo sucede con la cúpula empresarial, donde las proveedoras de luz, gas y agua incrementaron sus ganancias en 1036,5% a costa de los tarifazos de los últimos años. Por eso, Aguiar criticó que «las ganancias de las 200 principales empresas y las 50 fortunas familiares más grandes mostraron un crecimiento inmoral justo en épocas en las que la mayoría del pueblo se sumía en la pobreza e indigencia».

«Las medidas del Gobierno han sido insuficientes«

Aguiar continuó con sus análisis sobre las medidas tomadas por Alberto Fernández. «Hasta aquí han sido correctas pero resultan insuficientes. No alcanza sólo con ayudar a los sectores más afectados, sino que hay que animarse a quitarle a los poderosos. Necesitamos un Estado que intervenga decididamente y con firmeza». En esta línea, el sindicalista ya destacó como adecuadas las decisiones de otorgar bonos extras a los sectores más postergados, como jubilados y titulares de planes sociales, y a áreas críticas como los trabajadores de la salud.

Por su parte, el gremialista aseguró que quienes deben aportar para combatir los problemas de la sociedad son los grupos empresariales. «Sólo podremos superar esta emergencia estableciendo un impuesto o gravamen de emergencia sobre las principales empresas y fortunas de nuestro país. No alcanza con que muestren alguna actitud benéfica de vez en cuando. Tienen que estar dispuestos a perder».

Para tomar dimensión de las exorbitantes sumas de dinero que acumulan estas familias, basta con comparar con el presupuesto asignado al Ministerio de Salud para este año: $785.313.203.852. Tan sólo la riqueza acumulada por la familia Rocca podría pagar hasta 6 veces esa cifra. Es por eso que Aguiar concluyó que «las cúpulas empresarias deben dejar de ser intocables en la Argentina o no vamos a terminar jamás con las grandes desigualdades».

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ATE definió un paro de 24 horas con movilización al Congreso y exige a senadores que «pulvericen los decretos truchos de Sturzenegger»

«Estamos cerca de frenar la motosierra. Tenemos que seguir movilizados. Es evidente que sin facultades delegadas, el Gobierno pierde fuerzas», indicó Aguiar.

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La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) definió un paro nacional de 24 horas con movilización al Congreso para el día en que el Senado convoque a la sesión por el rechazo a los decretos presidenciales que «buscan alterar y eliminar distintos organismos y estructuras del Estado». Cada distrito del país podrá definir la metodología de protesta para adherir a esta jornada, considerándose los cese de tareas, retiros de los lugares de trabajo a partir del mediodía, asambleas, acampes y cortes de rutas, entre otras.

El sindicato también se movilizará este miércoles (20/08) a partir de las 12 del mediodía al Congreso para exigir a los diputados que rechacen los vetos del presidente Javier Milei a la extensión de la moratoria previsional, el aumento a jubilados y la Ley de Emergencia en Discapacidad.

«Estamos cerca de frenar la motosierra. Tenemos que seguir movilizados. Ahora le toca al Senado votar para voltear los decretos truchos de Sturzenegger y así salvar todos los bienes del Estado», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.

«Es evidente que sin facultades delegadas, el Gobierno pierde fuerzas. Ahora es cuando tenemos que frenar e impedir el remate de todo el patrimonio estatal. Tenemos que seguir en la calle para lograr que el Congreso decida que no nos gobiernen por decreto y le ponga freno así a la degradación de nuestra democracia», agregó el referente estatal.

Si bien aún falta la confirmación oficial del Senado para la convocatoria al tratamiento legislativo, el sindicato adelantó que la medida de fuerza se realizará para cuando se efectivice la convocatoria. En el caso de no ser convocada para esta semana, se fijará fecha definitiva a la medida de acción directa a los efectos de exigir que se acelere el trámite parlamentario.

Los decretos que ATE exige su rechazo en la Cámara Alta incluyen el desguace del INTI y el INTA (DNU 462/25); la pérdida de autonomía del Banco Nacional de Datos Genéticos (351/25), y la disolución de Vialidad (461/25), entre otros. Todos ellos ya fueron rechazados en primera instancia por Diputados y, en caso de tener el mismo resultado en el Senado, dejarán de tener vigencia.

También cabe recordar que el pasado 29 de julio, el Juzgado Federal Civil Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín falló a favor de ATE y ordenó al Gobierno dejar en suspenso el ajuste en el INTI mediante el Decreto 462/25.

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Camioneros inició un paro por tiempo indeterminado en Vaca Muerta

El Sindicato alertó que hasta que no se resuelva la situación que afecta a trabajadores de la empresa NRG, se mantendrá la medida de fuerza.

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Foto: Gentileza AM 740 La Carretera.

El Sindicato de Camioneros de Río Negro inició un paro por tiempo indeterminado que mantiene bloqueado el ingreso a yacimientos en Vaca Muerta, en reclamo por el los despidos y deudas de la empresa NRG. La medida de fuerza, que cuenta con un acatamiento total según AM 740 La Carretera, paralizó las actividades en la zona y amenaza con extenderse si no se presenta una propuesta concreta y seria por parte de la compañía.

Gustavo Sol, secretario general de Camioneros Río Negro, declaró a La Carretera que el paro «es un éxito» y que «el acatamiento es total». Sol fue enfático al señalar que no van a ceder en sus demandas, ya que «demostramos que tenemos razón en nuestro planteo».

La tensión escaló luego de que las conciliaciones obligatorias no arrojaran resultados, lo que, según el titular de Camioneros, demuestra que «las empresas Total, Tecpetrol, Phoenix Y Shell insisten en no hacerse responsables de lo que les pasa a los trabajadores».

Hasta las 14 horas no se había informado de avances en las negociaciones. Sol se mostró activo en la jornada de paro y anunció que no dudarán en alistarse para estar el tiempo que sea necesario en los caminos de Vaca Muerta. «Estamos preparados para estar firmes en la medida el tiempo que sea necesario. Queremos la respuesta que necesitan los trabajadores», dijo de manera tajante el dirigente sindical.

El paro en los ingresos a los yacimientos podría afectar la producción de hidrocarburos, generando pérdidas millonarias y afectando la cadena de suministro. Las autoridades laborales se encuentran monitoreando la situación, aunque hasta el momento no se ha logrado un acuerdo que permita destrabar el conflicto.

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ATE presentó una cautelar ante la Justicia para que se suspendan los pases a disponibilidad

El sindicato además intimó a Sturzenegger a convocar de manera urgente a una mesa de negociación para revertir los casos de disponibilidad y reubicar a los trabajadores en sus funciones o similares.

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La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) demandó ante la Justicia al Gobierno Nacional para suspender las resoluciones de los Ministerios de Capital Humano, Economía y Desregulación y Transformación del Estado que disponen el pase a disponibilidad de cientos de trabajadores por «vulnerar el derecho a la estabilidad laboral».

«El régimen de disponibilidad que dispuso el Gobierno es manifiestamente ilegal. Las resoluciones ministeriales son inválidas, arbitrarias y violan derechos laborales consagrados en la Constitución. Ni las facultades delegadas oportunamente otorgadas ni la Ley Bases justifican este pisoteo al derecho a la estabilidad en el Empleo Público», indicó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.

El sindicato, además, intimó al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que conduce Federico Sturzenegger a convocar de manera urgente a una mesa de negociación con el propósito de revertir los casos de disponibilidad y reubicar a los trabajadores en sus funciones o similares.

«El Poder Ejecutivo está excedido en sus atribuciones y de ninguna manera se cumplen los requisitos exigidos por la normativa vigente para que algún agente sea declarado en disponibilidad. No podemos aceptar la discrecionalidad que supone que sea el propio empleador quien defina cuál es la dotación óptima», agregó el referente estatal.

En esta línea, el dirigente apuntó que «a lo largo de estos últimos 20 meses, la Justicia ha fallado en numerosas ocasiones en favor de los trabajadores entendiendo que este Gobierno actúa contra la Constitución Nacional y al margen de la ley. Ahora debe actuar nuevamente para volver a poner en el ejercicio de sus derechos a los trabajadores del Sector Público. Sólo los gobiernos militares pusieron en disponibilidad y declararon prescindibles a los trabajadores afectando el derecho constitucional a la estabilidad».

La presentación ante el Fuero Contencioso Federal fue realizada por los equipos jurídicos de ATE Nacional y ATE Capital. En este marco, Aguiar detalló que «la articulación y el trabajo conjunto de todos los equipos jurídicos de nuestro sindicato, como así también la unidad política que se sigue consolidando, son los que nos ha permitido obtener resultados positivos en el último tiempo, como han sido la defensa del derecho de huelga y el Día del Empleado Público, entre otros».

La medida cautelar señala que el pase a disponibilidad es una figura excepcional regulada por la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164 y la misma exige la supresión real de funciones para ser efectuado, lo que no ocurrió: las tareas siguen realizándose en otras áreas, configurándose una simulación de reestructuración.

Además, el sindicato apunta contra el concepto de ‘dotación óptima’ de personal como condición para efectuar el pase a disponibilidad, el cual fue agregado por la Ley Bases (27.742) y que «su arbitrariedad depende sólo de la mirada del funcionario a cargo de la gestión».

Otro de los aspectos que señala el documento legal es que se dispusieron pases a disponibilidad «sin contar con un procedimiento establecido para que los trabajadores puedan ser requeridos, conforme a su perfil, por otras áreas del Estado».

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