Río Negro
Río Negro firmó el Acuerdo Federal para una Argentina Unida contra la Violencia de Género
«Nos comprometimos a seguir trabajando en la lucha contra los femicidios y para evitar la violencia contra las mujeres y contra las identidades feminizadas», dijo Carreras.
La gobernadora, Arabela Carreras, firmó junto al presidente de la Nación, Alberto Fernández y sus pares de todas las provincias, el acta compromiso «Acuerdo Federal para una Argentina Unida contra la violencia de género», en el marco del Día Internacional de la Mujer.
Carreras valoró la iniciativa, impulsada por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. “Nos comprometimos a seguir trabajando en la lucha contra los femicidios y para evitar la violencia contra las mujeres y contra las identidades feminizadas. Para eso, necesitamos jerarquizar las áreas de Género”, remarcó.
A través de este documento, los gobernadores, gobernadoras y el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se comprometen a integrar el Consejo Federal para la prevención y el abordaje de femicidios, travesticidios y transfemicidios; a adherir al Sistema Único de Registro de denuncias por violencia de género (URGE) y al Sistema Integrado de casos de violencia por motivos de género (SICVG), y a jerarquizar y fortalecer las áreas de Género provinciales y municipales.
Además, se buscará promover una rápida, coordinada y especializada gestión de los casos de violencias por motivos de género en el Poder Judicial de cada provincia; y fortalecer los espacios de formación y capacitación en perspectiva de género para las fuerzas policiales y generar mecanismos que faciliten la realización de denuncias en casos que involucren a miembros de las fuerzas de seguridad.
También se comprometen a garantizar que los establecimientos de salud cuenten con equipos interdisciplinarios que aseguren un adecuado abordaje de los casos de violencia por motivos de género.
Para eso, los distritos trabajarán de manera coordinada y conjunta con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, articulando recursos, políticas y acciones en el marco del Plan Nacional de Acción contra la violencia por motivos de género 2020/2022.
También participaron del acto, las ministras de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, quien también firmó0 el acuerdo; y la de Justicia, Marcela Losardo.
El acta compromiso
Acuerdo Federal para una argentina unida contra la violencia de género
El presidente de la nación argentina, los/as gobernadores/as de las provincias y el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires abajo firmantes suscribimos esta acta compromiso con el fin de generar un gran acuerdo federal que permita construir una Argentina Unida contra las violencias por motivos de género.
El tiempo que vivimos nos exige una respuesta contundente y coordinada que exprese el compromiso de cada uno y de cada una para implementar políticas públicas integrales y eficaces a nivel nacional, provincial y municipal. Debemos priorizar en nuestras agendas públicas y políticas todas las acciones necesarias dirigidas a erradicar las violencias de género. Para ello, el primer camino es la jerarquización y el fortalecimiento de las áreas de género encargadas de abordar esta problemática en cada territorio, dotándolas de los recursos, las herramientas y el acompañamiento político que la sociedad espera de nosotros/as.
Para lograr la transformación cultural que se requiere, necesitamos avanzar fundamentalmente en políticas de prevención de las violencias, articulando acciones entre las distintas agencias estatales y con las organizaciones sociales, comunitarias y de la sociedad civil. El cambio necesario es imposible sin la fuerza del Estado, pero con acciones estatales solamente no alcanza: necesitamos de cada uno de los argentinos y las argentinas para lograr modificar la matriz cultural que cada día produce y reproduce la violencia.
Ante la urgencia y ante la violencia consumada, necesitamos garantizar los dispositivos y herramientas adecuadas para una asistencia integral para todas las personas que atraviesan esa situación. Asistencia y protección inmediata en casos de alto riesgo. Debemos poner todo nuestro esfuerzo para coordinar políticas, equipos de trabajo y recursos para que cada mujer que necesite ayuda, encuentre un Estado presente y cercano: nacional, provincial o municipal. Estos esfuerzos deben sumarse a los que los poderes judiciales indefectiblemente deben llevar adelante, transformando aquellas estructuras y prácticas deficitarias, para estar a la altura de lo que la sociedad les exige.
Tenemos la obligación de construir la confianza necesaria para que toda persona en situación de violencia de género sienta que tiene dónde pedir ayuda y dónde encontrar acompañamiento y protección.
Estamos frente a una posibilidad histórica: podemos entre todos y todas, unidos/as sin distinción partidaria ni territorial, construir una política de Estado seria y sostenible en el tiempo. Una política con acciones consensuadas de corto, mediano y largo plazo. Una política que nos lleve finalmente a reducir y erradicar la cantidad de femicidios, travesticidios y transfemicidios que suceden todos los días en nuestro país. De nosotros y nosotras depende impulsar esta transformación que permita a todos y todas vivir en una Argentina libre de violencias de género.
Judiciales
Caso Mandagaray: El STJ anuló, reiteró la obligación de garantizar la revisión integral y fijó pautas para el nuevo análisis
La sentencia reenvió el caso al Tribunal de Impugnación, que deberá integrarse de manera diferente.
El STJ anuló nuevamente la sentencia dictada por el Tribunal de Impugnación en la causa en la que falleció el joven Gabriel Mandagaray. Concluyó que no se cumplió con la revisión integral que le había sido ordenada en un reenvío anterior y dispuso que otro tribunal, con distinta integración, vuelva a abordar el caso. Además, dio instrucciones detalladas de los pasos que debe seguir el órgano revisor.
El Superior Tribunal aclaró que no se pronunció sobre el fondo de la cuestión. «Con la intención de otorgar claridad -especialmente a los familiares de la víctima- este Tribunal no se pronuncia sobre la corrección y acogimiento de los agravios formulados, sino sobre la necesidad de otorgarles debido tratamiento».
El objetivo es garantizar el cumplimiento de la doctrina legal sobre «la obligación de los tribunales intermedios de ejercer una revisión plena y fundada de las sentencias condenatorias, en resguardo del derecho al recurso y del debido proceso».
Expresó que a pesar de las indicaciones que el STJ había establecido en su fallo anterior, el TI «desatiende su obligación de agotar su capacidad revisora». Se limitó a un análisis «superficial» y contradictorio. Recordó que la revisión de las sentencias condenatorias es una garantía de jerarquía constitucional. Citó fallos de la Corte y del propio órgano provincial al respecto.
Lo que se debe atender
El Superior Tribunal consideró que el órgano revisor no abordó de manera adecuada los planteos sobre el principio de congruencia. Esta garantía exige coherencia entre la acusación, la defensa y la sentencia. Este principio impide que la resolución realice modificaciones sorpresivas en los hechos o en las imputaciones. «La respuesta a los agravios relacionados con la vulneración del principio de congruencia procesal se ofrece limitada», dice la sentencia del STJ.
Tampoco analizó adecuadamente los planteamientos sobre los delitos atribuidos: abuso de autoridad (hecho 1) y homicidio culposo (hecho 2).
El fallo revisor confundió argumentos de ambas figuras penales, utilizó expresiones generales y no precisó cuáles fueron los actos concretos atribuidos a cada acusado.
En cuanto al homicidio culposo debió aplicar la doctrina de la autoría paralela, que refiere a la situación en que varias personas cometen un mismo delito de forma independiente, sin un acuerdo previo, causando conjuntamente el mismo resultado. A diferencia de la coautoría, aquí no existe un plan común.
En efecto, recordó el máximo Tribunal, hay doctrina obligatoria por la cual para probar este tipo de autoría es imprescindible determinar el aporte de cada interviniente en el hecho. A pesar de que ya había sido ordenado en el fallo anterior del STJ, la segunda conformación del TI no cumplió con ese requisito.
Indicó sobre este punto que el TI 2 se limitó a afirmar que todos los acusados actuaron imprudentemente, pero sin precisar cuál fue la conducta atribuida a cada uno ni de qué manera esa conducta generó un riesgo no permitido.
El fallo subraya que la revisión integral es una exigencia que deriva del mandato constitucional de motivar las decisiones judiciales, previsto en el artículo 200 de la Constitución de Río Negro, y que constituye una garantía esencial de la administración de justicia. «El Tribunal elude su responsabilidad institucional, no se ocupa de revisar lo revisable y solo ensaya una contestación dogmática, superficial e insuficiente que no satisface el alcance del derecho a la revisión de la sentencia de condena, o doble instancia», señala la resolución.
Indicaciones de los pasos a seguir
La sentencia reenvió el caso al Tribunal de Impugnación, que deberá integrarse de manera diferente. Para evitar más dilaciones, el STJ dejó sentado los pasos que deberán seguirse en la revisión: en primer término tendrá que examinar los cuestionamientos vinculados con el principio de congruencia. Para ello deberá confrontar los hechos de la acusación y los establecidos en la sentencia.
Luego, al abordar el hecho de abuso de autoridad, deberá identificar los actos concretos de los acusados que constituyan inobservancia de la ley, «sin vaguedades ni descripciones genéricas». Por último, en la revisión del hecho de homicidio culposo, se deberán determinar los aportes individuales en el resultado muerte.
Río Negro
Nuevos vuelos internacionales llegarán a Bariloche
La zona andina rionegrina comienza a calentar motores para el 2026
De cara a la temporada de invierno 2026, Aerolíneas Argentinas anunció que sumará una nueva ruta aérea entre San Pablo y San Carlos de Bariloche, facilitando el arribo de turistas brasileños de forma directa al destino rionegrino, que año a año se consolida como uno de los predilectos por el turismo nacional e internacional.
Esta noticia resulta de gran relevancia para Bariloche, ya que la aerolínea de bandera ofrecerá durante los meses de julio y agosto una frecuencia diaria que unirá el Aeropuerto Internacional de Guarulhos con el Aeropuerto Internacional Teniente Luis Candelaria de la localidad andina.
Se trata de una importante incorporación no sólo para la ciudad, sino también para la Provincia, ya que la conexión directa con el país vecino facilitará la llegada de los turistas de Brasil a los distintos destinos rionegrinos esparcidos por las cuatro regiones del territorio que cuentan con una amplia oferta turística por descubrir.
De esta manera, mientras espera expectante la llegada del próximo verano, Bariloche comienza a calentar motores para el 2026 en que espera nuevamente un arribo masivo de visitantes extranjeros a la vez que sugiere continuar con la racha de récord de vuelos que tuvo en 2025 y lo posicionó entre los lugares predilectos de Argentina.
Río Negro
Veda electoral: Cómo funcionarán los comercios y qué está prohibido durante el fin de semana de las elecciones legislativas nacionales
Conocé las restricciones previstas por el Código Electoral Nacional de cara a los comicios del domingo 26 de octubre.
Con motivo de las Elecciones Legislativas Nacionales que se desarrollarán el domingo 26 de octubre, entrará en vigencia la veda electoral establecida por el Código Electoral Nacional (Ley 19.945).
Entre las principales disposiciones, se prohíbe la venta de bebidas alcohólicas desde las 20 horas del sábado 25 y hasta las 21 del domingo 26 de octubre, es decir, 12 horas antes del inicio y 3 horas después del cierre de los comicios.
Durante ese período, bares, restaurantes, confiterías y comercios afines podrán permanecer abiertos solo hasta las 18 horas del domingo y bajo modalidad take away o delivery. Luego de ese horario podrán retomar su actividad normal, respetando la prohibición de expendio de alcohol.
Asimismo, la normativa prohíbe la realización de espectáculos públicos, eventos deportivos, reuniones políticas, proselitismo y difusión de encuestas electorales durante el desarrollo de los comicios y hasta 3 horas después de su finalización.
Las infracciones a la normativa vigente pueden implicar multas o sanciones penales, como lo establecen los artículos 71, 135 y 136 del Código Electoral Nacional.
