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Marcha atrás: Tribunal de Impugnación dictó la absolución al acusado de asesinar al perro Byron

En agosto pasado, había sido condenado a la pena de 4 meses de prisión en suspenso, más 2 años de pautas de conducta.

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El Tribunal de Impugnación aceptó por mayoría los argumentos del defensor público y revocó la condena que se había dictado en Roca por la muerte del perro Byron. La sentencia firmada hoy (20/10) ordenó la absolución del imputado Marcos Abdala por “atipicidad”, tras concluir que el hecho que se le atribuyó no cumple con todos los requisitos específicos que fija la ley para que se configure el delito de “crueldad animal”.

En la sentencia el TI lamentó “que las partes no se hubieran dado tiempo y espacio para reflexionar sobre una salida alternativa al conflicto”, con el fin de “contribuir a restablecer la armonía entre sus protagonistas y la paz social”, que es el objetivo central del proceso según el Código Procesal Penal. Insistieron en que la condena penal debe considerarse como último recurso, cuando se hayan agotado todas las instancias posibles de solución del conflicto.

Según definió el TI, con el voto mayoritario del juez Miguel Ángel Cardella y la jueza María Rita Custet Llambí, la patada que el joven le dio al perro la noche del 21 de septiembre de 2021 en la plaza Belgrano de Roca, y que le causó la muerte por un desgarro en el hígado, no configuró el delito de crueldad animal. Explicaron que para que la acción sea “típica”, es decir, para que encuadre legalmente en la figura delictiva, la agresión al perro debió tener no sólo la intención (dolo) de lastimarlo o de matarlo, sino que también debió tener una motivación especial: “matar por el solo espíritu de perversidad”, es decir, con un “disfrute” del autor por causar la muerte al perro. Ninguno de esos dos requisitos legales se cumplen en el caso, según concluyó el Tribunal.

“Queda claro que aun siendo deliberada la patada a Byron, no alcanza para reunir los requisitos típicos del delito acusado. La acusación no acredita, más allá de toda duda razonable, que la decisión de Abdala fuera premeditada y, reiteramos, por perversidad. No hay ninguna prueba contextual que permita siquiera inferir el espíritu perverso en el hecho enrostrado. De los testigos que vieron la patada ninguno describe una acción que denote una intención de causar un sufrimiento o la perversidad de matar a Byron”, describió el fallo del TI.

Por su parte, el juez Carlos Mussi votó en disidencia. Opinó que debía confirmarse la condena porque la misma estaba correctamente fundamentada y se correspondía con los hechos acreditados en el juicio.

En agosto pasado, el joven fue condenado en Roca a la pena de 4 meses de prisión en suspenso, más 2 años de pautas de conducta, por el delito de “crueldad animal”, tipificado en los art. 1 y 3 de la Ley N° 14.346.

El hecho

Byron era un perro de gran tamaño y había escapado de su casa. El imputado caminaba junto con dos chicas por la plaza. Una de ellas llevaba un cachorro con collar. “Ante la aparición desde atrás del perro de mayor porte, el cachorro se habría asustado, motivando que Abdala le propinara al menos una violenta patada en la zona del abdomen”, dice el fallo. Luego Byron se alejó, dio algunos pasos y se desplomó, producto de la lesión interna que le causó la muerte.

“Está claro entonces que la conducta el imputado perseguía proteger al perro de menor tamaño y de ninguna manera tenía la motivación perversa que requiere el tipo penal”, concluyó el TI.

La defensa planteó que el joven “no tuvo intención de matar ni de dañar al perro” y que además el hecho “perjudicó la vida del imputado, porque fue tal la difusión del caso que generó que recibiera amenazas a través de la redes sociales, se tuvo que ir de la ciudad de Roca”.

Perversidad

El TI explicó que en el delito analizado “no alcanza” con la intención directa (dolo) de hacer sufrir o de matar a los animales “sino que en el caso concreto se requiere -en el marco de la teoría del delito- lo que se llama motivación específica. La motivación especifica es la perversidad”, que no se acreditó.

“La perversión como motivación, es una cuestión interna: la persona busca una satisfacción en la muerte del animal (tendencia sádica). La motivación debe probarse y generalmente la evidencia en el mundo exterior es dada por el contexto de los hechos”, dijeron el juez y la jueza de la mayoría. En este caso, a la luz de los testimonios recibidos, más el video que muestra los instantes posteriores al hecho, más la actitud asumida por Abdala en ese momento y a lo largo de todo el proceso, el TI concluyó que la perversidad exigida por la ley no existió.

Entre otros fundamentos, compararon y destacaron las diferencias de este caso con el de la perra “Estelita” de Cipolletti, que fue atada al gancho de un auto por el cuello y fue arrastrada, sufriendo “un sinfín de lesiones que le ocasionaron la muerte”.

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La instalación de un gasoducto deterioró una vivienda: Confirman la condena a YPF

Ocurrió en Allen. Parte del zanjeo se hizo sobre la propiedad, motivando que la vivienda este impedida de ser habitada por dos años.

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Una casa ubicada en la zona de chacras de Allen sufrió las consecuencias de la instalación de un gasoducto. El caño se instaló a tres metros de profundidad desde la Estación EFO hasta el gasoducto troncal de Fernández Oro. Parte del zanjeo se hizo sobre la casa, cerca de la acequia de riego.

Las obras duraron dos años, lo que impidió habitar la vivienda. El tránsito de camiones, el polvo y el ruido dificultaron el acceso a la chacra. Peritos confirmaron la existencia de fisuras en la construcción, originadas por las vibraciones generadas por las obras del gasoducto.

Un fallo de primera instancia condenó a YPF por el desarrollo de una actividad riesgosa. Ordenó la indemnización por la reparación de la vivienda y los daños ocasionados. La empresa apeló la sentencia. Cuestionó las pericias realizadas y la legitimación de las mujeres que iniciaron el reclamo.

La Cámara de Apelaciones en lo Civil de Roca resolvió confirmar la sentencia de primera instancia por los daños sufridos en la propiedad a raíz de las obras ejecutadas.

Los jueces consideraron debidamente fundamentado el análisis probatorio. Dieron relevancia a las pericias técnicas ambiental, agronómica y arquitectónica. Estas permitieron acreditar que las obras ejecutadas por YPF provocaron daños en la vivienda y en las instalaciones productivas.

Se tuvo en cuenta que la maquinaria operó a distancias mucho menores de las previstas en los estudios de impacto ambiental presentados por la empresa. Las conclusiones técnicas fueron respaldadas por fotografías, testimonios y el contexto fáctico.

El Tribunal descartó la existencia de arbitrariedad en la apreciación de la prueba. La crítica de la empresa no logró desvirtuar la solidez del material probatorio.

Antes de la instancia judicial, la firma ofreció un acuerdo indemnizatorio, que incluía la renuncia a reclamar judicialmente y la conformidad con las tareas en ejecución. La familia rechazó el acuerdo.

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Su papá cumple condena y no tiene contacto: Autorizan a una niña a vacacionar con su mamá fuera del país

Debido a su condena penal, el hombre se encuentra suspendido en su responsabilidad parental.

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Una madre organizó vacaciones con su hija fuera del país. El padre de la niña cumple una condena de más de 12 años de prisión. Además, la menor no mantiene contacto con él ni con su familia paterna. Debido a su condena penal, el hombre se encuentra suspendido en su responsabilidad parental.

El fuero de Familia de Roca autorizó a la mujer a viajar al extranjero con su hija. La presentación judicial se realizó ante la imposibilidad de contar con el consentimiento del progenitor.

La madre solicitó una autorización judicial general para poder salir del país con su hija en cualquier momento, sin necesidad de tramitar nuevos permisos para cada viaje. En particular, informó sobre un viaje turístico planeado a Temuco, Chile.

El padre se presentó con su abogado y manifestó estar de acuerdo con el viaje previsto. También pidió ser informado únicamente sobre futuros viajes vacacionales. El defensor de Menores dictaminó a favor del pedido de la madre, al considerar que representaba una medida beneficiosa para la niña.

Ante la imposibilidad de obtener el consentimiento de uno de los progenitores, corresponde que la Justicia supla dicha autorización, siempre que se priorice el interés superior del menor. En este caso, no hubo oposición del padre, quien además está suspendido en su responsabilidad parental debido a su condena penal.

El Tribunal consideró que el pedido de la madre permite garantizar derechos esenciales de la niña, como el derecho al descanso, al esparcimiento y al enriquecimiento cultural a través de los viajes, de acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niño.

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Imputaron a los dos hombres que tirotearon a otro en la Ruta 22

La víctima se encuentra internada y en estado reservado. Hay un tercer sospechoso, sobre el cual se emitió una orden de captura.

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El equipo fiscal de turno de General Roca formuló cargos a dos hombres por la tentativa de homicidio ocurrida el pasado miércoles (27/08) en la Ruta Nacional N° 22. Además solicitó la prisión preventiva de ambos, razón por la que continuarán detenidos.

Según la acusación fiscal, el hecho habría ocurrido alrededor de las 15.30 cuando la víctima -que está internado y en estado reservado- fue abordada por los dos imputados que llegaron hasta ahí en un vehículo conducido por un tercer hombre.

«Sobre ese hombre tenemos ya pedida su captura, porque la investigación arrojó que se habría ido del lugar a bordo del auto que utilizaron para llegar a cometer la agresión», explicó la Fiscalía.

«Los dos imputados comenzaron a agredir a la víctima, y luego uno de ellos le disparó a corta distancia en la zona del abdomen. Los tres señalados se subieron al auto, y gracias al accionar del personal del Destacamento N° 177, se logró dar con quienes hoy están en esta audiencia», afirmó la representante fiscal.

La calificación legal que el juez de Garantías tuvo por imputada es la de ser co-autores de tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por el concurso premeditado de dos o más personas, según los Artículos 45, 42, 80 inc. 6°, 41 bis del Código Penal. A uno de ellos, se le agrega en concurso ideal con portación de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal, según los Artículos 54 y 189 bis.

Entre el sustento probatorio mencionado se encuentra el acta de procedimiento policial, las entrevistas a testigos, denuncia penal de la madre del joven que está internado, intervención del Cuerpo de Investigación Judicial, reporte preliminar del Gabinete de Criminalística, filmaciones aportadas, informe del Cuerpo de Investigación Forense.

Como argumentos para solicitar la medida cautelar de ambos, la fiscal jefe tuvo presente el riesgo procesal de peligro de fuga y el posible entorpecimiento a la investigación. «Así cómo habrían ayudado a la tercer persona a ocultar un arma, estando libres podrían acercarse a los testigos», agregó.

La defensa penal pública que asistió a los dos hombres se opuso a la calificación legal, como al plazo de la medida cautelar.

Finalmente, el juez de Garantías tuvo por formulados los cargos en los términos que lo hizo la fiscalía y resolvió que los imputados cumplan con la medida cautelar por el plazo de dos meses.

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