Política
Sin subsidios: Nación aumentó 3 de cada 4 pesos de la nueva tarifa de luz
En algunos casos, el incremento llegó al 500%.
El impacto del aumento nacional en el costo de la energía es significativo, llegando en algunos casos hasta un 500%. Esto se debe a decisiones del Gobierno Nacional y factores como la quita de subsidios, la devaluación y la inflación.
El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) comunicó que en las últimas semanas han recibido numerosas consultas sobre el origen de los significativos incrementos en las tarifas eléctricas en la provincia.
El presidente del EPRE, Juan Justo, señaló que «ha sido muy fuerte el impacto del incremento nacional aplicado en el costo de la energía, un segmento donde la Provincia no interviene a la hora de fijar su valor y que en algunos casos llegó a aumentar hasta en un 500%«.
«Ese tramo depende de decisiones del Estado Nacional y en los últimos meses ha experimentado un crecimiento muy fuerte debido a la brusca quita de subsidios, sumado a la devaluación y a la aceleración del proceso inflacionario. Para darse una idea, 3 de cada 4 pesos de aumento en la tarifa que pagan los rionegrinos se explica por decisiones que se toman fuera de Río Negro», indicó.
La tarifa eléctrica tiene tres componentes con un peso diferente en la facturación final. En primer término está el Costo de Abastecimiento, que lo fija el Estado Nacional y se corresponde con el valor de la energía, lo cual es trasladado directamente a la tarifa sin intervención de la Provincia.
En segundo lugar está el Valor Agregado de Distribución (VAD), que se agrega al precio de la energía y sirve para sostener la operación y mantenimiento de la red eléctrica, una función específica de las distribuidoras. Ese segmento sí es definido en la Provincia a través del EPRE.
Finalmente hay un tercer tramo, correspondiente a los impuestos, que son nacionales, provinciales y locales. Como la base de cálculo es el consumo, crece a la par del costo de la energía que fija Nación sin intervención de Río Negro.
El impacto de los significativos aumentos nacionales se sintió más fuerte en sectores como el del comercio y las PyMES, que han padecido la quita de subsidios más fuerte, llevando a que el Costo de Abastecimiento aumente en estos casos hasta en un 500%.
«Por poner un ejemplo, eso hizo que un pequeño comercio que pagaba casi $25.000 por los consumos de febrero, donde el componente nacional era de poco más de $3.000, ahora sea más de $21.000, llevando la factura final a $61.500 por el mismo consumo en marzo», ejemplificó el titular del EPRE.
Desde el área técnica del organismo se puso a disposición de la ciudadanía un sistema interactivo para dimensionar los impactos de los tres componentes tarifarios en seis ejemplos (dos usuarios residenciales, dos comercios y dos industrias): https://lookerstudio.google.com/reporting/a620e46c-9b4a-498f-9005-0cd42a54def7/page/0JkvD?s=hj__5bVxZfA.
En otro sentido, Justo desmintió que tanto Río Negro y Neuquén tengan las tarifas más altas del país. «Se comete un error al hacer tales afirmaciones. No podemos tratar de la misma manera a regiones que no son comparables», advirtió.
«Río Negro tiene una red eléctrica muy extensa y de baja densidad poblacional en una gran parte de su territorio, con lo cual tiene que mantener los costos de esa red con muchos menos usuarios que en otras provincias que tienen más población. A su vez, la cantidad de consumo de esos usuarios es menor que en otras jurisdicciones», justificó.
Más allá de la explicación oficial, cualquier duda o reclamo puede canalizarse a través de la sección correspondiente en la web del ente regulador www.eprern.gov.ar o telefónicamente al número gratuito 0800 333 3272.
Gremios
Para ATE, la denuncia de Milei a periodistas «es un intento gravísimo de disciplinamiento»
«El ataque a la prensa es un ataque a toda la comunidad y debilita aún más la democracia», apuntó Aguiar.
Luego de que el presidente Javier Milei denunciara penalmente a los periodistas Carlos Pagni, Viviana Canosa y Ari Lijalad por presuntas calumnias e injurias, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, señaló que «el ataque a los periodistas es un ataque a toda la comunidad y debilita aún más la democracia». La denuncia del mandatario fue radicada en la Cámara Federal porteña y quedó a cargo del juez Daniel Rafecas.
«Desde un primer momento los estatales sufrimos en carne propia los ataques del Gobierno, pero ahora decidieron escalar una posición más. Están utilizando el poder del Estado para agredir y estigmatizar a la prensa», apuntó Aguiar. Cabe recordar que el referente estatal también fue uno de los objetivos de la persecución judicial del Gobierno, siendo denunciado en septiembre del 2024 por sus declaraciones en el marco de una protesta de ATE.
En referencia a los constantes ataques discursivos que Milei ha tenido contra muchos periodistas durante su mandato, el dirigente indicó que «no podemos naturalizar los discursos violentos y tenemos que reaccionar frente a esta persecución que nos perjudica a todos como sociedad. Tenemos que seguir defendiendo que exista pluralidad y diversidad de voces. Es la única manera de poder garantizar el derecho a la información que tiene toda la comunidad».
«Las denuncias penales que se conocieron en las últimas horas vienen a completar una política de estado que se inició hace meses con el cierre de medios públicos y el uso discrecional de la pauta oficial», agregó el secretario general de ATE Nacional.
«Desde nuestra representación, pero además como trabajadores, no podemos callar en este momento, no podemos mostrar un silencio cómplice porque el periodismo tiene que ser la voz de aquellos que no tienen medios propios para poder ser escuchados. Es evidente el intento de disciplinar, de infundir miedo porque saben que el temor paraliza. Si hay miedo, no hay reacción. Por eso nuestra respuesta tiene que ser clara, no lo van a lograr. No nos vamos a atemorizar. Vamos a confrontar», concluyó Rodolfo Aguiar.
Judiciales
Rechazaron el pedido de información sobre la contratación de una empresa privada encargada de supervisar licencias médicas del personal estatal
Había sido solicitado por el legislador peronista José Luis Berros.
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) resolvió rechazar un mandamiento de ejecución interpuesto por el legislador provincial José Luis Berros (Vamos con Todos). El planteo buscó obtener acceso al contrato celebrado entre el Poder Ejecutivo y una empresa privada encargada de supervisar licencias médicas del personal estatal. La presentación se basó «en los principios constitucionales de publicidad y transparencia administrativa».
La solicitud apuntó a que distintas áreas del Poder Ejecutivo -entre ellas, el Ministerio de Hacienda, la Secretaría de la Función Pública, el Ministerio de Educación y la aseguradora Horizonte Seguros S.A.- entregaran copia del contrato suscripto con la firma Dienst Consulting S.A. La acción invocó el artículo 44 de la Constitución provincial y el Código Procesal Constitucional, con el argumento de que la ciudadanía debe tener acceso a los actos administrativos.
El dictamen de la Procuración General, firmado por Jorge Crespo, al que el STJ remitió por compartir sus fundamentos, examinó la naturaleza jurídica de la presentación y la encuadró como un mandamiento de ejecución, previsto en el artículo 59 del Código Procesal Constitucional. Reconoció que el legislador se encontraba legitimado para iniciar la acción, pero concluyó que no se reunieron los requisitos que exige la normativa vigente para su procedencia formal.
El dictamen sostuvo que no se acreditaron los elementos esenciales para habilitar esta vía excepcional. En particular, indicó que el escrito inicial no demostró la urgencia extrema, la existencia de un daño irreparable ni la ilegalidad manifiesta en la negativa, condiciones requeridas por la ley para admitir este tipo de acción. Además, subrayó que el legislador Berros no aportó fundamentos suficientes para considerar que existió un «rehusamiento expreso» por parte de los organismos interpelados, uno de los presupuestos centrales que exige la figura.
Crespo también señaló que parte de la información solicitada había sido respondida por el Ministerio de Hacienda y por Horizonte Seguros S.A., mediante informes cursados ante la Legislatura. Esos documentos detallaron aspectos del contrato, describieron el servicio contratado y ofrecieron reportes de auditoría junto con antecedentes de la empresa prestadora. En función de esas respuestas, el dictamen concluyó que no se configuró una negativa rotunda que habilitara el uso de esta herramienta constitucional.
Política
Para Soria, el proyecto de guardias urbanas municipales en Roca es «una burrada»
Se trata de un proyecto presentado en el Concejo Deliberante por referentes de La Libertad Avanza.
La intendenta de Roca, María Emilia Soria, se refirió al proyecto de La Libertad Avanza que promovió la creación de guardias urbanas municipales y un Consejo de Seguridad Ciudadana para brindar «protección a los vecinos que ya no quieren vivir con miedo». La jefa municipal explicó que «la iniciativa es una burrada».
En diálogo con el programa Ahí Vamos (de lunes a viernes de 7 a 9 por La Super FM 96.3), Soria indicó que «la Constitución de Río Negro establece con mucha claridad las personas que tienen competencia en materia de seguridad. Pasa hoy en muchos Municipios de Buenos Aires que esta guardia no puede portar armas, no puede detener a una persona, sencillamente tiene que llamar a la Policía. Son estas buenas expresiones que no conducen a nada, gastar recursos en algo que no es competencia municipal».
Qué dice el proyecto
El proyecto de La Libertad Avanza de Roca, presentado en el Concejo Deliberante contempla la creación de una Guardia Urbana Municipal y un Consejo de Seguridad Ciudadana. Aseguraron que «en los últimos días fuimos testigos de un joven descuartizado, tiroteos y robos constantes. ¿Queremos más seguridad en Roca o vamos a seguir mirando para otro lado? No hay más tiempo que perder».
Explicaron que es necesaria «una fuerza descentralizada, eficiente y sin burocracia, con presencia activa en las calles, patrullajes preventivos, móviles disponibles y un sistema de denuncias digital accesible para todos los vecinos. Esto no se financia con más impuestos, sino recortando los gastos innecesarios del Estado. Seguridad sin meterle la mano en el bolsillo a la gente».
El proyecto contempla la incorporación de tecnología a través de «videovigilancia estratégica, consejos barriales de seguridad y campañas de prevención ciudadana. Queremos una comunidad que construya seguridad desde abajo, con las herramientas adecuadas y sin depender de promesas vacías».
Weretilneck, en la misma línea que Soria
El gobernador Alberto Weretilneck también se refirió a la iniciativa de los referentes libertarios roquenses. «La verdad me sorprende porque La Libertad Avanza se caracteriza por la desaparición del Estado. Entonces que alguien proponga agrandar el estado habría que ver si está en sus cabales».
