El Superior Tribunal de Justicia confirmó la prisión preventiva que pesa sobre el policía Jorge Villegas, condenado sin sentencia firme a la pena de prisión perpetua por el homicidio del joven Pablo Vera, ocurrido en Roca el 25 de septiembre de 2014.

La resolución del STJ, con acuerdo de los jueces Ricardo Apcarian, Enrique Mansilla, Adriana Zaratiegui y Liliana Piccinini, y abstención del juez subrogante Ariel Gallinger, se dio a conocer hoy y resolvió «rechazar el recurso de casación interpuesto» por la defensa del imputado. En consecuencia, se confirmó el punto II (imposición de la prisión preventiva) de la sentencia dictada el 10 de marzo pasado por la Cámara Criminal Tercera de Roca. El punto I de aquel fallo declaró a Villegas «autor penalmente responsable del delito de homicidio calificado por la calidad del autor y por la utilización de arma de fuego» y le impuso la pena de prisión perpetua.

La defensa de Villegas presentó por separado recursos de casación contra los puntos I y II. En la presente resolución el Superior Tribunal se pronunció sobre el segundo, mientras que está pendiente de resolución el referido al punto I.

Argumentos contrapuestos

El abogado del policía Villegas, Juan Luis Vincenty, sostuvo en su casación que la prisión preventiva se dictó en «flagrante inobservancia de las garantías constitucionales de presunción de inocencia, proporcionalidad, defensa en juicio y debido proceso legal», argumentando que «a pesar de la pena impuesta, la actitud procesal del señor Villegas impide suponer el riesgo procesal de fuga».

En contraposición, el Fiscal General solicitó, como primera opción, que se confirme la detención y, de modo subsidiario, «que se morigere la cautelar ordenando la detención domiciliaria con control por monitoreo electrónico e imposición de una caución real de $ 300.000». Evaluó para ello la «gravedad del delito» y «la consecuente extensión de la pena en concreto por una sentencia de condena». También sostuvo que la defensa «no ha realizado una crítica fundada» a los fundamentos que sustentaron la preventiva en el voto mayoritario de la Cámara roquense.

Resolución del STJ

Al resolver la casación, el Superior Tribunal de Justicia recordó que «por expreso mandato constitucional, toda persona sometida a proceso debe ser tenida por inocente hasta que se demuestre lo contrario, en cuyo marco la peligrosidad procesal constituye la razón fundamental por la que puede ordenarse su prisión preventiva». En este caso, los jueces explicaron que la contradicción entre las partes se refiere a la existencia o no de los peligros procesales que permiten la detención cautelar.

Así, valoraron que ya existe una sentencia condenatoria que dio por acreditado «un delito con la pena de prisión más grave del ordenamiento jurídico», afirmando que esos extremos «por sí mismos no justifican la medida cautelar por no encontrarse firme la condena, pero (…) tampoco pueden ser soslayados para el análisis».

El máximo Tribunal provincial concluyó que no existió «arbitrariedad» en la decisión de la Cámara de Roca, que por mayoría dispuso la preventiva de Villegas basándose en tres argumentos centrales:
– «La severidad de la pena» impuesta, que resulta «un parámetro razonable para presumir que el imputado podrá intentar eludir la acción de la justicia”.
– El hecho de que el imputado «integra el personal de fuerzas de seguridad con 26 años de servicio y cuenta con la posibilidad de apoyo y asistencia de camaradas, tanto desde la información hasta medios materiales». En ese punto, la Cámara advirtió la existencia «lealtades que en gran medida se percibieron durante las audiencias del juicio” y el STJ destacó que esa valoración es «una ‘percepción’ que con toda claridad no es revisable, pues surge ‘directa y únicamente de la inmediación'» de los jueces que integraron el Tribunal de Juicio.
– Que «por su trabajo constante (Villegas) posee una capacidad económica para eludir la acción de la justicia».

«En síntesis -concluyó el STJ-, la medida cautelar tiene como fundamentos válidos el avance procesal, la sentencia condenatoria que impone una pena perpetua ya en concreto y la posible connivencia de quienes junto al imputado integran la fuerza policial. Este es el razonamiento del juzgador que resulta cognoscible y, por tanto, la sentencia no es arbitraria».