Judiciales
Ingresó al taller de su hermano y lo amenazó, le fracturó un brazo y gatilló su arma
Los hechos ocurrieron durante el último fin de semana en la zona norte de Roca. El agresor está detenido, pero se abstuvo de declarar.
El titular del Juzgado de Instrucción N° 8 de General Roca, Maximiliano Camarda, dispuso el pasado martes la detención provisoria de un hombre a quien se imputó la presunta autoría de tres hechos delictivos ocurridos entre el 24 y el 25 de septiembre en esta ciudad.
La Fiscal de Delitos contra las Personas, Teresa Giuffrida, formuló cargos en la audiencia contra el señor A.N.G., de 35 años, atribuyéndole la presunta responsabilidad en tres hechos de los que resultaron víctimas un hermano del imputado y otras tres personas. El imputado, con asesoramiento de la defensora oficial Flavia Rojas, se abstuvo de declarar.
En la audiencia se describió como primer hecho que el día 24, alrededor de las 16.30 horas, A.N.G. detuvo la marcha de su camioneta frente a un taller mecánico ubicado en la calle Canario entre San Juan y Urquiza de Roca al advertir la presencia de su hermano. Presuntamente «descendió del rodado y con un arma de fuego tipo revólver (…) comenzó a gatillar varias veces apuntando directamente (…), no logrando salir los disparos». Luego le habría arrojado una botella de cerveza sin lograr lesionarlo y finalmente habría tomado un palo de madera con el que comenzó a golpear a la víctima «en todo su cuerpo, ocasionándole las lesiones graves certificadas».
Presuntas víctimas del primer hecho también resultaron dos hombres que estaban en el taller y que intentaron intervenir, a quienes A.N.G. habría amenazado «gatillándoles con el arma de la cual no salió el disparo», y una mujer que intentó escapar del lugar, a quien habría golpeado y efectuado «un disparo por la espalda sin lograr herirla».
El segundo hecho ocurrió minutos después, cuando A.N.G. presuntamente regresó en la camioneta al taller y «desde la ventanilla sacó un arma de fuego y efectuó tres disparos» hacia uno de los hombres que había intentado intervenir en la primera agresión, «sin lograr herir a persona alguna, impactando los disparos en la pared del taller y luego se retiró del lugar».
El tercer hecho habría ocurrido al día siguiente, alrededor de las 12.30, en la calle Churrinche casi San Juan, donde los hermanos volvieron encontrarse. El imputado circulaba en una moto de 200 cc y el denunciante en un automóvil, cada uno acompañado por una mujer. En esas circunstancias A.N.G. se habría acercado al vehículo y «se levantó la remera mostrando un arma de fuego que tenía en la cintura y amenazó de muerte» a los dos ocupantes del auto.
El primer hecho fue encuadrado en los delitos de «homicidio en grado de tentativa agravado por el uso de arma; portación de arma de fuego de uso civil; amenazas agravadas por el uso de arma de fuego y lesiones graves y abuso de armas, todo en concurso real». El segundo fue tipificado como «abuso de arma en concurso real con portación de arma de fuego de uso civil», y el tercero como «amenazas calificadas por el uso de arma de fuego».
El juez Camarda dispuso la detención provisoria del imputado, situación que se volverá a evaluar en las próximas horas cuando se certifique la existencia o no de antecedentes penales computables y se formule en consecuencia el correspondiente dictamen de la Fiscalía.
Judiciales
Sentencia ordena el cese de una cuota alimentaria porque los hijos ya tienen 26, 27 y 37 años
La Justicia hizo lugar al pedido de un hombre jubilado que aún pagaba alimentos pese a que sus hijos son mayores y autónomos.
Una sentencia ordenó el cese de una cuota alimentaria que un hombre pagaba desde hacía años a favor de sus tres hijos, quienes actualmente tienen 26, 27 y 37 años. La decisión se tomó luego de que el progenitor solicitara formalmente el cierre de la obligación, al considerar que la mayoría de edad y autonomía de los hijos tornaban improcedente la continuidad del régimen de alimentos. El hombre se había jubilado como policía federal.
Según surge del expediente, el pedido se presentó en noviembre y fue acompañado por las partidas de nacimiento. La jueza de Viedma verificó que los tres hijos habían superado ampliamente la edad prevista por la ley para la vigencia de la obligación alimentaria. Tal como indica la sentencia, «habiendo en consecuencia cesado ipso iure la obligación alimentaria del progenitor a su respecto», de conformidad con los artículos 658 y 663 del Código Civil y Comercial.
El fallo utiliza la expresión latina ipso iure, que significa «por el propio derecho» o «por el solo efecto de la ley». En este tipo de casos, implica que la obligación de pagar alimentos cesa de manera automática cuando los hijos alcanzan la mayoría de edad, sin necesidad de una resolución previa, salvo que existan circunstancias excepcionales que deban ser acreditadas.
De acuerdo a la normativa vigente, el cese de la cuota alimentaria requiere una solicitud previa por parte del aportante, no se realiza automáticamente.
El Tribunal resolvió hacer lugar al planteo del alimentante y ordenó el cese inmediato de la cuota que beneficiaba a los tres hijos adultos. Además, dispuso notificar a la persona que estaba autorizada a percibirla y emitir oficio a la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal para que deje sin efecto la retención.
Judiciales
Caso Mandagaray: El STJ rechazó que el caso vaya a la Corte porque no hay sentencia definitiva
El máximo Tribunal provincial sostuvo que el planteo es prematuro y que el expediente debe continuar en la Justicia rionegrina.
El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro (STJ) rechazó el Recurso Extraordinario Federal en la causa donde se investigan responsabilidades por la muerte de Gabriel Mandagaray. De esta manera, el proceso continúa en el ámbito provincial y el próximo paso será el pronunciamiento del Tribunal de Impugnación. El máximo órgano rionegrino sostuvo que el planteo resulta prematuro, ya que «la sentencia objetada no posee la condición de definitiva ni equiparable».
El fallo recuerda que la resolución impugnada, que ordenó un nuevo examen integral, «no concluye el proceso, no define responsabilidad penal ni clausura la persecución, sino que se limita a disponer la nulidad de la revisión realizada por el TI 2 y a reenviar las actuaciones». En consecuencia, explicó el STJ, el agravio alegado «recién adquirirá entidad a los fines de la vía excepcional una vez emitido el pronunciamiento final».
La Corte Suprema tiene una doctrina de no admitir recursos cuando la sentencia no es definitiva. En el fallo se sostiene que «la ausencia del requisito de definitividad no se suple por la invocación de arbitrariedad o de garantías constitucionales que se estimen vulneradas».
Además, el STJ señaló que los recursos federales interpuestos no satisfacen los requisitos formales de la Acordada 4/2007 de la Corte Suprema. En el texto se consigna que las presentaciones «no desarrollan un relato claro y preciso de todas las circunstancias relevantes del caso», «no demuestran el gravamen ocasionado», «no refutan todos y cada uno de los fundamentos» de la sentencia impugnada y «no ponen en evidencia que medie una relación directa e inmediata entre las normas federales invocadas con lo debatido y resuelto en el caso».
Judiciales
Ordenaron la captura nacional e internacional de uno de los fugados de la Comisaría 3° de Roca
Se trata de Luca Nicolás Torres, uno de los acusados del crimen de Julián Dobra.
Este mediodía (04/12), tras la notificación de la fuga de la Unidad Policial de uno de los imputados que cumplía prisión preventiva en el legajo donde se investiga el homicidio de Julián Dobra, el Ministerio Público Fiscal solicitó que se ordene su captura nacional e internacional. Se trata de Luca Nicolás Torres, de 18 años de edad.
«Alrededor de las 2.05 de la madrugada recibimos la información del personal de la Comisaria que dos personas se habían dado a la fuga. Una de ellas es este imputado, que inmediatamente se dispuso la búsqueda con la Brigada Judicial de investigación y con canes», explicó el fiscal del caso.
El otro fugado es Ramiro Ezequiel Sosa, quien se encontraba cumpliendo una pena efectiva desde el 20 de octubre de este año, tras haber sido detenido por una causa de robo.
«Solicitamos que se libren los oficios pertinentes tanto a la Policía Federal, a Interpol, a Gendarmería Nacional, policía de Seguridad Aeroportuaria, Prefectura Nacional y Jefatura de Policía de Río Negro», detalló la Fiscalía.
La querella adhirió al pedido, no hubo objeciones por parte de la defensa penal pública. El juez de Garantías resolvió en el mismo sentido que lo solicitado.
