Judiciales
De Piano le pidió disculpas a la familia de Claudia y mostró su arrepentimiento y dolor
Por su parte, el viudo prefirió guardar silencio. Por más que el abogado del imputado pidió por la libertad de su defendido, el juez decidió que continúe detenido.
En el marco de la investigación del siniestro vial del que resultó víctima fatal una mujer de Roca el pasado 17 de enero, el juez de Instrucción Rubén Norry escuchó hoy los fundamentos de las partes en torno a la procedencia o no de la prisión preventiva del imputado Oscar De Piano, quien permanecerá detenido hasta la resolución de su situación procesal.
En la audiencia oral y pública, que comenzó a las 10:30 en el subsuelo de la Ciudad Judicial de Roca, la parte querellante y la fiscalía expusieron sus alegatos a favor de la medida cautelar de detención, mientras que la defensa argumentó en contrario, solicitando la excarcelación del imputado o, en su defecto, la detención domiciliaria.
De Piano fue imputado como presunto autor del «homicidio simple con dolo eventual» de la ciudadana Claudia Segura, figura que el Código Penal reprime con una pena de 8 a 25 años de prisión. Esa calificación podrá confirmarse o modificarse al momento de ser resuelta su situación procesal, en los próximos días. En esa oportunidad el juez Norry definirá si corresponde dictar el procesamiento del imputado y, en su caso, la calificación legal que corresponda aplicar, y en la misma resolución se pronunciará sobre la prisión preventiva, la excarcelación o alguna medida cautelar intermedia.
El primer alegato correspondió al abogado por la querella, Jorge Crespo, quien consideró acreditados los peligros procesales de riesgo de fuga y entorpecimiento de la investigación y solicitó que al momento de dictarse el procesamiento se imponga también la prisión preventiva. Para ello consideró como pruebas la «conducta posterior al evento» asumida por el imputado, sostuvo que no se encuentra acreditado en el expediente su «arraigo» en la ciudad y destacó que, en caso de recaer una condena, la misma debería ser de cumplimiento efectivo, ya sea que se le atribuya en el futuro el delito de homicidio simple con dolo eventual (art. 79 de Código Penal) o la nueva figura de homicidio culposo agravado (art. 84 bis del Código Penal). Esta última figura, incorporada al Código desde el pasado 6 de enero por Ley N°27.347, establece penas de 3 a 6 años de prisión para quien cause a otro la muerte por su «conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria de un vehículo con motor» y sume a ello la falta de auxilio a la víctima, la conducción bajo los efectos de estupefacientes o alcoholemia elevada o el exceso de velocidad, entre otras circunstancias agravantes que enumera el artículo.
A su turno, la Agente Fiscal Teresa Giuffrida adhirió al alegato de la querella y amplió aquellos fundamentos, solicitando también el dictado de la prisión preventiva*.
Finalmente el abogado defensor, Darío Sujonitzky, solicitó la libertad para De Piano y, de manera subsidiaria, la aplicación de una prisión preventiva domiciliaria, ofreciendo además dos inmuebles de la familia del imputado en concepto de caución real. Negó la existencia de los riesgos procesales señalados por las partes acusadoras, argumentó que su cliente posee una historia de vida, familia y trabajo estable en Roca que acreditan su arraigo y sostuvo que corresponde aplicar al caso la figura del artículo 84 bis del Código Penal, la cual admitiría una eventual condena de ejecución condicional así como la posibilidad de aplicar un criterio de oportunidad o el instituto de la probation. Por último, invocando precedentes referidos a otros homicidios en accidente de tránsito ocurridos en la ciudad, sostuvo que no corresponde aplicar al caso la prisión preventiva por tratarse de una medida «totalmente excepcional».
Finalizados los alegatos, el juez invitó a hacer uso de la palabra al esposo de la víctima, constituido en querellante, y al imputado. Claudio Segura optó por guardar silencio, mientras que De Piano expresó su «dolor» y «arrepentimiento», entre otras consideraciones. Además pidió que lo dejen trabajar desde su casa hasta que sea el juicio, ya que necesita estar junto a sus tres pequeños hijos y también cuidar de su madre.
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El perro del vecino casi le mata al gato: Una conciliación evitó llegar a juicio
Aunque en un primer momento el dueño del can desconoció los hechos, llegaron a un acuerdo económico para cubrir el tratamiento veterinario del felino.
El perro del vecino se metió al patio, atacó al gato y casi lo mata. Lo mordió y lo dejó con la cola destrozada, el cuerpo desgarrado y varias heridas que obligaron a una intervención quirúrgica. Hubo cirugías, curaciones, controles, medicamentos. El gato sobrevivió pero quedó con secuelas. Lo que empezó como un zarpazo inesperado en una siesta de primavera se convirtió en un caso judicial que terminó, meses después, con un acuerdo económico homologado por un juez.
El hecho ocurrió en San Antonio Oeste, en septiembre de 2024. Luego del ataque, la dueña del felino pagó todo el tratamiento veterinario y documentó cada paso: facturas, fotos del antes y el después, videos de la cámara de seguridad que mostraban al perro invadiendo su propiedad.
Presentó una demanda de menor cuantía por $900.000 en la Justicia de Paz. Los dueños del perro respondieron la demanda y negaron todos los hechos. Dijeron que no era su perro, que no reconocían lo que mostraban las cámaras, que desconocían las pruebas y que el reclamo era excesivo. Se armó la escena de dos versiones irreconciliables: un ataque brutal y una defensa que intentaba despegarse de los hechos.
Pero el expediente no se trabó. En febrero de 2025, durante una audiencia formal con abogados de ambos lados, las partes encontraron una salida. La propuesta fue concreta: $700.000, en diez cuotas iguales de $70.000. A partir de la sexta, el monto se actualizará por inflación según el índice del INDEC.
El acuerdo se firmó, se acordó una cuenta bancaria para los depósitos y se dejó en claro que cualquier incumplimiento permitiría exigir la totalidad de lo pactado. El juez interviniente homologó el arreglo con carácter de sentencia. No hubo declaración de responsabilidad, ni culpa admitida, pero sí un cierre legal al conflicto.
El acuerdo fue homologado como sentencia definitiva, lo que implica que tiene fuerza ejecutoria en caso de incumplimiento.
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Sacó varios préstamos, desconoció su firma y dijo que eran abusivos: Fallo destacó que los consumidores también tienen responsabilidades
La Cámara aclaró que, si bien el consumidor suele ser la parte más débil, eso no justifica que se desligue de las responsabilidades que tiene como ciudadano y miembro de la sociedad.
Una mujer sacó varios préstamos personales en distintas entidades crediticias. También lo hizo como afiliada de la Asociación Mutual Valle Inferior (AMVI). Con el dinero depositado en su cuenta, las cuotas fueron descontadas de su recibo de haberes.
Meses después comenzó a percibir una suma reducida de su salario. Sobreendeudada y con débitos que consumían prácticamente la totalidad de sus haberes, promovió una demanda por daños y perjuicios contra AMVI. Además, solicitó la nulidad de los préstamos y el cese de los descuentos, por considerarlos abusivos e ilegales.
La Cámara Civil de Roca revocó la sentencia que condenaba a la nutual a indemnizarla por daño patrimonial y extrapatrimonial. También se dejó sin efecto la orden de readecuar el contrato y restituir los fondos.
En un primer momento, la mujer negó haber firmado los contratos. Sin embargo, se comprobó que había solicitado los créditos en la mutual sin dificultad. Tenía pleno conocimiento de las contrataciones, del importe de cada cuota y de la fecha de pago.
Asimismo, había autorizado expresamente los descuentos a la oficina de liquidación de haberes del organismo provincial al que pertenece. Por eso, la Cámara desestimó los argumentos según los cuales no fue debidamente informada sobre la composición de la deuda, ni de los descuentos aplicados.
También descartaron que los préstamos hayan sido por montos superiores a los pactados o que las cuotas no fueran fijas. Además, se reparó en que la mujer es docente, sin impedimento alguno para leer y comprender los términos de los documentos firmados.
«La conducta riñe con los principios rectores de la buena fe y denota su intento desesperado por negar la existencia de contratos claros, certeros y en resguardo de los intereses de ambas partes», señala el fallo.
La Cámara aclaró que, si bien el consumidor suele ser la parte más débil, eso no justifica que se desligue de las responsabilidades que tiene como ciudadano y miembro de la sociedad.
«No puede alegarse desconocer la existencia de un contrato de mutuo cuando firmó toda la documentación, que establecía con claridad el monto, las cuotas, fechas de pago, tasas y demás, y además percibió el monto solicitado», concluye la Resolución.
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Tenía un nombre en Argentina y otro en Chile: Ahora podrá usar el mismo en ambos países
Al emigrar eligió adoptar un nuevo nombre y apellido en el país transandino. La decisión no fue casual: su padre biológico estuvo ausente, y quien ocupó verdaderamente ese lugar fue la pareja de su madre.
Durante más de una década, un hombre de Cipolletti vivió entre dos mundos: en Argentina seguía atado al nombre que figuraba en su partida de nacimiento, mientras que en Chile había construido su vida con un nombre diferente, el que representaba su verdadera identidad. Ahora, tras una resolución judicial, podrá unificar su documentación en ambos países y cerrar una etapa de su historia personal.
Por su historia personal, al emigrar eligió adoptar un nuevo nombre y apellido en la República de Chile, donde forjó sus vínculos afectivos y su vida social. La decisión no fue casual: su padre biológico estuvo ausente, y quien ocupó verdaderamente ese lugar fue la pareja de su madre. En reconocimiento a ese lazo, seleccionó el nombre que hoy lo representa y con el cual se identifica plenamente.
Con el tiempo, logró que su identidad en Chile quedara plenamente reconocida, por una sentencia favorable dictada en 2021 por el Juzgado de Letras y Garantías de Pucón. Sin embargo, cada vez que debía realizar un trámite en Argentina, se enfrentaba a la contradicción de tener que utilizar una identidad que ya no sentía como propia.
Para resolver esta situación, en marzo de este año inició un proceso judicial en Río Negro con el fin de homologar la sentencia chilena. El trámite, conocido como exequátur, permite reconocer en Argentina los efectos de resoluciones extranjeras. El hombre presentó toda la documentación necesaria, incluida la sentencia legalizada y apostillada, y los certificados que demostraban la inexistencia de obstáculos legales.
El Registro Civil y Capacidad de las Personas de Cipolletti no encontró motivos para objetar la solicitud. A su vez, la jueza de Familia que intervino en el expediente recordó que el proceso de exequátur no revisa el contenido de la sentencia extranjera, sino que verifica si cumple con los requisitos formales y no afecta el orden público argentino.
El Código Civil y Comercial admite el cambio de nombre cuando existen justos motivos vinculados a la identidad personal, como en este caso. La magistrada concluyó que se cumplían todas las condiciones legales y resolvió homologar la sentencia, autorizando la rectificación de la partida de nacimiento en Cipolletti.
A partir de ahora, la misma identidad que ya rige su vida cotidiana en Chile será reconocida oficialmente en Argentina. De este modo, el hombre dejará atrás la carga de convivir con dos nombres y podrá seguir adelante con una identidad unificada, acorde a sus sentimientos y a su historia personal.
