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Por el «Plan Castello», la CTA demanda a Weretilneck un referéndum y lanzó una consulta popular
Proponen que los rionegrinos voten en urnas, a través de una consulta popular, si están o no favor del proyecto de obras lanzado por el gobierno, el cual generaría una deuda de casi 9.000 millones de pesos.
En una conferencia de prensa realizada en la mañana de este miércoles en Viedma, la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma comunicó su exigencia al Poder Ejecutivo Provincial y anunció una inusual iniciativa vinculada al denominado «Plan Castello».
«Estamos frente a una propuesta del Ejecutivo que reúne todas las condiciones para que se convoque a ejercer el mecanismo de participación democrática directa prevista por las leyes. El Plan Castello se ha transformado en un asunto de vital importancia para el Estado y se trata de un mega-endeudamiento que compromete a futuras gestiones de gobierno. Ambas cuestiones habilitan la posibilidad para que el pueblo rionegrino -en el marco de la Constitución- emita su opinión favorable o no, en un referéndum», adelantó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE y CTA Río Negro.
«Si bien estos institutos de participación popular, como el referéndum o plebiscito se impulsan como ideas progresistas desde el año 1994, lo cierto es que los gobernantes han sido mezquinos, no los usan y muchas veces deciden interpretar ellos la voluntad de la ciudadanía en temas de suma importancia», añadió el dirigente de los trabajadores
“Tenemos la sensación que los rionegrinos no avalan semejante endeudamiento en el mercado financiero internacional y lo consideran un retroceso directo a la década del 90. Estamos entrando en un ciclo de debilitamiento de la economía provincial que abre interrogantes sobre la futura sustentabilidad. Más que endeudarse, el gobierno debería empezar a cobrar impuestos a las empresas mineras, petroleras, bancos, casinos y salas de juego», agregó.
Por un lado, la central obrera demanda al gobierno encabezado por Alberto Weretilneck que convoque a un «referéndum» de acuerdo al marco normativo provincial. En este sentido explicaron que el Artículo N° 181 de la Constitución de Río Negro refiere a las atribuciones del gobernador y en su inciso 18 lo faculta para convocar elecciones, consultas y referéndum. En tanto que la Ley N° 3.688, sancionada en el año 2002, reglamenta la Consulta Popular en la provincia.
Para la CTA «están dadas todas las condiciones exigibles que permiten la utilización de este mecanismo legal, propiciando un ámbito de participación democrática directa. Se debe llamar a toda la ciudadanía rionegrina para que emita su opinión en relación al mega-endeudamiento, ya que se trata de un empréstito en moneda extranjera de entre 8.000 o 9.000 millones de pesos, que compromete a futuras gestiones obligándose por 10 años hasta el 2028 y que se convierte en un asunto de vital importancia para el Estado».
Por otro lado, la central sindical lanzó una consulta popular que tendrá inicio desde esta mañana y durará dos semanas. «Será de alcance provincial y permitirá que el pueblo emita su opinión sobre la conveniencia o no de avanzar en el Plan Castello, pudiendo expresarse en urnas que serán colocadas en lugares públicos en las principales ciudades de la provincia, por la afirmativa o bien rechazando el proyecto planteado por el Ejecutivo», explicó Aguiar.
La CTA alertó asimismo sobre la «posibilidad que en este caso puntual, la intervención de la Legislatura resulte insuficiente y existan grandes diferencias entre la opinión de los diputados y el pueblo». También ratificó su postura negativa argumentando que «la provincia está ingresando en un ciclo de endeudamiento que abre serios interrogantes sobre su sustentabilidad económica futura, si se tiene en consideración que ya acumula una deuda cercana a los 3.000 millones de pesos y un déficit de similar monto».
Además, la central considera que «tomar un crédito de semejante magnitud, recurriendo para ello al mercado financiero internacional, hará perder autonomía al Estado provincial, quedando éste sujeto a los designios de organismos internacionales y haciendo recorrer a la sociedad un camino inverso al del desendeudamiento que caracterizó los últimos años».
Durante la rueda de prensa los dirigentes señalaron que «los militantes impulsarán el voto negativo argumentando la necesidad que se produzca un cambio en el régimen de recaudación impositiva a los efectos de generar fuentes genuinas de ingresos y avanzar en la afectación tributaria de aquellos sectores de la economía ampliamente beneficiados y que han acumulado ganancias millonarias, como la renta minera, la actividad petrolera, las entidades bancarias, financieras y crediticias y los casinos».
Los ciudadanos que decidan participar de la consulta popular podrán pronunciarse entre dos alternativas, votando por «Si» o por «No» a la opción “estoy de acuerdo con que el gobierno se endeude en 8.000 millones de pesos”.
La conducción de la CTA estima que antes del día 23 de marzo podría contarse ya con datos provisorios que permitan conocer la inclinación en la opinión popular. Los organizadores también aclararon que se trata de una iniciativa «no vinculante» y «no obligatoria» como podría ser si la convocatoria finalmente decidiera hacerla el Poder Ejecutivo.
Cronograma de colocación de urnas y lanzamiento en las principales ciudades:
[mks_icon icon=»fa-clock-o» color=»#ff9335″ type=»fa»] Jueves 16 de marzo: Viedma y Cipolletti
[mks_icon icon=»fa-clock-o» color=»#ff9335″ type=»fa»] Viernes 17 de marzo: Villa Regina. y General Roca
[mks_icon icon=»fa-clock-o» color=»#ff9335″ type=»fa»] Lunes 20 de marzo: El Bolsón. y San Carlos de Bariloche
No descartaron que sumen más localidades a la participación de la consulta con la instalación de urnas en los próximos días.
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ATE rechazó la paritaria de 6,6% trimestral y bono de $50.000
«No estamos dispuestos a negociar ningún ajuste. Rechazamos esta oferta porque perjudica a los trabajadores y quita derechos a todo el pueblo», señaló Aguiar.
El Gobierno nacional ofreció en el inicio de la paritaria 2026-2027 de la administración pública nacional un incremento de 2,4% en junio, 2,2% en julio y 1,9% en agosto, además de un bono por única vez $50.000 para el mes de agosto, y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) rechazó la propuesta por insuficiente.
«No estamos dispuestos a negociar ningún ajuste. Rechazamos esta oferta porque perjudica a los trabajadores y quita derechos a todo el pueblo», indicó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
«Se trata de una oferta que es insuficiente y que además no contempla un proceso de recuperación del poder adquisitivo perdido en el sector público», aseguró Aguiar, al tiempo en el que añadió que «el Gobierno viola la buena fe que debe existir en las negociaciones y que se encuentra garantizada por ley. Estamos asistiendo a un empobrecimiento planificado de todos los trabajadores del sector público».
En este contexto, el dirigente expresó que «este Gobierno, desde que asumió hasta ahora, confiscó $12.000.000 en promedio a cada uno de los estatales. Este es un ofrecimiento que nos coloca cada vez más lejos de lograr un entendimiento y además acelera la conflictividad en el Estado».
El incremento acumulativo llega a 6,6% para el trimestre, mientras que la inflación acumulada durante los últimos tres meses supera el 8,3%. De esta manera, «se profundiza la pérdida del poder de compra de los ingresos del sector público durante la gestión de Javier Milei, los cuales ya se ubican 43% por debajo de la inflación».
En este sentido, el sindicato exige un salario mínimo que supere los $2.200.000 necesarios para cubrir todas las prestaciones básicas contempladas en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que protege los derechos individuales y colectivos de los trabajadores.
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El aumento salarial para estatales rionegrinos será de 4,28% e impactará en el aguinaldo
Para determinar este porcentaje, se promediaron las mediciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) a nivel nacional y provincial correspondientes a los meses de abril y mayo.
El Gobierno Provincial anunció el incremento salarial del bimestre junio-julio, acordado en la Mesa de la Función Pública. Se trata de una actualización automática a partir del promedio del IPC Viedma y el IPC Nacional.
El Gobierno de Río Negro confirmó la nueva pauta salarial que impactará de manera directa en los haberes de junio y en la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC). De acuerdo al esquema de actualización automática bimestral vigente, el incremento será del 4,28%.
Para determinar este porcentaje, se promediaron las mediciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) a nivel nacional y provincial correspondientes a los meses de abril y mayo, datos que se dieron a conocer en las últimas horas.
Este mecanismo garantiza que el salario acompañe la evolución de los precios, brindando alivio directo a las y los trabajadores del Estado y reafirmando el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en la Mesa de la Función Pública.
Cómo se calcula el aumento
El porcentaje surge de promediar el IPC de abril (2,6% a nivel nacional y 2,1% en Viedma) y el de mayo 2,1% a nivel nacional y 1,67% en Viedma).
Al igual que en los tramos anteriores, los dos promedios mensuales se acumulan entre sí, asegurando que el incremento cubra la inflación real del bimestre y proteja el poder adquisitivo de las y los estatales.
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ATE denunció al Gobierno en la OIT y Aguiar señaló que «Milei quedó escrachado en Suiza, pasó de fenómeno barrial a vergüenza mundial»
«Está siendo vapuleado en la OIT. Ahora en todo el planeta ya conocen el estrepitoso fracaso de su gobierno», expresó el dirigente gremial.
El secretario general de ATE Nacional y referente del Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), Rodolfo Aguiar, viajó a la ciudad de Ginebra, Suiza, para denunciar al Gobierno de Javier Milei ante el mundo en la 114° Conferencia Internacional del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
«Milei quedó escrachado ante el mundo. Está siendo vapuleado en la OIT. Ahora en todo el planeta ya conocen el estrepitoso fracaso de su gobierno. Pasó de fenómeno barrial a vergüenza mundial», sentenció ante representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores de 187 países.
En este marco, el dirigente estatal apuntó que «nosotros lamentamos profundamente tener que volver a esta conferencia internacional para denunciar al Estado argentino por la continuidad de su política de vulneración de los derechos consagrados en numerosos convenios de la OIT que fueron ratificados por nuestro país».
«El Gobierno no cumple con su obligación de consultar a todos los actores sociales y pretende imponer una reforma laboral absolutamente regresiva en contra de la expresa voluntad de los trabajadores», apuntó Aguiar.
En referencia al intento del Gobierno de continuar con la «motosierra en el sector público», detalló que «el vaciamiento del Estado llevado adelante a través del despido ilegal de miles de trabajadores y de la degradación del Ministerio de Trabajo generan un daño irreparable a las relaciones laborales y una vulneración sin precedentes de todos los derechos laborales que el Estado debiera garantizar y proteger».
Cabe destacar que además de las numerosas protestas en organismos, Ministerios y todas las provincias del país, ATE mantiene una dura batalla legal contra el Gobierno con victorias importantes en el último tiempo, como lo son los fallos en defensa del INTA y el INTI, los cuales frenaron el intento de desmantelamiento de los organismos de tecnología agropecuaria e industrial. «Estamos frente a un Gobierno que ha hecho de las paritarias una parodia en las que no existen negociaciones y se imponen valores que sistemáticamente se ubican por debajo de la inflación», indicó el dirigente estatal.
Además, el dirigente expuso la situación que viven los sindicatos y dirigentes que decidieron hacerle frente al Gobierno de Milei que «el mundo entero tiene que saber que en la Argentina aquellos que endiosan la libertad son los mismos que reprimen y criminalizan las protestas sociales y sindicales, y que además procesan y encarcelan a dirigentes gremiales».
«Los trabajadores tenemos la necesidad urgente de que la Argentina reestablezca mecanismos de consulta a todos los actores sociales y devuelva a la autoridad laboral la jerarquía institucional, su financiamiento e independencia para ponerle fin a los marcos de regulación que en la actualidad en nuestro país consideran al trabajo como una mercancía y se vuelva a recuperar la justicia como la única norma de interpretación y solución de los conflictos», concluyó el secretario general de ATE Nacional.
La agenda del referente estatal continuará en las próximas horas con una nueva participación en la Organización Internacional del Trabajo como parte del FreSU y brindará detalles sobre la intervención de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y el intento de desplazamiento de Abel Furlán de su cargo.
