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Por el «Plan Castello», la CTA demanda a Weretilneck un referéndum y lanzó una consulta popular
Proponen que los rionegrinos voten en urnas, a través de una consulta popular, si están o no favor del proyecto de obras lanzado por el gobierno, el cual generaría una deuda de casi 9.000 millones de pesos.
En una conferencia de prensa realizada en la mañana de este miércoles en Viedma, la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma comunicó su exigencia al Poder Ejecutivo Provincial y anunció una inusual iniciativa vinculada al denominado «Plan Castello».
«Estamos frente a una propuesta del Ejecutivo que reúne todas las condiciones para que se convoque a ejercer el mecanismo de participación democrática directa prevista por las leyes. El Plan Castello se ha transformado en un asunto de vital importancia para el Estado y se trata de un mega-endeudamiento que compromete a futuras gestiones de gobierno. Ambas cuestiones habilitan la posibilidad para que el pueblo rionegrino -en el marco de la Constitución- emita su opinión favorable o no, en un referéndum», adelantó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE y CTA Río Negro.
«Si bien estos institutos de participación popular, como el referéndum o plebiscito se impulsan como ideas progresistas desde el año 1994, lo cierto es que los gobernantes han sido mezquinos, no los usan y muchas veces deciden interpretar ellos la voluntad de la ciudadanía en temas de suma importancia», añadió el dirigente de los trabajadores
“Tenemos la sensación que los rionegrinos no avalan semejante endeudamiento en el mercado financiero internacional y lo consideran un retroceso directo a la década del 90. Estamos entrando en un ciclo de debilitamiento de la economía provincial que abre interrogantes sobre la futura sustentabilidad. Más que endeudarse, el gobierno debería empezar a cobrar impuestos a las empresas mineras, petroleras, bancos, casinos y salas de juego», agregó.
Por un lado, la central obrera demanda al gobierno encabezado por Alberto Weretilneck que convoque a un «referéndum» de acuerdo al marco normativo provincial. En este sentido explicaron que el Artículo N° 181 de la Constitución de Río Negro refiere a las atribuciones del gobernador y en su inciso 18 lo faculta para convocar elecciones, consultas y referéndum. En tanto que la Ley N° 3.688, sancionada en el año 2002, reglamenta la Consulta Popular en la provincia.
Para la CTA «están dadas todas las condiciones exigibles que permiten la utilización de este mecanismo legal, propiciando un ámbito de participación democrática directa. Se debe llamar a toda la ciudadanía rionegrina para que emita su opinión en relación al mega-endeudamiento, ya que se trata de un empréstito en moneda extranjera de entre 8.000 o 9.000 millones de pesos, que compromete a futuras gestiones obligándose por 10 años hasta el 2028 y que se convierte en un asunto de vital importancia para el Estado».
Por otro lado, la central sindical lanzó una consulta popular que tendrá inicio desde esta mañana y durará dos semanas. «Será de alcance provincial y permitirá que el pueblo emita su opinión sobre la conveniencia o no de avanzar en el Plan Castello, pudiendo expresarse en urnas que serán colocadas en lugares públicos en las principales ciudades de la provincia, por la afirmativa o bien rechazando el proyecto planteado por el Ejecutivo», explicó Aguiar.
La CTA alertó asimismo sobre la «posibilidad que en este caso puntual, la intervención de la Legislatura resulte insuficiente y existan grandes diferencias entre la opinión de los diputados y el pueblo». También ratificó su postura negativa argumentando que «la provincia está ingresando en un ciclo de endeudamiento que abre serios interrogantes sobre su sustentabilidad económica futura, si se tiene en consideración que ya acumula una deuda cercana a los 3.000 millones de pesos y un déficit de similar monto».
Además, la central considera que «tomar un crédito de semejante magnitud, recurriendo para ello al mercado financiero internacional, hará perder autonomía al Estado provincial, quedando éste sujeto a los designios de organismos internacionales y haciendo recorrer a la sociedad un camino inverso al del desendeudamiento que caracterizó los últimos años».
Durante la rueda de prensa los dirigentes señalaron que «los militantes impulsarán el voto negativo argumentando la necesidad que se produzca un cambio en el régimen de recaudación impositiva a los efectos de generar fuentes genuinas de ingresos y avanzar en la afectación tributaria de aquellos sectores de la economía ampliamente beneficiados y que han acumulado ganancias millonarias, como la renta minera, la actividad petrolera, las entidades bancarias, financieras y crediticias y los casinos».
Los ciudadanos que decidan participar de la consulta popular podrán pronunciarse entre dos alternativas, votando por «Si» o por «No» a la opción “estoy de acuerdo con que el gobierno se endeude en 8.000 millones de pesos”.
La conducción de la CTA estima que antes del día 23 de marzo podría contarse ya con datos provisorios que permitan conocer la inclinación en la opinión popular. Los organizadores también aclararon que se trata de una iniciativa «no vinculante» y «no obligatoria» como podría ser si la convocatoria finalmente decidiera hacerla el Poder Ejecutivo.
Cronograma de colocación de urnas y lanzamiento en las principales ciudades:
[mks_icon icon=»fa-clock-o» color=»#ff9335″ type=»fa»] Jueves 16 de marzo: Viedma y Cipolletti
[mks_icon icon=»fa-clock-o» color=»#ff9335″ type=»fa»] Viernes 17 de marzo: Villa Regina. y General Roca
[mks_icon icon=»fa-clock-o» color=»#ff9335″ type=»fa»] Lunes 20 de marzo: El Bolsón. y San Carlos de Bariloche
No descartaron que sumen más localidades a la participación de la consulta con la instalación de urnas en los próximos días.
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Marcha contra el endeudamiento: Aguiar no descarta que «el creciente nivel de deudas se convierta en el desencadenante de un estallido social en el país»
«El presidente miente cuando dice que no le pusieron una pistola en la cabeza a la gente. Son sus políticas económicas y las de Caputo las que se convirtieron en una 9 milímetros que ahora está apoyada en la sien de millones de argentinos», indicó.
En el inicio de la movilización contra el creciente endeudamiento de las familias trabajadoras, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, señaló que «no hay que descartar que sea el alto nivel de endeudamiento el que se termine convirtiendo en el desencadenante de un estallido social en el país. La situación que en este momento atraviesan millones de hogares en Argentina es dramática».
«El Gobierno no puede seguir mirando para otro lado. Tiene todas las herramientas para ponerle límites a la usura e implementar un programa de desendeudamiento de todas las familias que se endeudaron para poder sobrevivir», agregó.
En este marco, Aguiar apuntó que «el presidente miente cuando dice que no le pusieron una pistola en la cabeza a la gente. Son sus políticas económicas y las de Caputo las que se convirtieron en una 9 milímetros que ahora está apoyada en la sien de millones de argentinos».
«Es un Gobierno que le da todo a los que más tienen y nada a los que están sufriendo. Es increíble que hayan beneficiado con 68.000 millones de dólares en contribuciones a Mercado Pago y que los ciudadanos tengan que endeudarse para llegar a fin de mes. Hoy existen claramente dos argentinas: una llena de privilegios, con beneficios y subsidios, y otra Argentina llena de injusticias», concluyó el secretario general de ATE Nacional.
Según los propios datos del Banco Central, son más de 20 millones de personas las que mantienen deudas con bancos y entidades no bancarias en la Argentina. Además, la morosidad de las familias se cuadriplicó desde diciembre de 2023 y llegó al 17,5% de los créditos personales.
En paralelo, ATE realizó una encuesta para monitorear cómo afecta esta situación en el sector público de todo el país y el resultado arrojó que el 87% tiene deudas vigentes, y de ese grupo, el 73% las tiene con varias entidades a la vez. En cuanto a para qué usan ese dinero, el 40% dijo que lo destina a urgencias médicas, gastos de educación o al pago de alquiler y expensas, y el 37% lo usa para pagar otras deudas o cubrir comida y ropa.
El relevamiento también mostró un impacto fuerte en la salud mental: el 85,4% de los estatales consultados reportó un deterioro en su bienestar emocional y psicológico durante el último año. El 19,5% mencionó ansiedad, el 17% angustia y agotamiento, el 16% desánimo y el 15% insomnio.
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ATE se movilizará este jueves contra el dramático endeudamiento de las familias trabajadora
«Más de 20 millones de personas, casi la mitad del país, están endeudadas”, indicó Aguiar y aseguró que «el Gobierno tiene herramientas y se niega a utilizarlas en favor de la gente».
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se movilizará este jueves (20/08) a partir de las 14 horas al Ministerio de Economía para alertar sobre el creciente endeudamiento de las familias trabajadoras y exigir respuestas al Gobierno.
El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, aseguró que «los números son dramáticos. Más de 20 millones de personas, casi la mitad del país, están endeudadas y debe existir un programa de desendeudamiento estatal. A esta crisis grave que atraviesan las familias argentinas solo se sale con una respuesta pública».
El dirigente sindical señaló que «el programa de desendeudamiento de los hogares tiene que ser urgente. Se necesita tener opciones reales de pago. Los créditos tomados han sido usurarios y, en la mayoría de los casos, no se pueden cancelar, son impagables».
«Es mentira que, como dijeron Javier Milei y Luis Caputo, se trate de una decisión individual o de un asunto entre privados. Eso se entendería en una decena de casos, pero cuando se trata de 20 millones de personas que están sufriendo este flagelo del endeudamiento, estamos frente a un drama social», dijo Aguiar.
Resaltó que «la desregulación financiera implementada por el Gobierno, a partir del Decreto 70/2023, ha permitido un accionar completamente abusivo de parte de bancos, financieras, mutuales y billeteras virtuales, con entidades no bancarias que establecen intereses que van desde el 700% y que en la mayoría de los casos superan el 1300%».
En este marco, señaló que «el Gobierno tiene herramientas y se niega a utilizarlas en favor de la gente. El BCRA pudo hacer mucho más de lo que hizo hasta ahora, porque está facultado, entre otras cosas, para ponerle un tope al costo de los créditos. Es decir, un tope a las tasas de interés y también a los punitorios, incluso para regular a los proveedores no financieros de crédito: endurecer los requisitos y exigir mayor transparencia. Nada de eso ha ocurrido».
«Frente a semejante proceso de endeudamiento, ha incurrido en un abandono de persona, el Gobierno ha dejado a la deriva a toda la ciudadanía», dijo Aguiar.
Una encuesta de ATE a empleados públicos de todo el país mostró que el 87% tiene deudas vigentes, y de ese grupo, el 73% las tiene con varias entidades a la vez. En cuanto a para qué usan ese dinero, el 40% dijo que lo destina a urgencias médicas, gastos de educación o al pago de alquiler y expensas, y el 37% lo usa para pagar otras deudas o cubrir comida y ropa.
El relevamiento también mostró un impacto fuerte en la salud mental: el 85,4% de los estatales consultados reportó un deterioro en su bienestar emocional y psicológico durante el último año. El 19,5% mencionó ansiedad, el 17% angustia y agotamiento, el 16% desánimo y el 15% insomnio.
Este cuadro se da en un contexto de mora creciente a nivel nacional. Según el último Informe sobre Bancos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la morosidad en los créditos de las familias llegó al 12,8% en mayo, un nivel que casi triplica al registrado un año antes y que representa el más alto desde el 2001, impulsado por la suba en préstamos personales y tarjetas de crédito. El fenómeno se agrava en el caso de las billeteras virtuales y entidades no bancarias, donde la mora alcanza el 32% de la cartera de préstamos, con los jóvenes de entre 18 y 35 años como el segmento más afectado.
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El aumento salarial para estatales rionegrinos será de 4,21% en agosto
El porcentaje surge de promediar el IPC de junio (1,9% a nivel nacional y 1,72% en Viedma) y el de julio (2,1% a nivel nacional y 2,61% en Viedma).
El Gobierno de Río Negro confirmó la nueva pauta salarial que impactará de manera directa en los haberes de agosto del personal estatal. De acuerdo al esquema de actualización automática bimestral vigente, el incremento será del 4,21%.
Para determinar este porcentaje, se promediaron las mediciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) a nivel nacional y provincial correspondientes a los meses de junio y julio.
«Este mecanismo garantiza que el salario acompañe la evolución de los precios, brindando alivio directo a las y los trabajadores del Estado y reafirmando el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en la Mesa de la Función Pública», destacaron desde el Gobierno provincial.
Cómo se calcula el aumento
El porcentaje surge de promediar el IPC de junio (1,9% a nivel nacional y 1,72% en Viedma) y el de julio (2,1% a nivel nacional y 2,61% en Viedma).
Al igual que en los tramos anteriores, los dos promedios mensuales se acumulan entre sí, asegurando que el incremento cubra la inflación real del bimestre y proteja el poder adquisitivo de las y los estatales.
Evolución salarial
En lo que va del año se mantuvo un esquema de actualización constante, acumulando a la fecha un 20,88% de incremento:
En febrero los salarios aumentaron en un 5,29%; en abril el aumento fue del 5,65%; y en junio el aumento fue del 4,28%.
