Judiciales
Caso Gigli: Nuevo revés para el «Tano»
La defensa del único acusado por el crimen de Guillermo Martínez había pedido la nulidad de la audiencia de formulación de cargos, pero el Tribunal de Impugnaciones lo rechazó.
En una audiencia realizada por videoconferencia entre General Roca y Viedma, el Tribunal de Impugnación rechazó un nuevo recurso de la defensa del imputado Octavio Gigli. La decisión unánime de los jueces de Impugnación Daniela Zagari, Carlos Mussi y Juan Brussino Kain convalidó las resoluciones dictadas por los jueces que intervinieron con anterioridad y se traduce en una validación de la formulación de cargos por el delito de «homicidio calificado por alevosía» realizada en audiencia oral y pública el 18 de agosto pasado.
Con esta ratificación del Tribunal de Impugnación, el caso queda en condiciones de avanzar hacia las siguientes instancias del proceso -control de acusación y luego juicio oral y público-, sin perjuicio de la reserva que formuló hoy mismo la defensa de recurrir ante tribunales superiores e internacionales para impugnar lo que consideran una «afectación del derecho de defensa».
Los jueces de Impugnación fundaron su decisión en el texto y los principios del nuevo Código Procesal Penal, destacando la necesidad de cumplir con la «celeridad» que impone la norma y con «la manda constitucional que determina que la prestación del servicio de justicia debe ser en un plazo razonable». Señalaron también que el sistema de recursos e impugnaciones del nuevo Código rige para los actos y resoluciones judiciales previstos de manera «taxativa y explícita» en la norma procesal, y no de manera indiscriminada ante cualquier acto del proceso.
En similar sentido, el fiscal del caso, Luciano Garrido, había sostenido en su alegato que «resulta más perjudicial para el imputado seguir interponiendo recursos que considero dilatorios que empezar a avanzar en las etapas del proceso para hacer cesar el estado de incertidumbre que existe en perjuicio del propio Gigli y de las victimas».
Historia procesal del caso
– El 1 de septiembre de 2015 se comete en Roca el homicidio de Guillermo Martínez.
– El 1 de abril de 2016, en Foz do Iguazú, es detenido el imputado Gigli.
– El 18 de agosto de 2017, finalizado el proceso de extradición en Brasil y el traslado de Gigli al país, se realiza la primera audiencia del caso: la formulación de cargos por el delito de «homicidio calificado por alevosía». Allí, el primer defensor de Gigli tuvo por formulados los cargos y el imputado guardó silencio. Esa situación, según el criterio de la nueva defensa a cargo de los abogados Patricia Espeche y Ricardo Thompson, dejó a Gigli en estado de «indefensión» y de allí deriva la serie de recursos interpuestos hasta la fecha. En contra de esa opinión, la Fiscalía y la parte querellante han sostenido que la aceptación de la formulación de cargos no significa indefensión ni confesión de ningún tipo de culpabilidad por parte del imputado, sino que implica únicamente el consentimiento de la defensa para avanzar en la investigación judicial.
– El 22 de agosto de 2017 se realiza a pedido de la defensa una audiencia de revisión de la prisión preventiva, que había sido ordenada por un plazo de 18 meses. Allí el juez Daniel Tobares redujo la cautelar a 6 meses, que se cumplen el 17 de febrero de 2018. En caso de requerir una prórroga la fiscalía deberá solicitarlo y fundamentarlo en una futura audiencia.
– El 27 de septiembre se realiza, a pedido de la defensa, una audiencia de «solicitud de saneamiento» para sostener una recusación contra el entonces juez de Garantías Rubén Norry. El planteo es rechazado.
– El 2 de octubre la defensa cuestiona en una nueva audiencia el rechazo de la recusación. El planteo se desestima por haber devenido asbtracto por jubilación del magistrado.
– El mismo día se realiza otra audiencia en la que la defensa pidió la nulidad de la extracción de muestras para ADN realizadas al imputado previo a la audiencia del 18 de agosto. El planteo es rechazado.
– El 6 de octubre la defensa plantea en una nueva audiencia la nulidad de la formulación de cargos por supuesta «indefensión» del imputado. El juez de Garantías Julio Martínez Vivot lo rechaza. La defensa hace reserva de impugnar por las vías ordinarias y extraordinarias.
– El 23 de octubre, ante el juez Daniel Tobares, la defensa plantea un recurso de «revisión de autos importantes que ocasionen agravio al imputado», apelando el rechazo de la nulidad que se había dispuesto el 6 de octubre. El juez rechaza el recurso y la defensa interpone un «recurso de impugnación extraordinaria» contra esa decisión.
– El 1 de noviembre, el juez Tobares declara «inadmisible» el recurso de impugnación y la defensa interpone un «recurso de queja» contra aquella inadmisibilidad.
– Este viernes 24 de noviembre el Tribunal de Impugnación constituido en Viedma rechazó por unanimidad el recurso de queja. La defensa hizo reserva de seguir recurriendo ante tribunales superiores y/o internacionales.
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El STJ anuló la prescripción y confirmó la orden de captura para Chechile
En 2012 fue condenado a 3 años y 5 meses de prisión pero nunca cumplió la pena. Fue el responsable del siniestro vial que dejó como víctima fatal a la joven Paola Acuña.
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) anuló la sentencia que declaraba la prescripción de la pena de un prófugo por homicidio culposo. Consideró que su rebeldía impedía la extinción de la pena. La decisión involucra a Jorge Chechile, quien fue condenado a 3 años y 5 meses de prisión, además de 10 años de inhabilitación para conducir, por su responsabilidad en un siniestro vial con resultado de muerte y múltiples lesiones. La víctima fatal fue Paola Acuña, de Roca.
Chechile fue condenado en 2012 por el entonces Juzgado Correccional N° 14, pero evadió la justicia después de que la sentencia fue confirmada. Permanece prófugo desde 2014. A lo largo de estos años se llevaron a cabo múltiples intentos de captura, sin éxito. En 2024, la madre del condenado, asistida por un abogado, solicitó la prescripción de la pena. Argumentó que había transcurrido el tiempo suficiente para extinguir la condena. El ex Juzgado Correccional aceptó el pedido: declaró extinguida la pena y levantó la captura.
El Ministerio Público Fiscal y los querellantes apelaron esta decisión ante el STJ. Afirmaron que la prescripción de la pena no se podía aplicar mientras el condenado estuviera en rebeldía. La Fiscalía sostuvo que Chechile había eludido deliberadamente la acción de la justicia y que, según la ley, en esas circunstancias no es posible computar los plazos a su favor para extinguir la condena.
El STJ, en una decisión unánime, aceptó el recurso de casación interpuesto por la Fiscalía y anuló la sentencia que extinguía la pena. Subrayó que la rebeldía de Chechile impide que se considere el plazo de prescripción de la pena. Además de la jurisprudencia propia y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, citó el artículo 144 del Código Procesal Penal (Ley P 2107), que ordena suspender el proceso y reservar el legajo hasta que «el rebelde comparezca, por propia voluntad o por la fuerza».
En consecuencia, el STJ anuló la sentencia del Juzgado Correccional y reenvió la causa a Roca para que se mantenga la suspensión del proceso hasta que el condenado sea capturado o se presente voluntariamente ante el Poder Judicial. La orden de captura y la declaración de rebeldía de Chechile continúan vigentes.
Entre sus fundamentos, el STJ citó fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que limitan «severamente el derecho a la jurisdicción del imputado prófugo o rebelde». Esa limitación se basa en la contradicción de que una persona reclame un beneficio ante la misma autoridad que ha desconocido con sus propias acciones, es decir, con su voluntad de mantenerse prófugo. «Quien se sustrae voluntariamente de la acción de la justicia que reclama su presencia, carece de derecho para impetrar, ante la autoridad que él ha desconocido, el cumplimiento de preceptos cuya observancia elude, impidiendo por su acto propio su puntual satisfacción», precisó.
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Una joven estudiante universitaria denunció a un martillero y dueño de una inmobiliaria por abuso sexual
La víctima se encontraba en el departamento de un amigo que le había pedido si podía atender al encargado de su alquiler porque él no iba a estar. Allí se habría producido el ataque.
Una joven estudiante universitaria de 20 años radicó una denuncia por abuso sexual en contra de un martillero público y dueño de una inmobiliaria radicada en General Roca, por un hecho que habría tenido lugar el martes (15/10) al mediodía.
Según informó la Agencia de Noticias Roca (ANR), el hecho ocurrió en el departamento de un amigo de ella, quien le había pedido el favor de que se acercara a esperar al martillero ya que él debía salir. El sujeto que luego terminó denunciado, tenía que asistir al lugar con un plomero que iba a hacer una reparación.
En ese momento, el titular de la inmobiliaria, habría aprovechado la situación para abusar de la joven. Según consta en la denuncia policial, el hombre habría tocado a la estudiante, violentando sus derechos e intentando besarla. También habría cometido acoso verbal. Usando todas sus fuerzas, la denunciante pudo escapar y encerrarse en una habitación.
Una vez que el martillero abandonó la vivienda, la víctima pudo contarle al plomero, que había llegado unos minutos antes, lo que había sucedido. Este trabajador afirmó haber tenido experiencias similares previas de relatos de personas respecto al agente inmobiliario. Según contó, el denunciado ya habría tenido actitudes inapropiadas con otras mujeres en el pasado.
Ante estos hechos, la joven radicó la denuncia correspondiente en la Fiscalía, donde se inició una investigación. La fiscal interviniente ordenó tomar declaración testimonial a la víctima, al amigo y al plomero, como así también se iniciaron las actuaciones correspondientes para investigar al denunciado.
Este medio de comunicación se resguarda la identidad de la persona denunciada, ya que cómo establece la ley, hasta tanto se realice la formulación de cargos, no se pueden dar nombres.
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La intervención del Poder Judicial le permitió a una madre obtener su DNI y acceder a derechos familiares
El padre de su hijo falleció y ella no pudo tramitar la asignación universal.
La intervención de una trabajadora social del Poder Judicial permitió a una madre de Cipolletti obtener su DNI. El padre de su hijo falleció y ella no pudo tramitar la asignación universal. En la partida de nacimiento del adolescente estaban los datos de la mujer aunque se consignaba: «DNI no posee».
Una jueza de Cipolletti resolvió un pedido de rectificación de partida de nacimiento solicitado por la madre de un adolescente. La mujer inició la acción luego de obtener su Documento Nacional de Identidad (DNI) que no poseía al momento de inscribir el nacimiento de su hijo. En esa instancia, contó con el acompañamiento de una trabajadora social del Poder Judicial.
Luego contó con el patrocinio de una defensora pública que, en su presentación, explicó que al no contar con DNI en la partida de nacimiento se dejó constancia de que «no posee» en el apartado correspondiente al número de documento. A partir del fallecimiento del padre del joven, quien hasta ese momento ejercía los derechos sobre sus hijos, la madre gestionó y obtuvo su DNI. Esto la llevó a solicitar la rectificación del acta de nacimiento de su hijo para incluir sus datos completos y poder acceder a derechos como las asignaciones familiares.
Según se consignó en la demanda, antes de que falleciera el marido, la mujer no creía en la necesidad de tener DNI. Aunque todos los derechos derivados, no sólo del hijo, sino de ella iban a quedar inconclusos por no tener documento.
La solicitud planteó que, además de añadir el número de DNI, debía corregirse el nombre de la progenitora en el acta, ya que faltaban datos.
Como el niño nació en Buenos Aires intervino la Dirección del Registro de esa provincia. Desde el organismo se dictaminó que la jueza de Familia de Cipolletti podía ordenar la rectificación solicitada. Asimismo, la Fiscalía expresó su acuerdo con la medida. Consideró que no existían objeciones para llevarla a cabo y que los motivos eran justificados.
Sobre la base de lo dispuesto por la Ley N° 26.413, que regula las inscripciones en los Registros de Estado Civil y Capacidad de las Personas, la jueza decidió hacer lugar a la solicitud. Se ordenó rectificar la partida de nacimiento e incorporar el número de DNI de la madre además de completar su nombre de forma correcta.
