Judiciales
Violencia de género: Piden 3 años de prisión efectiva por desobediencia, violación de domicilio y amenazas agravadas
La lectura de la sentencia será el próximo viernes 3 de abril.
Ayer (11/04) por la mañana la titular de la Fiscalía de Violencia de género y doméstica Norma Reyes junto a la adjunta Analía Cofré solicitaron una pena de cumplimiento efectivo de 3 años para el hombre declarado responsable de los delitos de “desobediencia a una orden judicial de prohibición de acercamiento (tres hechos), violación de domicilio (tres hechos) en concurso ideal, amenazas agravadas por el uso de arma (dos hechos) y amenazas simples en concurso real, todo en el marco de violencia de género”. A su vez pidieron la prórroga de la prisión preventiva por el término dos meses más.
La Fiscalía basó su pedido de pena en la prueba producida hasta este momento y en la pericia solicitada para la audiencia de cesura. Es así que se tuvo presente los antecedentes de alcoholismo y la conducta violenta reiterada del imputado, el informe psiquiátrico que realizó la médica forense. “Si bien el hombre no tiene antecedentes, tiene una causa en trámite en la fiscalía de delitos contra la identidad sexual y una audiencia por lesiones graves en Bariloche en junio” detalló Reyes.
Respecto de su actitud en relación a la medida cautelar de prohibición de acercamiento, “existe una reiterada transgresión a las pautas establecidas y desinterés por respetarlas. Los medios que empleó para ello son considerados como agravantes de la pena, ya que demostró desprecio hacia la justicia, específicamente a la prohibición de acercamiento y amenazó a la víctima”, explicó Reyes.
La violencia descripta por la especialista se extiende a todo el grupo familiar, se da en presencia y con la intervención de los niños, y concluye de manera contundente: “se trata de una víctima de riesgo, que podría ser víctima de un delito por parte del agresor”.
La Fiscalía fundamentó el pedido de la prórroga de prisión preventiva en el posible peligro de fuga del imputado, “ya que ha manifestado que vive en un domicilio con un primo, pero la fiscalía de ha ocupado de constatarlo y la Comisaría 6ta de Allen informó que allí no vive quien el hombre señaló y tampoco dicen conocerlo. Además en este mismo legajo por una situación similar se le ha decretado la rebeldía y a raíz de ello es que quedó detenido”, mencionó Reyes.
Agregó que “tampoco existe la constancia de un trabajo fijo. Y consideramos que los reiterados incumplimientos de las medidas, ha aumentado los riesgos de la víctima y de sus hijos. Es deber del Estado, tal como versa la Convención de Belem do Pará, garantizar a la víctima y a sus hijos poder circular y vivir sin que su vida corra riesgo”.
Por su parte el defensor público Gustavo Viecens dijo respecto a la pena que “valorando la misma pericia psicológica de la víctima se desprende que la historia de desamparo es anterior a la convivencia con mi asistido y que la historia de la señora habla de un estado de vulnerabilidad permanente. Mi pupilo fue padre, compañero y sostén de familia”.
Más adelante, el defensor expresó que “entiendo que la pena debe ser de 3 años pero debe quedar en suspenso, es decir planteo que prisión condicional y que siga cumpliendo con las pautas ya establecidas”, expresó Viecens, quien además se opuso a que en esta instancia el imputado siga cumpliendo con prisión preventiva.
La lectura de la sentencia será el próximo viernes 3 de abril, y en esa instancia la jueza Margarita Carrasco resolverá la pena y el pedido de la prórroga.
Cabe recordar que según la acusación fiscal los hechos ocurrieron el 9 de octubre en Allen, a las 21:30 aproximadamente en el domicilio de la víctima, ex-pareja del acusado. A esa hora el hombre se presentó con un cuchillo en la cintura y entró sin ser autorizado al patio de la casa y amenazó a la mujer y a uno de sus hijos en común. Luego, a las 22:30 el imputado volvió a la vivienda y amenazó con prender fuego la casa, cuando vio acercarse el móvil policial se retiró. Finalmente, a las 22:55 cuando la mujer estaba en la comisaría realizando la denuncia, el hombre regresó al hogar y mientras exhibía un cuchillo amenazó a la madre de la chica, quien llamó al 911 y personal policial detuvo al hombre y secuestró el arma que tenía.
El imputado con dicho accionar desobedeció las prohibiciones de acercamiento y abstención de actos molestos y perturbatorios dictadas por el Juzgado de Familia N° 11 el 10 de junio de 2014, y por el Juzgado de Paz de Jacobacci el 2 de agosto de 2017, de las que se encontraba notificado.
Judiciales
Condenaron al Municipio de Roca por un grave accidente en una calle sin iluminación ni señalización
La víctima sufrió fracturas graves y una incapacidad física cercana al 49%.
Un hombre circulaba de madrugada por la calle Lago Lácar, en una zona rural de Roca. No había alumbrado público ni señales visibles. Solo el haz de luz de la motocicleta rompía la oscuridad. La calle parecía continuar, pero al llegar a Romagnoli terminaba abruptamente en una intersección. Frente a él había un canal de desagüe que, en la oscuridad, no logró advertir a tiempo.
La motocicleta siguió de frente y cayó al canal. El hombre quedó herido y mojado hasta que algunas personas advirtieron la situación y avisaron a la Policía. Luego fue trasladado al Hospital, donde constataron fracturas y lesiones graves.
El hombre recurrió al Poder Judicial para iniciar una demanda y reclamar una indemnización por el siniestro. Sostuvo que la Municipalidad era responsable porque el lugar no contaba con señalización, iluminación ni medidas de prevención.
El fuero Administrativo de Roca hizo lugar a la demanda y condenó a la comuna a pagar una indemnización por incapacidad física, daño moral y gastos médicos. El fallo también reconoció la reparación de la motocicleta y la privación de uso. Aunque la aseguradora argumentó que no debía cubrir el hecho, la condena se extendió a Federación Patronal Seguros.
Las secuelas fueron graves y permanentes. Sufrió fracturas en la pelvis, la cadera y la muñeca izquierda. También presentó diferencias en la longitud de las piernas, lesiones nerviosas y otras secuelas físicas derivadas de las operaciones a las que debió someterse.
La pericia médica determinó una incapacidad física parcial y definitiva cercana al 49 %. La pericia psicológica señaló que padecía trastorno por estrés postraumático a raíz del hecho.
La Municipalidad argumentó que el siniestro ocurrió en una zona rural, donde no podía exigirse el mismo nivel de iluminación que en el casco urbano. También afirmó que el motociclista circulaba a exceso de velocidad y sin licencia de conducir.
La aseguradora Federación Patronal Seguros también rechazó la demanda y sostuvo que el hecho no estaba cubierto por la póliza contratada por el Municipio. Según su postura, el seguro solo alcanzaba determinadas actividades municipales y no accidentes como el discutido en el expediente.
Durante el juicio se produjeron numerosas pruebas documentales, testimoniales y periciales. Entre ellas, incorporaron informes policiales, médicos, accidentológicos y psicológicos.
El juez valoró el informe policial que registró el hallazgo del motociclista dentro del canal, en estado de hipotermia, junto a su moto sumergida en el agua. También tomó en cuenta la historia clínica del hospital y los testimonios de vecinos de la zona.
La sentencia sostuvo que la Municipalidad tenía el deber legal de mantener las calles en condiciones seguras y de señalizar adecuadamente la vía pública. El juez repasó la normativa nacional y municipal sobre tránsito y seguridad vial. Concluyó que el Municipio incumplió sus obligaciones de iluminación y señalización en la intersección donde ocurrió el hecho.
La sentencia incorporó una medida de no repetición. El juez señaló que ya existían antecedentes de siniestros viales similares en el mismo lugar, incluso uno fatal ocurrido años antes. También acreditaron otros hechos posteriores en la misma intersección.
Por ese motivo, el fallo ordenó a la Municipalidad adoptar medidas concretas para prevenir nuevos accidentes. Entre ellas, dispuso iluminar correctamente la zona, despejar obstáculos visuales y colocar señalización vial adecuada conforme a las normas nacionales de tránsito.
Judiciales
Pagó sus compras extranjeras en dólares para evitar el Impuesto País, pero se lo debitaron igual: Condenan a entidad bancaria
Además de ordenar la devolución de las sumas cobradas, el fallo aplicó una multa civil por daño punitivo.
Una clienta de El Bolsón creyó haber evitado el recargo por consumos en el exterior cuando pagó en dólares el resumen de su tarjeta y activó el ‘stop debit’ desde la aplicación del banco. La app confirmó que la operación había sido exitosa. Días después descubrió que el banco le había debitado el resumen en pesos, le había cargado impuestos vinculados al dólar y hasta le sumó intereses y punitorios. El Juzgado Multifueros de la ciudad andina concluyó que existió un error del sistema, responsabilizó a la entidad financiera y ordenó indemnizar a la mujer.
Según el fallo, la mujer había utilizado su tarjeta para gastos por más de 1.300 dólares y luego decidió cancelar el resumen directamente en moneda estadounidense. Para eso recurrió al ‘stop debit’, una herramienta usada por clientes bancarios para impedir el débito automático del resumen en pesos.
La clienta pagó el saldo en dólares, activó la opción desde la plataforma digital y recibió una notificación de ‘pago exitoso’. Sin embargo, una semana después apareció el problema: el banco igual ejecutó el débito automático del resumen convertido a pesos y agregó impuestos asociados a ese tipo de operación.
La demanda sostuvo que el objetivo de pagar en dólares había sido evitar la pesificación y los recargos sobre consumos en moneda extranjera. El expediente detalla que la entidad cobró una suma mayor, con cargos derivados del Impuesto País, además de intereses compensatorios, punitorios, IVA e impuesto de sellos.
La mujer inició entonces un recorrido que el propio fallo describió como un laberinto de reclamos. Primero fue a una sucursal bancaria. Después intentó resolver el problema por correo electrónico. Más tarde envió una carta documento. Las respuestas nunca llegaron en forma clara. En uno de los intercambios incorporados al expediente, el banco admitió que «es normal que los sistemas tengan errores momentáneos».
El juzgado consideró especialmente grave que la entidad reconociera el error pero no resolviera la situación ni devolviera el dinero debitado. También cuestionó el funcionamiento del sistema de atención al cliente y la falta de respuestas concretas frente al reclamo. Según la sentencia, la usuaria quedó atrapada en un «infinito devenir de mensajes por mail» sin solución efectiva.
La resolución encuadró el caso dentro de la Ley de Defensa del Consumidor y remarcó que los bancos tienen obligación de garantizar servicios digitales seguros. Para la jueza, el problema no fue solamente el débito indebido sino también la forma en que la entidad manejó el conflicto después del error.
El fallo destacó además la posición desigual entre una entidad financiera y una usuaria individual frente a herramientas digitales automáticas. En ese contexto, sostuvo que el Banco Galicia debía brindar información clara, canales eficaces de atención y una respuesta inmediata frente a un error reconocido por la propia empresa.
La entidad financiera no se presentó a contestar la demanda judicial. Con los resúmenes, los correos electrónicos y la documentación aportada por la clienta, el juzgado dio por acreditado que el débito en pesos se produjo pese a que el pago en dólares y el ‘stop debit’ ya habían sido realizados.
Además de ordenar la devolución de las sumas cobradas, el fallo aplicó una multa civil por daño punitivo. La jueza entendió que el banco incurrió en un incumplimiento grave hacia la consumidora y valoró especialmente que el dinero continuara retenido incluso después de reconocerse el error del sistema.
Judiciales
Imputaron y dejaron presos a dos hombres acusados de robar cajas fuertes en una fábrica de hielo de Roca
Los acusados habrían actuado junto a otros dos hombres que todavía permanecen prófugos.
El Ministerio Público Fiscal imputó este mediodía (26/05) a dos hombres acusados de protagonizar un robo ocurrido el pasado 28 de abril en una vivienda -donde funciona también una fábrica de hielo- ubicada sobre calle Los Sauces al 1700, entre Stefenelli y Mosconi, donde intentaron sustraer dos cajas fuertes. Además, la Justicia les dictó prisión preventiva por el plazo de tres meses.
Según la acusación fiscal, el hecho ocurrió cerca de las 10.23 de la mañana, cuando los imputados, junto a otros dos hombres que aún no fueron identificados, ingresaron a la propiedad tras abrir el portón de acceso y forzar la puerta principal de la vivienda.
De acuerdo a la investigación, los sospechosos cargaron una de las cajas fuertes en una camioneta Fiat Strada con pedido de secuestro en Neuquén, mientras que la segunda quedó abandonada en el patio. Además, se llevaron otros elementos de valor como una campera, un reloj, una mochila y un par de lentes.
La fiscal adjunta explicó que el intento de fuga fue frustrado por la intervención de efectivos de la Subcomisaría 67° de Stefenelli, la Comisaría 3° y la Comisaría 48° de Mosconi, quienes montaron un operativo cerrojo.
Durante la persecución, la camioneta en la que escapaban los acusados impactó de frente contra un móvil policial. Tras la colisión, uno de los imputados intentó huir corriendo hacia las chacras, aunque fue rápidamente aprehendido. El otro sufrió heridas de consideración producto del choque y, al intentar descender del vehículo, cayó al piso una pistola semiautomática marca Glock que llevaba consigo.
Entre las pruebas presentadas por la Fiscalía se incluyeron actas policiales, fotografías, entrevistas, la denuncia de la víctima, informes de Criminalística, la constatación del robo de la camioneta en Neuquén y pericias realizadas sobre el arma secuestrada.
La Justicia imputó a uno de los detenidos por los delitos de robo doblemente agravado por el uso de arma de fuego y por cometerse en poblado y en banda, además de portación ilegítima de arma de fuego de guerra. El segundo acusado fue imputado como coautor del robo agravado.
La Fiscalía solicitó la prisión preventiva al considerar existentes riesgos procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación, teniendo en cuenta que aún continúan medidas investigativas y hay otros sospechosos prófugos. La defensa pública no presentó oposición y el juez de Garantías resolvió hacer lugar tanto a la formulación de cargos como a la medida cautelar.
