Judiciales
Violencia de género: Piden 3 años de prisión efectiva por desobediencia, violación de domicilio y amenazas agravadas
La lectura de la sentencia será el próximo viernes 3 de abril.
Ayer (11/04) por la mañana la titular de la Fiscalía de Violencia de género y doméstica Norma Reyes junto a la adjunta Analía Cofré solicitaron una pena de cumplimiento efectivo de 3 años para el hombre declarado responsable de los delitos de “desobediencia a una orden judicial de prohibición de acercamiento (tres hechos), violación de domicilio (tres hechos) en concurso ideal, amenazas agravadas por el uso de arma (dos hechos) y amenazas simples en concurso real, todo en el marco de violencia de género”. A su vez pidieron la prórroga de la prisión preventiva por el término dos meses más.
La Fiscalía basó su pedido de pena en la prueba producida hasta este momento y en la pericia solicitada para la audiencia de cesura. Es así que se tuvo presente los antecedentes de alcoholismo y la conducta violenta reiterada del imputado, el informe psiquiátrico que realizó la médica forense. “Si bien el hombre no tiene antecedentes, tiene una causa en trámite en la fiscalía de delitos contra la identidad sexual y una audiencia por lesiones graves en Bariloche en junio” detalló Reyes.
Respecto de su actitud en relación a la medida cautelar de prohibición de acercamiento, “existe una reiterada transgresión a las pautas establecidas y desinterés por respetarlas. Los medios que empleó para ello son considerados como agravantes de la pena, ya que demostró desprecio hacia la justicia, específicamente a la prohibición de acercamiento y amenazó a la víctima”, explicó Reyes.
La violencia descripta por la especialista se extiende a todo el grupo familiar, se da en presencia y con la intervención de los niños, y concluye de manera contundente: “se trata de una víctima de riesgo, que podría ser víctima de un delito por parte del agresor”.
La Fiscalía fundamentó el pedido de la prórroga de prisión preventiva en el posible peligro de fuga del imputado, “ya que ha manifestado que vive en un domicilio con un primo, pero la fiscalía de ha ocupado de constatarlo y la Comisaría 6ta de Allen informó que allí no vive quien el hombre señaló y tampoco dicen conocerlo. Además en este mismo legajo por una situación similar se le ha decretado la rebeldía y a raíz de ello es que quedó detenido”, mencionó Reyes.
Agregó que “tampoco existe la constancia de un trabajo fijo. Y consideramos que los reiterados incumplimientos de las medidas, ha aumentado los riesgos de la víctima y de sus hijos. Es deber del Estado, tal como versa la Convención de Belem do Pará, garantizar a la víctima y a sus hijos poder circular y vivir sin que su vida corra riesgo”.
Por su parte el defensor público Gustavo Viecens dijo respecto a la pena que “valorando la misma pericia psicológica de la víctima se desprende que la historia de desamparo es anterior a la convivencia con mi asistido y que la historia de la señora habla de un estado de vulnerabilidad permanente. Mi pupilo fue padre, compañero y sostén de familia”.
Más adelante, el defensor expresó que “entiendo que la pena debe ser de 3 años pero debe quedar en suspenso, es decir planteo que prisión condicional y que siga cumpliendo con las pautas ya establecidas”, expresó Viecens, quien además se opuso a que en esta instancia el imputado siga cumpliendo con prisión preventiva.
La lectura de la sentencia será el próximo viernes 3 de abril, y en esa instancia la jueza Margarita Carrasco resolverá la pena y el pedido de la prórroga.
Cabe recordar que según la acusación fiscal los hechos ocurrieron el 9 de octubre en Allen, a las 21:30 aproximadamente en el domicilio de la víctima, ex-pareja del acusado. A esa hora el hombre se presentó con un cuchillo en la cintura y entró sin ser autorizado al patio de la casa y amenazó a la mujer y a uno de sus hijos en común. Luego, a las 22:30 el imputado volvió a la vivienda y amenazó con prender fuego la casa, cuando vio acercarse el móvil policial se retiró. Finalmente, a las 22:55 cuando la mujer estaba en la comisaría realizando la denuncia, el hombre regresó al hogar y mientras exhibía un cuchillo amenazó a la madre de la chica, quien llamó al 911 y personal policial detuvo al hombre y secuestró el arma que tenía.
El imputado con dicho accionar desobedeció las prohibiciones de acercamiento y abstención de actos molestos y perturbatorios dictadas por el Juzgado de Familia N° 11 el 10 de junio de 2014, y por el Juzgado de Paz de Jacobacci el 2 de agosto de 2017, de las que se encontraba notificado.
Judiciales
Tras más de un año de espera, el STJ ordenó asegurar insumos para una operación
El paciente del Alto Valle necesitaba material quirúrgico para una intervención en el hombro izquierdo.
El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro ratificó la obligación de una obra social de garantizar insumos médicos para una cirugía, al considerar que la demora administrativa vulneraba el derecho a la salud del afiliado.
El caso se originó tras la presentación de un amparo por parte de un vecino del Alto Valle que necesitaba material quirúrgico específico para una intervención en su hombro izquierdo. Ante la falta de respuesta efectiva, la Justicia de primera instancia ordenó a la obra social cumplir con la provisión.
El organismo apeló argumentando que los procesos de contratación habían quedado desiertos y que no existía una situación de urgencia extrema. También sostuvo que debía ajustarse al régimen de contrataciones del Estado provincial.
No obstante, el STJ entendió que el tiempo insumido -más de un año sin resolución definitiva- resultaba irrazonable. Además, destacó que el certificado médico indicaba carácter urgente y advertía sobre la posible progresión de la lesión si no se intervenía quirúrgicamente.
La sentencia confirmada refuerza el criterio de que, frente a demoras que afectan prestaciones médicas esenciales, el amparo constituye una herramienta válida para garantizar derechos fundamentales.
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Compraron un terreno, no recibieron la escritura y la Justicia condenó a una inmobiliaria de Roca
La pareja no pudo acceder a créditos hipotecarios por falta de documentación.
Una pareja de General Roca que había adquirido un terreno con la ilusión de construir su vivienda propia obtuvo un fallo favorable en la Justicia luego de años de espera sin recibir la escritura correspondiente.
El proyecto, promocionado en redes sociales, prometía terrenos con servicios y la entrega de la escritura en un plazo de 24 meses. Los compradores firmaron el boleto de compraventa y abonaron la totalidad de las cuotas acordadas.
Sin embargo, el tiempo transcurrió y las obras no avanzaron como estaba previsto. La falta de la escritura traslativa de dominio les impidió gestionar créditos hipotecarios como el Procrear o los préstamos UVA, herramientas fundamentales para iniciar la construcción. Mientras tanto, el loteo continuaba sin contar con la totalidad de los servicios básicos y la pareja debió seguir pagando alquiler.
El fuero Civil de Roca condenó a las vendedoras y a la inmobiliaria interviniente a otorgar la escritura y a abonar una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados. El monto fijado contempla los gastos de alquiler afrontados durante la demora y la pérdida de la oportunidad de acceder a financiamiento bancario.
En el análisis del caso, la jueza tuvo por acreditada la autenticidad del boleto, las comunicaciones intercambiadas y las publicaciones en redes sociales que promocionaban el loteo. Una pericia informática confirmó que el perfil comercial pertenecía a la inmobiliaria y que las ofertas seguían visibles al momento del proceso. Además, se verificó que la inscripción formal como martillera se concretó con posterioridad a la publicidad y a la firma del contrato.
El Tribunal encuadró la relación bajo la Ley de Defensa del Consumidor y rechazó la excepción de falta de legitimación pasiva planteada por la firma, al considerar que intervino en la operatoria y recibió pagos sin acreditar debidamente su desvinculación. También señaló que no contaba con habilitación municipal al momento de los hechos.
Respecto del incumplimiento, la sentencia destacó que el contrato fijaba un plazo de 24 meses para ejecutar los servicios y otorgar la escritura. La prueba informativa reveló que el plano de mensura no contaba con aprobación definitiva y que no existía constancia del inicio del expediente ante Catastro. Si bien se informaron avances en redes sanitarias, el empalme no se había concretado por falta de documentación.
La jueza concluyó que el incumplimiento persistía y consideró acreditada la pérdida de chance por la imposibilidad de acceder a créditos hipotecarios, dado que la escritura era un requisito esencial. También reconoció el daño extrapatrimonial, al entender que la frustración del proyecto de vivienda propia y la vulneración del deber de información y trato digno generaron una afectación concreta en la pareja.
Finalmente, descartó que la pandemia pudiera justificar la demora, ya que el plazo contractual había vencido con anterioridad al inicio de la emergencia sanitaria.
Judiciales
Acordaron casi todo en el divorcio, pero el padre retuvo los pasaportes de sus hijos hasta que les prohibieran la salida del país
Conocé qué resolvió la Justicia.
Aunque el divorcio se presentó con un acuerdo integral sobre alimentos y cuidado compartido, la discusión se desplazó hacia un punto inesperado: la entrega de los pasaportes de los hijos. El padre condicionó la entrega de los documentos a una prohibición judicial de salida del país ante el temor de que la madre se radicara en Chile.
El matrimonio, celebrado en España y con dos hijos menores de edad que también poseen ciudadanía española, había logrado ordenar casi todos los aspectos de la separación. En el convenio regulador fijaron la cuota alimentaria, el sistema de cuidado personal compartido y el régimen de comunicación. Incluso acordaron resolver en forma privada la liquidación de bienes. Sin embargo, en una de las cláusulas que dispuso el progenitor se estableció que los pasaportes serían entregados solo si antes una jueza dictaba una medida que impidiera a los niños salir de la Argentina.
La madre objetó esa condición cuando respondió la demanda de divorcio. Sostuvo que necesitaba contar con la documentación de sus hijos y que no existía ninguna orden judicial que justificara la retención. La Defensoría de Menores también cuestionó el punto y advirtió que la cláusula afectaba el derecho de los chicos a su documentación y a su identidad.
La jueza de Familia de Bariloche que intervino en el proceso decretó el divorcio, homologó el acuerdo en lo relativo a alimentos y cuidado, pero marcó un límite: si el padre pretendía una prohibición de salida del país, debía promover el trámite correspondiente. Mientras tanto, ordenó la entrega de los pasaportes en el plazo de tres días.
El padre apeló la decisión y sostuvo que el riesgo era concreto, ya que la madre gestionaba una autorización para radicarse en Chile. Con el recurso concedido con efecto suspensivo, la entrega quedó en pausa y el conflicto se trasladó a un nuevo expediente.
La madre inició una medida cautelar autónoma y denunció que los documentos permanecían retenidos. Señaló además que el padre trabaja en Europa con estadías prolongadas fuera del país, lo que dejaba a los niños sin documentación ante cualquier urgencia.
En ese trámite, el hombre finalmente presentó los pasaportes ante el juzgado y pidió que no fueran entregados hasta que se resolviera la prohibición de salida. Los documentos quedaron bajo resguardo judicial mientras avanzaban en paralelo el recurso en la Cámara de Apelaciones y un pedido de autorización para el eventual cambio de residencia de los chicos.
La Cámara cerró el debate principal. Señaló que ninguna cláusula acordada entre las partes puede obligar a un juez a dictar una medida cautelar y que la procedencia de una prohibición de salida depende de la evaluación judicial de sus requisitos legales. También remarcó que la documentación de los niños no puede quedar supeditada a un acuerdo condicionado a una decisión futura.
Con esos fundamentos, confirmó la orden de entrega y dejó en claro que cualquier restricción para salir del país deberá tramitarse en el expediente específico. La medida de prohibición aún no cuenta con una resolución definitiva y deberá resolverse junto con el planteo sobre el eventual cambio de radicación de los niños a Chile, que continúa en trámite.
