Judiciales
Roca, la ciudad con más procesos laborales en la provincia
En 2017 se sumaron 1.533 nuevos expedientes.
La dos Cámaras del Trabajo de Roca registraron en 2017 1.533 nuevos expedientes que se suman a los que ya tienen trámite de años anteriores. La Cámara del Trabajo 1 contabilizó 770 expedientes, mientras que la 2 un total de 763.
A nivel provincial, el Fuero Laboral, es decir la totalidad de las seis Cámaras Laborales de toda la provincia, contabilizaron 4.849 expedientes desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2017.
Los tipos de procesos más frecuentes en toda la provincia son los trámites ordinarios (que representan el 32,30%) y los juicios por accidente de trabajo (29,58%).
A su vez, las seis Cámaras Laborales de la provincia dictaron 1.437 homologaciones que pusieron fin al conflicto por medio de la conciliación judicial; 930 sentencias definitivas y 874 sentencias monitorias.
En Roca particularmente los jueces de la Cámara Laboral 1 realizaron 878 audiencias: 512 conciliaciones y 366 vistas de causas. Los jueces de la Cámara Laboral 2 hicieron 676 audiencias: 334 conciliaciones y 342 vistas de causas. En total hubo 1554 audiencias.
La Cámara Primera del Trabajo está integrada por los jueces Paula Bisogni, José Luis Rodríguez y Walter Peña. La Cámara Segunda del Trabajo se conforma con los magistrados Silvana Gadano, Edgardo Albrieu y María del Carmen Vicente.
Conciliación laboral extrajudicial: una solución ágil a los conflictos laborales
En 2017 se realizaron 323 conciliaciones laborales “con acuerdo” en toda la provincia de Río Negro. Se trata de un servicio voluntario con un procedimiento ágil, mayormente digital lo que contribuye al ahorro de recursos y tiempo.
En el fuero del trabajo es importante puntualizar la gran cantidad de causas que quedan atrapadas en la conciliación extrajudicial primero, fundamentalmente en Bariloche y Cipolletti, más la conciliación en juicio luego lo que denota inmediatez, presencia personal de los jueces en la solución de los conflictos y celeridad en la resolución de las causas.
Más de 40 mil expedientes en toda la provincia
El suplemento estadístico que elabora el Centro de Planificación Estratégica del Superior Tribunal de Justicia (STJ) refleja datos e información desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2017. En ese periodo ingresaron un total de 40.214 expedientes en todos los organismos de primera instancia, Cámaras Civiles y Laborales, Tribunal Electoral y Superior Tribunal de Justicia.
El número exceptúa los expedientes en trámite (que ingresaron en años anteriores, por ejemplo), los legajos de los Centros Judiciales de Mediación, los ingresos en los 49 Juzgados de Paz de toda la provincia y las causas penales de transición debido al cambio del Código Procesal Penal. Desde el 1 de agosto de 2017 desapareció el expediente papel en el fuero penal y las causas se administran a través de audiencias orales y públicas con un registro fílmico.
El Fuero Laboral registró 4.848 nuevos expedientes en las seis Cámaras Laborales de toda la provincia. La Cámara del Trabajo de Viedma registró 1.156 expedientes; la Cámara del Trabajo 1 de Roca 770 expedientes; la Cámara del Trabajo 2 de Roca 764; la Cámara del Trabajo 1 de Bariloche 715, la Cámara del Trabajo 2 de Bariloche 612 y la Cámara del Trabajo de Cipolletti 832 expedientes.
Desde el 2013 se implementan en gran parte de los organismos del Poder Judicial de Río Negro Códigos de Buenas Prácticas que permiten contar con herramientas ágiles para la obtención de información uniforme y homogénea en todos los organismos de la provincia. El informe estadístico anual se realiza sobre la base de recolección de datos de forma automática y también manual.
Judiciales
Enfrentan penas de prisión efectiva por un intento de robo en una vivienda
La banda utilizó una camioneta robada y con patente adulterada.
El Ministerio Público Fiscal pidió que los tres hombres ya declarados responsables penales como autores de tentativa de robo en lugar poblado y en banda, agravado por escalamiento y por la intervención de un menor de 18 años, cumplan penas que van de los 5 años y medio hasta los 7 años de prisión efectiva.
El hecho que resultó probado fue el ocurrido en octubre de 2024 en General Roca, cuando forzaron el portón de ingreso de una vivienda y no lograron apoderarse de ningún elemento debido a la intervención de personal policial.
Los tres imputados llegan a esta etapa del juicio de cesura cumpliendo prisión preventiva en el marco de este y otro legajo que investiga una presunta asociación ilícita.
Concretamente, en la audiencia de hoy (11/05), la Fiscalía mencionó como prueba que los tres cuentan con antecedentes penales computables por delitos cometidos contra la propiedad y que continúan siendo investigados por hechos similares.
Es así que para uno de ellos solicitó la pena de 5 años y 6 meses de prisión, para otro la misma cantidad de tiempo y que se le revoque la condicionalidad de otra condena, y para el último, una pena unificada de 9 años comprensiva de la que le corresponde en este legajo fiscal, que es de 7 años.
«Los hombres concretaron este hecho haciendo una vigilancia previa de la casa de la víctima y de su familia, es decir haber premeditado su accionar, además utilizaron una camioneta sustraída en Neuquén y que le adulteraron su chapa patente», detalló la fiscal.
Luego, dos de los imputados, asistidos por sus defensores particulares hicieron uso de la palabra, y tras esto, los tres abogados solicitaron la misma pena, es decir, dos años y seis meses.
El Tribunal Colegiado interviniente dará a conocer su sentencia el próximo lunes 18 de mayo a las 12.00.
Judiciales
Autorizan a una mujer a donar un riñón a su amigo, que lleva 12 años en diálisis y espera un trasplante
La ley exige autorización judicial cuando el donante no tiene vínculo familiar ni convivencial con el receptor.
Se conocieron hace más de 10 años y forjaron una profunda amistad. Se acompañaron en momentos de crisis y construyeron un vínculo con rasgos de familiaridad que se sostuvo en el tiempo. Él ya convivía con un diagnóstico que con los años derivó en una insuficiencia renal terminal y en una vida atada a la diálisis. Su estado es grave y desde hace tiempo espera un donante. En ese contexto, ella tomó una decisión fuerte: ofrecerle uno de sus riñones.
Pero su voluntad no es suficiente: los estudios debían confirmar compatibilidad, los equipos médicos debían validar la intervención y, además, la ley imponía un límite: sin vínculo familiar, el trasplante requería autorización judicial. Con todos los informes a favor, el caso llegó al fuero de Familia de Bariloche. La jueza analizó las pericias médicas, psicológicas y sociales, evaluó el vínculo entre ambos y autorizó la donación.
El planteo se presentó como una medida autosatisfactiva, una vía excepcional que permite obtener una respuesta urgente cuando no hay otra alternativa eficaz. El objetivo fue concreto: remover el obstáculo legal que impide, en principio, la donación entre personas sin parentesco. La ley de trasplantes limita estos casos a vínculos familiares o convivenciales, con la intención de evitar cualquier forma de comercialización de órganos. Fuera de ese esquema, la intervención judicial resulta indispensable.
En ese marco, también intervinieron organismos especializados. El INCUCAI señaló que los trasplantes con donante vivo sin vínculo familiar solo pueden realizarse de manera excepcional y con autorización judicial, y remarcó la necesidad de garantizar la voluntariedad, el carácter altruista y la gratuidad de la donación. En la misma línea, CUCAI Río Negro avaló esos criterios y destacó que el procedimiento debe cumplir con todos los requisitos médicos y legales vigentes.
Para resolver, la Unidad Procesal de Familia reunió una batería de pruebas. Los estudios médicos confirmaron que existía compatibilidad y que el trasplante representaba la mejor alternativa terapéutica. También se determinó que el receptor no presentaba contraindicaciones para atravesar la intervención.
Las evaluaciones psicológicas indicaron que ambos comprenden el alcance del procedimiento, sus riesgos y sus implicancias. En el caso de la donante, se destacó la capacidad de decidir con autonomía, con un nivel de madurez adecuado y sin interferencias externas. Los informes descartaron la presencia de presiones o condicionamientos que pudieran afectar su voluntad.
Las pericias sociales reforzaron ese cuadro. Describieron una relación previa, estable y verificable, con cercanía y participación compartida en distintos momentos de sus vidas. También señalaron la inexistencia de intereses económicos o beneficios indirectos, un punto central en este tipo de procesos.
Durante la audiencia, la mujer ratificó su decisión y explicó sus motivos. Expuso que su única intención era mejorar la calidad de vida de su amigo. La jueza dejó constancia de que podía revocar su consentimiento en cualquier momento antes de la cirugía, sin consecuencias.
Con ese conjunto de elementos, la magistrada concluyó que se trataba de un caso excepcional en el que correspondía apartarse de la restricción legal. La autorización habilita la donación, aunque el procedimiento queda sujeto al cumplimiento de todos los requisitos médicos, controles y condiciones establecidos por la normativa vigente.
Judiciales
El Ministerio de Salud pidió que el anestesiólogo condenado no vuelva a trabajar en hospitales públicos de la provincia
La medida se conoció tras las protestas de familiares de Valentín y el apartamiento de Atencio Krause dispuesto por la dirección del nosocomio roquense.
El Ministerio de Salud de Río Negro solicitó formalmente a la Asociación Rionegrina de Anestesia, Analgesia y Reanimación que se abstenga de asignar al médico Mauricio Javier Atencio Krause para prestar servicios en hospitales públicos de la provincia.
La decisión se conoció este viernes (08/05) y se da luego de la fuerte repercusión social generada por la presencia del anestesiólogo en el Hospital Francisco López Lima de General Roca, donde había retomado guardias pese a haber sido condenado en primera instancia por la muerte de Valentín, ocurrida en julio de 2024.
Desde la cartera sanitaria explicaron que la medida busca «resguardar el adecuado funcionamiento institucional» de los hospitales públicos y preservar un ámbito de «tranquilidad, confianza y contención» tanto para pacientes como para trabajadores del sistema de salud.
El pedido se fundamenta en el impacto público y social que provocó el caso. Según se indicó oficialmente, la eventual presencia de Atencio Krause en efectores públicos podría afectar el normal desarrollo de las actividades asistenciales y generar malestar tanto en la comunidad como en el personal sanitario.
No obstante, el Ministerio aclaró que la resolución «no implica un pronunciamiento sobre la capacidad técnico-profesional» del anestesiólogo ni sobre sus responsabilidades penales o civiles, cuestiones que continúan bajo análisis de la Justicia.
La polémica se intensificó en las últimas horas luego de que familiares y vecinos realizaran un escrache frente al Hospital López Lima al conocerse que el profesional había retomado funciones en quirófano. Además, la directora del nosocomio, Susana Marezi, confirmó públicamente que ordenó apartarlo del establecimiento por una cuestión «estrictamente ética».
Atencio Krause fue condenado por homicidio culposo e inhabilitado para ejercer la medicina por 7 años y 6 meses. Sin embargo, como la sentencia aún no está firme y continúa en instancia de revisión judicial, legalmente no tenía impedimentos para continuar trabajando.
