Río Negro
Hay aval para tratar el proyecto de uso medicinal del cannabis en Río Negro
Hay tres proyectos, pero el de Rochas (FpV) tuvo dictamen de minoría y mayoría.
En simultáneo con el tratamiento del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo en la Cámara de Diputados de la Nación, sesionó esta mañana (14/06) la comisión de Asuntos Sociales de la Legislatura de Río Negro. En la reunión, luego de su aprobación, la presidente de la comisión, Marta Milesi, manifestó su satisfacción por la media sanción. “Es un día histórico para las mujeres”, remarcó. Destacó la calidad del debate y sostuvo que “la política ha estado a la altura de lo que la gente quiere”.
La comisión avanzó hoy en el análisis de tres proyectos relacionados con el uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados. Las iniciativas proponen adherir a la Ley Nacional N° 27.350 de investigación médica y científica del uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados.
La Ley N° 27.350 «tiene por objeto establecer un marco regulatorio para la investigación médica y científica del uso medicinal, terapéutico o paliativo de la planta de cannabis y sus derivados. Además, propone la creación del Programa Nacional para el estudio y la investigación del uso medicinal de la planta de cannabis, sus derivados y tratamientos no convencionales, en la órbita del Ministerio de Salud».
Dos proyectos, el presentado por las parlamentarias de Juntos Somos Río Negro, Milesi y Silvana Larralde y el impulsado por los representantes de Cambiemos, Daniela Agostino y Jorge Ocampos, obtuvieron dictámenes favorables. El propuesto por Nicolás Rochas, del Frente para la Victoria, tuvo dictamen de minoría y mayoría.
El legislador del FpV presentó modificaciones a su proyecto y la presidente de la Comisión pidió que se consulten al Ipross y al Ministerio de Salud. Rochás solicita la incorporación al vademécum que la ley contemplaría de un medicamento, el Charlotte’s Web, que se utilizaría para el tratamiento de la epilepsia refractaria.
Fue tratado también en la reunión el proyecto que modifica un artículo de la ley que regula el ejercicio de la profesión de los acompañantes terapéuticos en Río Negro. Mariela Balmacena, de la Asociación de Acompañantes Terapéuticos AATUA, brindó detalles de las modificaciones relacionadas con la matriculación de los profesionales, y apoyó la iniciativa que tuvo trámite favorable.
Además, la comisión dio despacho favorable al proyecto para crear bancos de leche materna humana en los establecimientos asistenciales dependientes del Ministerio de Salud de la Provincia.
Favorable también fue el dictamen para una iniciativa presentada por Soraya Yauhar, de la Unión Cívica Radical, busca adherir a la Ley Nacional N° 27071 que incorpora al Programa Médico Obligatorio, al sistema público nacional, obras sociales y mutuales provinciales, la cobertura total de los dispositivos o bolsa para ostomías.
La comisión también avaló otro proyecto impulsado por Yauhar, que busca establecer en la provincia la obligatoriedad de incluir en la “Carta de Bebidas” o “Menú” que se encuentran a disposición en restaurantes, comedores, confiterías, pubs u otros establecimientos comerciales en los que se expenden bebidas alcohólicas la leyenda “Si va a manejar, no consuma bebidas alcohólicas Ley Nº ….”. La iniciativa será unificada con otra presentada por Javier Iud (FpV), que propone la obligatoriedad de colocar en los baños de estos establecimientos un pictograma de advertencia sobre las consecuencias que produce el consumo excesivo de alcohol.
En otro orden, fue aprobado el dictamen del proyecto para prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2018 la vigencia de la ley referida a los cortes de servicios públicos a usuarios en situación de desempleo o condición socioeconómica que impide su cumplimiento.
Aunque no obtuvo dictamen, se trató también la iniciativa que propone prohibir en Río Negro todo tipo de oferta de chocolates, alfajores, galletitas dulces y golosinas, que contengan azúcar o jarabe de maíz de alta fructosa, en las cajas registradoras, puertas de acceso y salida, y en hasta tres metros de su ubicación, en supermercados e hipermercados. Participaron del debate integrantes del Área de Enfermedades Crónicas y de la Secretaría de Relaciones Institucionales del Ministerio de Salud, y de Defensa del Consumidor, quienes se manifestaron a favor de la propuesta. Se propuso modificar el articulado para mejorar el proyecto y poder avanzar, por lo que se seguirá trabando en la comisión.
Río Negro
Aguas Rionegrinas advierte sobre nuevos intentos de estafas en distintas localidades
La empresa rionegrina solicita tomar recaudos ante posibles estafas.
Aguas Rionegrinas advirtió que se registraron nuevos intentos de estafas que se han registrado en los últimos días en distintas localidades de la provincia. Personas ajenas a la empresa intentaron hacerse pasar por personal de la empresa, ofreciendo supuestas obras o servicios a cambio de dinero.
Desde la firma recuerdan que ningún trabajador o trabajadora de Aguas Rionegrinas está autorizado a solicitar dinero, datos personales o bancarios (como CBU, CVU o números de cuenta) para la realización de obras, trámites o gestiones vinculadas al servicio.
De acuerdo con una investigación interna, se presume que los estafadores también estarían utilizando mensajes y respuestas en nombre de la empresa desde teléfonos iniciados con 0291, 011 y otras características, intentando obtener información sensible mediante engaños.
Aguas Rionegrinas reafirma que el único canal oficial de atención digital es el chatbot de WhatsApp 2920-40-2808, para que las y los usuarios puedan realizar reclamos o consultas sobre los servicios de agua y cloacas de manera segura y directa.
«Se solicita a la comunidad mantenerse atenta, verificar siempre la identidad de quienes se presentan en nombre de Aguas Rionegrinas y denunciar cualquier situación sospechosa ante las autoridades locales o en las oficinas comerciales más cercanas», concluyeron desde la empresa.
Judiciales
Tras la sentencia de la Ruta Nacional N° 40, Río Negro espera definiciones por la 151
La Ruta N° 151 atraviesa uno de los corredores más transitados y productivos del norte rionegrino.
Con la sentencia de la Ruta Nacional N° 40 ya firme y en marcha, el Gobierno de Río Negro insistió en que la situación de la Ruta Nacional N° 151 continúa sin avances por la apelación de Nación, pese al deterioro extremo acreditado en la Justicia y a un fallo que ya ordenó un plan de obras urgentes, con plazos de ejecución y un mantenimiento integral que sigue sin cumplirse.
La Ruta N° 151 atraviesa uno de los corredores más transitados y productivos del norte rionegrino. Su deterioro extremo está acreditado judicialmente: baches profundos, deformaciones, banquinas descalzadas, señalización insuficiente y un nivel de riesgo que afecta todos los días a miles de personas. Es un tramo clave para la conectividad entre Cipolletti y el límite con La Pampa, y para actividades esenciales como la educación, los traslados sanitarios, la producción frutícola, la minería, el turismo y la industria hidrocarburífera.
El Juzgado Federal de General Roca ya había hecho lugar al amparo colectivo impulsado por el gobernador Alberto Weretilneck, junto a intendentes y entidades empresariales, y ordenado a Vialidad Nacional presentar un plan de acción en 10 días e iniciar las obras dentro de los 90 días. La sentencia, firmada por el juez Hugo Greca, también responsabilizó al organismo nacional por el incumplimiento de su deber legal de conservación y le exigió elaborar un plan integral de mantenimiento para sostener la seguridad vial en el tiempo.
Aquella decisión judicial reconoció la gravedad del abandono y el impacto real sobre la vida cotidiana: más de 10.000 estudiantes y 2.300 docentes de 70 escuelas afectados por los traslados, dificultades en emergencias sanitarias y perjuicios directos a sectores productivos centrales para la región. «Teníamos razón. No era un capricho, es un derecho. La Ruta N° 151 pone en riesgo vidas todos los días y necesita una solución definitiva», había expresado el gobernador, al conocerse el fallo.
Pero, a diferencia de lo ocurrido ahora con la Ruta N° 40, cuya sentencia quedó firme y obliga a Nación a ejecutar obras inmediatas con plazos estrictos y tareas precisas, la causa por la 151 continúa frenada por la apelación del Gobierno Nacional. Esa decisión impide que comiencen las obras ordenadas judicialmente y prolonga un problema que ya fue comprobado, documentado y reconocido incluso por el propio organismo vial.
La Provincia reiteró que sigue esperando definiciones y que la 151 no admite más demoras. «Cuando el Estado Nacional se desentiende, Río Negro defiende lo suyo», había señalado Weretilneck. El planteo vuelve a tomar fuerza ante el contraste con la sentencia firme de la Ruta N° 40.
Política
Thalasselis: «Cada peso recuperado vuelve a estar disponible para la salud»
Se trata del primer fallo judicial que habilita a Río Negro a recuperar más de $101 millones, como parte de una deuda de una obra social.
El ministro de Salud de Río Negro, Demetrio Thalasselis, confirmó en declaraciones radiales la contundencia del primer fallo judicial que habilita a Río Negro a recuperar más de $101 millones, como parte de una deuda de una obra social.
El ministro destacó que «este hito es posible gracias a la Ley Provincial 5754, promulgada en noviembre del año pasado, que dio al Gobierno el instrumento, que es una ley, para permitir reclamarle a cada una de las obras sociales los pagos por la atención de sus afiliados en hospitales públicos».
Thalasselis calificó la primera sentencia como una «muy buena noticia, algo muy importante». El fallo permite recuperar fondos de atención sobre pacientes que serán destinados «pura y exclusivamente para seguir prestando servicios de salud en cada uno de los hospitales». Con esta acción, el Ministerio está «fortaleciendo los mecanismos de financiamiento en la salud pública y es un logro de la gestión», aseguró.
El Ministro insistió en el concepto de que la atención en el hospital público, aunque universal, tiene un costo que las obras sociales deben cubrir. «La producción de servicios de salud en un hospital implica una serie de proveedores, desde los profesionales médicos, los enfermeros, la medicación y todo eso tiene un costo».
La deuda total de las obras sociales, prepagas y aseguradoras con el sistema de salud provincial supera los $1.042 millones, según la facturación a agosto, y no se cobrará «sobre el paciente», sino a los financiadores.
Al ser consultado sobre los grandes morosos, Thalasselis confirmó los nombres: «Son OSECAC, OSPRERA, OSPECON, Unión Personal Civil de la Nación y SANCOR. OSDE también, Swiss Medical, de otras grandes, más de tres a nueve millones de pesos están debiendo».
Las entidades reciben una carta documento, se da un período para conciliaciones, y «de no suceder esto, se procede la ejecución por la Fiscalía de Estado», donde «la ley prevé embargo, por vía judicial» una vez vencido el plazo según detalló el Ministro de Salud.
El círculo virtuoso del recupero
El ministro vinculó directamente el recupero de fondos con la mejora de la infraestructura. Tras anunciar la incorporación de cuatro equipos de última generación de anestesia para los quirófanos de los hospitales de Viedma, Roca, Cipolletti y Bariloche. Explicó que «todos estos equipamientos, los costos de estos equipamientos y la reposición de estos equipos tienen sus costos y nosotros la forma de recuperarlos es en parte a través del fondo de las obras sociales».
Además, subrayó que este camino es irreversible. «Creemos que este es un camino que tenemos que seguir recorriendo». La prioridad es «seguir trabajando y ordenando este sistema administrativo que nos permita financiar de mejor manera la salud pública que queremos para la provincia», independientemente de los nombres de cada financiador.
En una reflexión final, el ministro Thalasselis destacó que «el sistema público de salud está en todo momento y en todo lugar a lo largo de la vida de los rionegrinos».
La apertura del hospital a todos, «tengas o no tengas obra social», es una de las grandes fortalezas de la provincia. Esta atención universal se traduce «económicamente en millones, millones de pesos» que el Estado debe recuperar.
