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Baéz podría ir a juicio por los incidentes protagonizados en el Municipio de Roca

Por esta causa, el dirigente sindical estuvo detenido dos semanas.

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Esta mañana (17/02) el fiscal del caso Ricardo Romero y la fiscal adjunta Natalia Pascual, presentaron la prueba con la que cuentan para avanzar con la acusación por los hechos ocurridos en el Municipio de General Roca en octubre pasado, donde el principal involucrado es el secretario general de la Organización de Desocupados en Lucha (ODEL), Miguel Ángel Báez.

En la audiencia de control de acusación realizada esta mañana, la acusación fiscal explicó que el hecho que se le imputa a Báez fue el “7 de octubre de 2019, cerca de las 9 de la mañana, cuando el sujeto junto a un numeroso grupo de personas, aún no identificadas, ingresaron intempestiva y violentamente al edificio de la Municipalidad”.

“Para entrar lo hicieron rompiendo con sus pies los cristales inferiores de las hojas de la puerta principal de acceso al lugar, provocando aperturas y así accedieron al edificio. Una vez en el interior se abalanzaron sobre un empleado policial, lo insultaron y lo agredieron con golpes de puño, llevándolo hacia el sector de baños, donde el imputado lo amenazó”, explicaron las fiscales.

“A su vez, ya en el hall central del Municipio, el imputado junto con el resto de los manifestantes, comenzaron a arrojar sillas contra las columnas y paredes, y con palos y piedras habían provocaron daños en los boxes de atención al público, y en la oficina de Tránsito”, mencionaron.

Las representantes del Ministerio Público Fiscal dijeron que “de esta manera, los nombrados turbaron la posesión del inmueble e impidieron el normal desarrollo de las actividades propias de quienes trabajan allí, además de haber agredido al personal policial que concurrió al lugar”.

“Permanentemente el imputado incentivaba al grupo de personas a que llevaran a cabo las conductas descriptas en venganza a que el ejecutivo Municipal habría entregado terrenos de loteos sociales a militantes de la Corriente Clasista y Combativa (C.C.C), y no a miembros de las Organizaciones ODEL y CTA”, agregaron.

La Fiscalía aclaró que “todo lo descrito, además de los relatos de los involucrados, se encuentra registrado en una videofilmación de las cámaras de seguridad de la Municipalidad.

La calificación legal por la que se avanzará hacia juicio es la de los delitos de “daño agravado, amenazas, atentado a la autoridad agravado por haber sido cometido por una reunión de mas de tres personas y poner manos en la autoridad, perturbación al ejercicio de las funciones publicas e instigación a cometer delitos, todo en concurso real» (Arts. 184 inc. 1º; 149 bis; 238 incs. 2º, 4°; 241 inc. 2º; 209 y 55 del Código Penal).

La defensora particular solicitó la aplicación de una suspensión de juicio a prueba para su asistido, ofreciendo la suma de $10.000 como reparación económica. Sin embargo la Fiscalía se opuso, y la resolución de la jueza de Garantías interviniente María Gadano fue en los mismos términos que el Ministerio Público Fiscal.

Luego de ello, Romero enunció la prueba entre ellos, filmaciones del día de los hechos de las cámaras de seguridad, enumeró a los testigos y a algunos empleados policiales que estaban en el Municipio durante la acción llevada a cabo.

De acuerdo a la pretensión punitiva propuesta por la Fiscalía, la magistrada dispuso la intervención en el juicio de un juez unipersonal del Foro de Jueces de esta circunscripción.

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Tras el 4,6% de inflación, ATE exigió un aumento del 80% en una sola cuota para recuperar el poder adquisitivo

«La presión inflacionaria no cede y continúa deteriorando salarios y jubilaciones. Sin convocar a paritarias, el Gobierno está destruyendo todos los ingresos en el sector público», dijo Aguiar.

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Luego de que se diera a conocer el 4,6% de inflación de junio publicada por el INDEC, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) exigió el urgente llamado a paritarias para lograr una recomposición salarial en un sólo pago.

«La presión inflacionaria no cede y continúa deteriorando salarios y jubilaciones. Sin convocar a paritarias, el Gobierno está destruyendo todos los ingresos en el sector público. Aumentó de manera drástica la cantidad de estatales que cayeron bajo la línea de la pobreza durante los últimos 7 meses y también el nivel de endeudamiento de sus familias», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE.

Durante la misma jornada, se dieron a conocer los nuevos valores de la canasta básica familiar, indicando que se necesitan $873.169 para no ser pobre y $393.319 para no caer bajo la indigencia. A partir de estos montos, desde el sindicato informaron que más del 75% de los estatales (nacionales, provinciales y municipales) perciben salarios por debajo de la línea de la pobreza.

En este marco, el dirigente continuó con que «se observa un llamativo incremento de renuncias de distintos agentes a la administración pública. Se trata de un recurso humano muy valioso, con experiencia y altamente formado que decide pasarse al sector privado o hasta irse del país. Si no existe un llamado urgente para negociar salarios, se reafirma una política de vaciamiento del Estado. Desmantelamiento y desguace de su patrimonio, prestaciones y hasta de empleados».

«Luego de conocido este nuevo índice de evolución de los precios, desde ATE demandamos una suma fija de carácter permanente que tenga un rápido impacto en los sueldos más bajos de la escala y un 80% de aumento en una sola cuota. Esta es la única posibilidad de compensar la caída real que han experimentado nuestros salarios», agregó.

Durante el último encuentro, realizado el 1 de julio en medio de una fuerte represión contra los trabajadores reclamaban contra los despidos, el Gobierno se presentó sin ninguna oferta salarial.

«Los sueldos quedan cada vez más lejos del costo que tiene la canasta básica. Tenemos que prepararnos para incrementar las protestas. Los afiliados esperan que sus sindicatos los defiendan. No hacer nada frente a esto, es ser cómplices de nuestro propio empobrecimiento», concluyó Aguiar.

Además, el Convenio Colectivo de Trabajo 214/06 que rige para la Administración Pública Nacional se negocia de junio a mayo del siguiente año. Durante el acuerdo 2023-2024, la pérdida del poder adquisitivo fue del 22,4%.

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Finalmente, el Gobierno convocó a paritarias a UnTER

Será el próximo martes en la Secretaría de Trabajo.

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En pleno conflicto y con la amenaza del no inicio de clases luego del receso invernal, finalmente el gremio docente UnTER fue convocado a paritarias el próximo martes 16 de julio a las 10 de la mañana. Será en la Secretaría de Trabajo y estarán también los representantes del Ministerio de Educación.

«Nos presentaremos a la audiencia con los requerimientos que hemos sostenido en este plan de lucha. Se trata de pase a remunerativo de los $30.000 que restan de la paritaria 2023, acuerdo homologado; recomposición salarial, en sumas remunerativas y por cargo y derogación de las resoluciones que avalan descuentos», detallaron desde el sindicato.

Cabe recordar que tras un encuentro entre el gobernador Alberto Weretilneck y el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, el mandatario provincial anunció que se acordó una nueva fecha para la reunión paritaria el lunes 15 julio, además del pago de los aumentos salariales previamente pactados para el 16 de julio.

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Luego del Pacto de Mayo, Aguiar aseguró que «con su firma los gobernadores hirieron de muerte al federalismo»

«El aval dado a las políticas del Gobierno nacional perjudicará a más de 3 millones de estatales provinciales y municipales en la Argentina», apuntó el secretario general de ATE.

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Luego de la firma del Pacto de Mayo en el Congreso de Tucumán con la participación de los mandatarios provinciales, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, aseguró que «los gobernadores hirieron de muerte al federalismo y en pocos meses, tanto los obsecuentes como los extorsionados van a estar todos arrepentidos. El pacto es el preámbulo de una masacre social», sentenció.

«Es muy difícil de aceptar que legitimen un programa económico que se ha traducido en un ajuste brutal sobre las cuentas provinciales», indicó el dirigente estatal en referencia a las políticas impulsadas desde el Ejecutivo nacional en los primeros meses de gestión.

En este marco, Aguiar indicó que «el aval dado a las políticas del Gobierno nacional perjudicará a más de 3 millones de estatales provinciales y municipales en la Argentina. Aceptando los mandatarios provinciales, pactan ajustar más de 10 puntos sus respectivos PBI y esto va a empujar a casi la totalidad de los trabajadores debajo de la línea de la pobreza».

«Si uno recorre todos los puntos del pacto, lo más importante a resaltar es lo que no dice este acuerdo. En un país en el que más del 55% de quienes lo habitan son pobres y más de un 15% indigentes, ni el presidente ni ninguno de los gobernadores firmantes se comprometieron a terminar con el drama y el flagelo del hambre», agregó.

Respecto a uno de los puntos del pacto, Aguiar indicó que «firman a favor de la inviolabilidad de la propiedad privada, estando esto ya consagrado en la Constitución, y no son capaces de avanzar en una medida que permita fijar un umbral de dignidad para toda la población».

«Con su adhesión al Gobierno nacional, los gobernadores acaban de ratificar el ajuste. No pueden hacerse los distraídos. A partir de hoy son cómplices de la recesión económica, de la brutal caída de los ingresos, de que se haya destruido en sólo 6 meses más de 590 mil puestos de empleo y que se expanda la pobreza y el hambre. Con un Gobierno que le declaró la guerra a los trabajadores y jubilados, no podemos pactar. A este Gobierno lo tenemos que confrontar», concluyó Aguiar.

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