Política
La Legislatura aprobó la declaración de la emergencia sanitaria por la pandemia
Fue por unanimidad.
El Parlamento rionegrino funcionó hoy (19/05) en forma mixta –presencial y remota– para aprobar, por unanimidad, el decreto ley que declara la emergencia sanitaria en Río Negro, por un año, por la pandemia del COVID-19.
En primer término fue tratada la Emergencia. El decreto ley contempla que la titular del Poder Ejecutivo será la única autoridad de quien emanen las instrucciones que deberán seguir los funcionarios públicos, ciudadanos de la provincia o eventuales visitantes a la Provincia de Río Negro con la finalidad de conservar la seguridad y el orden.
Entre otras facultades, la norma habilita al Ministerio de Salud a disponer las recomendaciones y medidas a adoptar respecto de la situación epidemiológica, a fin de mitigar el impacto sanitario; realizar campañas educativas y de difusión para brindar información a la comunidad; coordinar la distribución de los productos farmacéuticos y elementos de uso médico que se requieran para satisfacer la demanda ante la emergencia.
También autoriza a Salud a entregar, a título gratuito u oneroso, medicamentos, dispositivos médicos u otros elementos sanitizantes; coordinar con las distintas reparticiones del Gobierno provincial la aplicación obligatoria de medidas sanitarias de desinfección y la adopción por parte de éstos o de los privados en medios de transporte, salas de clases, lugares de trabajos y, en general, en cualquier lugar de acceso público o donde exista o pueda existir aglomeración de personas.
Faculta, además, a los Ministerios que conforman el Comité de Crisis a implementar los mecanismos más eficaces para efectuar la adquisición directa de bienes, servicios o equipamiento que sean necesarios para atender la emergencia.
Graciela Valdebenito fue miembro informante del oficialismo. “La salud pública se encuentra en una situación histórica y hemos asumido la responsabilidad de enfrentar esta Pandemia con gestión y capacidad técnica”, expresó en el debate.
Herrero Helena consideró que “declarar la emergencia permitirá disponer de las herramientas para ser más ágiles para designar personal y comprar el equipamiento necesario”. Julia Fernández destacó que “para el gobierno de JSRN, para nuestra gobernadora y el intendente de Bariloche, la salud es la prioridad y los vemos trabajar codo a codo”.
Facundo López aclaró que “si estamos decretando una emergencia es porque hay una pandemia que afecta al mundo, pero no podemos decir que nos agarró desprevenidos en infraestructura hospitalaria.”
Por Juntos por el Cambio, Juan Martin también acompañó la medida: “Presentamos iniciativas para atender a la pandemia y tratar de minimizar a este enemigo invisible que no tenemos que salir a buscar”. Propuso armar un comité para la recuperación económica “para pensar de qué forma salimos de esta situación angustiante de los rionegrinos”.
Por la oposición, Daniela Zalotto adelantó el acompañamiento del bloque del FDT: “Sabemos del esfuerzo y la planificación que puso el presidente Alberto Fernández y la labor que están realizando los trabajadores de la salud”. Pablo Barreno criticó que la emergencia se declara “después de dos meses de cuarentena, más de 320 contagios y 13 muertos”.
Ramón Chiocconi advirtió que “la salud ha sido la máxima prioridad para el gobierno nacional, no podemos decir lo mismo del gobierno provincial”. Marcelo Mango consideró que “este proyecto podría ser mejor, no es bueno que un gobierno se encierre en sí mismo y no escuche otras voces”.
Finalmente, cerró la posición del FdT su presidenta, María Eugenia Martini: “Este proyecto llega tarde, cuando el gobierno nacional decretó la emergencia, Río Negro no quiso, porque la Pandemia evidenciaba la falta de recursos del sistema de salud de la provincia”.
Gremios
ATE denunció que el Gobierno amenaza con desguazar la Regulación del Transporte y pone en riesgo los viajes estudiantiles y micros de larga distancia
«El desguace de este organismo y la quita de funciones de prevención, sumado al pésimo estado de las rutas debido a la falta de obra pública en los últimos dos años es un cóctel letal para la población», indicó Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunció que el Gobierno planea una quita de funciones a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y se ponen en riesgo todos los viajes estudiantiles y la carga de materiales peligrosos. «Quieren que estos controles que hoy realiza el organismo los realice de manera exclusiva Gendarmería Nacional. Eso pondría en riesgo grave las tareas de prevención de accidentes ya que la fuerza de seguridad no cuenta con los equipos, personal ni capacitaciones técnicas adecuadas para llevar adelante esas tareas», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
En este marco, el dirigente indicó que «el Gobierno está poniendo en riesgo miles de vidas a diario. El desguace de este organismo y la quita de funciones de prevención, sumado al pésimo mantenimiento de las rutas debido a la falta de obra pública en los últimos dos años es un cóctel letal para la población».
En lo que va del 2026, la CNRT ya realizó más de 2.000 controles de viajes estudiantiles en todo el país.
Desde el sindicato informaron que «el Gobierno pretende derivar las funciones del organismo a la Gendarmería Nacional, lo cual implica un riesgo enorme ya que no cuentan con los equipos, dotación de personal ni conocimientos técnicos específicos para llevar adelante estas tareas».
Actualmente, la CNRT cuenta con 1043 trabajadores distribuidos en las 45 sedes de todo el país, quienes se encargan de fiscalizar y controlar el estado de los vehículos, talleres y conductores de las líneas de colectivos urbanas de jurisdicción nacional; el transporte ferroviario; el transporte de pasajeros interjurisdiccional de media y larga distancia, incluido turismo, combis, viajes estudiantiles/recreativos; el transporte interjurisdiccional de cargas (generales y peligrosas); y los talleres de revisión técnica obligatoria.
Además de realizar las revisiones técnicas de los vehículos (estado de las cubiertas, luces, frenos, entre otros) también se encargan de efectuar test de sustancias, alcoholemia, de glucemia, entre otros, a los conductores antes de que comiencen un viaje. Sin embargo, «la decisión del Ejecutivo es que Gendarmería realice controles únicamente en rutas nacionales, autopistas y semiautopistas, dejando de lado las terminales o las rutas provinciales, por lo que se limita la posibilidad de prevención de accidentes», aseguraron desde ATE.
Gremios
Ante la amenaza de recorte del 10% de la planta estatal, ATE señala que «no van a poder porque es materialmente imposible»
«El Gobierno no fue capaz de explicar a dónde va a parar, quién se beneficia del supuesto ahorro que generan con el ajuste en el Estado. Ya nadie les cree, se la están robando toda», dijo Aguiar.
Ante una nueva amenaza del Gobierno de despedir a más del 10% de la planta estatal, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) declaró el estado de alerta y asamblea permanente en todo el país. «El Gobierno no va a poder avanzar en un nuevo recorte porque ya no tiene el poder para hacerlo. Su legitimidad está debilitada. La base social de Milei se ha reducido drásticamente en las últimas semanas y no existe respaldo en el pueblo para que se generen cesantías masivas en el Estado. Ya más de la mitad de los argentinos responsabilizan al Gobierno actual por la grave crisis que estamos atravesando», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
En esta línea, el dirigente apuntó que «se terminan los historiadores que para buscar culpables miraban para atrás. No fueron capaces de explicar a dónde va a parar, quién se beneficia del supuesto ahorro que generan con el ajuste en el Estado. Según (Federico) Sturzenegger, entre recortes en la planta funcional y congelamiento salarial se ahorraron más de 2.400 millones de dólares y sin embargo no fueron capaces de construir un metro de asfalto, mantener las rutas o cambiar una lamparita del alumbrado público. Ya nadie les cree, se la están robando toda».
«Además, materialmente sería imposible despedir a miles de trabajadores ya que el Estado está funcionando con un piso mínimo de prestaciones sostenidas casi de manera exclusiva por el esfuerzo de los trabajadores. Una sola cesantía más y se dejarán de prestar servicios esenciales», agregó el referente estatal.
«Si realmente quisieran cumplir la promesa de terminar con los ñoquis y con los curros en el Estado, la tienen en bandeja: lo tienen que echar a Adorni. Con los casi 300 trabajadores que hizo ingresar a la Administración Pública como asesores, consultores, asistentes administrativos, e incluso con roles pocos claros como ‘referentes de comunicación’, y cuyos salarios promedios son de al menos 2 millones de pesos, la Secretaría de Comunicación gasta casi $47 mil millones al mes. Si echan a Adorni, sí podrían mostrar que van contra la casta y la corrupción en el Estado», concluyó Aguiar.
Según las averiguaciones que pudo hacer el sindicato, se trataría de casi 27.000 despidos durante en el 2026, de los cuales entre 5.000 y 6.000 serían intentados durante el corto plazo.
ATE puso en alerta máxima en aquellos organismos que serían los principales apuntados, como ANSES, CONICET, INTA, INTI, Senasa, el Archivo General de la Nación, Conadis, Enargas, ENRE, Enacom, INDEC, CONEAU y ARCA, entre otros.
Política
Denuncia penal federal contra las autoridades del IUPA por presunto fraude en las elecciones
Los denunciantes, gremios y listas opositoras a la actual gestión, describen tres maniobras concretas: el inflado del padrón electoral, irregularidades en el traslado de urnas desde el interior y la adjudicación de cargos docentes por parte de quienes condujeron el proceso electoral.
Representantes gremiales y apoderados de listas opositoras a la actual gestión del Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) presentaron una denuncia penal ante la Justicia Federal por presunto fraude en las elecciones universitarias. La causa quedó radicada bajo el expediente PUMA N° RO-00567-C-2026, luego de que la Justicia Provincial declinara su competencia al reconocer el carácter nacional del IUPA.
Los denunciados son el rector normalizador Gerardo Norberto Blanes, el presidente de la Junta Electoral Ricardo Casanova y los integrantes de ese organismo: Marcos Fuentes, Daniela Retamal y Leonardo García. La denuncia fue suscripta por Rocío Encina, secretaria general de ADIUPA; Marina Cepeda, secretaria general de SITRAIUPA; y los apoderados y fiscales generales de las listas La Pugliese, Visuales Independientes y Lista N° 10-Celeste y Blanca.
El escrito describe tres maniobras concretas. En primer lugar, que «Blanes y Casanova se presentaron como candidatos en concursos docentes cuyos reglamentos y jurados ellos mismos definieron, para adjudicarse cargos de carrera previo al proceso electoral«. En el caso de Casanova, los denunciantes señalan que «el jurado incluyó a una persona con quien mantiene una relación de pareja pública y notoria».
En segundo lugar, denuncian que «el padrón electoral fue inflado con aproximadamente 50 docentes de guitarra y danzas folklóricas del interior sin funciones universitarias, y con 1.400 estudiantes de un programa de extensión cultural que no integra ninguna carrera de grado, en presunta violación del Estatuto del IUPA».
En tercer lugar, indican que «los votos provenientes del interior llegaron sin fiscalización, con urnas sin firmar, sin fajado y sin fiscales de lista presentes, luego de que la Junta Electoral sincronizara deliberadamente esa votación con la de la sede central para imposibilitar el control de las agrupaciones participantes».
Como medida adicional de encubrimiento, los firmantes denuncian que «la gestión decretó un asueto administrativo que impidió el acceso a las actas y desarticuló la protesta de estudiantes y docentes. Todas las impugnaciones presentadas fueron rechazadas por la Junta Electoral sin permitir la apertura de las urnas cuestionadas».
Ante este cuadro, los denunciantes solicitan a la Justicia Federal el secuestro inmediato de las urnas y la documentación electoral que se encuentra en el edificio, a fin de preservar las pruebas antes de que el Consejo Superior sesione el próximo 30 de marzo para elegir al nuevo rector y autoridades de la institución.
