Opinión
Segunda parte: Antes que la memoria se nos pierda y que nos traicione, ¿otra escuela es posible?
Nota de opinión por Héctor Luis Roncallo, ex secretario general de UnTER y jubilado docente.
“Es improbable que una ley determine por sí sola la orientación y calidad del desempeño docente en las aulas, aunque posiblemente influya en la práctica. 1”
Esta afirmación que no me pertenece, que tomo como título, sugiere que pensemos en cuánto y en cómo inciden las definiciones políticas legislativas y los propios textos que definen en lo macro y en lo micro las normas que regulan el trabajo docente, y todo ello en la cadena de definiciones que marcan la ley, el decreto, la resolución y las notas múltiples que pretenden fijar la “verdad” de lo que expresa la normativa dictada.
Más aún, podemos pensar en la incidencia en la tarea concreta, cuando a través de la interpretación que pretenden imponer por propio análisis que emana de la concesión de ser “autoridad”, como viene sucediendo a través de las diversas circulares de autoridades, que por el sólo hecho de serlo pretenden configurar la estructura del trabajo, sin tener en cuenta previamente la opinión y discusión del gremio docente. Todo esto marca la acción del trabajo docente y en la supuesta calidad educativa de la que se desprenden los logros políticos de los gobiernos de turno.
Una de las cuestiones más importante que sobresale en esta etapa de pandemia, es el Trabajo Docente. Al principio nos paralizó, ante semejante situación mundial e inédita; pero como siempre nos ocurre, desde el propio conocimiento pedagógico, de la inventiva de la que somos capaces, desde los marcos teóricos que se poseen y desde la práctica cotidiana empezaron a aparecer cuestiones que nos permitió a lxs docentes la conexión, la llegada, el abrazo a distancia producto de estas nuevas sensaciones, con medios extraordinarios que en algunos casos surgieron desde lo individual motivadxs por la necesidad de estar comunicadxs con sus estudiantes. Vale aclarar que las propias autoridades educativas estuvieron en silencio mucho tiempo hasta empezar a expresar sus verdades. Podría entenderse ya que a todxs nos tomó mal ubicados en el devenir histórico, pero lo que no se entiende es que continúe el silencio.
Cuando afirmo que hay silencio es que no se convoca al sector docente en todo el proceso, tratándose no sólo de cuestiones laborales, sino también de salud, y de aprendizajes. La definición de estrategias, de protocolos, de procedimientos, de evaluaciones no pueden ni deben ser impuestos y sí construirse colectivamente desde el mismo inicio del proceso y no en el último segundo del final. Al darse de esta manera no es democrático, es mentiroso y además no produce confianza en las acciones, sabor que suma a las ya existentes situaciones de desconfianza que nos están pasando. Se trata nada más ni nada menos de definir lo nuevo, ya que, ¿Qué significa la nueva normalidad?, en términos políticos, sociales, económicos y sanitarios.
De diversas maneras todxs estamos viviendo esa situación, lxs que fuimos, lxs que son, lxs padres/madres, lxs estudiantes, la sociedad entera, porque La Escuela, el sistema educativo se encuentra en todos los rincones. El trabajo docente, además la vida, el vivir, subsistir, son, entre otras, las cuestiones que aparecen como preguntas recurrentes.
A medida que va disminuyendo en pequeños matices el riesgo de la pandemia, crece notablemente la pregunta de ¿cuándo comienzan las clases?
No detallaré lo que cada unx vive, de las conversaciones y de lo que dicen lxs estudiantes, lxs docentes y la comunidad toda, más bien estoy intentando reflexionar y que reflexionemos sobre cómo será la Escuela que viene. Cómo podría ser esa “nueva normalidad”. No me cabe la menor duda que debe ser la escuela que mayoritariamente discutamos la organización gremial y la organización real de padres, madres y estudiantes, en el marco de convocatorias democráticas que deben hacer las autoridades y que además tienen la obligación de hacer.
Si queremos otra Escuela, debe ser así. Por eso mencionaba en el capítulo 1 de este análisis, la necesidad de mirar el funcionamiento de los Consejos Escolares y por supuesto el de las representaciones. Por mi forma de mirar el proceso educativo no lo puedo concebir sin reales procedimientos de participación que, hasta el momento, desde la aparición del proyecto de la actual Ley de Educación de Río Negro (2012), no se ha dado, mucho menos la elección y participación de la representación no docente. Para cambiar es necesario que se analice y se haga una lectura profunda de lo que planteo en el capítulo 1, respecto a este tema de los Consejos Escolares.
“La educación pública pertenece a la sociedad y es ésta en su conjunto la que marca sus funciones, su desarrollo, y su destino a través de los mecanismos de participación en distintos niveles”. Los mecanismos de participación están, pero no se cumplen ya que las representaciones, como dije en el capítulo anterior, no están, excepto la docente. Peor aún, las que están son puestas a dedo como es la representación de Padres en el Consejo Provincial de Educación. La participación real tiene la virtud de alcanzar estabilidad y equilibrio ya que los acuerdos reales satisfacen a las partes y las mismas se disponen a profundizar y ejecutar con seriedad lo alcanzado. Todo lo demás es imposición y sabemos de muchísimos fracasos cuando sucede esta definición política y en consecuencia una enorme decepción en los intentos de transformaciones educativas. Ejemplos sobran.
Esta experiencia, el ASPO, como las vivencias escolares la habitamos entre todxs, con la diferencia de que en esta oportunidad la casa se trasformó en la Escuela. Por eso insisto en la participación siendo ésta una característica que debe dar nota diferenciadora de la Escuela pública.
En contraposición a esta característica aparece la Resolución 2580/20 y sus anexos (uno y dos) que pretende orientar en forma contradictoria con los rezos de la no calificación, que se viene dando en todos los estamentos y conferencias. Aparece en la normativa citada, la definición disfrazada de “informes evaluativos de trayectorias escolares”. El sindicato es ignorado en estas cuestiones, error grave ya que la educación pública no es potestad exclusiva de los gobernantes.
No debemos olvidarnos que la Educación Pública es esencial para la democracia y por ello se deben respetar las opiniones que emanan de lxs trabajadores/as, en su organización sindical. Esta norma es un ejemplo claro de cómo se pretende modificar el trabajo docente. De nada vale, ante el egoísmo político existente en las autoridades gubernamentales por su propia esencia y desordenado error conceptual de “autoridad” y de “poder”, querer modificar lo que se debió haber pensado antes. Por ello insisto en la pregunta inicial de este ensayo ¿Otra Escuela es posible?
A la pregunta cada vez más frecuente de ¿Cuándo empiezan las clases?, nos debe apurar la necesidad de empezar a llenar de dudas todo el proceso que viene. Por ello planteaba en la primera parte la necesidad de revisar estructuras y hasta los propios Diseños Curriculares, no porque considere que estén mal, sino porque si la Escuela debe ser otra, esa revisión cae naturalmente como propia. Las decisiones sobre esos temas deberán ser parte de los acuerdos que deben darse.
Es por esta preocupación que el capítulo intenta merodear el concepto de Trabajo Docente.
Aporte para el debate desde una mirada de la Legislación Educativa
¿Qué es el trabajo Docente?, ¿Qué entendemos de cómo debe ser el funcionamiento del Trabajo
Docente?
Intento hacer una revisión de qué nos pasó con este concepto, en el marco de la jurisdicción en hitos históricos, en la construcción de esta provincia para encontrar notas que identifiquen nuestras preocupaciones, siempre pensando en la construcción educativa sólida para lograr aprendizajes significativos. Trataré de retomar escritos que he realizado en varias oportunidades, desde diferentes responsabilidades para llegar a este estado de situación, que, al decir de distintas autoridades, entraremos a “otra normalidad”. Sumaré el detalle de normativas específicas que formatean nuestra forma de trabajar y de ver las estructuras y modelos educativos, para analizar y proponer su mirada y re-ubicación en otra Escuela en la que necesariamente la pandemia nos obliga llegar y seguir durante un tiempo desconocido.
Este concepto, el de la “nueva normalidad” que por estas semanas se repite, me hace pensar, sin ubicarme en teorías específicas, en el pasaje de un mundo a otro, de un espacio a otro, observando que estamos en el paso de saltos cualitativos o quedarnos en la horizontalidad de la meseta alcanzada.
Considero que podemos encontrar nuevos sentidos a la tarea del Trabajo Docente al vincular la experiencia masiva, vivida en tiempos de pandemia con características inusuales. La masividad del problema, de las preocupaciones, del encuentro de actores diversos, los elementos diferentes de mediación, la nada, pero a pesar de esto existió algo que permitió mantener cercanamente la chispa que induce la Escuela. Entonces, creo, que todo esto nos lleva a pensar en relaciones que nos harán convivir entre lo que sabemos y el saber vivido en este espacio-tiempo y el saber de lo que vendrá.
Las propias autoridades del Ministerio de Nación y de Provincia, mencionan hoy, que no saben cuándo empezará la actividad propiamente dicha de como la conocemos y agregan que será una distinta normalidad. Aun cuando intentan establecer precisiones no queda claro en qué condiciones y cómo será esa vuelta. Las dudas se suman en función de las diferentes realidades.
“No volvamos a la normalidad, mejor comencemos de nuevo”
“Residente” (en su música en cuarentena) nos indica comenzar de nuevo, idea que mueve a pensar una nueva manera de ver la escuela, de ver el trabajo docente. Creo que esta comparación, este paralelismo que realizo en función de esta hermosa canción, que invita a darnos un beso, en esta etapa de pandemia, nos invita a pensar en el comienzo.
¿Comenzar de nuevo que significado tendrá desde la mirada escolar? En el capítulo anterior pensaba que deberíamos mirar, más allá de la calificación, a la evaluación. Este concepto claramente aparece en la línea general de la definición de la Resolución 363/20 del Consejo Federal de Educación que nos invita a tener en cuenta no sólo la revisión de normas que ya están escritas y que quizás miramos de costado, sino a mirar los instrumentos que componen nuestra tarea habitual, Curriculum, tiempos y espacio, trayectorias escolares, edades escolares, revisar las normas de evaluación y acreditación, etc; y en consecuencia qué seremos capaces de re- visar para re- encontrar ese cambio necesario y comenzar de nuevo.
¿Qué supone empezar de nuevo?, desechar lo hecho. No. Supone pensar qué cosas ya no nnecesitamos para pensar la Escuela hacia la que vamos. No debemos tener miedo de romper con ese anterior, sabiendo que debemos construir otra Escuela.
Debemos pensar y listar cuáles fueron nuestros errores para que no los volvamos a realizar. Esta estrategia nos permitirá pensar esa otra Escuela.
Ahora bien, hasta aquí pareciera, supongo, pensará quien me esté leyendo, ¿este hombre sabe en qué país vivimos? ¿en qué provincia? Claro que sí. Insisto que debemos hacer un corte a esta realidad, cerrar círculos en los cuales hemos dado vueltas, como dice Silvio Rodríguez en su canción, “partir de lo conocido hasta ahora y cambiar”, ya que necesariamente debemos tomar decisiones para el ahora que serán posiblemente para el después, ya que ese ahora nos hará dar cuenta, mientras transitamos la experiencia, que esa deberá ser la característica a la que debemos llegar en ese después. ¿Entonces volveremos para atrás?, o empezaremos a pensar todxs juntxs qué hace falta y qué es lo necesario para avanzar sin cambiar lo cambiado. Aquí, en ese instante nos daremos cuenta de que nosotrxs deberemos ser lxs artífices de nuestra realidad, apreciando el antes, el aquí y el ahora, pero sabiendo que estamos construyendo el futuro.
Antes de avanzar en cuestiones concretas, para que se entienda lo que quiero compartir, es necesario reconocer que la comodidad de la rutina y el proceso escolarizado el cual durante años nos formateó, en varios casos nos cambió, pero no todo, ni en todxs lo logró. Los problemas de fondo siguen igual, el abandono se da, el aburrimiento sigue, la falta de atención y de motivación sigue estando y así podría enumerar muchos elementos que vienen y venían siendo parte de la cotidianidad y que, por serlo inunda tanto que a veces terminamos no viendo ese problema, y seguimos mirando de costado a las normas, sobre todo a las que profundamente nos marcan la necesidad de cambiar.
“Vamos a andar, Vamos a andar, vamos a andar matando al egoísmo de manera que no haya soledad para llegar a la vida”, nos canta Silvio Rodríguez.
“Vamos a… portarnos mal”, dice otra canción. Todo se desordenó, tratando de salvar la vida, la vida que destruimos nosotros mismos con los des-conocimientos. Esto que nos ocurre nos des-ordenó y entonces el futuro, diremos nos-ordenó.
El tema será, qué nuevo orden seremos capaces de encontrar, esa nueva normalidad de la cual están hablando ahora las autoridades. Cómo construiremos esa nueva normalidad. Para pensar en ese análisis y mirando el todo, pienso que en este debate que se viene no puede dejar de estar la necesidad de ver hacia qué eje de definiciones avanzamos, si pensamos en “menos es más”, o, en “más es menos”. Rio Negro, en su corta historia demuestra claramente las relaciones que se desprenden del título inicial de este capítulo. Por ello en el inicio de este trabajo, ya publicado, expresaba “…deberemos pensar en un nuevo contrato social, que marque un nuevo mandato educativo”.
Este análisis nos permite recordar para conocer, no olvidar y mejorar todo en base a resultados, experiencias y avances.
Héctor Roncallo.
Ex secretario general de UnTER. Jubilado docente.
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Opinión
Más allá del diagnóstico: La necesidad de una salida con contenido
Nota de opinión por Federico Vasches, integrante del Observatorio de Políticas Públicas y Sociales de Río Negro.
¿Cuánto más se puede decir del estado actual de las cosas? Esta mezcla de novedad y continuidad, esta cotidianeidad que venimos habitando, nos fuerza muchas veces a una suerte de parálisis, obligándonos a detenernos indefinidamente en el diagnóstico. Nos enfrentamos, una vez más, cara a cara con sorpresas previsibles: es la sensación de que asistimos a «más de lo mismo», con el agravante de que ese «lo mismo» es, cada vez, peor.
Esta realidad no es abstracta; es una fuerza complicada que está tensionando transversalmente a la Argentina. Tensa a los individuos, a las familias y a los hogares, pero también erosiona a las instituciones, a los partidos políticos y a las organizaciones sociales en su conjunto. Estamos ante un escenario tan complejo como hondo, donde conviven la complicidad de algunos sectores con un agotamiento social generalizado. Es el agotamiento de quienes dijeron «no» a lo anterior para decir «sí» a esto, y que hoy se encuentran en la encrucijada de decir «no» a esto, sin querer regresar a lo otro. En ese limbo, la construcción de una salida institucional sigue siendo una asignatura pendiente.
La trampa de la reactividad: El vacío de la alternativa
En este escenario, lo que queda peligrosamente a la vista es un modelo de gestión de la oposición —tanto institucional como política— que es meramente reactivo en lugar de propositivo. Esta es una falencia generalizada que atraviesa a representantes políticos, sindicales y partidarios por igual: el gobierno nacional impone condiciones y la respuesta carece de propuestas superadoras. Las estructuras tradicionales se mueven siempre un paso por detrás de lo previsible, persiguiendo un modelo oficial que se percibe como arrasador.
Lo más alarmante no es el contenido de lo que se negocia, sino la incapacidad técnica para proyectar algo distinto. Nos enfrentamos a paritarias que no funcionan, a presupuestos que son jirones de la realidad y a discusiones por servicios básicos que parecen vaciadas de sentido. El rol de sindicatos, gobernadores y legisladores se ha degradado al de simples acompañantes de la coyuntura. Mientras se transita esa urgencia, no se está proyectando un plan de salida relevante. Esta reactividad es especialmente compleja en las universidades, donde ciertas conducciones operan como oposición política nacional pero como oficialismos institucionales, quedando atrapadas en la misma falta de iniciativa propositiva.
De la demencia al negacionismo: La inercia institucional de parte del sistema de CyT
Para entender la parálisis de quienes deben conducir, es necesario observar su comportamiento reciente. Tras el punto de inflexión de diciembre de 2023, cuando el flujo de recursos se detuvo abruptamente y las partidas dejaron de llegar, las instituciones universitarias no reaccionaron con un cambio de paradigma. Por el contrario, operaron bajo lo que podríamos llamar una demencia institucional: siguieron haciendo las cosas como si el escenario no hubiera cambiado, repitiendo fórmulas de un pasado que ya no tenía sustento material.
Hoy, esa demencia ha mutado en algo más peligroso: el negacionismo institucional. Al encontrar mecanismos modernos e innovadores para «oxigenar» el sistema -vía financiamientos externos, fundaciones propias o venta de servicios-, las conducciones «optan» por darle la espalda a la lucha estructural de sus trabajadores. Bajo la excusa de la eficiencia técnica y la creatividad para «salvar los muebles», están validando de facto el ajuste. Están demostrando una agilidad que en momentos de flujo ni siquiera se atrevieron a imaginar, pero lo hacen opacando la lucha docente y Nodocente, y confirmando ante el poder central que el recorte era, después de todo, ejecutable.
El experto disciplinar y la orfandad política
Esta desconexión tiene una raíz estructural en la formación de quienes dirigen el sistema de ciencia, tecnología y universitario. Por un lado, tenemos a los docentes e investigadores, y por otro, a los equipos de gestión Nodocente, que constituyen la arquitectura institucional invisible que permite mantener en pie el sistema. En la cima, el funcionariado (Rectores, Vicerrectores y Secretarios) ocupa cargos de naturaleza eminentemente política.
Sin embargo, el sistema está diseñado para que los académicos gestionen, bajo la premisa de que la excelencia en el grado o posgrado se traduce en capacidad de gestión. Pero la trayectoria académica no es proporcional a la pericia política. Geólogos, contadores, biólogos o arquitectos de renombre se encuentran hoy dirigiendo instituciones complejas frente a una política de choque para la cual sus herramientas disciplinares -que representan el 95% de su expertise- son insuficientes. No es lo mismo administrar el flujo que gestionar la incertidumbre y la restricción. Al no ser cuadros políticos de formación, quedan aislados de los debates profundos y los avatares partidarios los toman por sorpresa.
La seducción del intelectual y el desembarco de los gestores
Este contraste se refleja en la figura presidencial. Su ascenso fue el de un intelectual que ofrecía una doctrina económica liberal inspiradora y de gran penetración en jóvenes votantes y en una gran parte de la población desencantada con lo conocido. La sociedad, en su dificultad para determinar el rol efectivo del Estado, parece haber votado esa elocuencia, apostando a un horizonte filosófico pero dejando de lado o acaso, jamás interpelándose por el «cómo».
Pero una vez en el poder, se produjo un desplazamiento: la gestión real fue delegada en personajes cuyo activo no es la teoría, sino el know-how de la vieja política y la gestión de choque. Mientras el discurso se mantiene en la doctrina, la ejecución queda en manos de segundas y terceras líneas que saben operar las palancas del Estado de forma pragmática. Esta dualidad genera la máxima tensión: un relato intelectual que se ejecuta con las herramientas más conocidas de la gestión tradicional.
El intelectual como arquitecto y el control social
Frente a este vacío, el rol superador del intelectual debe ser el de un traductor: aquel que logre el match entre la ideología (el horizonte filosófico) y el cotidiano de la política pública. No puede ser alguien que se refugie en la academia para dar una clase virtual cada quince días; debe ser quien dote de sentido a la acción técnica e impregne e ilumine los debates públicos.
Nadie discute qué funciones debe afrontar el Estado en tanto garante de derechos. Su capilaridad social estratégica (en términos de Oszlak) es irremplazable. Sin embargo, no podemos seguir persiguiendo quimeras de innovación que mueren en acuerdos personales sobre un andamiaje inexistente. Propongo una salida que incluya una instancia de control social e intelectual comunitario, similar a una Defensoría del Pueblo, pero con una matriz de pensamiento crítico. Un espacio técnico con voz y probada incidencia donde la ciudadanía participe y rediscuta las políticas públicas junto a los intelectuales que les dan sentido.
Conclusión: Salir del asombro
En un mundo de información fragmentada, en el cual desde millennials a la generación alfa son bombardeados constantemente, los discursos vacíos ya no alcanzan. Lo que hoy se vuelve imperativo es la propuesta concreta. Debemos entender que, si la esperanza no tiene acción, es simplemente fe; y la fe es insuficiente para gestionar una organización, menos aún un sistema, demasiado lejos, una nación.
La salida no es dicotómica – izquierda o derecha-, sino programática. Requerimos un nuevo acuerdo social basado en ejes fundantes: ambiente, obra pública, educación, salud, deporte, disidencias, derechos humanos, vivienda y todos los otros temas que la sociedad pueda determinar. La única manera de garantizar a la ciudadanía una protección real es a través de una salida política integral: intelectuales, académicos, gestores y técnicos trabajando en un programa de gobierno concreto que abandone el asombro y retome la iniciativa. Es hora de que la arquitectura del Estado deje de servir a la supervivencia de una casta y empiece a tener a la gente presente en el centro de su diseño y control.
Federico Vasches
Integrante del Observatorio de Políticas Públicas y Sociales de Río Negro.
Opinión
La Encrucijada de la IA: Moda o Soberanía
Nota de opinión por Federico Vasches, integrante del Observatorio de Políticas Públicas y Sociales de Río Negro.
Estamos inmersos en un momento de avances exponenciales de la Inteligencia Artificial (IA). Esta carrera tecnológica, impulsada por el sector privado, genera nuevas oportunidades, pero también expone complejidades estructurales profundas en sociedades como la latinoamericana y la argentina en especial, agravadas ahora por el desfinanciamiento estatal.
Detrás de palabras y conceptos como costo, lucidez e inclusive debatiendo sobre la Paradoja de la Modernización, es crucial entender que no incorporar tecnología es, de hecho, más costoso que hacerlo. La adopción requiere una «lucidez estratégica»: un rediseño consciente y deliberado que entienda que lo que se hace se puede hacer mejor. Pero que de ninguna manera la IA reemplaza ni a las personas ni a sus responsabilidades.
Como dos caras de una moneda:
El sector privado actúa deliberadamente para maximizar la ganancia. Moderniza con celeridad, buscando mejorar procedimientos, presentándose a la vanguardia y el desarrollo, y poniendo en valor la IA.
El sector público, cuyo fin es social, a menudo responde al llamado de la modernización con el desfinanciamiento, con recorte y achicamiento. La negación a incorporar la IA transversalmente como tecnología que permita innovar, claramente es no estratégica, pues la sociedad ya la está utilizando, generando una distancia creciente entre ambos mundos.
Acá nos encontramos con el problema de la falsa dicotomía, la creencia simplista de que el privado es inherentemente más moderno y brillante. Esta visión es escasa, pues las personas en ambos sectores utilizan tecnología personal (smartphones, herramientas de IA como Gemini, ChatGPT, etc.).
La diferencia reside en la cultura organizacional: en el privado, la modernización se transparenta y premia; en el público, no está institucionalizada y a veces se castiga la desviación del proceso tradicional.
A no preocuparse, porque no todo es tan sombrío y acaso para evitar un futuro distópico, la solución reside en construir una soberanía tecnológica y digital más horizontal.
Esto nos propone:
Divulgación y Conocimiento: las sociedades y los individuos deben entender el impacto de la tecnología y la IA en todas las instituciones. Este conocimiento es la base para que los ciudadanos puedan defender, construir y validar las reformas necesarias.
Espacios de Co-creación: es imperativo crear espacios público-privados, liderados con la participación activa de la sociedad civil, tecnólogos, divulgadores y directores de proyectos.
Gobierno Abierto: estos espacios deben estar anclados en los principios de Gobierno Abierto: participación ciudadana, innovación, transparencia y rendición de cuentas.
Solo a través de esta colaboración estratégica y una ciudadanía informada, el Estado podrá evolucionar tecnológicamente no solo para sobrevivir, sino para construir un futuro donde la tecnología sirva a fines sociales amplios, y no solo a la maximización de la ganancia privada.
Federico Vasches
Integrante del Observatorio de Políticas Públicas y Sociales de Río Negro.
Opinión
¿Publicidad electoral gratuita? Para los medios, un costo que nadie reconoce
Nota de opinión por Emilio Occhionero, periodista y socio gerente de Medios Roquenses SRL.
En cada proceso electoral se repite la misma escena: los medios de comunicación legalmente habilitados recibimos órdenes y cronogramas para transmitir espacios de publicidad electoral gratuita. Y, como corresponde a la ley, cumplimos. Sin embargo, pocas veces se habla del costo real que este esquema implica para las radios locales como La Súper FM 96.3, que somos parte activa de la vida comunitaria de General Roca.
Es que a través de la Ley N° 26.571, se fijó la prohibición por parte de las agrupaciones políticas de adquirir espacios en medios de comunicación audiovisual para transmitir publicidad electoral. A raíz de ello, debemos disponer de los espacios asignado mediante sorteo público durante el período de campaña en medios audiovisuales. En otras palabras, financiamos a los partidos políticos.
Y a nosotros, ¿quién nos financia? Muchas veces me preguntaron, ¿las radios de que viven? Vivimos de la publicidad, esa que se escucha cada vez que el conductor de un programa dice vamos a la pausa y volvemos. Si, esos minutos de aire, son los que nos permiten vivir día a día, pagar salarios, servicios e impuestos.
Nuestra emisora –como tantas otras del país– atraviesa un contexto económico crítico. Las tarifas de electricidad y gas aumentan, los impuestos como los de la utilización del éter radial, también. No existen beneficios específicos para los medios, y la pauta publicitaria oficial del gobierno nacional se redujo a cero, como lo dijo el presidente Javier Milei desde el día que asumió. En definitiva, debemos sostener estructuras, personal, equipos y servicios casi sin ingresos fijos, con costos crecientes y sin apoyos estatales.
En ese escenario, la obligación de dar minutos de programación para publicidad electoral gratuita es, en realidad, un esfuerzo económico que sale directamente del bolsillo de los propios medios. Es tiempo que dejamos de vender a anunciantes privados, es contenido que dejamos de producir y, en definitiva, es dinero que dejamos de ingresar. Así, terminamos financiando involuntariamente la campaña de los mismos dirigentes que luego deciden sobre tarifas, beneficios y regulaciones para el sector, incluso que determinan sus propios aumentos salariales.
No cuestionamos el derecho de los partidos políticos a difundir sus propuestas. Por el contrario, somos espacios abiertos al debate democrático. Pero la actual normativa necesita una revisión urgente: si el Estado exige transmisión obligatoria, también debe reconocer los costos y garantizar algún tipo de compensación, pauta o beneficio fiscal que equilibre la carga.
De otro modo, las emisoras locales, sobre todo, quedamos en una situación asfixiante y desigual frente a otros actores mediáticos que no tienen estas obligaciones.
Es hora de discutir con seriedad un sistema que permita sostener tanto la pluralidad de voces como el derecho de la ciudadanía a informarse. Las radios comerciales locales y comunitarias no podemos seguir soportando solas un gasto que no generamos y que, además, compromete nuestra supervivencia. La Democracia necesita medios fuertes e independientes, no medios debilitados por normativas que, aunque bienintencionadas, terminan siendo injustas.
Emilio Occhionero
Periodista – Socio gerente de Medios Roquenses SRL, propietaria de LRG 746 La Super Radio FM 96.3 y www.lasuperdigital.com.ar
