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Imputaron a un hombre por organizar una carrera de galgos

Además a otro sujeto le formularon cargos la tenencia de arma sin la debida autorización legal.

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Esta tarde (19/04) el Ministerio Público Fiscal de Villa Regina imputó a un hombre la realización de una carrera de galgos, por infracción a la Ley N° 27.330, y a otro sujeto la tenencia de arma sin la debida autorización legal.

Según la acusación fiscal, «el hecho ocurrió ayer domingo a las 8.30 de la mañana, en el predio conocido como la Ex-Pollería en Ingeniero Huergo. En dichas circunstancias, organizaron y facilitaron una carrera de perros de raza ‘Galgo’, donde se encontraban presentes alrededor de 70 personas y distintos vehículos. En esas mismas circunstancias, uno de los imputados tenía un arma con 3 vainas y la llevaba en su mochila sin la debida autorización legal», explicó el fiscal adjunto.

Entre el sustento probatorio mencionado por la Fiscalía para esta etapa de formulación de cargos, se encuentra el acta confeccionada por la comisaria de Huergo, también el informe del Gabinete de Criminalística de Villa Regina, el análisis concretado por la médica veterinaria que examinó a los perros que estaban en ese momento en el evento.

De esta manera, y tras escuchar al defensor público penal de ambos imputados, el juez de Garantías interviniente tuvo por formulados los cargos.

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«Nos hemos puesto a disposición de la familia desde el primer momento, para compartir un espacio donde aclarar sus dudas»

El Sanatorio Juan XXIII emitió un comunicado tras la muerte del niño Valentín y la denuncia por mala praxis.

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El Sanatorio Juan XXIII emitió un comunicado de prensa respondiendo a la denuncia por mala praxis por parte de la familia de Nahitan Valentín Mercado Toledo, el niño de 4 años que murió luego de una intervención quirúrgica. Están implicados un anestesista y un cirujano de la clínica privada .

«Ante el hecho que ha tomado estado público, relacionado con el fallecimiento de un niño de 4 años de edad, ocurrido en este establecimiento, consideramos necesario brindar a la opinión pública, la información que, responsablemente, estamos en condiciones de dar, sin vulnerar el debido secreto médico (por eso la información es limitada a lo que los familiares ya compartieron a los medios de comunicación)», indicaron desde el Sanatorio Juan XXIII.

En este sentido, detallaron que «el día 11 de julio, el niño ingresó para una cirugía programada de hernia de diafragma -una hernia diafragmática es una anomalía en la que el diafragma no se ha desarrollado completamente. Debido a esto, los órganos abdominales como el estómago, el intestino, el bazo, parte del hígado y el riñón pueden ocupar la cavidad torácica, presionar los pulmones y causar dificultad respiratoria y otros problemas serios, que obligan a la resolución quirúrgica-. Finalizada la cirugía, el niño sufrió un paro cardio respiratorio», explicaron.

«Al haber sido un paro cardíaco presenciado, fue inmediatamente reanimado con éxito, estabilizado y derivado a la Unidad de cuidados intensivos. El paro cardíaco intraoperatorio, si bien es muy poco frecuente, es un riesgo siempre presente y con alta mortalidad», agregaron desde el sanatorio privado ubicado en la esquina de calles 9 de Julio y Buenos Aires.

«El desenlace de la evolución, lamentablemente, fue, a pesar de todos los cuidados, el fallecimiento del niño el día 18 de julio. Nos hemos puesto a disposición de la familia desde el primer momento, para compartir un espacio donde aclarar sus dudas, preguntas o todo lo que necesitaran y pudiera ayudar en el difícil momento que les tocaba vivir», añadieron.

Ante la denuncia de los familiares, el Ministerio Público Fiscal inició una investigación al respecto. «Desde esta institución médica, manifestamos, en primer lugar, nuestro profundo pesar por el desenlace. Hemos puesto a disposición, y ha sido entregada, inmediatamente cuando fue solicitada, toda la información y documentación necesaria para facilitar la actuación de los organismos externos que sean competentes en esta materia», indicaron.

«El Sanatorio cuenta con un Comité de Gestión de Riesgo y Seguridad del Paciente, que permanentemente trabaja por brindar una atención de calidad y segura. El cumplimiento de las políticas de seguridad del paciente es parte de nuestro compromiso permanente, y constituye un objetivo central de la gestión de este Sanatorio. Por lo que, hechos como éste, nos afectan profundamente. Aun sabiendo que las estadísticas internacionales revelan que un 50% de los eventos, a pesar de todos los cuidados, no se pueden evitar», manifestaron.

«Un pilar de la seguridad es la transparencia, por lo que seguimos a disposición tanto de la familia, como de la autoridad competente», concluyeron desde el Sanatorio Juan XXIII.

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Convocan a una marcha para pedir Justicia por Valentín

Se trata del niño que falleció en el Sanatorio Juan XXIII. Investigan un posible caso de mala praxis. La concentración será hoy a las 17 horas en Avenida Roca y Tucumán.

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Familiares y amigos de Nahitan Valentín Mercado Toledo, el niño de 4 años que murió en el Sanatorio Juan XXIII, convocaron a una movilización para pedir Justicia. Se investiga un posible caso de mala praxis, donde están implicados un anestesista y un cirujano de la clínica privada.

La marcha será a las 17 horas en Avenida Roca y Tucumán. Convocan a toda la sociedad a sumarse.

El sepelio aun no fue confirmado, ya que todavía no se le ha practicado la autopsia al cuerpo, la cual será fundamental para conocer detalles sobre el fallecimiento del niño.

Valentín falleció este jueves (18/07) a la tarde en el sanatorio privado ubicado en calles Buenos Aires y 9 de Julio, luego de que le realizaran, la pasada semana, una cirugía de hernia de diafragma. Desde ese momento, la víctima estuvo internado en terapia intensiva hasta ayer, donde el personal médico confirmó a su familia que había fallecido por muerte cerebral.

Tras lo sucedido, la familia denunció a un anestesista y a un cirujano del sanatorio por mala praxis y falacias durante sus días de internación. Rápidamente intervino la Fiscalía en turno y personal del Gabinete de Criminalística allanó el Juan XXIII y secuestraron documentación que pueda aportar a conocer los detalles sobre lo sucedido.

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Planes de ahorro: Concesionaria demandó a fabricante por no entregar un auto

Aunque la clienta pagó la totalidad del plan, la fábrica no entregó el auto por más de un año.

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Luego de abonar la totalidad de las cuotas de un plan de ahorro previo, el fabricante no entregó el vehículo por más de un año. Entonces, se inició una demanda judicial. Lo destacado del caso fue que, esta vez, quien demandó fue la propia concesionaria, radicada en Viedma. Intentó que se aplique la Ley de Defensa del Consumidor, pero el fallo dijo que no correspondía.

En principio, una mujer había suscripto un plan de ahorro para adquirir un vehículo Chevrolet Tracker. Cuando terminó de pagarlo, cedió el contrato a Líder Automotores.

La adjudicación se produjo a finales de 2020, en plena pandemia de Covid. Un año después, el vehículo no había sido entregado, entonces la concesionaria inició una demanda contra el fabricante.

En su presentación, la concesionaria dio cuenta de las intimaciones cursadas, de las respuestas negativas y también cuestionó «el trato que le proporcionara en su carácter de consumidor, calificando el accionar de la accionada como indigno y contrario a las obligaciones impuestas al comerciante por la Ley de Defensa del Consumidor y Constitución Nacional».

Justamente en este punto se centró la primera cuestión a decidir en el proceso: ¿puede la concesionaria ampararse en la Ley de Defensa del Consumidor? Corrido traslado al Ministerio Público Fiscal indicó que no.

Poco después de presentada la demanda, el auto fue entregado. Así lo comunicó la propia concesionaria. El juez resolvió que la empresa «aún siendo cesionario del contrato de adhesión, no encuadra en la figura de usuario o consumidor». Entonces, se recaratularon las actuaciones como proceso ordinario.

Chevrolet SA de Ahorros Para Fines Determinados no contestó demanda «por lo que al caso resulta aplicable la presunción de verdad de los hechos».

Tras analizar la prueba, «ha quedado comprobado en autos que el vehículo fue entregado luego del inicio de la demanda y que a su vez la administradora no ha acreditado el pago de la multa contractual a la que se ha obligado mediante su propia construcción contractual frente al suscriptor».

El juez concluyó que «existe probada la responsabilidad de la demandada por incumplimiento contractual con base en la entrega tardía de la unidad».

De esta manera, condenó a Chevrolet SA de Ahorro Para Fines Determinados a abonar la multa prevista en el propio contrato. Sin embargo, rechazó otros rubros solicitados por la concesionaria, como daño moral, daño emergente y daño punitivo, que plantea la Ley de Defensa del Consumidor, justamente por no tratarse de una relación de consumo.

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