Judiciales
Fue condenado a 9 años de prisión por un homicidio, pero ahora podría ser una pena menor
El Tribunal de Impugnación de Roca consideró que Tripailao actuó bajo emoción violenta, cansado del «acoso» que sufría él y su familia a diario por parte de Coraza, a quien asesinó a golpes.
El Tribunal de Impugnación definió que un hombre de Roca que había sido condenado a 9 años de prisión por “homicidio simple”, en realidad actuó bajo un estado de emoción violenta y por eso ordenó realizar de un nuevo juicio de cesura para definir una pena atenuada bajo la nueva calificación legal. El fallo confirmó que el imputado, Martín Tripailao, fue el autor del hecho, tal como se había demostrado en el juicio oral. Sin embargo, concluyó que el hombre atravesó un “desborde emocional” derivado del histórico hostigamiento que él y todas las mujeres de su familia sufrían por parte de su vecino, y que en esas circunstancias se produjo la golpiza que resultó fatal para el hombre de 62 años.
“Los elementos de la causa dan cuenta de un contexto de violencia de género y hostigamiento continuo y de larga data” de parte de la víctima fatal “hacia las integrantes mujeres de la familia del imputado y de agresiones hacia Tripailao”, indicó el TI entre sus fundamentos.
El Tribunal coincidió con el planteo central de la Defensa particular del imputado y concluyó que la madrugada del 2 de agosto de 2020, cuando ocurrió el homicidio, el acusado llegaba a su casa y fue sorprendido en la calle por su vecino, quien “le sale al cruce en la oscuridad” portando presuntamente un cuchillo.
“Este estallido se torna excusable, justamente porque la interceptación por parte de Coraza (luego de este peregrinar vecinal al que la víctima sometía al imputado y a su familia), sumado al estado en que se encontraba Tripailao luego de beber, lo desbordó emocionalmente y fue la gota que rebalsó el vaso”, sostuvo el Tribunal. Citando a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el TI analizó que “esa gota es el hecho desencadenante y puede estar constituido por un suceso relativamente insignificante, pero cargado de sentido” por la historia del conflicto.
El TI enumeró varias denuncias radicadas contra el vecino, tanto por familiares como por personas que frecuentaban la vivienda, que daban cuenta de “permanentes ataques y violencias físicas, psíquicas, verbales y sexuales” hacia la madre y hermanas del imputado y daños materiales a sus bienes, lo que generaba un “contexto de acoso y violencia” que fue acreditado “por elementos de prueba externos e independientes”.
Prisión preventiva
El atenuante que definió el TI redujo la escala penal del delito a un mínimo de 1 año y un máximo de 3 años de prisión, de cara al próximo juicio de cesura. Por esa razón, este mediodía se realizó una audiencia a pedido del Defensor para definir la nueva situación procesal del imputado, quien se encontraba hasta hora cumpliendo prisión preventiva.
La Defensa solicitó la libertad ante el Tribunal de Juicio de Roca y obtuvo el acuerdo de la Fiscalía, por lo que se ordenó el cese inmediato de la medida cautelar, teniendo en cuenta especialmente que la ley no admite la prisión preventiva en delitos con tan baja escala penal y que la pena que se le impondrá en el nuevo juicio no podrá ser de prisión efectiva.
Judiciales
Buscan intensamente a una mujer desaparecida en Roca
La mujer de 39 años fue vista por última vez el lunes a la mañana.
La Policía de Río Negro, a través de la Comisaría 31° de General Roca, emitió un comunicado oficial solicitando la colaboración urgente de la comunidad para dar con el paradero de Claudia Yanet Vidal, de 39 años. La mujer fue vista por última vez este lunes (13/04), aproximadamente a las 9.00 horas, y desde entonces se desconoce su ubicación actual, lo que ha generado una gran preocupación entre sus allegados.
Según los datos filiatorios aportados por la fuerza, Claudia es de tez trigueña, posee una contextura física robusta y mide 1,60 metros de estatura. Su cabello es castaño y le llega hasta la altura de los hombros.
Como señas particulares, se destacó que posee un tatuaje en su antebrazo izquierdo con la imagen de una virgen y tiene acento colombiano. Al momento de ser vista por última vez, vestía un pantalón de jean, una camisa color bordó y botas negras.
Además, se informó que la mujer portaba una mochila roja que contenía una botella de detergente y una escobilla.
Un dato relevante para la investigación es que no posee teléfono celular, aunque sí llevaba consigo su DNI personal, el de sus hijos menores y una tarjeta de colectivo.
Ante cualquier información, se solicita a los vecinos comunicarse de manera inmediata con la Comisaría 31°, la unidad policial más cercana o llamar a la línea de emergencias 911.
Judiciales
Falsificación y fraude: La increíble historia de la mujer que engañó al sistema de salud roquense
La Justicia de General Roca dictó medidas cautelares contra la mujer que habría utilizado un título apócrifo de la Universidad de Los Andes. Deberá usar tobillera electrónica por seis meses.
La Justicia de General Roca investiga un caso que ha generado una profunda alarma en el sistema sanitario regional. La Fiscalía solicitó la imposición de estrictas medidas cautelares para resguardar la investigación iniciada tras una denuncia del Ministerio de Salud de Río Negro contra una mujer que ejerció la medicina de manera ilegal. Según el equipo fiscal, los hechos se habrían extendido desde el año 2020 hasta el pasado 3 de marzo, momento en que se le retiró la matrícula y fue desvinculada de una clínica privada de la ciudad.
De acuerdo a la descripción de la fiscal del caso, la mujer habría iniciado trámites de convalidación de un título de «médica cirujana» presuntamente expedido por la Universidad de Los Andes de Venezuela, el cual sería apócrifo. Con esa documentación, logró insertarse en el mercado laboral local, desempeñándose nada menos que en el área de terapia intensiva de la Clínica Roca, en los consultorios de CIROM como médica clínica, en el Hospital de General Roca y presuntamente también en el Sanatorio Juan XXIII.
En virtud de la gravedad del engaño, la Fiscalía le atribuyó provisoriamente cinco delitos: ejercicio ilegal de la medicina, usurpación de títulos, falsificación de documento público, uso de documento público falso y defraudación agravada contra la administración pública.
En los allanamientos realizados en su domicilio y el de un familiar, se secuestraron sellos, títulos, recetarios, medicación y dispositivos electrónicos que ahora están siendo sometidos a pericias.
Al momento de solicitar las cautelares, la Fiscalía invocó un claro riesgo procesal de fuga. Se argumentó que, tras seis años de ejercicio ilegal, la mujer ostenta una solvencia económica considerable. Entre los bienes detectados y requisados figura una camioneta Fiat Toro automática y una vivienda propia.
Además, el hallazgo de pasaportes de la imputada y su grupo familiar reforzó la necesidad de asegurar su permanencia en la ciudad mediante el uso de una tobillera de control satelital por un plazo de seis meses.
Finalmente, la jueza interviniente resolvió hacer lugar a la mayoría de las peticiones del Ministerio Público Fiscal. Además del dispositivo electrónico, se dispuso la prohibición de salida del país y la inhibición general de bienes, afectando tanto al inmueble como al vehículo. «Usted debe cumplir con todas estas medidas para no perder su libertad», sentenció la magistrada, subrayando que, aunque rige la presunción de inocencia, el Código Procesal habilita estas restricciones ante el avance de una investigación de tal magnitud.
Judiciales
Comerciante le inició un juicio penal a una mujer por una reseña en Google
Finalmente, las partes llegaron a un acuerdo y la Justicia dispuso el sobreseimiento de la imputada.
Una mujer protagonizó un incidente vial y, en ese contexto, publicó un escrache en Google contra un comerciante de Cipolletti para presionar por una resolución. La reseña apareció en la ficha comercial del negocio y dio origen a una causa penal por presuntas calumnias e injurias.
Según el damnificado, ambas partes participaron en un incidente vial cuyas consecuencias se encontraban bajo tratamiento de las aseguradoras. El comerciante sostuvo que no existió relación comercial con la mujer y que ese episodio fue el único vínculo previo.
De acuerdo con la presentación, la mujer realizó un reclamo directo por fuera de los canales formales y advirtió que podía exponerlo públicamente si no accedía a sus exigencias. Tras la negativa, se concretó la publicación.
El escrache se difundió en la plataforma Google, dentro de la ficha comercial del establecimiento. El contenido incluyó expresiones como: «Pésimo, unos estafadores sinvergüenzas. No lo recomiendo! No consuman! Son la peor lacra, no se hacen cargo de lo que les corresponde y encima estafan gente!».
El comerciante afirmó que esas frases resultaron falsas, que la autora de la reseña no fue clienta y que la publicación afectó su honor, su reputación y su actividad comercial. En particular, señaló que una de las expresiones implicó la atribución de un delito.
A partir de ese hecho, impulsó una querella penal. El proceso incluyó audiencias orientadas a lograr un acuerdo entre las partes, aunque en una primera etapa no se alcanzó un entendimiento.
Con posterioridad, retomaron el diálogo y presentaron un acuerdo conjunto ante la Oficina Judicial. El documento incluyó la retractación de la publicación en Google y una disculpa en términos conciliatorios. También se dejó constancia de que no existió relación comercial entre las partes.
Además, el comerciante renunció a continuar con la acción penal y desistió de los planteos realizados. El acuerdo estableció que no habría nuevos reclamos vinculados con los hechos.
El juez interviniente consideró que se trató de delitos de acción privada, en los que la continuidad del proceso depende de la voluntad de quien impulsa la acción. También valoró la retractación prevista en la normativa penal. Con esos elementos, dispuso el sobreseimiento de la mujer imputada y dio por finalizado el proceso conforme a las normas aplicables.
