Judiciales
Homicidio de Javier Videla: Colicheo fue condenado a 24 años de prisión
El imputado ya está detenido en el Penal de Viedma.
El Tribunal de Juicio de Roca condenó hoy (05/07) a la pena de 24 años de prisión a Gregorio Antonio Colicheo por el homicidio del trabajador judicial Javier Alejandro Videla y por una serie de delitos contextos.
Los jueces Gastón Martín, Alejandro Pellizzón y Fernando Sánchez Freytes coincidieron con los pedidos de pena que habían sostenido en el juicio de cesura las partes acusadoras y le impusieron esa condena como autor de los delitos de “homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego, en concurso real con portación de arma de fuego de guerra sin la debida autorización legal”, del que resultó víctima Videla, y “portación de arma de fuego de guerra sin la debida autorización legal, en concurso real con abuso de armas”, del que resultó víctima su pareja.
Atenuantes y agravantes
Como agravantes, el Tribunal mencionó primero la gravedad del delito. “Quitar la vida a una persona es un hecho de consecuencias irreparable, cuyo daño es perpetuo. En este caso además, sin motivación de ningún tipo, un matar por matar, causando como se ha acreditado en el juicio, no solo el daño directo a la víctima del crimen, sino la destrucción de una familia, con consecuencias graves en la salud de la madre de la víctima y sus hermanas”.
La segunda agravante fue “el ocultamiento de cadáver y la dificultad que esto generó en la investigación”. “El silencio que guardó”, incluso después de estar detenido, agravó el “infierno vivido durante esos nueve meses, como lo describió la madre de Videla, agregando dolor innecesario a los familiares y compañeros de trabajo de la víctima”, dijo el fallo.
“Tanto la muerte de Javier Alejandro Videla, como su desesperada búsqueda produjo un daño que abarcó a toda la familia, a los compañeros de trabajo y una conmoción social en la comunidad de General Roca y todo eso es atribuible directamente a la naturaleza y a las circunstancias del hecho grave, que deliberadamente causó con su accionar Gregorio Antonio Colicheo, quien frente a esto no tuvo la menor empatía por aminorar el dolor que su acción delictiva había causado”, afirmó el Tribunal.
Los jueces no valoraron como atenuante que el imputado admitiera su responsabilidad en un juicio abreviado parcial, tal como había solicitado la defensa. “El reconocimiento del hecho al realizar un juicio abreviado, no significa necesariamente un arrepentimiento que deba valorarse como atenuante”, dijeron.
En tanto que como atenuantes, el Tribunal valoró su juventud, que “tiene hábitos de trabajo”, su “difícil situación personal en cuanto a su infancia sin madre y una educación formal básica”, el “pronóstico de resocialización bueno” que indicó la psiquiatra forense, que tiene una familia y una pareja con un “proyecto de formalizar la unión” y que no tiene antecedentes penales computables.
Los jueces explicaron que para definir el monto de la pena siguieron los parámetros fijados por el Superior Tribunal de Justicia. Así, debieron “considerar las circunstancias personales, antecedentes, trabajo, educación, edad del condenado y partir desde el punto equidistante entre el mínimo y el máximo (de la escala penal aplicable), de ahí llegar a una pena en concreto, valorando las agravantes y atenuantes, tal como se ha hecho”.
Judiciales
Nuevos elementos del celular de la víctima reconfiguran la investigación por el crimen de Julián Dobra de la Canal
El juez de Garantías declaró la causa como compleja y extendió el plazo de investigación hasta mayo de 2026.
El Ministerio Público Fiscal de la Segunda Circunscripción reformuló cargos en la causa que investiga el homicidio de Julián Dobra de la Canal, ocurrido el 17 de abril pasado en General Roca. La medida se basó en nuevos elementos incorporados a la investigación, principalmente el análisis del celular de la víctima, que permitió precisar detalles sobre el hecho y las responsabilidades de cada imputado.
Según la hipótesis fiscal, el crimen ocurrió entre las 19.48 y las 20.23, en una zona ubicada detrás de la defensa aluvional. En ese lapso, cuatro hombres agredieron a la víctima con golpes y un arma de fuego, cumpliendo un plan previamente ideado por una quinta persona.
Dobra fue arrastrado y abandonado detrás de unos arbustos, donde finalmente falleció a causa de las lesiones en el cráneo. Posteriormente, los agresores se apoderaron de su automóvil y lo utilizaron para ingresar a su departamento, donde sustrajeron una bicicleta y una consola de juegos.
Además, se acreditó que un sexto implicado omitió brindar información sobre el paradero de la víctima pese a conocer lo ocurrido, mientras que un séptimo hombre ocultó el vehículo sustraído en una vivienda de calle Urquiza.
El análisis del celular, clave para el avance de la causa
El avance de la investigación se fortaleció a partir del trabajo técnico de la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (OITel) de la Procuración General, que logró acceder al contenido del celular de Dobra sin necesidad de enviarlo al exterior.
Del dispositivo se recuperaron más de 1.400 puntos de geolocalización, registros de llamadas, mensajes, videos e imágenes que vinculan directamente a los imputados entre sí y con la víctima.
La información fue cotejada con testimonios, informes del 911 y pericias previas, confirmando la hipótesis del Ministerio Público.
También se hallaron mensajes entre los acusados donde coordinaban acciones posteriores al homicidio, como ocultar el vehículo e incluso intentar incendiarlo.
7 imputados y causa declarada compleja
Dos de los implicados fueron acusados de homicidio triplemente agravado (por el concurso premeditado de dos o más personas, por el uso de arma de fuego y por la intervención de menores). A uno de ellos se le sumó el cargo de hurto calificado por el uso de llave verdadera sustraída.
Tres personas menores de edad fueron imputadas por los mismos delitos en concurso real con hurto calificado, y un cuarto adolescente también fue acusado de portación ilegal de arma de fuego de uso civil. Los dos restantes fueron imputados por encubrimiento agravado.
Durante la audiencia, las partes debatieron sobre la complejidad del caso. Finalmente, el juez de Garantías admitió la reformulación de cargos y declaró la causa como compleja, extendiendo el plazo de investigación hasta el 9 de mayo de 2026.
El magistrado también resolvió prorrogar la prisión preventiva de los imputados mayores de edad hasta esa fecha, y mantener las medidas cautelares para los menores. Uno de ellos deberá presentarse periódicamente ante la Fiscalía.
Judiciales
Fue liberado al mediodía y volvió a ser detenido horas después
Un hombre con antecedentes por violencia y daños fue arrestado nuevamente tras violar una orden judicial y causar destrozos en una vivienda de la zona rural.
Personal de la Comisaría 22º de Cervantes detuvo nuevamente a un hombre por desobediencia judicial y daños, pocas horas después de haber recuperado la libertad por una causa de similares características.
El hecho ocurrió durante la tarde del martes (04/11), cuando la unidad policial recibió un llamado alertando sobre disturbios en una chacra ubicada en la zona rural. Al llegar al lugar, los efectivos constataron que el individuo se encontraba causando daños en una vivienda, pese a tener una prohibición de acercamiento vigente hacia ese domicilio.
El hombre había forzado y dañado la puerta de ingreso, por lo que fue aprehendido en el lugar y trasladado a la dependencia policial.
De acuerdo con la información oficial, el mismo sujeto había sido liberado horas antes, en cumplimiento de un oficio emitido por el Juzgado de Garantías de General Roca, tras haber estado detenido por otro hecho de similares características.
Intervino en el caso la Fiscalía N° 7, que dispuso que el hombre permanezca nuevamente detenido mientras avanza la investigación.
Judiciales
Condenaron a un trabajador de la SENAF por abuso y amenazas a niños bajo su cuidado
El hombre reconoció los hechos ocurridos entre 2021 y 2023 en un Centro de Atención Integral de Roca. Recibió una pena de 3 años de prisión condicional e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Esta mañana (05/11), uno de los dos imputados por delitos cometidos en el marco de su función en un Centro de Atención Integral de Niños, Niñas y Adolescentes (CAINA) de General Roca fue condenado a 3 años de prisión condicional, tras reconocer su responsabilidad en los hechos.
El hombre, que se desempeñaba como auxiliar asistencial, aceptó los cargos de abuso sexual simple agravado por ser encargado de la guarda y amenazas coactivas continuadas, cometidos entre abril de 2021 y septiembre de 2023.
Según detalló la Fiscalía, el acusado ejercía violencia y amenazas contra los menores, generándoles temor para evitar que contaran lo ocurrido. En uno de los episodios, ocurrido entre julio y agosto de 2023, abusó de una adolescente en el sector de la cocina del establecimiento.
La condena fue dictada en el marco de un acuerdo abreviado, con el aval de la defensora de menores que representa a las víctimas. Además de la pena de prisión condicional, se impuso la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos en la administración pública, la inscripción en el Registro Provincial de Condenados por Delitos contra la Integridad Sexual (REPROCOINS) y el pago de las costas del proceso.
El condenado deberá cumplir reglas de conducta durante 3 años: fijar domicilio, no acercarse ni contactar a la víctima, directa o indirectamente, y abstenerse de todo tipo de vínculo con menores en el ámbito institucional.
La investigación incluyó denuncias institucionales, testimonios de operadores y psicólogos, pericias forenses y registros de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF).
Por su parte, la segunda persona imputada en la causa, una mujer, continúa bajo proceso judicial: la audiencia de control de acusación se retomará el próximo lunes (10/11) a las 10.00.
