Judiciales
Homicidio de Javier Videla: Colicheo fue condenado a 24 años de prisión
El imputado ya está detenido en el Penal de Viedma.
El Tribunal de Juicio de Roca condenó hoy (05/07) a la pena de 24 años de prisión a Gregorio Antonio Colicheo por el homicidio del trabajador judicial Javier Alejandro Videla y por una serie de delitos contextos.
Los jueces Gastón Martín, Alejandro Pellizzón y Fernando Sánchez Freytes coincidieron con los pedidos de pena que habían sostenido en el juicio de cesura las partes acusadoras y le impusieron esa condena como autor de los delitos de “homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego, en concurso real con portación de arma de fuego de guerra sin la debida autorización legal”, del que resultó víctima Videla, y “portación de arma de fuego de guerra sin la debida autorización legal, en concurso real con abuso de armas”, del que resultó víctima su pareja.
Atenuantes y agravantes
Como agravantes, el Tribunal mencionó primero la gravedad del delito. “Quitar la vida a una persona es un hecho de consecuencias irreparable, cuyo daño es perpetuo. En este caso además, sin motivación de ningún tipo, un matar por matar, causando como se ha acreditado en el juicio, no solo el daño directo a la víctima del crimen, sino la destrucción de una familia, con consecuencias graves en la salud de la madre de la víctima y sus hermanas”.
La segunda agravante fue “el ocultamiento de cadáver y la dificultad que esto generó en la investigación”. “El silencio que guardó”, incluso después de estar detenido, agravó el “infierno vivido durante esos nueve meses, como lo describió la madre de Videla, agregando dolor innecesario a los familiares y compañeros de trabajo de la víctima”, dijo el fallo.
“Tanto la muerte de Javier Alejandro Videla, como su desesperada búsqueda produjo un daño que abarcó a toda la familia, a los compañeros de trabajo y una conmoción social en la comunidad de General Roca y todo eso es atribuible directamente a la naturaleza y a las circunstancias del hecho grave, que deliberadamente causó con su accionar Gregorio Antonio Colicheo, quien frente a esto no tuvo la menor empatía por aminorar el dolor que su acción delictiva había causado”, afirmó el Tribunal.
Los jueces no valoraron como atenuante que el imputado admitiera su responsabilidad en un juicio abreviado parcial, tal como había solicitado la defensa. “El reconocimiento del hecho al realizar un juicio abreviado, no significa necesariamente un arrepentimiento que deba valorarse como atenuante”, dijeron.
En tanto que como atenuantes, el Tribunal valoró su juventud, que “tiene hábitos de trabajo”, su “difícil situación personal en cuanto a su infancia sin madre y una educación formal básica”, el “pronóstico de resocialización bueno” que indicó la psiquiatra forense, que tiene una familia y una pareja con un “proyecto de formalizar la unión” y que no tiene antecedentes penales computables.
Los jueces explicaron que para definir el monto de la pena siguieron los parámetros fijados por el Superior Tribunal de Justicia. Así, debieron “considerar las circunstancias personales, antecedentes, trabajo, educación, edad del condenado y partir desde el punto equidistante entre el mínimo y el máximo (de la escala penal aplicable), de ahí llegar a una pena en concreto, valorando las agravantes y atenuantes, tal como se ha hecho”.
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Condenaron a cuatro policías por agredir y amenazar a dos adolescentes en Roca
El hecho ocurrió el 15 de junio de 2024 en un playón deportivo del barrio Alta Barda. El policía considerado autor recibió 3 años de prisión en suspenso, mientras que los otros tres fueron condenados a penas de entre 24 y 30 meses.
Cuatro empleados policiales fueron condenados a penas de prisión en suspenso por un hecho ocurrido con dos adolescentes en un playón deportivo del barrio Alta Barda, en General Roca. El policía considerado autor recibió una pena de tres años de ejecución condicional, mientras que los otros tres fueron considerados partícipes necesarios y recibieron condenas de entre 24 y 30 meses.
La sentencia fue dictada por los jueces Oscar Gatti, Emilio Stadler y Verónica Rodríguez. Según lo resuelto, el funcionario policial declarado autor fue quien llevó adelante las conductas agresivas contra las víctimas y les profirió amenazas con un arma.
Durante el debate, las defensas penal pública y particular solicitaron modificar la calificación legal propuesta por la Fiscalía. El planteo fue admitido por el Tribunal. Posteriormente, durante la etapa de cesura, insistieron en que las penas requeridas por la acusación eran elevadas.
La defensora penal pública Flavia Rojas explicó que, en el caso de una de sus asistidas, la pretensión fiscal no contemplaba su historia personal ni los testimonios que la describían como una persona pacífica. También destacó que las dos mujeres involucradas habían reclamado al policía considerado autor que cesara su accionar contra los adolescentes.
Por su parte, el defensor Juan Pablo Chirinos sostuvo que no existían elementos para justificar una pena de cumplimiento efectivo y pidió que se contemplaran la situación familiar y las responsabilidades de cuidado de su asistido.
El hecho por el que los policías llegaron a juicio ocurrió el 15 de junio de 2024, entre las 2.05 y las 4.30. Los imputados se movilizaban en una camioneta policial tipo pick up mientras prestaban funciones en la Comisaría 47° de J.J. Gómez. En ese contexto, llegaron a un playón deportivo del barrio Alta Barda, donde se produjeron las acciones investigadas contra dos adolescentes.
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Pidieron más de 4 años de prisión para la mujer que atacó a la ex pareja y 3 años y medio para su cómplice
La agresión ocurrió en abril de 2025 en una vivienda de San Juan al 2200.
Tras haber sido declarados culpables por atacar a la ex pareja de la mujer en abril de 2025, en General Roca, un hombre y una mujer esperan conocer las penas que deberán cumplir. La Fiscalía solicitó 4 años y 6 meses de prisión efectiva para ella y 3 años y 6 meses para él.
El fiscal Daniel Zornitta requirió al Tribunal que condene a la mujer como autora de lesiones graves calificadas por haber mantenido una relación de pareja con la víctima. Para el hombre pidió 3 años y 6 meses de prisión como partícipe necesario de las lesiones graves.
Durante sus alegatos, el representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que ambos atacaron a la víctima por la espalda, impidiéndole defenderse. También señaló que el objetivo era causarle daño y remarcó que su vida corrió riesgo, ya que un amigo debió trasladarlo al hospital local, donde fue internado inmediatamente en terapia intensiva.
Zornitta también hizo referencia a las consecuencias que dejó la agresión. Explicó que las lesiones le impidieron a la víctima trabajar con normalidad y lo obligaron a cerrar su taller. Además, mencionó el informe de la psicóloga de la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI), quien indicó que el hombre continúa con un alto grado de vulnerabilidad y temor, al igual que integrantes de su familia.
Durante la audiencia de cesura realizada este lunes (02/11) declararon la víctima, quien también había brindado su testimonio durante el debate de responsabilidad penal, y Virginia Ansola, psicóloga de la OFAVI del Ministerio Público. También lo hicieron familiares y conocidos de los autores del hecho, por parte de las defensas particulares.
El Tribunal Colegiado, integrado por los jueces Maximiliano Camarda, Verónica Rodríguez y Emilio Stadler, dará a conocer la sentencia el próximo miércoles 11 de noviembre al mediodía en los Tribunales roquenses.
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Una mediación permitió resolver el contacto de una madre detenida con su hijo y autorizar viajes al exterior
El acuerdo establece comunicaciones por Zoom tres veces por semana, sujetas a las condiciones del establecimiento penitenciario. También contempla una autorización para que el padre pueda viajar con el niño fuera del país hasta que cumpla 18 años.
Una mujer que se encuentra privada de su libertad en General Roca acordó, mediante una mediación, un nuevo régimen de comunicación con su hijo. El entendimiento establece que podrán mantener contacto a través de videollamadas por Zoom tres veces por semana, de acuerdo con las condiciones del establecimiento penitenciario.
El encuentro se realizó en el Centro Integral de Métodos Autocompositivos de Resolución de Conflictos (CIMARC) de Roca. El padre participó de manera presencial, mientras que la madre intervino por videollamada desde el establecimiento donde permanece alojada. El proceso estuvo dirigido por una mediadora oficial.
El objetivo fue modificar un régimen de comunicación acordado anteriormente y establecer una modalidad que permitiera sostener el vínculo entre la mujer y su hijo, pese a las limitaciones derivadas de su situación de detención.
Durante la audiencia, el padre manifestó su conformidad con que el niño mantenga contacto con su madre y propuso dos franjas horarias por la tarde para realizar las comunicaciones: de 17 a 18 o de 18 a 19, según su disponibilidad laboral.
La puesta en marcha del régimen dependerá de las disposiciones del establecimiento penitenciario. Su Centro de Monitoreo deberá coordinar los días, horarios y enlaces de las videollamadas mediante una plataforma digital.
La mediación también permitió resolver otra cuestión familiar: la madre otorgó una autorización general para que el niño pueda salir del país acompañado por su padre hasta alcanzar la mayoría de edad. Como parte del acuerdo, el hombre se comprometió a informar las fechas y los destinos de cada viaje.
Las partes solicitarán la homologación judicial del acuerdo para formalizar la autorización de viaje y poner en funcionamiento la nueva modalidad de comunicación. Hasta que se concrete ese trámite, continuará vigente el régimen anterior.
