Judiciales
Albañil trabajaba sin elementos de seguridad y se lesionó la columna: Lo indemnizarán
Recibirá casi 3 millones de pesos por parte de la constructora y la aseguradora.
Un hombre que trabajaba en la obra 40 Viviendas de Sierra Grande, se encontraba paleando y limpiando tierra dentro de una zanja que se había cavado para la conexión de la red de agua potable, sintió un agudo dolor en la región lumbar de la columna vertebral y cervical. Quedó tieso y le diagnosticaron hernia de disco. Se comprobó luego que faltaban elementos de seguridad y tanto la constructora como la aseguradora fueron condenadas.
El hombre trabajaba 8 horas diarias, de lunes a viernes. Expresó que las labores fueron deteriorando paulatinamente su columna vertebral.
El día del incidente hizo la denuncia ante la ART y tuvo que dejar de prestar tareas. La ART le realizó Resonancia Magnética Nuclear de columna lumbo-sacra que determinó la existencia de una lesión en disco L5-S1 y concluyó que la lesión que padeció era de carácter inculpable, es decir, que no se debía al trabajo.
Expresó que el trabajador tenía una afección preexistente, por lo tanto no se podía relacionar con la actividad laboral.
Al analizar el caso, la Cámara Laboral tuvo en cuenta que la demanda “pretende la llamada reparación integral o extrasistémica y, consecuentemente, la procedencia de esta acción dependerá del cumplimiento de los requerimientos propios de una acción civil”.
Los jueces explicaron que no quedó controvertido el incidente y los tratamientos médicos. En este marco, “la responsabilidad civil de la demandada encuentro que ha sido debidamente acreditada”, dice la sentencia.
Un compañero de trabajo declaró que el hombre “realizaba plateas, mampostería, hormigón, columnas, encadenados, techos, carga y descarga de materiales de construcción de los camiones (ladrillos, bolsas de cemento de 50 kg.), zanjeo”. Detalló que “la descarga de los camiones se hacía subiendo las bolsas de cemento al hombro y trasladándolas por más de 25 mts.; que lo hacían dos veces por semana, que era un trabajo frecuente”.
También aseguró que “hacía zanjeos a pala por toda la manzana de la obra en el trabajo de las cloacas”. Detalló que “por ese trabajo se resiente siempre la cintura”. Además “hormigoneaba para cargar la loza” y “ese es un trabajo fuerte, pesado y se hace con pala”. Dijo que el hormigón era traslado en carretilla.
En este punto, la cuestión radicó en establecer si el trabajo que realizaba el obrero de la construcción “puede considerarse riesgosa a los fines de la aplicación de la normativa civil en que se encuentra fundada la demanda”.
En este caso, para los jueces, “la empleadora ordenó a sus trabajadores la realización de la tarea, sin suministrarles para su desarrollo los básicos elementos de seguridad como podía ser la faja lumbar, entre otros”.
En la demanda que inició el obrero intervino un perito médico, informó los antecedentes del paciente: “presenta contractura paravertebral bilateral de carácter reflejo vinculada a su Discopatía”. Agregó que cumplió esquema de tratamiento a cargo de su obra social con kinesiología y fue sometido a una cirugía con diagnóstico de Hernia Discal.
En el fallo se expresó: “está claro que estamos en presencia de un ´accidente de trabajo´, toda vez que se ha acreditado que la discopatía se produjo y se manifestó a raíz del acontecimiento ´súbito y violento´ ocurrido por el hecho o en ocasión del trabajo”.
Por todo ello, la Cámara Laboral de Viedma finalmente condenó tanto a la empresa constructora a abonar $1.700.000 por la reparación integral y a la aseguradora a pagar un $1.000.000 más de indemnización.
Judiciales
Sentencia ordena el cese de una cuota alimentaria porque los hijos ya tienen 26, 27 y 37 años
La Justicia hizo lugar al pedido de un hombre jubilado que aún pagaba alimentos pese a que sus hijos son mayores y autónomos.
Una sentencia ordenó el cese de una cuota alimentaria que un hombre pagaba desde hacía años a favor de sus tres hijos, quienes actualmente tienen 26, 27 y 37 años. La decisión se tomó luego de que el progenitor solicitara formalmente el cierre de la obligación, al considerar que la mayoría de edad y autonomía de los hijos tornaban improcedente la continuidad del régimen de alimentos. El hombre se había jubilado como policía federal.
Según surge del expediente, el pedido se presentó en noviembre y fue acompañado por las partidas de nacimiento. La jueza de Viedma verificó que los tres hijos habían superado ampliamente la edad prevista por la ley para la vigencia de la obligación alimentaria. Tal como indica la sentencia, «habiendo en consecuencia cesado ipso iure la obligación alimentaria del progenitor a su respecto», de conformidad con los artículos 658 y 663 del Código Civil y Comercial.
El fallo utiliza la expresión latina ipso iure, que significa «por el propio derecho» o «por el solo efecto de la ley». En este tipo de casos, implica que la obligación de pagar alimentos cesa de manera automática cuando los hijos alcanzan la mayoría de edad, sin necesidad de una resolución previa, salvo que existan circunstancias excepcionales que deban ser acreditadas.
De acuerdo a la normativa vigente, el cese de la cuota alimentaria requiere una solicitud previa por parte del aportante, no se realiza automáticamente.
El Tribunal resolvió hacer lugar al planteo del alimentante y ordenó el cese inmediato de la cuota que beneficiaba a los tres hijos adultos. Además, dispuso notificar a la persona que estaba autorizada a percibirla y emitir oficio a la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal para que deje sin efecto la retención.
Judiciales
Caso Mandagaray: El STJ rechazó que el caso vaya a la Corte porque no hay sentencia definitiva
El máximo Tribunal provincial sostuvo que el planteo es prematuro y que el expediente debe continuar en la Justicia rionegrina.
El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro (STJ) rechazó el Recurso Extraordinario Federal en la causa donde se investigan responsabilidades por la muerte de Gabriel Mandagaray. De esta manera, el proceso continúa en el ámbito provincial y el próximo paso será el pronunciamiento del Tribunal de Impugnación. El máximo órgano rionegrino sostuvo que el planteo resulta prematuro, ya que «la sentencia objetada no posee la condición de definitiva ni equiparable».
El fallo recuerda que la resolución impugnada, que ordenó un nuevo examen integral, «no concluye el proceso, no define responsabilidad penal ni clausura la persecución, sino que se limita a disponer la nulidad de la revisión realizada por el TI 2 y a reenviar las actuaciones». En consecuencia, explicó el STJ, el agravio alegado «recién adquirirá entidad a los fines de la vía excepcional una vez emitido el pronunciamiento final».
La Corte Suprema tiene una doctrina de no admitir recursos cuando la sentencia no es definitiva. En el fallo se sostiene que «la ausencia del requisito de definitividad no se suple por la invocación de arbitrariedad o de garantías constitucionales que se estimen vulneradas».
Además, el STJ señaló que los recursos federales interpuestos no satisfacen los requisitos formales de la Acordada 4/2007 de la Corte Suprema. En el texto se consigna que las presentaciones «no desarrollan un relato claro y preciso de todas las circunstancias relevantes del caso», «no demuestran el gravamen ocasionado», «no refutan todos y cada uno de los fundamentos» de la sentencia impugnada y «no ponen en evidencia que medie una relación directa e inmediata entre las normas federales invocadas con lo debatido y resuelto en el caso».
Judiciales
Ordenaron la captura nacional e internacional de uno de los fugados de la Comisaría 3° de Roca
Se trata de Luca Nicolás Torres, uno de los acusados del crimen de Julián Dobra.
Este mediodía (04/12), tras la notificación de la fuga de la Unidad Policial de uno de los imputados que cumplía prisión preventiva en el legajo donde se investiga el homicidio de Julián Dobra, el Ministerio Público Fiscal solicitó que se ordene su captura nacional e internacional. Se trata de Luca Nicolás Torres, de 18 años de edad.
«Alrededor de las 2.05 de la madrugada recibimos la información del personal de la Comisaria que dos personas se habían dado a la fuga. Una de ellas es este imputado, que inmediatamente se dispuso la búsqueda con la Brigada Judicial de investigación y con canes», explicó el fiscal del caso.
El otro fugado es Ramiro Ezequiel Sosa, quien se encontraba cumpliendo una pena efectiva desde el 20 de octubre de este año, tras haber sido detenido por una causa de robo.
«Solicitamos que se libren los oficios pertinentes tanto a la Policía Federal, a Interpol, a Gendarmería Nacional, policía de Seguridad Aeroportuaria, Prefectura Nacional y Jefatura de Policía de Río Negro», detalló la Fiscalía.
La querella adhirió al pedido, no hubo objeciones por parte de la defensa penal pública. El juez de Garantías resolvió en el mismo sentido que lo solicitado.
