Judiciales
Imputaron y dictaron prisión preventiva para el sujeto acusado de matar a su padre
Según la acusación fiscal Martín Guiñez le disparó a su papá, en cuatro ocasiones, y al menos otras tres contra Agostina Rios, de 25 años.
Este mediodía (08/07) el equipo fiscal formuló cargos Martín Guiñez, de 29 años, que habría cometido dos homicidios agravados. Además, a una mujer de 28 años se le imputó encubrimiento agravado, todo por los hechos ocurridos el 30 de junio pasado en el barrio Stefenelli de General Roca.
De la misma manera, se solicitó la prisión preventiva del imputado por el plazo de 6 meses y para la la imputada la misma medida que será evaluada el próximo martes.
Según la acusación fiscal los hechos «habrían ocurrido el viernes 30, entre las 11 de la mañana y las 16.30, en una casa particular de General Roca, específicamente en el primer piso».
«El imputado habría portado un arma de 9 mm sin la autorización legal para ello, y con intención de matar a su padre y a una mujer, habría realizado al menos 4 tiros contra Raúl Guiñez de 60 años, que no tuvo oportunidad de defenderse. Uno de ellos, según los resultados de la autopsia, le dio en la zona del tórax, perforó un pulmón, y causó una severa hemorragia que provocó su muerte», describió el Ministerio Público Fiscal.
«Luego, habría continuado su ataque contra Agostina Ivana Ríos de 25 años, que habría intentado refugiarse en el baño, pero el atacante habría roto el picaporte, ingresado al lugar, y le habría dado al menos 3 disparos, uno de ellos a 70 cm de la cabeza de la chica. Todo aprovechando la asimetría física y de poder como hombre, y concretando amenazas que venía profiriéndole a la chica hace años», continuó la Fiscalía.
«Después el sujeto habría huido por la parte trasera de la vivienda, dándose a la fuga. En esa huída se habría encontrado con la otra imputada en este legajo, quien estaría en conocimiento del hecho y lo habría ayudado a irse. Primero lo habría hecho en un vehículo Renault Megane y se habrían dado a la fuga hasta Plottier. Luego, habrían seguido su raid en la provincia de Buenos Aires donde fueron aprendidos«, concluyó el equipo fiscal.
Respecto a Guiñez, la calificación legal propuesta para esta instancia es la de «homicidio agravado por el vínculo, por haber actuado con alevosía, y por el uso de arma de fuego; femicidio, agravado por alevosía, y por haber sido cometido con arma de fuego, portación de arma de fuego agravado por ser de guerra, sin la debida autorización legal, registrando antecedentes penales por delitos dolosos contra las personas», según los Artículos 45, 80 inc 1, inc 2, 11; Artículo 189 bis apartado 2 4to párrafo agravado por el párrafo 8, Artículo 41 bis.
Mientras que para la joven de 28 años la calificación de la acusación fiscal es la de «encubrimiento agravado», según los Artículos 45, 277 inc 1 a, 3ro a..
La Fiscalía mencionó la profusa prueba que se ha colectado hasta el momento, aclarando que continúan recibiendo informes y que se siguen solicitando pericias. Entre lo que se contó para esta instancia de formulación de cargos,enumeraron el acta de procedimiento policial de la Subcomisaría 67°, la intervención del Gabinete de Criminalística, las autopsias del Cuerpo Médico Forense, las entrevistas tomadas en sede fiscal, múltiples informes de la Brigada de Investigaciones de la Policía de Río Negro.
Prisión preventiva
«Se trata de un hecho gravísimo, que en caso de recaer condena la misma no será de prisión condicional, el riesgo procesal que pesa sobre el sujeto es el de fuga, de hecho estuvo todo el tiempo huyendo desde que cometió el hecho», enunció el Ministerio Público Fiscal al sostener el pedido de prisión preventiva para el imputado por el plazo de 6 meses.
En relación a la medida cautelar que se solicitó para la otra imputada, de preventiva también, la misma será evaluada el próximo martes en una nueva audiencia.
Resolución de la jueza
Al no haber habido oposición de las defensas penales públicas, que asisten de manera individual tanto al imputado como a la imputada, respecto de la medida cautelar como de los hechos, y la calificación legal propuesta por el Ministerio Público Fiscal, la jueza de Garantías en turno resolvió tener por formulados los cargos, que ambos continúen detenidos y por el término propuesto por la fiscalía, y que la investigación de este legajo se extienda en principio por el plazo de 4 meses.
Cabe aclarar que al inicio de la audiencia y por pedido de las defensas de ambos imputados, y sin oposición de la fiscalía, la jueza resolvió que no se divulguen o publiquen fotográficas ni videofilmaciones de imágenes de ambos imputados, sin perjuicio de que la audiencia fue pública y los medios de comunicación permanecieron en la sala durante el transcurso de la misma.
Judiciales
Logró una contención emocional en terapia y el Poder Judicial le permitió borrar el apellido de su agresor
La mujer comprendió que el apellido de su agresor era una carga insoportable para su propia vida y para el futuro de sus hijos.
Durante décadas, una mujer en Río Negro guardó un secreto. A los 10 años, su propio padre abusó de ella, situación que se repitió tiempo después. El dolor y la vergüenza sellaron sus labios frente a su madre, su esposo e incluso ante sus propios hijos.
En el año 2025, la angustia cruzó el límite de lo tolerable y ella buscó refugio en la terapia psicológica. Frente a la profesional las palabras finalmente salieron a la luz. En ese espacio de sanación, la mujer comprendió que el apellido de su agresor era una carga insoportable para su propia vida y para el futuro de sus hijos.
El fuero de familia de Roca dictó una sentencia que permite a la mujer eliminar el apellido de su progenitor biológico de la partida de nacimiento. La Jueza destacó la importancia del derecho a la identidad y el carácter del nombre como atributo esencial de la personalidad.
Señala que la normativa actual admite una interpretación más flexible que la antigua idea de inmutabilidad del nombre.
La sentencia considera acreditado que la mujer sufrió situaciones graves en el vínculo paterno-filial, incompatibles con el rol de cuidado que se espera de un progenitor. El informe psicológico resultó determinante para evaluar el daño persistente que le genera el uso del apellido. Así, la jueza concluye que obligarla a conservarlo afecta su identidad, su salud y su bienestar.
En función de ello, entiende que existen «justos motivos» para autorizar el cambio, ya que el apellido no cumple su función identificatoria y, por el contrario, produce sufrimiento. También resalta que la decisión no perjudica a terceros ni altera el vínculo jurídico con el padre.
La sentencia hace lugar a la demanda y ordena rectificar la partida de nacimiento, eliminando el apellido paterno e inscribiendo únicamente el materno. Aclara que los efectos se limitan al nombre, sin modificar los derechos y deberes derivados de la filiación. Además, indica que cualquier cambio en el apellido de los hijos deberá tramitarse en un proceso separado.
Judiciales
Cayó por una frenada brusca y el chofer la dejó en la sala de emergencias: Condenaron a KoKo
El hecho ocurrió entre Cervantes y Mainqué, en la Ruta Nacional N° 22. La víctima, una docente, reclamó en la Justicia y el fallo fue favorable.
Una docente subió a un colectivo en Cervantes para ir a su trabajo en Mainqué. Pagó el boleto y caminó por el pasillo en busca de un asiento. A unos cien metros de iniciado el viaje por la Ruta Nacional N° 22, el chofer frenó de golpe. Ese movimiento brusco provocó que la mujer cayera de espaldas contra el suelo del ómnibus.
Inmediatamente, los pasajeros la ayudaron a ponerse de pie. El viaje continuó hasta que el conductor la dejó frente a la sala de primeros auxilios de Mainqué. Más tarde, los médicos confirmaron que la mujer sufrió una fractura de peroné que le dejó secuelas.
La mujer inició una demanda por daños y perjuicios contra la empresa de transporte. El fuero civil de Roca le dio la razón a la pasajera y condenó a KoKo al pago de una indemnización. La mujer reclamó distintos rubros: daño físico, gastos, daño psicológico y daño moral.
La empresa reconoció el hecho, pero negó responsabilidad. Expuso que la caída se produjo por culpa de la pasajera, quien no se habría sujetado correctamente. En la misma línea, la aseguradora aceptó la cobertura dentro de los límites de la póliza, aunque también rechazó los daños reclamados.
La sentencia centró el conflicto en determinar si existió un incumplimiento del deber de seguridad propio del contrato de transporte. Señaló que se trata de una responsabilidad objetiva, en la cual la pasajera debe probar el hecho y el daño, mientras que la empresa solo puede eximirse si demuestra una causa ajena.
Tras valorar la prueba, en especial los testimonios y la pericia accidentológica, concluyó que la caída se vinculó con una maniobra brusca del chofer. Esto configuró un incumplimiento de la obligación de seguridad. También descartó la culpa de la víctima.
En cuanto a los daños, la sentencia reconoció la existencia de lesiones físicas con una incapacidad parcial permanente. Además, admitió los gastos médicos reclamados y rechazó el daño psicológico al no verificarse secuelas de ese tipo.
Respecto del daño extrapatrimonial, la jueza consideró acreditadas las molestias, las limitaciones y las alteraciones en la vida diaria de la mujer durante su recuperación, así como el impacto emocional derivado del accidente.
Finalmente, la magistrada hizo lugar a la demanda y condenó en forma concurrente a la empresa de transporte y a la aseguradora.
Judiciales
No paga la cuota alimentaria: Le prohíben salir del país, manejar y revisarán sus billeteras virtuales
La medida es hasta que el hombre cancele una deuda alimentaria que llega a los 7 millones de pesos.
Un hombre no podrá salir del país ni conducir hasta que cancele la deuda alimentaria que mantiene con sus hijos y que supera los $7.000.000. Una Unidad Procesal de Familia de Bariloche dispuso la prohibición de egreso del territorio nacional y la retención de la licencia de conducir como parte de una batería de medidas orientadas al cumplimiento de las responsabilidades parentales que mantiene el progenitor.
La decisión no se agotó en esas medidas: el fallo avanzó sobre un terreno cada vez más utilizado para administrar dinero y puso bajo la lupa las billeteras virtuales. La Unidad Procesal ordenó oficios a plataformas como Mercado Pago, Ualá y Naranja X para identificar cuentas y saldos del demandado y detectar fondos embargables.
En la misma resolución, la jueza interviniente advirtió a la empleadora del hombre por el incumplimiento de los requerimientos de información en el expediente. También ordenó comunicar la restricción a los organismos de frontera para impedir cualquier salida del país y bloqueó el uso y la renovación del registro de conducir.
La sentencia monitoria se dictó sobre una deuda que se acumuló con el paso del tiempo sin que el hombre cumpliera con los pagos. La ejecución avanzó para hacer efectivo ese crédito, en un contexto donde la mujer sostuvo la necesidad de medidas que produzcan resultados concretos.
El expediente también expuso dificultades en la aplicación de otras medidas. La empleadora del hombre no respondió a los oficios judiciales que debían informar sobre retenciones salariales ni sobre la existencia de otros embargos. Esa falta de datos impidió conocer con precisión qué descuentos se aplicaban y bajo qué condiciones.
Frente a esa situación, la Unidad Procesal reiteró el requerimiento, fijó un plazo de cinco días para que la empresa respondiera y estableció una multa diaria en caso de incumplimiento. La decisión apuntó a obtener información clave para sostener la ejecución.
La resolución también incluyó un pedido de informes al Registro Público de Juicios Universales para determinar si el hombre tiene o ha tenido participación en procesos sucesorios. En caso de detectarse esa situación, la jueza interviniente podrá avanzar sobre los derechos hereditarios que le correspondieran como parte de la ejecución.
Todas estas medidas se inscribieron dentro de las atribuciones que tienen juezas y jueces de familia para intervenir en ejecuciones de alimentos. Se trata de herramientas orientadas a sostener el proceso y generar condiciones que permitan que las decisiones judiciales se cumplan.
