Río Negro
Aprueban contratos para avanzar en la instalación del parque eólico en Cerro Policía
De esta manera, se ceden derechos de uso de tierras fiscales y activos a la empresa Argentina Fortescue Future Industries S.A.
La Legislatura de Río Negro aprobó los contratos celebrados entre las empresas Eólica Rionegrina S.A. y Argentina Fortescue Future Industries S.A. para la cesión de los derechos de uso de tierras fiscales y activos para avanzar en la instalación de un parque eólico en Cerro Policía, en el marco del Plan Estratégico de Hidrógeno Verde.
La iniciativa del Poder Ejecutivo, sancionada por mayoría, fue informada por Sebastián Caldiero. «Necesitamos que se pueda empezar con la construcción de un parque eólico de magnitud en la provincia de Río Negro para desandar un camino productivo y de desarrollo local», fundamentó el legislador.
Explicó que para desarrollar el parque se necesitan 1.100 millones de dólares, dinero con el que no cuenta la empresa provincial, y además no se cuenta con financiamiento para desarrollarlo. Por lo cual se buscaron opciones con vinculación con privados para su desarrollo.
La Legislatura aprobó el año pasado la iniciativa de la empresa Fortescue para desarrollar el proyecto de hidrógeno verde. Para el funcionamiento de la planta donde se producirá el hidrógeno en Sierra Grande, se necesita la provisión de energía eléctrica. Fortescue propuso explotar el parque eólico Cerro Policía, inyectar la energía generada al sistema interconectado y tomar una energía equivalente directamente en Sierra Grande para abastecer a la planta.
Con respecto a los contratos aprobados, por la venta de activos tangibles e intangibles, que incluyen estudios de suelo y permisos, la empresa provincial va a cobrar 3.250.000 dólares; y por la cesión de derechos de uso de la tierra que la provincia le había cedido a la empresa Eólica Rionegrina de manera gratuita, ahora cobrará 250 mil dólares anuales por cada uno de los primeros 30 años de uso de la tierra. Aparte va a cobrar 200 mil dólares por año durante la etapa de construcción.
Caldiero explicó que «la apuesta es lograr una nueva industria en la Provincia y esta es la herramienta que ha encontrado nuestra empresa Eólica Rionegrina para poder desarrollar el proyecto de energías renovables. Creemos que es una herramienta útil y que la intervención del privado puede desarrollar lo que la Provincia no está posibilitada de hacer con fondos públicos».
Aseguró que «el expertise que han puesto hasta aquí las empresas Invap y Eólica Rionegrina puede ser complementado y superado con el aporte privado de Fortescue».
El proyecto fue acompañado por Juan Martín (Juntos por el Cambio). «Todo aquello que traiga inversión, desarrollo, y genere empleo, tendrá mi acompañamiento, desde el optimismo de creer que estas nuevas condiciones para nuestra joven provincia son anhelos que se pueden cumplir». No obstante, advirtió sobre «ribetes leoninos» y «cuestiones confusas» que tendrían los contratos y aseguró que «muchos de los ítems generan más dudas que certezas».
María Eugenia Martini (FdT) expresó la posición mayoritaria del bloque de acompañar el proyecto. «Creemos que en épocas tan difíciles como la que vivimos, cuando hay inversiones, tanto del gobierno nacional como del sector privado, son muy importantes». Destacó la participación del Invap en el desarrollo del proyecto, además de la inversión de los 1.000 millones de dólares y la generación de trabajo para los rionegrinos y rionegrinas que contempla la iniciativa, así como la producción que van a desarrollar tanto el Invap, como las empresas tecnológicas de la provincia y los proveedores.
Los bloques opositores coincidieron en cuestionar el poco tiempo que hubo para interiorizarse del proyecto.
Por el bloque Frente Grande, Marcelo Mango pidió rever el contrato para una mejor negociación. Criticó varios puntos. Aseguró que no se trata de un contrato de escisión, sino de «la privatización de una empresa rionegrina, construida con investigación e inversión rionegrina para el desarrollo de un proyecto de energía eólica, y la estamos privatizando con cero por ciento de utilidades, con el tesoro de nuestros hijos y nietos, a un precio que ni siquiera recupera la inversión, por 60 años, y con la posibilidad de que el día de mañana se vayan casi sin previo aviso».
María Inés Grandoso (Kolina) también se opuso. Aseguró que se trata de un contrato «leonino», «muy malo». Cuestionó distintos aspectos del proyecto, como el valor del canon y la posibilidad que se le da a la empresa de rescindir el contrato en 30 días. También criticó que en el acuerdo «se dé la posibilidad de extranjerizar nuestras tierras».
Daniel Belloso (Unidad Ciudadana) fue otro de los legisladores que votó en forma negativa. Consideró que el proyecto presentado necesita incorporar aportes. Entre otros puntos, señaló que se debería aumentar el valor del canon y remarcó que los derechos de los pobladores no están contemplados en los contratos, cuestionó los 60 años de concesión que prevé el proyecto y planteó que se debería incorporar alguna alternativa de renovación a partir de la creación de una comisión de seguimiento y control. También opinó que se debería pensar la cesión de tierras de una forma más progresiva y no entregarlas todas de una vez.
Policiales
Río Negro tendrá una nueva Agencia Antinarcóticos
Se trata de un organismo destinado a fortalecer el abordaje de los delitos complejos, mediante capacitaciones internacionales, tecnología de última generación y la incorporación de nuevos recursos operativos.
El Gobierno avanza en la elaboración del proyecto de ley para crear la Agencia Provincial de Lucha contra el Narcotráfico, uno de los objetivos estratégicos definidos por el gobernador Alberto Weretilneck para 2026. Se trata de un organismo destinado a fortalecer el abordaje de los delitos complejos, mediante capacitaciones internacionales, tecnología de última generación y la incorporación de nuevos recursos operativos.
La iniciativa fue anunciada por el gobernador durante el acto central por el Día de la Policía de Río Negro en Los Menucos, donde subrayó la necesidad de dotar al Estado provincial de más herramientas para enfrentar al narcotráfico, al que calificó como «la gran amenaza que tenemos como sociedad».
El secretario de Narcocriminalidad del Ministerio de Seguridad y Justicia, Darío Buonaventura, profundizó sobre el proyecto y detalló que la nueva Agencia se integrará al trabajo que hoy realizan la Secretaría de Narcocriminalidad (SENAC) y las delegaciones de Toxicomanía de la Policía de Río Negro. «Es una sumatoria de capacidades, necesaria para enfrentar una temática cada vez más compleja, que exige recursos acordes y personal altamente capacitado», señaló.
Respecto de los ejes centrales del organismo, Buonaventura indicó que estarán enfocados en la profesionalización permanente del recurso humano, la capacitación continua y la conformación de equipos operativos dedicados exclusivamente a delitos complejos y lavado de activos.
El funcionario destacó que la Provincia viene consolidando su política de formación mediante capacitaciones nacionales e internacionales, incluyendo entrenamientos con especialistas de Colombia, la Embajada de Estados Unidos, la DEA y con el PROCUNAR. «La capacitación es una premisa fundamental establecida por el Ministro Daniel Jara. Este proceso se va a seguir revalorizando porque es clave para el personal que interviene en este tipo de actividades», afirmó.
Judiciales
Un emoji en redes sociales terminó en una prohibición de contacto entre dos vecinos
El conflicto se desató luego de que un hombre reaccionara con ‘me divierte’ al comentario que la pareja de otro vecino publicó sobre su remisería.
Lo que empezó como una simple reacción en redes sociales derivó en una causa contravencional, una audiencia en el Juzgado de Paz de Sierra Grande y la imposición de medidas de restricción entre dos vecinos.
El conflicto se desató luego de que un hombre reaccionara con un emoji al comentario que la pareja de otro vecino publicó sobre su remisería. El ícono representaba un ‘me divierte’. Esa interacción digital generó malestar y escaló rápidamente: según el denunciante, la situación derivó en actos de hostigamiento y mensajes que afectaron su tranquilidad.
Ambos vecinos fueron citados a audiencia. Allí se ratificó la denuncia y pidió que cesaran los actos molestos, tanto personales como a través de redes sociales. Por su parte, el otro hombre negó haber hecho amenazas y sostuvo que únicamente le pidió una explicación por el emoji que había reaccionado al comentario sobre su remisería. Incluso presentó los mensajes que él mismo envió.
La jueza de Paz analizó el caso y concluyó que los hechos denunciados encuadran en el artículo 40 de la Ley D 5592/22, que sanciona actos de intimidación, acoso o amenazas que alteren la tranquilidad o seguridad de las personas. Destacó que el Estado debe actuar con «debida diligencia reforzada» frente a conflictos que, aun originados en espacios digitales, puedan derivar en situaciones de violencia.
Como resultado, la magistrada ordenó medidas preventivas, cautelares y provisorias para ambas partes: prohibición total de contacto por cualquier vía -verbal, telefónica, digital o por redes sociales-, tanto de manera directa como a través de terceros, y la prohibición de difundir comentarios o publicaciones relacionadas con el conflicto.
La Comisaría fue notificada para controlar el cumplimiento de la medida. Además, la jueza exhortó a ambos vecinos a evitar provocaciones, no exponer públicamente el conflicto y recurrir a mecanismos institucionales como la mediación comunitaria o programas de prevención de la violencia.
El fallo advierte que cualquier incumplimiento puede derivar en sanciones que van desde una amonestación hasta trabajo comunitario, multa o arresto.
Judiciales
Fallo limitó los descuentos con tasas poco claras que afectaban a una docente de Río Negro
La mujer tomó préstamos personales para sostener la economía familiar tras una separación, pero con el tiempo los descuentos automáticos superaron el total de su haber mensual.
Una docente de Río Negro con dos hijos a cargo ingresó en una espiral crediticia que llegó a absorberle completamente su salario. Tomó préstamos personales para sostener la economía familiar tras una separación, pero con el tiempo los descuentos automáticos superaron el total de su haber mensual. Los contratos se gestionaban por canales virtuales, incluso por WhatsApp, sin firmas presenciales ni entrega de documentación. Luego de varios reclamos sin respuestas, inició una demanda en el fuero civil de Bariloche.
La sentencia declaró la nulidad parcial de los contratos, ordenó readecuar los intereses y fijó un límite del 20% del salario para futuros descuentos. También determinó que las cuotas deberán calcularse con la tasa pasiva promedio del Banco Central, sustancialmente inferior a la aplicada originalmente.
En su presentación judicial, la docente explicó que nunca recibió copias de los contratos ni información detallada sobre las condiciones. Solo sabía que cada mes, su recibo de sueldo llegaba con retenciones que carecían de explicaciones claras. En agosto de 2024, tras regresar de una licencia sin goce de haberes, su salario volvió a activarse. Pero fue absorbido por completo: los débitos de distintas mutuales superaron el millón de pesos.
La resolución alcanzó a la Asociación Mutual de Servidores Públicos de Río Negro (AMSU) y a la Unión Provincial Asociación Mutual (UPAM), ambas condenadas a readecuar los contratos tras no acreditar el cumplimiento de los deberes de información previstos en la Ley de Defensa del Consumidor. El fallo remarcó que ninguna de las entidades aportó documentación respaldatoria ni desgloses de los descuentos aplicados.
El fallo analizó los recibos de sueldo aportados y comprobó que los descuentos se realizaban bajo conceptos genéricos, sin detalle de intereses, capital ni cuotas. También subrayó que las condiciones de contratación no respetaban lo establecido en la normativa vigente. El deber de información, señaló el tribunal, no es una formalidad: es la base del consentimiento válido.
Además, se destacó una práctica extendida entre trabajadores del Estado: acceder a créditos rápidos, con mecanismos de aprobación exprés y cobro directo desde el salario, sin evaluación del impacto económico en el hogar. En este caso, ese mecanismo dejó a la mujer sin ingresos, sin documentación para reclamar y con su salud afectada.
El Tribunal entendió que los descuentos desmedidos, sin respaldo documental ni mecanismos de control, vulneran derechos básicos como la subsistencia, el acceso a la salud y el interés superior de los hijos a cargo. La sentencia de primera instancia no está firme porque puede ser apelada.
