Río Negro
Aprueban contratos para avanzar en la instalación del parque eólico en Cerro Policía
De esta manera, se ceden derechos de uso de tierras fiscales y activos a la empresa Argentina Fortescue Future Industries S.A.
La Legislatura de Río Negro aprobó los contratos celebrados entre las empresas Eólica Rionegrina S.A. y Argentina Fortescue Future Industries S.A. para la cesión de los derechos de uso de tierras fiscales y activos para avanzar en la instalación de un parque eólico en Cerro Policía, en el marco del Plan Estratégico de Hidrógeno Verde.
La iniciativa del Poder Ejecutivo, sancionada por mayoría, fue informada por Sebastián Caldiero. «Necesitamos que se pueda empezar con la construcción de un parque eólico de magnitud en la provincia de Río Negro para desandar un camino productivo y de desarrollo local», fundamentó el legislador.
Explicó que para desarrollar el parque se necesitan 1.100 millones de dólares, dinero con el que no cuenta la empresa provincial, y además no se cuenta con financiamiento para desarrollarlo. Por lo cual se buscaron opciones con vinculación con privados para su desarrollo.
La Legislatura aprobó el año pasado la iniciativa de la empresa Fortescue para desarrollar el proyecto de hidrógeno verde. Para el funcionamiento de la planta donde se producirá el hidrógeno en Sierra Grande, se necesita la provisión de energía eléctrica. Fortescue propuso explotar el parque eólico Cerro Policía, inyectar la energía generada al sistema interconectado y tomar una energía equivalente directamente en Sierra Grande para abastecer a la planta.
Con respecto a los contratos aprobados, por la venta de activos tangibles e intangibles, que incluyen estudios de suelo y permisos, la empresa provincial va a cobrar 3.250.000 dólares; y por la cesión de derechos de uso de la tierra que la provincia le había cedido a la empresa Eólica Rionegrina de manera gratuita, ahora cobrará 250 mil dólares anuales por cada uno de los primeros 30 años de uso de la tierra. Aparte va a cobrar 200 mil dólares por año durante la etapa de construcción.
Caldiero explicó que «la apuesta es lograr una nueva industria en la Provincia y esta es la herramienta que ha encontrado nuestra empresa Eólica Rionegrina para poder desarrollar el proyecto de energías renovables. Creemos que es una herramienta útil y que la intervención del privado puede desarrollar lo que la Provincia no está posibilitada de hacer con fondos públicos».
Aseguró que «el expertise que han puesto hasta aquí las empresas Invap y Eólica Rionegrina puede ser complementado y superado con el aporte privado de Fortescue».
El proyecto fue acompañado por Juan Martín (Juntos por el Cambio). «Todo aquello que traiga inversión, desarrollo, y genere empleo, tendrá mi acompañamiento, desde el optimismo de creer que estas nuevas condiciones para nuestra joven provincia son anhelos que se pueden cumplir». No obstante, advirtió sobre «ribetes leoninos» y «cuestiones confusas» que tendrían los contratos y aseguró que «muchos de los ítems generan más dudas que certezas».
María Eugenia Martini (FdT) expresó la posición mayoritaria del bloque de acompañar el proyecto. «Creemos que en épocas tan difíciles como la que vivimos, cuando hay inversiones, tanto del gobierno nacional como del sector privado, son muy importantes». Destacó la participación del Invap en el desarrollo del proyecto, además de la inversión de los 1.000 millones de dólares y la generación de trabajo para los rionegrinos y rionegrinas que contempla la iniciativa, así como la producción que van a desarrollar tanto el Invap, como las empresas tecnológicas de la provincia y los proveedores.
Los bloques opositores coincidieron en cuestionar el poco tiempo que hubo para interiorizarse del proyecto.
Por el bloque Frente Grande, Marcelo Mango pidió rever el contrato para una mejor negociación. Criticó varios puntos. Aseguró que no se trata de un contrato de escisión, sino de «la privatización de una empresa rionegrina, construida con investigación e inversión rionegrina para el desarrollo de un proyecto de energía eólica, y la estamos privatizando con cero por ciento de utilidades, con el tesoro de nuestros hijos y nietos, a un precio que ni siquiera recupera la inversión, por 60 años, y con la posibilidad de que el día de mañana se vayan casi sin previo aviso».
María Inés Grandoso (Kolina) también se opuso. Aseguró que se trata de un contrato «leonino», «muy malo». Cuestionó distintos aspectos del proyecto, como el valor del canon y la posibilidad que se le da a la empresa de rescindir el contrato en 30 días. También criticó que en el acuerdo «se dé la posibilidad de extranjerizar nuestras tierras».
Daniel Belloso (Unidad Ciudadana) fue otro de los legisladores que votó en forma negativa. Consideró que el proyecto presentado necesita incorporar aportes. Entre otros puntos, señaló que se debería aumentar el valor del canon y remarcó que los derechos de los pobladores no están contemplados en los contratos, cuestionó los 60 años de concesión que prevé el proyecto y planteó que se debería incorporar alguna alternativa de renovación a partir de la creación de una comisión de seguimiento y control. También opinó que se debería pensar la cesión de tierras de una forma más progresiva y no entregarlas todas de una vez.
Río Negro
Río Negro incorporó nuevas mesas de anestesia en cuatro hospitales
Se trata de aparatología de alta precisión que debe garantizar el suministro de una cantidad exacta de gas con el fin de no comprometer la salud del paciente.
Las mesas de anestesia son equipos indispensables en los servicios de cirugía, considerados soporte de vida del paciente. Con el objetivo de incorporar tecnología de última generación, el Gobierno de Río Negro concretó la instalación de nuevos equipos en los hospitales de Viedma, General Roca, Cipolletti y Río Colorado, con una inversión total de $240 millones.
Cada mesa de anestesia tuvo un valor de $60 millones y se utilizan para algunos procedimientos que requieren suministrar gases anestésicos a los pacientes y llevar un monitoreo de su respiración durante todo el proceso.
Se trata de aparatología de alta precisión que debe garantizar el suministro de una cantidad exacta de gas con el fin de no comprometer la salud del paciente.
Son productos de innovación en mecánica, ingeniería y electrónica, y debe contar con una serie de características que van a variar de acuerdo a la complejidad del hospital, garantizando seguridad a los pacientes y profesionales.
El ministro de Salud, Demetrio Thalasselis destacó que se trata de «un nuevo paso que fortalece la salud pública y la calidad de la atención en Río Negro».
En relación a las características técnicas, se trata de mesa de anestesia de origen alemán, que incluye: Fabius Plus con carro, respirador a pistón Adulto/Pediátrico/Neonatal con volumen corriente desde 50ml con modo controlado por volumen (CMV), PCV (Ventilación Controlada por Presión), PS y SIMV. Soporte para vaporizadores y monitor incorporado de FiO2, Presiones y Espirometría.
Además, cuentan con pantalla integrada que muestra FiO2, volumen minuto y tidal, presiones de las vías aéreas (PAW, Meseta Pmax, Pmedia, PEEP) y la frecuencia.
Componentes adicionales: Vaporizador para Sevoflurano marca Drager modelo Vapor 2000. Monitor Multiparamétrico marca Drager, modelo Vista 120. Monitor color TFT de alta resolución de 15″, pantalla touch screen para pacientes Adultos, Pediátricos y Neonatos, con monitorización en 8 (ocho) canales.
Parámetros monitorizados: ECG, Frecuencia cardíaca, Respiración, Saturación de Oxígeno SpO2, Pulso, Temperatura, Presión No Invasiva (NIBP), Presión Invasiva, Capnografía.
Río Negro
Río Negro declaró la Emergencia Ígnea por riesgo extremo de incendios
La medida prohíbe hacer fuego al aire libre ante un contexto de riesgo extremo de incendios forestales y dispone multas severas para quienes incumplan.
El gobernador Alberto Weretilneck firmó ayer (13/11) el Decreto 1104/25 que declara la Emergencia Ígnea por un año en todo el territorio de Río Negro. La medida prohíbe hacer fuego al aire libre ante un contexto de riesgo extremo de incendios forestales y dispone multas severas para quienes incumplan.
Esta decisión activa mecanismos administrativos y financieros especiales que permiten al Estado responder con mayor rapidez, reforzar la prevención y sostener los operativos durante los meses de mayor peligro. «La experiencia nos demuestra que la prevención es la única estrategia eficaz cuando hablamos de incendios forestales», sostuvo el mandatario.
El Gobierno Provincial remarcó que la combinación de factores climáticos extremos (altas temperaturas, fuertes vientos, escasas precipitaciones y vegetación seca), sumada a una mayor presencia de personas en zonas sensibles durante la primavera y el verano, configura un escenario crítico para la ocurrencia y propagación del fuego.
A estos riesgos, se agregan los antecedentes recientes: incendios que afectaron vidas humanas, infraestructura, actividades productivas y áreas naturales en Río Negro y provincias vecinas.
Prohibiciones y controles más estrictos
El Decreto prohíbe por un año encender cualquier tipo de fuego al aire libre en tierras públicas y en todos los espacios que no estén expresamente habilitados. Además, obliga a los concesionarios de balnearios, campings, complejos turísticos, establecimientos rurales y predios recreativos a extremar las medidas de prevención y vigilancia, cumpliendo los estándares fijados por la normativa vigente.
El Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo queda facultado para disponer todas las herramientas administrativas y financieras necesarias para atender la emergencia, mientras que el SPLIF podrá otorgar excepciones puntuales y extender el Estado de Alerta Máxima cuando las condiciones lo requieran. A su vez, se invita a los municipios y comisiones de fomento a adherir a la medida, reforzando los controles y campañas de prevención en sus territorios.
Sanciones severas y acciones legales inmediatas
El decreto establece un régimen de sanciones que prevé multas de entre 100 y 100.000 litros de gasoil ultra diésel YPF, graduadas según el riesgo, el daño potencial y la responsabilidad de cada infractor.
También se ordena iniciar de inmediato acciones penales y patrimoniales contra quienes provoquen incendios, ya sea por negligencia o intencionalidad, con el fin de recuperar los costos que el Estado debe afrontar para combatir y extinguir el fuego. El texto enfatiza que la mayoría de los incendios tienen origen humano y que ese accionar genera daños ambientales, económicos y sociales que tardan generaciones en revertirse.
Weretilneck subrayó que la medida responde a principios de prevención ambiental, defensa del territorio y protección de la población. «El impacto de un incendio forestal es devastador: destruye ecosistemas, afecta la producción, pone en riesgo vidas y compromete el futuro de la provincia. Nuestro deber es anticiparnos y proteger a los rionegrinos», afirmó.
Judiciales
Fallo judicial permite recuperar deuda de obras sociales
Los certificados de deuda del Ministerio de Salud suman $1.042.459.789 en obligaciones impagas por parte de obras sociales, aseguradoras y prepagas.
El Gobierno Provincial logró un fallo judicial que permite recuperar una deuda superior a los $65 millones que la Obra Social de Obreros Empacadores de Fruta mantiene con el Ministerio de Salud, en el marco de la ejecución iniciada por Fiscalía de Estado.
En total, las obras sociales y prepagas acumulan más de $1.040 millones de deuda con el sistema de salud estatal. El listado completo se puede verificar en este link: https://tinyurl.com/24dqtrnt
Esta es la primera sentencia de tres causas similares impulsadas gracias a la Ley 5754, que le brindó a la Provincia un andamiaje legal moderno y ágil, necesario para avanzar en estas acciones luego de que Nación eliminara la Superintendencia de Servicios de Salud.
La resolución de la Unidad Jurisdiccional Contencioso Administrativa Nº13 de Viedma habilita la ejecución por un capital de $65.066.112, más intereses y costas estimados en $36.290.624, lo que representaría ingresos por $101.356.736 para las arcas provinciales.
Según la normativa vigente, el 32% de lo recuperado se podrán destinar directamente a un fondo estímulo para el personal y el resto a los hospitales para su funcionamiento diario, en forma proporcional a la facturación de cada uno.
El fallo otorga un plazo de cinco días para que la obra social pague voluntariamente o presente excepciones. En caso contrario, se avanzará directamente con el cumplimiento forzado.
La acción judicial fue impulsada por la Fiscalía de Estado mediante los abogados Gastón Pérez Estevan, Luciano Minetti Kern y Federico Rosbaco, responsables de llevar adelante el reclamo y asegurar la restitución de los recursos públicos.
Más de $1.042 millones de deuda total con Salud
Los certificados de deuda del Ministerio de Salud suman $1.042.459.789 en obligaciones impagas por parte de obras sociales, aseguradoras y prepagas. A agosto, entre los mayores deudores se encuentran:
- OSECAC, con más de $219 millones.
- OSPRERA, con casi $188 millones.
- OSPECON, con $133 millones.
- Unión Personal Civil de la Nación, con más de $31 millones.
- SANCOR Medicina Privada, OSDE, Swiss Medical y otras grandes prestadoras, con deudas que van de $3 a $9 millones.
El listado, que supera los 150 ítems, incluye obras sociales de sectores industriales, comercio, medios, transporte, seguridad, alimentación y servicios, lo que refleja la magnitud de los recursos que la Provincia adelanta para garantizar la atención.
Ley 5754: la base legal que permite recuperar costos y fortalecer el sistema
La Ley 5754, promulgada a fines de 2024, fue impulsada por el Poder Ejecutivo para garantizar la sostenibilidad financiera de los hospitales provinciales, obligando a los terceros pagadores -obras sociales, prepagas y ART- a cubrir el costo de las prestaciones brindadas a sus afiliados en el sistema público.
La norma dio a Río Negro un marco sólido para el recupero de costos, especialmente después de la eliminación de los mecanismos nacionales que aseguraban el cobro. En este contexto, el ministro de Salud, Demetrio Thalasselis, destacó que «contar con esta herramienta legal nos permitirá avanzar en la recuperación de las deudas acumuladas por las obras sociales y prepagas, para que esos fondos se destinen a fortalecer nuestro sistema de salud y mejorar el financiamiento de nuestros hospitales, especialmente en el actual contexto de crisis económica».
