La Legislatura de Río Negro aprobó los contratos celebrados entre las empresas Eólica Rionegrina S.A. y Argentina Fortescue Future Industries S.A. para la cesión de los derechos de uso de tierras fiscales y activos para avanzar en la instalación de un parque eólico en Cerro Policía, en el marco del Plan Estratégico de Hidrógeno Verde.

La iniciativa del Poder Ejecutivo, sancionada por mayoría, fue informada por Sebastián Caldiero. «Necesitamos que se pueda empezar con la construcción de un parque eólico de magnitud en la provincia de Río Negro para desandar un camino productivo y de desarrollo local», fundamentó el legislador.

Explicó que para desarrollar el parque se necesitan 1.100 millones de dólares, dinero con el que no cuenta la empresa provincial, y además no se cuenta con financiamiento para desarrollarlo. Por lo cual se buscaron opciones con vinculación con privados para su desarrollo.

La Legislatura aprobó el año pasado la iniciativa de la empresa Fortescue para desarrollar el proyecto de hidrógeno verde. Para el funcionamiento de la planta donde se producirá el hidrógeno en Sierra Grande, se necesita la provisión de energía eléctrica. Fortescue propuso explotar el parque eólico Cerro Policía, inyectar la energía generada al sistema interconectado y tomar una energía equivalente directamente en Sierra Grande para abastecer a la planta.

Con respecto a los contratos aprobados, por la venta de activos tangibles e intangibles, que incluyen estudios de suelo y permisos, la empresa provincial va a cobrar 3.250.000 dólares; y por la cesión de derechos de uso de la tierra que la provincia le había cedido a la empresa Eólica Rionegrina de manera gratuita, ahora cobrará 250 mil dólares anuales por cada uno de los primeros 30 años de uso de la tierra. Aparte va a cobrar 200 mil dólares por año durante la etapa de construcción.

Caldiero explicó que «la apuesta es lograr una nueva industria en la Provincia y esta es la herramienta que ha encontrado nuestra empresa Eólica Rionegrina para poder desarrollar el proyecto de energías renovables. Creemos que es una herramienta útil y que la intervención del privado puede desarrollar lo que la Provincia no está posibilitada de hacer con fondos públicos».

Aseguró que «el expertise que han puesto hasta aquí las empresas Invap y Eólica Rionegrina puede ser complementado y superado con el aporte privado de Fortescue».

El proyecto fue acompañado por Juan Martín (Juntos por el Cambio). «Todo aquello que traiga inversión, desarrollo, y genere empleo, tendrá mi acompañamiento, desde el optimismo de creer que estas nuevas condiciones para nuestra joven provincia son anhelos que se pueden cumplir». No obstante, advirtió sobre «ribetes leoninos» y «cuestiones confusas» que tendrían los contratos y aseguró que «muchos de los ítems generan más dudas que certezas».

María Eugenia Martini (FdT) expresó la posición mayoritaria del bloque de acompañar el proyecto. «Creemos que en épocas tan difíciles como la que vivimos, cuando hay inversiones, tanto del gobierno nacional como del sector privado, son muy importantes». Destacó la participación del Invap en el desarrollo del proyecto, además de la inversión de los 1.000 millones de dólares y la generación de trabajo para los rionegrinos y rionegrinas que contempla la iniciativa, así como la producción que van a desarrollar tanto el Invap, como las empresas tecnológicas de la provincia y los proveedores.

Los bloques opositores coincidieron en cuestionar el poco tiempo que hubo para interiorizarse del proyecto.

Por el bloque Frente Grande, Marcelo Mango pidió rever el contrato para una mejor negociación. Criticó varios puntos. Aseguró que no se trata de un contrato de escisión, sino de «la privatización de una empresa rionegrina, construida con investigación e inversión rionegrina para el desarrollo de un proyecto de energía eólica, y la estamos privatizando con cero por ciento de utilidades, con el tesoro de nuestros hijos y nietos, a un precio que ni siquiera recupera la inversión, por 60 años, y con la posibilidad de que el día de mañana se vayan casi sin previo aviso».

María Inés Grandoso (Kolina) también se opuso. Aseguró que se trata de un contrato «leonino», «muy malo». Cuestionó distintos aspectos del proyecto, como el valor del canon y la posibilidad que se le da a la empresa de rescindir el contrato en 30 días. También criticó que en el acuerdo «se dé la posibilidad de extranjerizar nuestras tierras».

Daniel Belloso (Unidad Ciudadana) fue otro de los legisladores que votó en forma negativa. Consideró que el proyecto presentado necesita incorporar aportes. Entre otros puntos, señaló que se debería aumentar el valor del canon y remarcó que los derechos de los pobladores no están contemplados en los contratos, cuestionó los 60 años de concesión que prevé el proyecto y planteó que se debería incorporar alguna alternativa de renovación a partir de la creación de una comisión de seguimiento y control. También opinó que se debería pensar la cesión de tierras de una forma más progresiva y no entregarlas todas de una vez.