Río Negro
Aprueban contratos para avanzar en la instalación del parque eólico en Cerro Policía
De esta manera, se ceden derechos de uso de tierras fiscales y activos a la empresa Argentina Fortescue Future Industries S.A.
La Legislatura de Río Negro aprobó los contratos celebrados entre las empresas Eólica Rionegrina S.A. y Argentina Fortescue Future Industries S.A. para la cesión de los derechos de uso de tierras fiscales y activos para avanzar en la instalación de un parque eólico en Cerro Policía, en el marco del Plan Estratégico de Hidrógeno Verde.
La iniciativa del Poder Ejecutivo, sancionada por mayoría, fue informada por Sebastián Caldiero. «Necesitamos que se pueda empezar con la construcción de un parque eólico de magnitud en la provincia de Río Negro para desandar un camino productivo y de desarrollo local», fundamentó el legislador.
Explicó que para desarrollar el parque se necesitan 1.100 millones de dólares, dinero con el que no cuenta la empresa provincial, y además no se cuenta con financiamiento para desarrollarlo. Por lo cual se buscaron opciones con vinculación con privados para su desarrollo.
La Legislatura aprobó el año pasado la iniciativa de la empresa Fortescue para desarrollar el proyecto de hidrógeno verde. Para el funcionamiento de la planta donde se producirá el hidrógeno en Sierra Grande, se necesita la provisión de energía eléctrica. Fortescue propuso explotar el parque eólico Cerro Policía, inyectar la energía generada al sistema interconectado y tomar una energía equivalente directamente en Sierra Grande para abastecer a la planta.
Con respecto a los contratos aprobados, por la venta de activos tangibles e intangibles, que incluyen estudios de suelo y permisos, la empresa provincial va a cobrar 3.250.000 dólares; y por la cesión de derechos de uso de la tierra que la provincia le había cedido a la empresa Eólica Rionegrina de manera gratuita, ahora cobrará 250 mil dólares anuales por cada uno de los primeros 30 años de uso de la tierra. Aparte va a cobrar 200 mil dólares por año durante la etapa de construcción.
Caldiero explicó que «la apuesta es lograr una nueva industria en la Provincia y esta es la herramienta que ha encontrado nuestra empresa Eólica Rionegrina para poder desarrollar el proyecto de energías renovables. Creemos que es una herramienta útil y que la intervención del privado puede desarrollar lo que la Provincia no está posibilitada de hacer con fondos públicos».
Aseguró que «el expertise que han puesto hasta aquí las empresas Invap y Eólica Rionegrina puede ser complementado y superado con el aporte privado de Fortescue».
El proyecto fue acompañado por Juan Martín (Juntos por el Cambio). «Todo aquello que traiga inversión, desarrollo, y genere empleo, tendrá mi acompañamiento, desde el optimismo de creer que estas nuevas condiciones para nuestra joven provincia son anhelos que se pueden cumplir». No obstante, advirtió sobre «ribetes leoninos» y «cuestiones confusas» que tendrían los contratos y aseguró que «muchos de los ítems generan más dudas que certezas».
María Eugenia Martini (FdT) expresó la posición mayoritaria del bloque de acompañar el proyecto. «Creemos que en épocas tan difíciles como la que vivimos, cuando hay inversiones, tanto del gobierno nacional como del sector privado, son muy importantes». Destacó la participación del Invap en el desarrollo del proyecto, además de la inversión de los 1.000 millones de dólares y la generación de trabajo para los rionegrinos y rionegrinas que contempla la iniciativa, así como la producción que van a desarrollar tanto el Invap, como las empresas tecnológicas de la provincia y los proveedores.
Los bloques opositores coincidieron en cuestionar el poco tiempo que hubo para interiorizarse del proyecto.
Por el bloque Frente Grande, Marcelo Mango pidió rever el contrato para una mejor negociación. Criticó varios puntos. Aseguró que no se trata de un contrato de escisión, sino de «la privatización de una empresa rionegrina, construida con investigación e inversión rionegrina para el desarrollo de un proyecto de energía eólica, y la estamos privatizando con cero por ciento de utilidades, con el tesoro de nuestros hijos y nietos, a un precio que ni siquiera recupera la inversión, por 60 años, y con la posibilidad de que el día de mañana se vayan casi sin previo aviso».
María Inés Grandoso (Kolina) también se opuso. Aseguró que se trata de un contrato «leonino», «muy malo». Cuestionó distintos aspectos del proyecto, como el valor del canon y la posibilidad que se le da a la empresa de rescindir el contrato en 30 días. También criticó que en el acuerdo «se dé la posibilidad de extranjerizar nuestras tierras».
Daniel Belloso (Unidad Ciudadana) fue otro de los legisladores que votó en forma negativa. Consideró que el proyecto presentado necesita incorporar aportes. Entre otros puntos, señaló que se debería aumentar el valor del canon y remarcó que los derechos de los pobladores no están contemplados en los contratos, cuestionó los 60 años de concesión que prevé el proyecto y planteó que se debería incorporar alguna alternativa de renovación a partir de la creación de una comisión de seguimiento y control. También opinó que se debería pensar la cesión de tierras de una forma más progresiva y no entregarlas todas de una vez.
Río Negro
Así será la planta que convertirá el gas de Vaca Muerta en valor rionegrino
Tendrá una capacidad de transporte de 15.000 toneladas diarias, más del triple de la producción y transporte actual del país.
La planta de fraccionamiento en tierra será una de las piezas centrales del proyecto Argentina GNL y marcará un antes y un después en el desarrollo industrial de Río Negro. No se trata solo de exportar gas: se trata de industrializarlo en la provincia, generar una nueva actividad económica y más puestos de trabajo.
La planta recibirá los líquidos y gases asociados que llegarán a través del poliducto de 22 pulgadas, que correrá en paralelo al gasoducto desde Neuquén hasta la costa rionegrina. Tendrá una capacidad de transporte de 15.000 toneladas diarias, más del triple de la producción y transporte actual del país. Ese ducto no solo permitirá exportar, sino también procesar en origen y agregar valor.
La más grande de la Argentina
Será la planta fraccionadora más grande de la Argentina. Allí se separarán propano, butano y gasolinas naturales, productos con alto valor industrial y comercial que hoy forman parte de cadenas estratégicas de la petroquímica y la energía.
Este paso implica dejar atrás un esquema meramente extractivo. «Río Negro no puede ser solo un lugar de paso. Nos toca una etapa siguiente», remarcó Weretilneck. La planta consolida esa visión: el gas será procesado, industrializado y generará nuevas oportunidades en tierra rionegrina.
La instalación permitirá que parte del valor agregado quede en la provincia, impulsando el desarrollo del futuro Polo Petroquímico de Río Negro, uno de los próximos desafíos planteados por el Gobierno.
Una industria que llega para quedarse
A diferencia de otras obras que tienen un inicio y un final, la planta operará durante toda la vida útil del proyecto, estimada en 30 años. Esto significa empleo directo e indirecto sostenido, servicios asociados, logística, transporte, mantenimiento, seguros y nuevas inversiones industriales.
«Este es el nuevo orden económico que comienza a construirse», definió el gobernador al referirse al rol que tendrán el gas, el petróleo y la minería como pilares exportadores del país.
Un cambio estructural en el Golfo
La planta forma parte de un esquema integral que incluye gasoducto dedicado, poliducto y buques de licuefacción. Pero es la instalación en tierra la que consolida el salto productivo: transforma al Golfo San Matías en un polo industrial y no solo en una salida marítima.
Con infraestructura permanente y actividad sostenida por décadas, Río Negro avanza en la construcción de un nuevo perfil económico, con industria, empleo y valor agregado que quedan en casa.
Policiales
Fin de semana largo con amplios controles en rutas y terminales
La Policía reforzó la prevención en puntos estratégicos de circulación de personas y vehículos.
Durante el fin de semana extra largo de Carnaval, la Policía de Río Negro desplegó intensos controles preventivos en toda la provincia. En Viedma y Lamarque la División Toxicomanía inspeccionó colectivos y vehículos particulares, se identificó a decenas de personas y se labraron infracciones, todo sin registrar secuestros de droga ni hechos graves.
El operativo, coordinado por la División Toxicomanía junto a otras áreas, reforzó la prevención en puntos estratégicos de circulación de personas y vehículos.
Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana de hoy (18/02), el movimiento en la Terminal de Ómnibus de Viedma fue monitoreado de cerca. Entre las 6 y las 10, el personal especializado, acompañado por perros detectores, controló siete colectivos de media y larga distancia. Recorrieron, pasillos, bodegas y equipajes bajo la mirada atenta de los efectivos. El resultado no tuvo novedades de consideración. De todas maneras, el trabajo preventivo apunta a anticiparse y a desalentar cualquier intento de traslado de sustancias ilegales.
Por otra parte, en el Valle Medio, el despliegue se concentró sobre la Ruta Nacional 22, a la altura del kilómetro 998, frente al Cuerpo de Seguridad Vial de Choele Choel. Allí, entre las 9 y las 11, se montó un control vehicular conjunto a cargo de la Delegación Lamarque de Toxicomanía. En total se revisaron 45 vehículos y se identificó a 45 personas, en su mayoría mayores de edad que circulaban por el fin de semana turístico.
Además, se labraron tres infracciones policiales vinculadas a irregularidades detectadas en los vehiculos. No se registraron secuestros de estupefacientes ni detenciones por delitos vinculados a drogas. El resto de los controles finalizó sin novedades, lo que permitió sostener una circulación ordenada en uno de los corredores más transitados de la provincia.
Este tipo de operativos, especialmente en fechas de alta movilidad como Carnaval, no sólo buscan detectar delitos sino también marcar presencia. La combinación de controles en terminales y en rutas estratégicas responde a una planificación que prioriza la prevención y el cuidado de quienes viajan.
Judiciales
No trabajó casi 100 días en un año: Confirman legalidad de despido de un delegado sindical de una empresa
El caso llegó al Superior Tribunal de Justicia, que ratificó la sentencia.
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) rechazó el planteo de un hombre que había sido despedido de una empresa en Jacobacci tras ausentarse 98 días de su trabajo en un lapso de 10 meses. También tenía antecedentes de violencia laboral hacia una gerente. El caso tuvo varios pasos, ya que el empleado era delegado sindical. Por eso previamente se realizó un proceso para excluirlo de la tutela especial que la norma indica para quienes ejercen ese rol. Cumplido ese trámite judicial, se inició otro por la cesantía.
Con la confirmación de las sentencias anteriores de una Cámara Laboral de Bariloche se cerró el último intento judicial en el fuero provincial para revertir el despido que había habilitado a la empresa a romper el vínculo laboral.
La historia judicial comenzó a fines de 2024, cuando el fuero Laboral autorizó la exclusión de tutela sindical de un representante de base que también integraba la conducción seccional de su sindicato. La empresa había pedido el desafuero con un argumento central: la pérdida de confianza frente a una dinámica de conflicto que, según su planteo, había dejado de encuadrar en el ejercicio regular de la actividad gremial.
En ese expediente, los integrantes del Tribunal pusieron el foco en varios ejes. Uno de ellos fue el uso de los permisos sindicales. Entre enero y octubre de 2023, el delegado se ausentó 98 días bajo esa modalidad. La empleadora sostuvo que en muchos casos no existió pedido formal ni aviso previo suficiente para reorganizar tareas, y que esa práctica afectó la planificación productiva. La Cámara consideró acreditado ese esquema de ausencias y lo valoró como un elemento más dentro de un cuadro general que describió como incompatible con los deberes de buena fe y colaboración, propios del contrato de trabajo.
El tribunal laboral también examinó testimonios sobre asambleas realizadas sin coordinación con la empresa, interrupciones de la producción en distintos turnos y enfrentamientos con personal jerárquico. A ello sumó una sentencia previa que tuvo por probadas conductas de violencia laboral hacia una gerente. En conjunto, entendió que se configuraba una injuria de entidad suficiente como para justificar la exclusión de la tutela sindical prevista en la Ley 23.551.
La resolución recordó que la garantía gremial exige autorización judicial previa para despedir a un delegado, pero no implica inmunidad frente a incumplimientos graves. Con esa autorización concedida, la empresa dispuso el despido el mismo día en que fue notificada del fallo.
El trabajador respondió con una nueva demanda. Impugnó el telegrama y se colocó en situación de despido indirecto. Alegó que la sentencia de exclusión no estaba firme y que la protección sindical seguía vigente mientras no se agotaran los plazos recursivos. Invocó el artículo 52 de la ley de asociaciones sindicales y sostuvo que la decisión patronal fue prematura.
La Cámara volvió a pronunciarse en su contra. Señaló que la empresa había seguido el procedimiento legal y que, una vez autorizada la exclusión, podía extinguir el vínculo. Destacó además que el trabajador no recurrió la sentencia que lo dejó sin tutela y que no podía luego desconocer sus efectos. También afirmó que no tiene contenido jurídico considerar disuelto un contrato que ya había sido extinguido por el empleador.
El caso llegó al Superior Tribunal de Justicia a través de un recurso de queja, después de que se rechazara la instancia extraordinaria. El planteo insistió en la supuesta aplicación inmediata de una sentencia que, según el actor, no tenía firmeza y en la errónea interpretación del artículo 52 de la Ley 23.551.
El STJ centró su análisis en la admisibilidad del recurso. Indicó que la queja no refutó de manera concreta los fundamentos de la denegatoria anterior y que los agravios intentaban reabrir cuestiones de hecho y prueba, materia ajena a esa instancia. Con ese encuadre, rechazó el planteo y dejó firme en el ámbito provincial la decisión que había avalado el despido del delegado sindical.
