Río Negro
Aprueban contratos para avanzar en la instalación del parque eólico en Cerro Policía
De esta manera, se ceden derechos de uso de tierras fiscales y activos a la empresa Argentina Fortescue Future Industries S.A.
La Legislatura de Río Negro aprobó los contratos celebrados entre las empresas Eólica Rionegrina S.A. y Argentina Fortescue Future Industries S.A. para la cesión de los derechos de uso de tierras fiscales y activos para avanzar en la instalación de un parque eólico en Cerro Policía, en el marco del Plan Estratégico de Hidrógeno Verde.
La iniciativa del Poder Ejecutivo, sancionada por mayoría, fue informada por Sebastián Caldiero. «Necesitamos que se pueda empezar con la construcción de un parque eólico de magnitud en la provincia de Río Negro para desandar un camino productivo y de desarrollo local», fundamentó el legislador.
Explicó que para desarrollar el parque se necesitan 1.100 millones de dólares, dinero con el que no cuenta la empresa provincial, y además no se cuenta con financiamiento para desarrollarlo. Por lo cual se buscaron opciones con vinculación con privados para su desarrollo.
La Legislatura aprobó el año pasado la iniciativa de la empresa Fortescue para desarrollar el proyecto de hidrógeno verde. Para el funcionamiento de la planta donde se producirá el hidrógeno en Sierra Grande, se necesita la provisión de energía eléctrica. Fortescue propuso explotar el parque eólico Cerro Policía, inyectar la energía generada al sistema interconectado y tomar una energía equivalente directamente en Sierra Grande para abastecer a la planta.
Con respecto a los contratos aprobados, por la venta de activos tangibles e intangibles, que incluyen estudios de suelo y permisos, la empresa provincial va a cobrar 3.250.000 dólares; y por la cesión de derechos de uso de la tierra que la provincia le había cedido a la empresa Eólica Rionegrina de manera gratuita, ahora cobrará 250 mil dólares anuales por cada uno de los primeros 30 años de uso de la tierra. Aparte va a cobrar 200 mil dólares por año durante la etapa de construcción.
Caldiero explicó que «la apuesta es lograr una nueva industria en la Provincia y esta es la herramienta que ha encontrado nuestra empresa Eólica Rionegrina para poder desarrollar el proyecto de energías renovables. Creemos que es una herramienta útil y que la intervención del privado puede desarrollar lo que la Provincia no está posibilitada de hacer con fondos públicos».
Aseguró que «el expertise que han puesto hasta aquí las empresas Invap y Eólica Rionegrina puede ser complementado y superado con el aporte privado de Fortescue».
El proyecto fue acompañado por Juan Martín (Juntos por el Cambio). «Todo aquello que traiga inversión, desarrollo, y genere empleo, tendrá mi acompañamiento, desde el optimismo de creer que estas nuevas condiciones para nuestra joven provincia son anhelos que se pueden cumplir». No obstante, advirtió sobre «ribetes leoninos» y «cuestiones confusas» que tendrían los contratos y aseguró que «muchos de los ítems generan más dudas que certezas».
María Eugenia Martini (FdT) expresó la posición mayoritaria del bloque de acompañar el proyecto. «Creemos que en épocas tan difíciles como la que vivimos, cuando hay inversiones, tanto del gobierno nacional como del sector privado, son muy importantes». Destacó la participación del Invap en el desarrollo del proyecto, además de la inversión de los 1.000 millones de dólares y la generación de trabajo para los rionegrinos y rionegrinas que contempla la iniciativa, así como la producción que van a desarrollar tanto el Invap, como las empresas tecnológicas de la provincia y los proveedores.
Los bloques opositores coincidieron en cuestionar el poco tiempo que hubo para interiorizarse del proyecto.
Por el bloque Frente Grande, Marcelo Mango pidió rever el contrato para una mejor negociación. Criticó varios puntos. Aseguró que no se trata de un contrato de escisión, sino de «la privatización de una empresa rionegrina, construida con investigación e inversión rionegrina para el desarrollo de un proyecto de energía eólica, y la estamos privatizando con cero por ciento de utilidades, con el tesoro de nuestros hijos y nietos, a un precio que ni siquiera recupera la inversión, por 60 años, y con la posibilidad de que el día de mañana se vayan casi sin previo aviso».
María Inés Grandoso (Kolina) también se opuso. Aseguró que se trata de un contrato «leonino», «muy malo». Cuestionó distintos aspectos del proyecto, como el valor del canon y la posibilidad que se le da a la empresa de rescindir el contrato en 30 días. También criticó que en el acuerdo «se dé la posibilidad de extranjerizar nuestras tierras».
Daniel Belloso (Unidad Ciudadana) fue otro de los legisladores que votó en forma negativa. Consideró que el proyecto presentado necesita incorporar aportes. Entre otros puntos, señaló que se debería aumentar el valor del canon y remarcó que los derechos de los pobladores no están contemplados en los contratos, cuestionó los 60 años de concesión que prevé el proyecto y planteó que se debería incorporar alguna alternativa de renovación a partir de la creación de una comisión de seguimiento y control. También opinó que se debería pensar la cesión de tierras de una forma más progresiva y no entregarlas todas de una vez.
Río Negro
Aguas Rionegrinas advierte sobre nuevos intentos de estafas en distintas localidades
La empresa rionegrina solicita tomar recaudos ante posibles estafas.
Aguas Rionegrinas advirtió que se registraron nuevos intentos de estafas que se han registrado en los últimos días en distintas localidades de la provincia. Personas ajenas a la empresa intentaron hacerse pasar por personal de la empresa, ofreciendo supuestas obras o servicios a cambio de dinero.
Desde la firma recuerdan que ningún trabajador o trabajadora de Aguas Rionegrinas está autorizado a solicitar dinero, datos personales o bancarios (como CBU, CVU o números de cuenta) para la realización de obras, trámites o gestiones vinculadas al servicio.
De acuerdo con una investigación interna, se presume que los estafadores también estarían utilizando mensajes y respuestas en nombre de la empresa desde teléfonos iniciados con 0291, 011 y otras características, intentando obtener información sensible mediante engaños.
Aguas Rionegrinas reafirma que el único canal oficial de atención digital es el chatbot de WhatsApp 2920-40-2808, para que las y los usuarios puedan realizar reclamos o consultas sobre los servicios de agua y cloacas de manera segura y directa.
«Se solicita a la comunidad mantenerse atenta, verificar siempre la identidad de quienes se presentan en nombre de Aguas Rionegrinas y denunciar cualquier situación sospechosa ante las autoridades locales o en las oficinas comerciales más cercanas», concluyeron desde la empresa.
Judiciales
Tras la sentencia de la Ruta Nacional N° 40, Río Negro espera definiciones por la 151
La Ruta N° 151 atraviesa uno de los corredores más transitados y productivos del norte rionegrino.
Con la sentencia de la Ruta Nacional N° 40 ya firme y en marcha, el Gobierno de Río Negro insistió en que la situación de la Ruta Nacional N° 151 continúa sin avances por la apelación de Nación, pese al deterioro extremo acreditado en la Justicia y a un fallo que ya ordenó un plan de obras urgentes, con plazos de ejecución y un mantenimiento integral que sigue sin cumplirse.
La Ruta N° 151 atraviesa uno de los corredores más transitados y productivos del norte rionegrino. Su deterioro extremo está acreditado judicialmente: baches profundos, deformaciones, banquinas descalzadas, señalización insuficiente y un nivel de riesgo que afecta todos los días a miles de personas. Es un tramo clave para la conectividad entre Cipolletti y el límite con La Pampa, y para actividades esenciales como la educación, los traslados sanitarios, la producción frutícola, la minería, el turismo y la industria hidrocarburífera.
El Juzgado Federal de General Roca ya había hecho lugar al amparo colectivo impulsado por el gobernador Alberto Weretilneck, junto a intendentes y entidades empresariales, y ordenado a Vialidad Nacional presentar un plan de acción en 10 días e iniciar las obras dentro de los 90 días. La sentencia, firmada por el juez Hugo Greca, también responsabilizó al organismo nacional por el incumplimiento de su deber legal de conservación y le exigió elaborar un plan integral de mantenimiento para sostener la seguridad vial en el tiempo.
Aquella decisión judicial reconoció la gravedad del abandono y el impacto real sobre la vida cotidiana: más de 10.000 estudiantes y 2.300 docentes de 70 escuelas afectados por los traslados, dificultades en emergencias sanitarias y perjuicios directos a sectores productivos centrales para la región. «Teníamos razón. No era un capricho, es un derecho. La Ruta N° 151 pone en riesgo vidas todos los días y necesita una solución definitiva», había expresado el gobernador, al conocerse el fallo.
Pero, a diferencia de lo ocurrido ahora con la Ruta N° 40, cuya sentencia quedó firme y obliga a Nación a ejecutar obras inmediatas con plazos estrictos y tareas precisas, la causa por la 151 continúa frenada por la apelación del Gobierno Nacional. Esa decisión impide que comiencen las obras ordenadas judicialmente y prolonga un problema que ya fue comprobado, documentado y reconocido incluso por el propio organismo vial.
La Provincia reiteró que sigue esperando definiciones y que la 151 no admite más demoras. «Cuando el Estado Nacional se desentiende, Río Negro defiende lo suyo», había señalado Weretilneck. El planteo vuelve a tomar fuerza ante el contraste con la sentencia firme de la Ruta N° 40.
Política
Thalasselis: «Cada peso recuperado vuelve a estar disponible para la salud»
Se trata del primer fallo judicial que habilita a Río Negro a recuperar más de $101 millones, como parte de una deuda de una obra social.
El ministro de Salud de Río Negro, Demetrio Thalasselis, confirmó en declaraciones radiales la contundencia del primer fallo judicial que habilita a Río Negro a recuperar más de $101 millones, como parte de una deuda de una obra social.
El ministro destacó que «este hito es posible gracias a la Ley Provincial 5754, promulgada en noviembre del año pasado, que dio al Gobierno el instrumento, que es una ley, para permitir reclamarle a cada una de las obras sociales los pagos por la atención de sus afiliados en hospitales públicos».
Thalasselis calificó la primera sentencia como una «muy buena noticia, algo muy importante». El fallo permite recuperar fondos de atención sobre pacientes que serán destinados «pura y exclusivamente para seguir prestando servicios de salud en cada uno de los hospitales». Con esta acción, el Ministerio está «fortaleciendo los mecanismos de financiamiento en la salud pública y es un logro de la gestión», aseguró.
El Ministro insistió en el concepto de que la atención en el hospital público, aunque universal, tiene un costo que las obras sociales deben cubrir. «La producción de servicios de salud en un hospital implica una serie de proveedores, desde los profesionales médicos, los enfermeros, la medicación y todo eso tiene un costo».
La deuda total de las obras sociales, prepagas y aseguradoras con el sistema de salud provincial supera los $1.042 millones, según la facturación a agosto, y no se cobrará «sobre el paciente», sino a los financiadores.
Al ser consultado sobre los grandes morosos, Thalasselis confirmó los nombres: «Son OSECAC, OSPRERA, OSPECON, Unión Personal Civil de la Nación y SANCOR. OSDE también, Swiss Medical, de otras grandes, más de tres a nueve millones de pesos están debiendo».
Las entidades reciben una carta documento, se da un período para conciliaciones, y «de no suceder esto, se procede la ejecución por la Fiscalía de Estado», donde «la ley prevé embargo, por vía judicial» una vez vencido el plazo según detalló el Ministro de Salud.
El círculo virtuoso del recupero
El ministro vinculó directamente el recupero de fondos con la mejora de la infraestructura. Tras anunciar la incorporación de cuatro equipos de última generación de anestesia para los quirófanos de los hospitales de Viedma, Roca, Cipolletti y Bariloche. Explicó que «todos estos equipamientos, los costos de estos equipamientos y la reposición de estos equipos tienen sus costos y nosotros la forma de recuperarlos es en parte a través del fondo de las obras sociales».
Además, subrayó que este camino es irreversible. «Creemos que este es un camino que tenemos que seguir recorriendo». La prioridad es «seguir trabajando y ordenando este sistema administrativo que nos permita financiar de mejor manera la salud pública que queremos para la provincia», independientemente de los nombres de cada financiador.
En una reflexión final, el ministro Thalasselis destacó que «el sistema público de salud está en todo momento y en todo lugar a lo largo de la vida de los rionegrinos».
La apertura del hospital a todos, «tengas o no tengas obra social», es una de las grandes fortalezas de la provincia. Esta atención universal se traduce «económicamente en millones, millones de pesos» que el Estado debe recuperar.
