Ayer (14/07) a la mañana se llevó a cabo un encuentro de paritarias entre el Gobierno de Río Negro, a través del Ministerio de Educación y Derechos Humanos, y el gremio docente UnTER. La reunión se realizó en dependencias de la Secretaría de Trabajo de la Provincia y al respecto desde la cartera educativa se destacó la importancia de este espacio de diálogo para continuar «trabajando en todos los aspectos que hacen al sistema educativo».

El Gobierno ofreció una propuesta trimestral que consiste en en un 1% para julio al básico más $20.000 con criterio FONID a liquidarse en el concepto Asignación Docente; 1% para agosto más $10.000 con criterio FONID a liquidarse en el concepto Asignación Docente, y 1% al básico más $10.000 con criterio FONID a liquidarse en el concepto Asignación Docente.

A su vez se incorporó a la propuesta el pago de una suma fija no remunerativa a pagar por única vez por agente en complementaria la última semana de julio de $40.000.

Por parte de Educación participaron la ministra Patricia Campos, la secretaria de Educación, Silvia Arza, la vocal gubernamental, Romina Procoppo, la secretaria general del Consejo Provincial de Educación (CPE), Claudia Tejeda, y la secretaria de Administración Mónica Temprano.

Por el gremio UnTER, estuvieron la secretaria general, Silvana Inostroza; la secretaria gremial y de Organización, María Castañeda; y el vocal, Marcelo Nervi, entre otros.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) definió un paro nacional de salud para el jueves 17 de julio con movilización a Plaza de Mayo en defensa del Hospital Garrahan y de todo el Sistema Público Sanitario.

«Esta es una medida de fuerza de carácter federal que tiene que servir para ponerle freno a la destrucción y el vaciamiento del sistema de salud, y exigir una inmediata recomposición salarial para todos los trabajadores hospitalarios. Una huelga que debe llevarse adelante de manera simultánea en toda la Argentina. Lo que pasó con los residentes y las becas nos muestra a un Gobierno que pretende disfrazar de libertad a la precarización laboral», indicó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.

«El Garrahan y el resto de los hospitales no soportan un recorte más. Se tienen que otorgar presupuestos de emergencia y restablecer de manera inmediata todas las políticas públicas que fueron eliminadas», agregó el dirigente estatal.

Luego de mantener una reunión con la Junta Interna del Hospital infantil y otras organizaciones que representan trabajadores hospitalarios, el sindicato convocó a «la más amplia unidad» para llevar adelante la marcha que tendrá como punto de concentración el Congreso de la Nación a partir de las 16 y que además se replicará en todas las provincias.

En esta línea, Aguiar explicó que «más del 80% del sistema de salud pública se encuentra en las provincias y funciona gracias a medio millón de trabajadores precarizados, y en la mayoría de los casos con salarios por debajo de la línea de pobreza. Desde ATE demandamos ingresos que permitan alcanzar el costo de la Canasta Básica».

ATE se mantiene en alerta por la situación presupuestaria que pone en riesgo de funcionamiento a los más de 1.700 hospitales, 6.000 unidades sanitarias y más de 500.000 trabajadores del Sistema de Salud, tanto de institutos nacionales como provinciales.

«La defensa del Garrahan y de todos los hospitales tiene un consenso social creciente. Hoy en la Argentina, está siendo afectado el derecho humano a la salud de millones de usuarios del sistema público», concluyó el secretario general de ATE Nacional.

En el caso del Hospital Garrahan, los trabajadores perciben ingresos netos de $797.000, lo que provocó que más de 200 profesionales hayan renunciado en lo que va del 2025.

El sindicato también rechazó el recientemente publicado Decreto 459 que disuelve el Instituto de Enfermedades Cardiovasculares, degrada al Instituto Nacional del Cáncer a «unidad organizativa» del Ministerio de Salud, y fusiona las instituciones Baldomero Sommer, Alejandro Posadas, Ramón Carrillo, Laura Bonaparte y el Instituto de Rehabilitación Psicofísica del Sur, absorbidas por la nueva Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES).

De esta manera, ATE reclamará en rechazo al Decreto 459/25 que fusiona instituciones sanitarias; a la Resolución 2109/25 del Ministerio de Salud que modifica el sistema de residencias; por una urgente recomposición salarial; en rechazo al vaciamiento al Sistema Público de Salud y al cierre de los Hospitales Nacionales; y por el presupuesto de emergencia para Salud.

Luego del anuncio del vocero Manuel Adorni de cerrar la Dirección Nacional de Vialidad, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, aseguró que «se ponen en riesgo millones de vidas» y pidió la intervención de los gobernadores.

«El cierre de Vialidad Nacional implica un desinterés total de este Gobierno insensible al que no le importan las vidas que se puedan perder por el estado de las rutas. En estos últimos 18 meses el abandono de nuestras autopistas ha sido notorio y, a partir de ahora, será todo peor», auguró el dirigente estatal.

En este marco, Aguiar pidió a los gobernadores que «tomen partido en favor de la gente. Deben dejar el letargo en el que se encuentran. Ahora tienen que saltar, los queremos ver poniendo la cara por cada uno de los distritos. Esto va a ser un retroceso sin precedentes para todas las provincias del país. Esto rompe la conectividad y lesiona de manera grave el federalismo, mutila el desarrollo de todas las regiones del país. Con el cierre de Vialidad, se ponen en riesgo la vida de millones de argentinos», agregó.

«Este decreto da nacimiento a mega negociados. Buscan privatizar tareas estratégicas como la del mantenimiento vial. Estamos ante el desmantelamiento de estructuras claves para la soberanía nacional. La creación de una nueva Agencia de Control de Concesiones es la habilitación de una gran caja negra para la política», agregó el secretario general de ATE Nacional.

A partir de esta decisión, la prevención y control del tránsito en las rutas nacionales y otros espacios del dominio público nacional pasarían exclusivamente a Gendarmería. «Es una ilegalidad manifiesta que a partir de ahora sea la Gendarmería la que aborde la prevención y el control de tránsito en las Rutas Nacionales y otros espacios públicos. Es una militarización de las rutas», concluyó Aguiar.

De esta forma, el sindicato profundizará las medidas de fuerza en todo el Estado Nacional.

Son alrededor de 40.000 los kilómetros de Rutas Nacionales que quedarán abandonadas a partir de esta decisión que afectará, además, a más de 5.000 trabajadores y trabajadoras.

La Dirección Nacional de Vialidad fue creada a partir de la Ley N° 11.658 en 1932 como respuesta a la necesidad de construir caminos que se ajustaran a las nuevas demandas del transporte automotor.