Con una inversión superior a los $257 millones, el Gobierno Provincial licitará la obra de desagües cloacales en Barrio Nuevo, que beneficiará a 185 familias. La apertura de sobres se realizará el próximo 20 de abril. La obra de saneamiento esencial demuestra previsibilidad y mejora sustancialmente la calidad de vida y la salud de los vecinos

El acceso a los servicios básicos es el primer paso para el desarrollo armónico de cualquier comunidad. Por ello, esta obra de saneamiento tiene un impacto directo y transformador: 185 familias roquenses que hoy no cuentan con el servicio podrán conectarse a la red cloacal de manera segura y definitiva cuando esté finalizada la obra.

De acuerdo al proyecto, las tareas a realizar comprenden la instalación de 1.425 metros lineales de cañería de PVC de 160 mm. Además, se construirán 11 nuevas bocas de registro y se ejecutarán 6 empalmes a bocas ya existentes.

Esto permitirá habilitar 185 conexiones domiciliarias para evacuar las aguas servidas hacia la red principal y continuar su recorrido hacia la planta depuradora para su debido tratamiento.

El avance de este proyecto licitatorio refleja el valor de la planificación sostenida. «Lo central es que Río Negro funciona y da previsibilidad. Llegar con servicios esenciales como las cloacas a los barrios demuestra que, con orden administrativo, los grandes proyectos se vuelven realidad», sostuvieron desde el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, con una visión que guía estas inversiones.

Las empresas interesadas en consultar o adquirir los pliegos licitatorios podrán hacerlo en la sede del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de Río Negro (Buenos Aires 4, Viedma), al teléfono 0800-222-3595 o en la página web: https://obrasyserviciospublicos.rionegro.gov.ar/compras-y-licitaciones.

Representantes gremiales y apoderados de listas opositoras a la actual gestión del Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) presentaron una denuncia penal ante la Justicia Federal por presunto fraude en las elecciones universitarias. La causa quedó radicada bajo el expediente PUMA N° RO-00567-C-2026, luego de que la Justicia Provincial declinara su competencia al reconocer el carácter nacional del IUPA.

Los denunciados son el rector normalizador Gerardo Norberto Blanes, el presidente de la Junta Electoral Ricardo Casanova y los integrantes de ese organismo: Marcos Fuentes, Daniela Retamal y Leonardo García. La denuncia fue suscripta por Rocío Encina, secretaria general de ADIUPA; Marina Cepeda, secretaria general de SITRAIUPA; y los apoderados y fiscales generales de las listas La Pugliese, Visuales Independientes y Lista N° 10-Celeste y Blanca.

El escrito describe tres maniobras concretas. En primer lugar, que «Blanes y Casanova se presentaron como candidatos en concursos docentes cuyos reglamentos y jurados ellos mismos definieron, para adjudicarse cargos de carrera previo al proceso electoral«. En el caso de Casanova, los denunciantes señalan que «el jurado incluyó a una persona con quien mantiene una relación de pareja pública y notoria».

En segundo lugar, denuncian que «el padrón electoral fue inflado con aproximadamente 50 docentes de guitarra y danzas folklóricas del interior sin funciones universitarias, y con 1.400 estudiantes de un programa de extensión cultural que no integra ninguna carrera de grado, en presunta violación del Estatuto del IUPA».

En tercer lugar, indican que «los votos provenientes del interior llegaron sin fiscalización, con urnas sin firmar, sin fajado y sin fiscales de lista presentes, luego de que la Junta Electoral sincronizara deliberadamente esa votación con la de la sede central para imposibilitar el control de las agrupaciones participantes».

Como medida adicional de encubrimiento, los firmantes denuncian que «la gestión decretó un asueto administrativo que impidió el acceso a las actas y desarticuló la protesta de estudiantes y docentes. Todas las impugnaciones presentadas fueron rechazadas por la Junta Electoral sin permitir la apertura de las urnas cuestionadas».

Ante este cuadro, los denunciantes solicitan a la Justicia Federal el secuestro inmediato de las urnas y la documentación electoral que se encuentra en el edificio, a fin de preservar las pruebas antes de que el Consejo Superior sesione el próximo 30 de marzo para elegir al nuevo rector y autoridades de la institución.

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