Política
Emergencia Ígnea: Acuerdo con CFI por $1000 millones para El Bolsón
Contempla la asistencia a los afectados mediante un conjunto de medidas estratégicas.
El gobernador Alberto Weretilneck firmó un convenio de asistencia técnica y financiera por la emergencia ígnea con el secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe, por un aporte de $1.000 millones, para mitigar los efectos del incendio en El Bolsón y zonas aledañas.
Este acuerdo busca proporcionar un respaldo inmediato a las comunidades afectadas y contribuir a la recuperación económica, productiva y ambiental de la provincia.
En respuesta a esta situación crítica, el convenio establece un aporte financiero de hasta $1.000 millones por parte del CFI, destinados específicamente a la recuperación productiva y medioambiental de las áreas perjudicadas.
Los incendios registrados en la región han generado un fuerte impacto ecosistémico, económico y social, afectando más de tres mil hectáreas y ocasionando pérdidas significativas en los sectores agropecuario, industrial, forestal y turístico. Además de la destrucción de infraestructura productiva y el deterioro de los suelos, la crisis ha comprometido fuentes de trabajo, perjudicando directamente a cientos de familias que dependen de estas actividades para su sustento diario.
El gobernador Weretilneck destacó que «este acuerdo es fundamental para garantizar la asistencia inmediata a los damnificados y avanzar en la recuperación productiva y ambiental de la provincia. Nos permite actuar con rapidez y planificación, asegurando que nuestros productores y comunidades puedan reconstruir sus actividades y generar resiliencia ante futuras crisis».
En términos de financiamiento, el desembolso de los fondos se realizará en dos etapas: una primera cuota de $500 millones dentro de los cinco días hábiles posteriores a la firma del convenio, y una segunda cuota de igual monto a los quince días siguientes. Este esquema de distribución busca asegurar una respuesta rápida y eficiente, garantizando que los recursos lleguen de manera efectiva a quienes más los necesitan.
El acuerdo contempla la asistencia a los afectados mediante un conjunto de medidas estratégicas, incluyendo la reconstrucción de infraestructura predial, la provisión de pasturas para el ganado, la limpieza y rehabilitación de bosques nativos, y la implementación de programas de reforestación para mitigar los daños en el ecosistema.
También se prevé la capacitación de productores y pobladores en la prevención y manejo de incendios forestales, promoviendo una cultura de cuidado y sostenibilidad ambiental que permita reducir riesgos a futuro.
El secretario general del CFI, Ignacio Lamothe, subrayó que «desde el CFI reafirmamos nuestro compromiso con el federalismo solidario, acompañando a Río Negro en la implementación de estrategias para mitigar los efectos de esta crisis. Nuestra prioridad es fortalecer la capacidad de respuesta ante este tipo de desastres y trabajar en conjunto para impulsar soluciones sostenibles a largo plazo».
El convenio tendrá vigencia hasta el 30 de junio de 2025, estableciendo mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas para garantizar la correcta aplicación de los fondos y la efectividad de las acciones implementadas. Asimismo, se conformará un comité de evaluación integrado por representantes del gobierno provincial y del CFI, que se encargará de monitorear el impacto de las medidas adoptadas y proponer ajustes en caso de ser necesario.
Este acuerdo representa un paso significativo en la articulación de esfuerzos entre distintos niveles de gobierno y organismos de cooperación, reafirmando la necesidad de trabajar en estrategias conjuntas que permitan no solo la recuperación de las áreas afectadas, sino también la construcción de una estructura de prevención y resiliencia que minimice los efectos de futuros desastres.
Judiciales
Por el aumento de causas, Roca tendrá una nueva Unidad Procesal del Fuero de Familia
El Poder Judicial detectó durante la última década un incremento sostenido de expedientes en el Fuero de Familia de General Roca.
La Legislatura de Río Negro aprobó el proyecto impulsado por el Superior Tribunal de Justicia para crear una nueva Unidad Procesal del Fuero de Familia con sede en General Roca, correspondiente a la Segunda Circunscripción Judicial.
Al fundamentar la iniciativa, la legisladora Natalia Reynoso (JSRN) explicó que la propuesta surge a partir de los estudios realizados por la Dirección de Planificación Estratégica del Poder Judicial, que durante los últimos diez años registró un crecimiento sostenido de las causas y expedientes que ingresan al fuero de Familia.
Según detalló, el relevamiento correspondiente al período comprendido entre 2016 y 2026 permitió detectar un incremento que calificó como «exponencial, sostenido y estructural», particularmente en la Segunda Circunscripción Judicial.
Reynoso destacó además que el Poder Judicial modificó la metodología utilizada para determinar la carga que soportan los distintos organismos. Hasta ahora, uno de los principales parámetros era simplemente cuantitativo: se contabilizaba la cantidad de expedientes ingresados y tramitados.
La nueva metodología incorpora el concepto de «carga ponderada de trabajo», que busca determinar no solamente cuántos expedientes tramita un organismo, sino también cuánto esfuerzo y tiempo demanda cada uno de ellos de acuerdo con su complejidad.
Para establecer ese indicador se tuvieron en cuenta variables como la complejidad de las causas, su duración y el grado de intervención judicial requerido.
«No es lo mismo una causa que puede resolverse mediante una audiencia y posterior homologación que aquellos procesos que demandan seguimientos durante dos años o más, sucesivas audiencias y la participación de equipos interdisciplinarios», explicó la legisladora.
Entre las problemáticas de mayor complejidad mencionó las situaciones de violencia de género e intrafamiliar, además de causas relacionadas con alimentos, filiaciones y adopciones.
La metodología, elaborada con participación de juezas de Familia de las diferentes circunscripciones judiciales, permitió establecer con mayor precisión la carga efectiva de trabajo de cada organismo.
En el caso de General Roca, los resultados mostraron no solamente un aumento en la cantidad de expedientes, sino también una creciente exigencia funcional derivada de la complejidad de las causas.
Reynoso sostuvo que la ciudad viene registrando «un nivel de demanda estructural superior al resto de las localidades analizadas», pese a contar con estructuras organizativas similares a las existentes en organismos que atienden volúmenes y niveles de demanda considerablemente menores.
Ese desequilibrio, explicó, determinó la necesidad de avanzar con la creación de una nueva Unidad Procesal de Familia.
La iniciativa busca así adecuar la estructura judicial de General Roca a una realidad que se modificó sustancialmente durante la última década y mejorar la capacidad de respuesta del fuero frente a causas que, además de haber aumentado en cantidad, requieren intervenciones cada vez más prolongadas y complejas.
Judiciales
Causa Techo Digno: El STJ revisará la absolución de Gennuso y fallará el 5 de noviembre
El máximo tribunal de Río Negro admitió por mayoría la queja presentada por el Fiscal General y abrió el tratamiento de fondo. La sentencia se conocerá el 5 de noviembre a las 12.
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro admitió por mayoría la queja presentada por el Fiscal General contra la absolución del ex intendente de San Carlos de Bariloche, Gustavo Gennuso, en la denominada causa Techo Digno. El máximo tribunal provincial abrió así el tratamiento de fondo y fijó para el 5 de noviembre a las 12 la lectura de la sentencia.
La causa es la primera vinculada con la construcción de viviendas mediante el programa nacional Techo Digno que llega a consideración del STJ.
El tribunal estuvo presidido por Ricardo Apcarian e integrado por Liliana Piccinini, Sergio Ceci y Cecilia Criado, con la participación de Adrián Zimmermann, juez del Tribunal de Impugnación en subrogancia. La acusación estuvo representada por el Fiscal General, Fabricio Brogna, mientras que Manuel Maza y Luciano Perdriel ejercieron la defensa de Gennuso, quien participó de la audiencia mediante Zoom.
Luego de los argumentos iniciales de la Fiscalía y la defensa se dispuso un cuarto intermedio. Al retomar la audiencia, el STJ resolvió, por mayoría, abrir la queja en su totalidad, al considerar que la Fiscalía había presentado argumentos suficientes respecto de la posible configuración de una sentencia arbitraria.
A partir de esa decisión comenzó el tratamiento del Recurso Extraordinario. El debate se concentró principalmente en el principio de congruencia, la eventual arbitrariedad del fallo y la discusión sobre si los fondos habían sido sustraídos de las esferas de control público.
Brogna sostuvo que Gennuso había «sustraído» los fondos del control y afirmó que el exintendente había admitido esa circunstancia, justificándola en la necesidad de «no perderlos». La Fiscalía también planteó que una eventual condena por una calificación menos gravosa que el peculado, como la administración fraudulenta, no necesariamente vulneraría el principio de congruencia.
La defensa rechazó esa interpretación. Maza sostuvo que los fondos permanecieron siempre dentro de la órbita municipal y que, por lo tanto, no habían salido de los controles públicos. También afirmó que peculado y malversación son delitos diferentes y que una eventual condena por una figura distinta afectaría el derecho de defensa. Además, planteó que la malversación estaría prescripta.
Tras escuchar a las partes, el STJ dio por finalizada la audiencia y estableció que la sentencia será leída el 5 de noviembre a las 12. La admisión de la queja no modifica por sí misma la absolución vigente ni implica una condena.
Política
Aporte adicional de $12.347 millones al año para los Municipios rionegrinos
Roca percibirá $608.587.677.
El Gobierno de Río Negro destinará más de $12.347 millones anuales adicionales a 14 municipios a través del convenio de Compensación Financiera Transitoria. A valores iniciales, el esquema representa un aporte provincial de aproximadamente $1.029 millones por mes, financiado con recursos del Tesoro Provincial, sin reducir los fondos que reciben las demás localidades por el régimen vigente de coparticipación.
La medida busca reconocer las diferencias surgidas a partir de la actualización de los datos utilizados para la distribución, manteniendo al mismo tiempo los índices establecidos por la actual Ley de Coparticipación.
De esta manera, la Provincia cubrirá con recursos propios la diferencia correspondiente a los 14 municipios alcanzados por el esquema, mientras los otros 25 continuarán recibiendo los recursos que les corresponden actualmente.
«Tomamos esta decisión porque entendemos que el crecimiento de nuestras ciudades también exige más capacidad de respuesta. Queremos municipios fuertes, con herramientas para sostener servicios, hacer inversiones y acompañar las necesidades de cada comunidad. La Provincia va a hacer ese esfuerzo con recursos propios», señaló el gobernador Alberto Weretilneck.
Los nuevos recursos estarán orientados específicamente a sostener y mejorar servicios públicos esenciales, ejecutar infraestructura asociada a esas prestaciones y adquirir bienes de capital que fortalezcan la capacidad operativa de los municipios. El convenio establece, además, que esos fondos no podrán utilizarse para financiar gastos de personal.
«Esta compensación permite actualizar la distribución sin perjudicar a ningún municipio. Es una decisión de equilibrio y de responsabilidad: reconocer las nuevas realidades de cada localidad, fortalecer la gestión municipal y garantizar que los recursos lleguen donde hoy son necesarios», agregó Weretilneck.
El impacto será concreto en cada localidad. En términos anuales, Cipolletti incorporará $3.832.872.960; San Carlos de Bariloche, $2.350.831.387; General Fernández Oro, $1.796.179.764; El Bolsón, $1.653.996.966; Dina Huapi, $1.071.083.602; Catriel, $464.844.798; Cervantes, $260.679.049; Los Menucos, $194.190.821; General Roca, $608.587.677; Comallo, $37.907.144; Ramos Mexía, $32.121.394; Darwin, $26.851.276; Guardia Mitre, $12.316.523; e Ingeniero Huergo, $4.708.773. Todos los montos expresados corresponden a pesos argentinos.
El esquema tendrá carácter transitorio y contempla actualizaciones semestrales vinculadas a la evolución positiva del IVA y de Ingresos Brutos. Por eso, los $12.347 millones constituyen una proyección anual realizada sobre los montos iniciales: el esfuerzo efectivo del Tesoro Provincial podría incrementarse a medida que se apliquen esas actualizaciones.
