Política
Emergencia Ígnea: Acuerdo con CFI por $1000 millones para El Bolsón
Contempla la asistencia a los afectados mediante un conjunto de medidas estratégicas.
El gobernador Alberto Weretilneck firmó un convenio de asistencia técnica y financiera por la emergencia ígnea con el secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe, por un aporte de $1.000 millones, para mitigar los efectos del incendio en El Bolsón y zonas aledañas.
Este acuerdo busca proporcionar un respaldo inmediato a las comunidades afectadas y contribuir a la recuperación económica, productiva y ambiental de la provincia.
En respuesta a esta situación crítica, el convenio establece un aporte financiero de hasta $1.000 millones por parte del CFI, destinados específicamente a la recuperación productiva y medioambiental de las áreas perjudicadas.
Los incendios registrados en la región han generado un fuerte impacto ecosistémico, económico y social, afectando más de tres mil hectáreas y ocasionando pérdidas significativas en los sectores agropecuario, industrial, forestal y turístico. Además de la destrucción de infraestructura productiva y el deterioro de los suelos, la crisis ha comprometido fuentes de trabajo, perjudicando directamente a cientos de familias que dependen de estas actividades para su sustento diario.
El gobernador Weretilneck destacó que «este acuerdo es fundamental para garantizar la asistencia inmediata a los damnificados y avanzar en la recuperación productiva y ambiental de la provincia. Nos permite actuar con rapidez y planificación, asegurando que nuestros productores y comunidades puedan reconstruir sus actividades y generar resiliencia ante futuras crisis».
En términos de financiamiento, el desembolso de los fondos se realizará en dos etapas: una primera cuota de $500 millones dentro de los cinco días hábiles posteriores a la firma del convenio, y una segunda cuota de igual monto a los quince días siguientes. Este esquema de distribución busca asegurar una respuesta rápida y eficiente, garantizando que los recursos lleguen de manera efectiva a quienes más los necesitan.
El acuerdo contempla la asistencia a los afectados mediante un conjunto de medidas estratégicas, incluyendo la reconstrucción de infraestructura predial, la provisión de pasturas para el ganado, la limpieza y rehabilitación de bosques nativos, y la implementación de programas de reforestación para mitigar los daños en el ecosistema.
También se prevé la capacitación de productores y pobladores en la prevención y manejo de incendios forestales, promoviendo una cultura de cuidado y sostenibilidad ambiental que permita reducir riesgos a futuro.
El secretario general del CFI, Ignacio Lamothe, subrayó que «desde el CFI reafirmamos nuestro compromiso con el federalismo solidario, acompañando a Río Negro en la implementación de estrategias para mitigar los efectos de esta crisis. Nuestra prioridad es fortalecer la capacidad de respuesta ante este tipo de desastres y trabajar en conjunto para impulsar soluciones sostenibles a largo plazo».
El convenio tendrá vigencia hasta el 30 de junio de 2025, estableciendo mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas para garantizar la correcta aplicación de los fondos y la efectividad de las acciones implementadas. Asimismo, se conformará un comité de evaluación integrado por representantes del gobierno provincial y del CFI, que se encargará de monitorear el impacto de las medidas adoptadas y proponer ajustes en caso de ser necesario.
Este acuerdo representa un paso significativo en la articulación de esfuerzos entre distintos niveles de gobierno y organismos de cooperación, reafirmando la necesidad de trabajar en estrategias conjuntas que permitan no solo la recuperación de las áreas afectadas, sino también la construcción de una estructura de prevención y resiliencia que minimice los efectos de futuros desastres.
Gremios
Mientras UnTER asegura un 70% de adhesión al paro, el Gobierno informa un 65% de presentismo en las escuelas
En el primer día de protesta, los docentes se movilizaron en los puentes Cipolletti-Neuquén y fueron reprimidos por efectivos de Gendarmería Nacional y Prefectura.
La primera jornada del paro docente de 48 horas en Río Negro estuvo marcada por cifras contrapuestas entre el gremio UnTER y el Gobierno provincial, y por momentos de tensión en los puentes carreteros que conectan Cipolletti con Neuquén.
Desde el sindicato aseguraron que la medida de fuerza alcanzó una adhesión cercana al 70% en toda la provincia. En contraposición, el Ministerio de Educación y Derechos Humanos informó que el presentismo docente superó el 65%, lo que, según indicaron, «permitió sostener el dictado de clases en gran parte de las escuelas».
En paralelo, la protesta tuvo su punto más crítico en la zona de los puentes interprovinciales sobre la Ruta Nacional N° 22, donde docentes se manifestaban en el marco del paro de 48 horas. Durante la mañana, la actividad se había desarrollado con entrega de folletería y tránsito lento, sin mayores inconvenientes.
Sin embargo, la situación escaló cuando un grupo de manifestantes intentó avanzar sobre la calzada. En ese momento, intervinieron efectivos de Gendarmería Nacional y Prefectura, quienes utilizaron gas pimienta para dispersar a los docentes.
El accionar generó corridas, momentos de tensión y desconcierto entre los presentes. Algunos manifestantes resultaron afectados por los gases, aunque fueron asistidos en el lugar y continuaron con la movilización.
Desde UnTER señalaron que la intención era movilizarse hacia la rotonda sin cortar totalmente el tránsito, dejando al menos un carril habilitado para la circulación.
Por su parte, el Gobierno provincial cuestionó la medida de fuerza al considerarla injustificada y remarcó que, «en los últimos años, los salarios docentes se ubicaron por encima de la inflación».
Gremios
Paro docente: Sin llamado del Gobierno, UnTER confirmó medidas de fuerza para este martes y miércoles
El sindicato docente reclama una nueva oferta salarial y denuncian incumplimientos del Ejecutivo provincial.
El gremio docente UnTER ratificó el paro de 48 horas previsto para esta próxima semana, luego de que el Gobierno de Río Negro no realizara una nueva convocatoria a paritaria antes del 30 de abril, tal como había sido exigido por el sindicato en el último Congreso. La medida de fuerza se llevará adelante a partir del primer minuto de este martes (05/05) y se extenderá hasta las 23.59 horas del miércoles (06/05).
El paro había sido definido en el CCCXCIII Congreso General Extraordinario realizado el pasado 22 de abril en Fernández Oro, que estableció un plazo para retomar la discusión salarial. Al no concretarse ese llamado antes del comienzo del mes de mayo, el gremio confirmó la continuidad del plan de lucha, que incluye un paro de 48 horas con acciones provinciales y locales para mañana y pasado.
Desde UnTER reclaman una nueva propuesta salarial que contemple una recomposición real de los haberes, con actualización por inflación y un salario mínimo de $2.000.000. Además, exigen la incorporación de sumas no remunerativas al básico y cuestionan la utilización del índice de inflación de Viedma, en lugar del de la región patagónica.
En paralelo, el gremio reiteró críticas a distintas políticas del Gobierno provincial, como la aplicación del presentismo, las auditorías médicas y reformas educativas que consideran inconsultas.
Asimismo, se ratificaron medidas de visibilización del conflicto, entre ellas movilizaciones, clases públicas y una marcha de antorchas en cada localidad, además de la posibilidad de profundizar las acciones en caso de no haber respuestas oficiales.
Política
Cesantearon a 6 agentes y sancionaron a otros 36 por incumplimientos
Se registraron casos de abandono de servicio y conductas indebidas.
El Gobierno de Río Negro dispuso 6 cesantías, 33 suspensiones sin goce de haberes y 3 apercibimientos tras las últimas reuniones de la Junta de Disciplina, en el marco de sumarios por incumplimientos graves dentro de la administración pública.
Según se informó oficialmente, «las sanciones son firmes y buscan garantizar el correcto funcionamiento del Estado, así como el uso adecuado de los recursos públicos».
Entre los principales motivos se encuentran casos de abandono de servicio, con agentes que se ausentaron de sus puestos durante períodos prolongados sin justificación, incluso tras ser intimados a retomar sus tareas.
También se detectaron situaciones que afectaron directamente la atención a la comunidad, como la ausencia de un trabajador encargado de otorgar turnos para tomografías en un hospital público, lo que impedía el acceso a estudios médicos de alta complejidad.
En la misma línea, se dictó la cesantía de un agente de salud por maltrato reiterado a compañeros y pacientes, quien además abandonó su puesto dejando a personas internadas sin el cuidado correspondiente. También se aplicaron suspensiones sin goce de haberes por conductas inaceptables, como el uso de una ambulancia oficial para participar de una manifestación o presentarse a trabajar en estado de ebriedad y acosar a una compañera.
Cabe destacar que el sistema es progresivo: si un agente acumula sanciones que superan los 30 días de suspensión, el estatuto prevé la aplicación de la cesantía.
Desde el inicio de la gestión en enero de 2024, se procesaron más de 1.200 expedientes disciplinarios, destrabando trámites que antes sufrían grandes demoras. Este ordenamiento integral resultó en un balance de 102 cesantías, 6 exoneraciones y 492 suspensiones. También se dictaron 91 sobreseimientos y el archivo de 245 expedientes donde no se comprobaron faltas.
El control que realiza el Gobierno es transversal, más allá de que la mayor cantidad de sanciones se concentra en el Ministerio de Salud, debido a su gran densidad de empleados y a la sensibilidad crítica de servicios como guardias hospitalarias. Durante este año se aplicaron sanciones también en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), IPROSS, IPPV, Desarrollo Humano, Deporte, Cultura y Educación, entre otros.
«Este proceso es riguroso y transparente: las sanciones no son arbitrarias, sino el resultado de sumarios donde instructores especializados reúnen pruebas y garantizan el derecho a defensa. La decisión final recae en la Junta de Disciplina, integrada por representantes del Ejecutivo y los gremios ATE y UPCN», sostuvo la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra..
«Río Negro está en marcha y eso nos exige un Estado eficiente. Tenemos la responsabilidad de usar las herramientas legales para poner orden. No hacerlo sería fallarle a la gran mayoría de los empleados que cumplen con orgullo y a los rionegrinos que sostienen el sistema con sus impuestos», afirmó Lastra.
