Política
Emergencia Ígnea: Acuerdo con CFI por $1000 millones para El Bolsón
Contempla la asistencia a los afectados mediante un conjunto de medidas estratégicas.
El gobernador Alberto Weretilneck firmó un convenio de asistencia técnica y financiera por la emergencia ígnea con el secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe, por un aporte de $1.000 millones, para mitigar los efectos del incendio en El Bolsón y zonas aledañas.
Este acuerdo busca proporcionar un respaldo inmediato a las comunidades afectadas y contribuir a la recuperación económica, productiva y ambiental de la provincia.
En respuesta a esta situación crítica, el convenio establece un aporte financiero de hasta $1.000 millones por parte del CFI, destinados específicamente a la recuperación productiva y medioambiental de las áreas perjudicadas.
Los incendios registrados en la región han generado un fuerte impacto ecosistémico, económico y social, afectando más de tres mil hectáreas y ocasionando pérdidas significativas en los sectores agropecuario, industrial, forestal y turístico. Además de la destrucción de infraestructura productiva y el deterioro de los suelos, la crisis ha comprometido fuentes de trabajo, perjudicando directamente a cientos de familias que dependen de estas actividades para su sustento diario.
El gobernador Weretilneck destacó que «este acuerdo es fundamental para garantizar la asistencia inmediata a los damnificados y avanzar en la recuperación productiva y ambiental de la provincia. Nos permite actuar con rapidez y planificación, asegurando que nuestros productores y comunidades puedan reconstruir sus actividades y generar resiliencia ante futuras crisis».
En términos de financiamiento, el desembolso de los fondos se realizará en dos etapas: una primera cuota de $500 millones dentro de los cinco días hábiles posteriores a la firma del convenio, y una segunda cuota de igual monto a los quince días siguientes. Este esquema de distribución busca asegurar una respuesta rápida y eficiente, garantizando que los recursos lleguen de manera efectiva a quienes más los necesitan.
El acuerdo contempla la asistencia a los afectados mediante un conjunto de medidas estratégicas, incluyendo la reconstrucción de infraestructura predial, la provisión de pasturas para el ganado, la limpieza y rehabilitación de bosques nativos, y la implementación de programas de reforestación para mitigar los daños en el ecosistema.
También se prevé la capacitación de productores y pobladores en la prevención y manejo de incendios forestales, promoviendo una cultura de cuidado y sostenibilidad ambiental que permita reducir riesgos a futuro.
El secretario general del CFI, Ignacio Lamothe, subrayó que «desde el CFI reafirmamos nuestro compromiso con el federalismo solidario, acompañando a Río Negro en la implementación de estrategias para mitigar los efectos de esta crisis. Nuestra prioridad es fortalecer la capacidad de respuesta ante este tipo de desastres y trabajar en conjunto para impulsar soluciones sostenibles a largo plazo».
El convenio tendrá vigencia hasta el 30 de junio de 2025, estableciendo mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas para garantizar la correcta aplicación de los fondos y la efectividad de las acciones implementadas. Asimismo, se conformará un comité de evaluación integrado por representantes del gobierno provincial y del CFI, que se encargará de monitorear el impacto de las medidas adoptadas y proponer ajustes en caso de ser necesario.
Este acuerdo representa un paso significativo en la articulación de esfuerzos entre distintos niveles de gobierno y organismos de cooperación, reafirmando la necesidad de trabajar en estrategias conjuntas que permitan no solo la recuperación de las áreas afectadas, sino también la construcción de una estructura de prevención y resiliencia que minimice los efectos de futuros desastres.
Política
El Gobierno provincial asegura que no hubo ningún allanamiento en la Casa de Gobierno
Aseguran que se trata de «un ataque mediático» contra el gobernador Weretilneck.
En las últimas horas de ayer (23/06), varios medios nacionales afirmaron que la Justicia Federal allanó la Casa de Gobierno de Río Negro, por supuestos nexos del gobernador Alberto Weretilneck con Juan Pablo Beacon, el denominado ‘arrepentido’ en la causa que investiga la malversación de fondo y evasión tributaria en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). No obstante, esta mañana, el propio mandatario provincial salió a desmentir la información.
El allanamiento se habría realizado en la Casa de Gobierno en Viedma, donde la fuerza federal habría secuestrado una computadora perteneciente al propio Weretilneck. Pero, desde el Gobierno rionegrino aseguran que esto no fue así y que se trata de un ataque mediático.
«Rechazamos de manera categórica las versiones falsas difundidas durante las últimas horas respecto de un supuesto allanamiento en Casa de Gobierno y el supuesto secuestro de una computadora», indicaron desde el Ejecutivo en un comunicado de prensa.
«La información puesta en circulación es absolutamente falsa. No existió ningún allanamiento en dependencias gubernamentales ni tampoco requerimiento judicial alguno vinculado con las afirmaciones que se intentaron instalar públicamente», agregaron
«Una vez más, determinados sectores políticos apelan a la mentira, la falacia y el agravio como única herramienta de acción ante la ausencia de propuestas, de ideas y de un proyecto para Río Negro», indicaron.
«Cuando no existen alternativas para ofrecer a los ciudadanos, aparecen las operaciones, las noticias falsas y los intentos de generar confusión. No es casualidad. Es la consecuencia de no tener una visión de provincia ni respuestas para los desafíos que enfrentan los rionegrinos», añadieron.
«Resulta preocupante la naturalidad con la que algunos medios y operadores políticos difunden información falsa sin ningún tipo de verificación, apostando al daño institucional y a la desinformación como estrategia permanente», explicaron.
Gremios
Weretilneck y ATE acordaron el pase a planta permanente de 4.200 trabajadores riolnegrinos
«En la última década y media pasamos de una ley de disponibilidad a la plena estabilidad en el empleo público. Hay que afiliarse a ATE para seguir ganando derechos», apuntó Aguiar.
El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, se reunió en Cipolletti con el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, y acordaron el pase a planta permanente de 4.200 trabajadores estatales.
Este acuerdo comprende a los trabajadores de todos los organismos y ministerios del Estado con corte de ingreso hasta el 31 de diciembre de 2025. A partir de mañana se comenzará a trabajar en el proyecto de ley que ingresaría en la legislatura rionegrina durante la primera semana de julio.
Cómo se implementará la medida
El ingreso a planta permanente alcanzará al personal temporario contratado en relación de dependencia o bajo la modalidad de prestación de medios, siempre que ya se encuentre prestando servicios en el Estado Provincial y que la tarea o función desarrollada sea de carácter permanente.
Para acceder al proceso, la relación contractual temporaria deberá haberse iniciado hasta el 31 de diciembre de 2025 inclusive y mantenerse de manera ininterrumpida hasta el momento del efectivo ingreso a planta. No se considerará como interrupción el período durante el cual el personal haya ejercido funciones gremiales, políticas o cargos electivos.
En el caso del personal vinculado mediante prestación de medios, deberá certificarse el cumplimiento de tareas permanentes durante el período de contratación, con una antigüedad continua no inferior a 1 año al 31 de diciembre de 2025. Según las estimaciones preliminares, este universo rondaría las 70 personas, aunque el número final podría ser menor por situaciones particulares, como agentes jubilados.
Además, quienes aspiren al pase deberán tener domicilio en la provincia de Río Negro, no haber incurrido en sanciones disciplinarias que en total superen los 10 días de suspensión durante los últimos 2 años, acreditar idoneidad mediante examen y, cuando la reglamentación lo establezca, contar con aptitud psicofísica para desarrollar las tareas normales y habituales para las que fueron contratados.
Este último requisito se aplicará a quienes hayan tenido licencias médicas o readecuación de tareas superiores a 30 días en los últimos 12 meses, mediante la conformación de una Junta Médica.
Una vez sancionada la ley, el proceso administrativo y técnico demandará entre 6 y 8 meses. Durante ese período se desarrollarán las etapas de verificación, certificación de requisitos, evaluación de idoneidad y cumplimiento de las condiciones previstas.
«El pase a planta es uno de los mayores avances en materia de derechos laborales en el Estado. Se convierte en un oasis en el desierto de destrucción de derechos en el que se ha transformado la Argentina», señaló el dirigente estatal a la vez que llamó a «afiliarse a ATE para seguir ganando derechos».
En esta línea, el dirigente apuntó que «tenemos que valorar y defender este tiempo histórico en la provincia. En la última década y media pasamos de una ley de disponibilidad a la plena estabilidad en el empleo público».
«Este logro significativo sólo puede ser posible a partir de un sindicato como ATE que está en guardia, que se mantiene alerta, que es inquieto y que va por más. Por supuesto es un logro también porque existe voluntad política en el gobierno provincial a la hora de garantizar los derechos de todos sus trabajadores», agregó Aguiar.
En este marco, el referente estatal recordó que «todavía está fresca en la memoria la incorporación de ATE a la función pública en Río Negro. En aquel momento dijimos que el sindicato iba a tener más poder y que ese poder no iba a estar más al servicio de los privilegios de los dirigentes, sino al servicio de las necesidades de los trabajadores”.
“Estamos muy contentos y ahora tenemos que empezar a pensar en tener una participación responsable en todo el proceso para garantizar la transparencia y que se respeten todos los derechos a la hora de incorporar en la planta a los trabajadores”, concluyó el secretario general de ATE Nacional.
Gremios
El Gobierno convocó a renegociar convenios en el Estado pero ATE respondió con que «se trata de un chantaje y una extorsión
El sindicato concurrirá a la audiencia pero rechazará cualquier modificación de las condiciones laborales y salariales actuales.
En el marco de la renegociación de convenios colectivos de trabajo impulsados desde la reforma laboral, el Gobierno nacional ahora convocó a rediscutirlos en el Estado y para el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, «funciona como una herramienta de extorsión y chantaje».
«Estamos ante una presión o amenaza que tiene por finalidad obligarnos a los estatales a resignar derechos o beneficios que se encuentran contemplados en nuestros convenios colectivos. Mediante intimidación o violencia pretenden obligarnos a que firmemos la quita de nuestros derechos», completó el dirigente estatal.
En este marco, agregó que «por supuesto que los trabajadores queremos discutir nuestros convenios colectivos, pero debe tratarse de una discusión libre y voluntaria. En este caso la razón es que el Estado nos quiere obligar a discutir para profundizar sus políticas antisindicales y de destrucción de derechos».
«Tenemos que tener claro que con Milei aparece una particularidad en la Secretaría de Trabajo ya que esta no actúa como moderadora de las negociaciones sino que se ha convertido en el brazo ejecutor del ajuste impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional», aseguró Aguiar.
Además, el dirigente indicó que «hay convenios que especifican bonos o adicionales importantes que dejarán de percibirse mientras se negocie el convenio. No podemos aceptar que la renegociación se transforme en un instrumento para aplicar una brutal rebaja salarial sobre ingresos que incluso han sido congelados durante los dos últimos años».
«La única manera que debe entenderse esta renegociación es como parte de una política antisindical y de destrucción de los derechos sociales. No tenemos que aceptarla», concluyó el secretario general de ATE Nacional.
La rediscusión de convenios comenzó en el sector privado en las últimas horas a partir de la eliminación de la ultraactividad incluida en la Ley 27.802 de Reforma Laboral. Sin embargo, en las últimas horas llegaron notificaciones desde el Ministerio de Capital Humano para renegociar los convenios de distintos organismos como PAMI, ANSES, ACUMAR, entre otros.
Si bien no se fijó una fecha para la convocatoria, el sindicato confirmó que asistirá pero rechazará cualquier tipo de modificación de las condiciones laborales y salariales actuales.
