Política
Río Negro baja impuestos y suma incentivos para atraer inversiones
El paquete legislativo busca consolidar un entorno favorable para inversores que quieran instalarse en la provincia.
Río Negro cuenta con un conjunto de leyes que establecen un marco de condiciones amigables para atraer más inversiones y potenciar la industria, generando nuevos puestos de trabajo y más desarrollo. En Bariloche, el gobernador Alberto Weretilneck presentó los detalles de la nueva Ley de Promoción Económica e Industrial, que encabeza el paquete de normas que buscan impulsar la actividad con reglas claras, estabilidad y previsibilidad.
Con foco en la baja de impuestos, incentivos fiscales y un marco normativo ordenado, el Gobierno de Río Negro trabaja activamente para convertir al territorio provincial en uno de los más atractivos del país para producir, invertir y crecer.
Durante el encuentro, empresarios, cámaras sectoriales y referentes institucionales conocieron los principales lineamientos de la Ley de Promoción Económica e Industrial, que se complementa en un paquete con las leyes de Parques Industriales, de Puertos y del Fondo de Garantías (FOGARÍO), además de las líneas de acción de la Agencia de Desarrollo (ADERN).
El gobernador Weretilneck explicó que este conjunto de leyes forma parte de una estrategia que propone un cambio de paradigma, ubicando al Estado como acompañante del dinamismo del sector privado, como protagonista del desarrollo. “Así entendemos que debe ser el nuevo vínculo entre el Estado provincial, los municipios y el sector privado. Es un momento clave para fortalecer esas relaciones y garantizar la estabilidad de la provincia”, expresó.
«Este es un punto de partida, una visión. Es lo que desde la Provincia nos animamos a plantear como disparador de una nueva etapa», sostuvo Weretilneck.
Menos impuestos, más inversión
La Ley de Promoción Económica e Industrial establece un régimen integral de incentivos impositivos, financieros y logísticos. Las empresas nuevas o existentes, incluidos jóvenes y mujeres, podrán acceder a múltiples beneficios si invierten, se expanden o se radican en Río Negro.
Se destaca la exención total del Impuesto sobre los Ingresos Brutos por tres años para nuevas inversiones, así como la exención sobre el incremento de facturación en el caso de ampliaciones. Para aquellas empresas que se radiquen en parques industriales, el beneficio puede extenderse hasta 10 o 15 años.
La ley también contempla la exención del Impuesto Inmobiliario por un plazo de hasta 10 años, y del 50% en el Impuesto de Sellos para actos directamente vinculados a la puesta en marcha del proyecto.
A estos incentivos se suman bonos fiscales transferibles de hasta el 20% de la inversión base, que pueden llegar al 40% si el emprendimiento está liderado por mujeres. Estos bonos se actualizan por inflación y pueden utilizarse en distintos períodos fiscales.
Además, se garantiza estabilidad fiscal por 10 años, lo que significa que no podrán crearse ni incrementarse tributos que afecten a la empresa durante ese período, salvo aquellos vinculados a servicios específicos efectivamente prestados.
El director Ejecutivo de la Agencia de Recaudación Tributaria, Alejandro Palmieri, fue el encargado de brindar la exposición con los detalles de la Ley. Destacó que «será una herramienta concreta para impulsar el desarrollo, la inversión, el crecimiento y el empleo en Río Negro».
«A través de estas herramientas, se ofrecen beneficios impositivos, fiscales, financieros y logísticos a aquellas empresas que inviertan, decidan radicarse o ampliar sus plantas en nuestra provincia», añadió Palmieri.
Financiamiento, tierras y respaldo provincial
Las empresas podrán acceder en condiciones preferenciales a inmuebles estatales y tierras fiscales, y contarán con el aval del Fondo de Garantías Río Negro (FOGARÍO), que elimina la comisión y facilita el acceso al crédito. Además, tendrán prioridad en líneas provinciales de financiamiento y podrán gestionar avales para la adquisición de equipamiento o importaciones.
La Provincia también podrá asumir hasta el 100% de las obras de infraestructura necesarias en zonas estratégicas (caminos, redes de servicios), ofrecer tarifas promocionales en medios oficiales y otorgar preferencia en licitaciones provinciales cuando la oferta de la empresa beneficiada no supere en más del 5% a la mejor propuesta.
Apoyo a desarrolladores y parques industriales
La normativa otorga beneficios específicos para desarrolladores de agrupamientos industriales: exención total de Ingresos Brutos y Sellos en ventas de lotes e infraestructura, acceso preferencial a tierras fiscales y un régimen especial del Inmobiliario por hasta 36 meses o hasta comercializar el 75% de los lotes.
Además, el Poder Ejecutivo podrá declarar zonas estratégicas para la radicación industrial, con todos los beneficios vigentes para quienes mantengan sus operaciones allí por al menos cinco años.
Un paquete de leyes y medidas para acompañar el crecimiento
El nuevo Régimen de Promoción Económica e Industrial no se presenta de forma aislada. Forma parte de un paquete legislativo más amplio, impulsado por el gobernador Weretilneck, que busca consolidar un entorno favorable para invertir, producir y generar empleo.
Entre estas herramientas clave se encuentra la Ley de Parques Industriales, que regula la creación, ampliación y funcionamiento de estos espacios productivos estratégicos. La norma establece categorías claras según su naturaleza (públicos, privados o mixtos) y su orientación (industrial, sustentable o logística), incorporando estándares modernos de gestión, sostenibilidad ambiental y planificación territorial.
Por su parte, la Ley de Puertos representa un avance sustantivo en la política de infraestructura provincial. A través de esta norma, se establece un marco legal integral para la habilitación, administración y operación de los puertos marítimos, fluviales y lacustres. El objetivo es consolidar un sistema portuario eficiente, capaz de potenciar la logística, las exportaciones y la integración de la producción local con los mercados nacionales e internacionales.
Otro componente central de este esquema es la Ley del Fondo de Garantías de Río Negro (FOGARÍO), una herramienta concreta para facilitar el financiamiento de pequeñas y medianas empresas, cooperativas y emprendimientos locales. Con una inversión inicial de $2.000 millones, el fondo otorga garantías directas o sindicadas que permiten acceder a líneas de crédito con mejores condiciones. Además, el 10% de sus recursos está reservado exclusivamente para micro y pequeñas empresas.
A este conjunto se suma una reforma clave en materia administrativa: la eliminación de 367 tasas provinciales. La medida busca reducir los costos para el sector privado, agilizar los trámites y reafirmar el principio de gratuidad en la mayoría de las gestiones, salvo excepciones previstas en la Ley Impositiva Anual.
Acompañaron el acto el intendente de Bariloche, Walter Cortes; el ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy, la subsecretaria de Promoción y Comercio Interior, Bettiana Gabilondo; el presidente del Bloque de Legisladores de JSRN, Facundo López; legisladores, legisladoras y demás autoridades provinciales y municipales.
Política
Gatti sobre las rutas: «No vamos a permitir más abandono»
El ministro rionegrino se refirió al cierre de Vialidad Nacional y sus consecuencias.
El ministro de Gobierno, Trabajo y Turismo de Río Negro, Fabián Gatti, expresó su fuerte preocupación por la reciente decisión de disolver la Dirección Nacional de Vialidad. Calificó esta política como un «acto de abandono» y una señal clara de «falta de mirada federal».
«Cerrar Vialidad Nacional es un acto de desidia y de abandono», expresó Gatti, en el marco de un contexto donde Río Negro ya había presentado una acción de amparo colectivo por el estado de abandono de la Ruta Nacional N° 151.
Respecto al enfoque actual del Gobierno Nacional en torno a la obra pública, el ministro reconoció que existe una postura crítica ligada a antecedentes judiciales, pero remarcó que «aunque se planteó que la obra puede ser llevada adelante con inversión privada, hoy no se ejecuta ni con fondos públicos ni privados». En este sentido, advirtió que «abandonar obras implica pagar el doble después. El mantenimiento de un kilómetro de ruta ronda los 300.000 a 400.000 dólares, mientras que su reconstrucción cuesta alrededor de 700.000″.
«Lo que pedimos es que se haga una cosa o la otra: inversión estatal o privada. Lo que no se puede aceptar es que no se haga ninguna. Y si la Nación no va a hacerse cargo, que transfiera la jurisdicción a la Provincia junto con los fondos correspondientes del impuesto a los combustibles», agregó.
El funcionario también recordó que todos los gobernadores del país reclamaron la transferencia de esos recursos, destinados por ley a infraestructura vial. «En Río Negro sabemos lo que significa tener equilibrio fiscal, como promueve el gobierno nacional, pero no puede ser a costa de las provincias. Están reteniendo fondos que aportamos todos», sostuvo.
En relación a la importancia de Vaca Muerta, Gatti subrayó la necesidad de contar con rutas clave en condiciones. «Con un 55% de pobreza, poner en valor este polo productivo requiere infraestructura vial como la Ruta N° 151 y la Ruta Nacional N° 22, que hoy no están a la altura de su potencial».
Sobre los cambios en organismos técnicos como el INTA y el INTI, destacó que su debilitamiento impactará directamente en actividades productivas fundamentales para la provincia: fruticultura en el Alto Valle, ganadería en la región Sur, fruta fina en la Comarca Andina y turismo en toda la región cordillerana y atlántica. «Si el gobierno busca optimizar estructuras, está bien. Pero no puede hacerlo desconociendo la realidad productiva de cada territorio», expresó.
Para finalizar, Gatti fue tajante. «Cerrar organismos sin consultar, sin diálogo, es gobernar con una mirada centralista. No se está respetando el federalismo ni se escucha a las provincias. Eso nos deja completamente solos ante el abandono», concluyó.
Política
Echarren: «La Ruta Nacional 151 es la que mayor deterioro presenta”
Se ha convertido en una traza clave por donde circula la producción hidrocarburífera de Vaca Muerta.
El ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, se refirió al deterioro que presenta la Ruta Nacional N° 151, la cual atraviesa Río Negro en sentido norte-sur pasando por Cipolletti, Cinco Saltos, Contralmirante Cordero, Barda del Medio y Catriel, entre otras localidades, contando con una extensión de 150 kilómetros. La ruta es transitada a diario por gran cantidad de personas que se movilizan entre ciudades para ir a trabajar y estudiar, siendo además una traza clave por donde circula la producción hidrocarburífera de Vaca Muerta.
En este sentido, la inacción del Estado Nacional en su mantenimiento pone en riesgo la vida de miles de rionegrinas y rionegrinos que la utilizan, obstaculizando el acceso a la salud y la educación, y perjudicando la economía regional.
Al respecto el ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren aseguró que «actualmente hay un mínimo o nulo mantenimiento de las rutas nacionales, con un estado de deterioro avanzado que se acrecienta cada día, sobre todo en la zona norte de Río Negro en el límite con Neuquén: en Ruta Nacional N° 151, por donde circula toda la producción hidrocarburífera, esta ruta es la que peor estado tiene con problemas de un desgaste, pavimento que ha cumplido su vida útil, y en donde el Estado Nacional no hace control de cargas sobre el tránsito pesado».
«Todo esto aumenta el estado de deterioro con ahuellamientos de hasta 24 cm de profundidad» afirmó Echarren y agregó que «pensemos lo que hace un ahuellamiento de 24 cm para un vehículo chico que transita esa ruta; la hace extremadamente peligrosa», ejemplificó.
Por esta razón la Provincia de Río Negro impulsó días atrás un amparo judicial colectivo, junto a intendentes e instituciones, que busca que Nación asuma su responsabilidad y repare este corredor vital para miles de rionegrinos.
Gremios
ATE rechaza el cierre de Vialidad Nacional y exige a los gobernadores «que pongan la cara»
«Esto va a ser un retroceso sin precedentes para todas las provincias del país. Esto rompe la conectividad y lesiona de manera grave el federalismo», apuntó Rodolfo Aguiar.
Luego del anuncio del vocero Manuel Adorni de cerrar la Dirección Nacional de Vialidad, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, aseguró que «se ponen en riesgo millones de vidas» y pidió la intervención de los gobernadores.
«El cierre de Vialidad Nacional implica un desinterés total de este Gobierno insensible al que no le importan las vidas que se puedan perder por el estado de las rutas. En estos últimos 18 meses el abandono de nuestras autopistas ha sido notorio y, a partir de ahora, será todo peor», auguró el dirigente estatal.
En este marco, Aguiar pidió a los gobernadores que «tomen partido en favor de la gente. Deben dejar el letargo en el que se encuentran. Ahora tienen que saltar, los queremos ver poniendo la cara por cada uno de los distritos. Esto va a ser un retroceso sin precedentes para todas las provincias del país. Esto rompe la conectividad y lesiona de manera grave el federalismo, mutila el desarrollo de todas las regiones del país. Con el cierre de Vialidad, se ponen en riesgo la vida de millones de argentinos», agregó.
«Este decreto da nacimiento a mega negociados. Buscan privatizar tareas estratégicas como la del mantenimiento vial. Estamos ante el desmantelamiento de estructuras claves para la soberanía nacional. La creación de una nueva Agencia de Control de Concesiones es la habilitación de una gran caja negra para la política», agregó el secretario general de ATE Nacional.
A partir de esta decisión, la prevención y control del tránsito en las rutas nacionales y otros espacios del dominio público nacional pasarían exclusivamente a Gendarmería. «Es una ilegalidad manifiesta que a partir de ahora sea la Gendarmería la que aborde la prevención y el control de tránsito en las Rutas Nacionales y otros espacios públicos. Es una militarización de las rutas», concluyó Aguiar.
De esta forma, el sindicato profundizará las medidas de fuerza en todo el Estado Nacional.
Son alrededor de 40.000 los kilómetros de Rutas Nacionales que quedarán abandonadas a partir de esta decisión que afectará, además, a más de 5.000 trabajadores y trabajadoras.
La Dirección Nacional de Vialidad fue creada a partir de la Ley N° 11.658 en 1932 como respuesta a la necesidad de construir caminos que se ajustaran a las nuevas demandas del transporte automotor.
