Judiciales
Pidió una licencia sin goce de haberes por un año, pero se arrepintió a los 15 días: Le rechazaron el pedido de reincorporación
El contrato se cayó por un problema en el preocupacional. Intentó suspender la licencia y retomar su cátedra en el colegio privado, pero desde la institución lo rechazaron.
Una profesora de inglés pidió una licencia sin goce de haberes por un año porque consiguió una propuesta laboral más atractiva. Sin embargo, dos semanas más tarde el contrato se cayó por un problema en el preocupacional. Intentó suspender la licencia y retomar su cátedra en el colegio privado, pero desde la institución lo rechazaron. Posteriormente Inició una demanda en el fuero Laboral de Bariloche pero encontró la misma respuesta. La cámara que intervino en el proceso denegó su reclamo.
El conflicto surgió en febrero de 2024, a días del inicio del ciclo lectivo. La profesora de inglés presentó una nota formal solicitando licencia sin goce de haberes. Planeaba tomar un nuevo puesto en otra institución. La licencia fue concedida. En su lugar, el colegio firmó contrato con otro docente para cubrir las horas hasta enero de este año.
A los pocos días, la situación dio un giro. El nuevo trabajo no prosperó. La contratación se cayó tras el preocupacional. La docente quedó sin nada: sin la vacante nueva y sin su puesto anterior. Diez días después, intentó volver. Elevó una nota en la que notificaba la finalización anticipada de la licencia. También ofreció asumir otras funciones dentro del área de inglés para no quedar desvinculada. El colegio rechazó el pedido.
La mujer llevó el caso a juicio. Sostuvo que la licencia había perdido su sentido y que correspondía restituirla a su cargo. Reclamó que el empleador no podía aprovechar su ausencia para desvincularla de hecho. La demanda exigía la reincorporación inmediata, más el pago de los salarios caídos desde el momento en que pidió volver a trabajar.
El colegio respondió que la licencia había sido solicitada de forma voluntaria, que su aceptación fue legal y que ya había un reemplazo contratado para todo el período. Explicó que no existía ninguna disposición que lo obligara a aceptar el reingreso anticipado ni a ofrecer tareas alternativas fuera del puesto licenciado.
El planteo central giró en torno a si el empleador tenía la obligación de reincorporar a una trabajadora que, tras obtener una licencia sin goce de sueldo, se arrepiente o pierde el destino que motivó el pedido.
La resolución citó el artículo 21 del reglamento provincial de licencias docentes. La norma otorga hasta un año de licencia en cada decenio, pero no regula el reingreso anticipado. El fallo reconoció que, en casos excepcionales, podría analizarse esa posibilidad. Sin embargo, advirtió que si el empleador cubre la vacante con otro docente por el plazo total concedido, tiene derecho a preservar ese contrato hasta su vencimiento.
La sentencia sostuvo que la frustración de una expectativa laboral no traslada al empleador la obligación de modificar una estructura ya reorganizada. El razonamiento apuntó a un principio básico del derecho del trabajo: la relación entre partes debe sostenerse sobre actos claros. Un pedido de licencia implica una suspensión voluntaria del vínculo. Si la trabajadora solicita esa suspensión, no puede exigir al empleador que soporte las consecuencias de su frustración externa.
El tribunal también analizó el ofrecimiento de tareas alternativas. Descartó esa posibilidad por no surgir de ninguna obligación legal. Afirmó que no existe deber de reubicación cuando el puesto original fue cubierto de forma legítima en base a una licencia concedida. Tampoco identificó arbitrariedad ni discriminación en la negativa del colegio.
Judiciales
Fueron halladas la mujer embarazada de siete meses y a su hija de 2 años
Habían sido vistas por última vez el domingo alrededor de las 15 horas.
La búsqueda de una mujer de 37 años, embarazada de siete meses, y de su hija de apenas 2 años quedó formalmente desactivada luego de que fueran halladas en buen estado de salud.
La mujer había sido visto por última vez el domingo (13/09) alrededor de las 15 horas junto a su hija, cuando se dirigían a la plaza La Esperanza. Desde entonces, el último contacto registrado había sido a través de WhatsApp a las 19.21, dato que generó preocupación entre sus familiares.
A partir de la denuncia comenzó la reconstrucción del posible recorrido realizado por madre e hija y se activaron los recursos destinados a establecer dónde se encuentran. En las tareas participaron efectivos de la Brigada de Investigaciones y personal especializado con perros adiestrados.
Finalmente, pasado el mediodía de hoy (15/09) fueron halladas en buen estado de salud, se las trasladó a la Subcomisaría 69° y tomó intervención la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) debido a que hay una menor involucrada.
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Se divorciaron en España y 17 años después lograron inscribir la sentencia en Río Negro
La sentencia había sido dictada por un juzgado español en diciembre de 2009. Para que tuviera efectos en Argentina, fue necesario realizar un procedimiento de reconocimiento judicial.
Una pareja que se había casado en Chimpay logró que la Justicia de Río Negro reconociera e inscribiera una sentencia de divorcio dictada en España hace 17 años.
La pareja se había radicado en España y, con el paso del tiempo, decidió poner fin a la vida en común. En diciembre de 2009, un juzgado de Palma de Mallorca dictó la sentencia que formalizó el divorcio de mutuo acuerdo.
Si bien la decisión tenía plena vigencia en España, para que también produjera sus efectos en Argentina era necesario realizar un procedimiento de reconocimiento judicial de la sentencia extranjera.
El hombre se presentó ante el Poder Judicial y solicitó la inscripción del divorcio ante el Registro Civil y Capacidad de las Personas de Río Negro. Durante el trámite, la mujer prestó su conformidad expresa con el pedido.
Entre la documentación incorporada al expediente se presentó el testimonio de la sentencia dictada en España, acompañado por el correspondiente certificado de La Haya, destinado a acreditar la autenticidad del documento público extranjero.
Una jueza de Familia de Luis Beltrán hizo lugar a la solicitud y ordenó inscribir la sentencia de divorcio en el Libro de Extraña Jurisdicción del Registro Civil provincial.
Para resolver, el fallo tuvo en cuenta la Ley Nacional N° 26.413, que contempla la inscripción de matrimonios y de las sentencias que los disuelven cuando fueron dictadas en otros países y cumplen con las exigencias legales. También se consideraron las disposiciones del Código Civil y Comercial referidas a los actos celebrados en el extranjero y la Convención de La Haya sobre apostilla.
La magistrada señaló que «no se advierte la existencia de alguno de los impedimentos previstos en el Código Civil y Comercial». Además, destacó que tanto el Registro Civil como el Ministerio Público Fiscal se pronunciaron sin objeciones sobre la procedencia del trámite.
El procedimiento de reconocimiento o ejecución de una sentencia extranjera permite que una decisión judicial dictada en otro país produzca los efectos correspondientes en Argentina. En este caso, no se volvió a discutir el divorcio, sino que se verificó que la resolución española reuniera las condiciones necesarias para ser reconocida e inscripta en el país.
Con todos los recaudos cumplidos y la conformidad de ambas personas divorciadas, la Justicia provincial ordenó finalmente la inscripción de la sentencia.
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Un adolescente de 16 años quedó imputado por el homicidio de Mauricio Molinez
Según la Fiscalía, dos personas habrían pasado en moto frente al domicilio donde estaba la víctima y efectuado disparos. Un hombre mayor de edad también tiene pedido de captura.
Un adolescente de 16 años quedó imputado por el homicidio agravado por el uso de arma de fuego de Mauricio Sebastián Molinez, de 19 años, ocurrido durante la noche del 9 de septiembre en General Roca.
La Fiscalía había solicitado un allanamiento con orden de detención del adolescente. Durante la audiencia, el joven fue asistido por un defensor de menores penal.
El fiscal Daniel Zornitta solicitó como medida cautelar la prisión domiciliaria con tobillera electrónica, bajo responsabilidad de su padre, para evitar que abandone el domicilio hasta que se concrete la formulación de cargos. La Fiscalía fundamentó el pedido en la existencia de riesgos procesales, entre ellos el peligro de fuga y el posible entorpecimiento de la investigación.
Según explicó el Ministerio Público Fiscal, en el domicilio donde se encontraba la víctima fatal también había al menos dos menores. De acuerdo con la hipótesis investigada, entre las 20 y las 23 dos personas habrían pasado en una motocicleta frente a la vivienda y efectuado disparos que provocaron la muerte de Molinez. Uno de los involucrados es el adolescente y el otro, un hombre mayor de edad, tiene un pedido de captura vigente.
La Fiscalía informó además que se realizaron otros allanamientos, en los que fue posible encontrar una motocicleta y otros elementos de interés para la causa.
Entre las evidencias reunidas se encuentra el informe de autopsia, durante la cual se extrajo un proyectil que será sometido a peritaje. También se cuenta con un informe preliminar del Gabinete de Criminalística, cuyos integrantes levantaron vainas servidas en el lugar y constataron impactos de disparos en el frente de la vivienda.
La Brigada de Investigaciones trabajó en la toma de declaraciones testimoniales y en la recepción de evidencias.
Durante la audiencia, la Fiscalía señaló además que algunos testigos tendrían temor de brindar su versión de lo ocurrido, situación que fue incorporada como uno de los fundamentos para solicitar las medidas cautelares.
Finalmente, el juez de Garantías Julio Martínez Vivot resolvió en el mismo sentido que lo solicitado por la Fiscalía y dispuso la prisión domiciliaria con tobillera para el adolescente.
Por tratarse de un menor de edad, no se brindan nombres, domicilios, imágenes ni otros datos que permitan identificarlo, ni precisiones que puedan afectar sus derechos de intimidad y privacidad.
